VENEZUELA v. HELMERICH: EL “EXPRÓPIESE” ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

El pasado día 1 de mayo de 2017 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hacía pública la sentencia Bolivarian Republic of Venezuela et al. V. Helmerich & Payne International Drilling Co et al. Aunque desde el punto de vista jurídico lo que se dilucidaba era la interpretación que habría de darse a un precepto de la Foreign Sovereign Immunities Act, lo que verdaderamente llegaba al máximo órgano judicial de los Estados Unidos era nada menos que un Decreto expropiatorio emanado del ejecutivo venezolano. Es decir, que se trataba de que los órganos judiciales estadounidenses se pronunciasen sobre la adecuación o no a Derecho de un “exprópiese”. Ello puede sonar extraño, pero en modo alguno es jurídicamente imposible. Lo veremos siguiendo siempre nuestro sistema de exponer los hechos (tal y como los ha considerado acreditados la resolución judicial comentada), el ordenamiento jurídico aplicable y la doctrina jurisprudencial de la sentencia.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

Los hechos del caso son relativamente sencillos. Una empresa petrolífera (cuyo accionariado estaba íntegramente en manos de otra empresa estadounidense) operaba legalmente desde mediados de los setenta en territorio venezolano dedicándose a la extracción de petróleo. El gobierno venezolano debía a la empresa filial la cantidad de diez millones de dólares y ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos, para evitar el cierre de las instalaciones optó por enviar al ejército a ocupar las mismas amparándose jurídicamente en un Decreto expropiatorio que nacionalizaba los bienes de dicha empresa. Ante ello, tanto la empresa filial como la propietaria real de ésta entablaron una acción judicial frente al estado venezolano en el juzgado federal sito en el Distrito de Columbia, con base en la Foreign Sovereign Immunities Act.

II.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA SOBRE LA QUE DESCANSA LA DEMANDA.

El 19 de enero de 1977 entra en vigor la Act to define the jurisdiction of United States courts in suits against foreign states, the circumstances in which foreign states are immune from suit and in which execution may not be levied on their property, and for other purposes, también conocida como Foreign Sovereign Immunities Act (F.S.I.A), actualmente incorporada en el Título “(, Parte IV Capítulo 97 del United States Code. Dicha norma legal tiene por objeto plasmar a nivel legal el principio de inmunidad jurisdiccional de los estados, es decir, que no puedan entablarse pleitos frente a los mismos ante órganos jurisdiccionales de otro estado. Así lo establece de forma clara el parágrafo 1604, según el cual “De conformidad con los acuerdos internacionales existentes a la fecha de aprobación de la presente ley, y de los cuales los Estados Unidos sean parte, los estados gozarán de inmunidad frente a cualquier acción judicial entablada en los órganos judiciales de los Estados Unidos o de los estados que formen parte de los mismos, con las excepciones previstas en los dos parágrafos siguientes.” Una de las excepciones previstas en el parágrafo 1605 en los cuales ese privilegio de inmunidad estatal cede, se refiere a “asuntos relativos a privación de derechos de propiedad efectuada vulnerando el derecho internacional”. A esta excepción se acogían las dos empresas demandantes para entablar una acción judicial contra la República de Venezuela ante los órganos jurisdiccionales norteamericanos.

III.- DOCTRINA DE LA SENTENCIA.

La resolución judicial que comentamos en este post fue redactada por Stephen Breyer, y contó con el apoyo unánime de sus siete colegas (el recién nombrado juez Neil Gorsuch no tomó parte en el asunto, pues aunque ya estaba plenamente incorporado al Tribunal, al no estarlo en la fecha de la vista ello le impedía jurídicamente emitir su voto). Como siempre, la sentencia es muy didáctica, moderadamente extensa y con un estilo jurídico y literario digno de encomio. Y, sobre todo, ya desde las primeras líneas enfoca jurídicamente el asunto poniendo el dedo en la llaga. Se está ante un supuesto de interpretación jurídica de un texto legal, debiendo verificar qué ha de entenderse por “privación de derechos de propiedad efectuada vulnerando el derecho internacional.” Y en apenas unas líneas esboza todo el núcleo de la controversia: “Implica esa frase que para que decaiga la inmunidad estatal la parte actora debe efectuar una interpretación razonable (“nonfrivolous”) de que el caso se encuentra dentro de la excepción? Y una vez efectuado, la existencia de esa argumentación razonable implica que el Tribunal retiene la jurisdicción sobre el caso hasta que resuelva sobre el fondo del asunto? O se exige un criterio más riguroso? Dicho en términos más genéricos: Qué ocurre en los supuestos donde la parte que se ampara en dicho precepto, argumenta que ha sufrido una privación de su propiedad contraria a la normativa internacional efectuando una interpretación razonable, pero que ulteriormente se demuestra incorrecta?” Conviene aclarar que el término “jurisdiction” en el ordenamiento norteamericano no tiene la misma equivalencia que en el nuestro, dado que implica no sólo “jurisdicción” propiamente dicha (es decir, que el conocimiento de un asunto compete al Poder Judicial y no al ejecutivo o al legislativo), sino a la competencia objetiva de un determinado órgano de ese poder. Es decir, que engloba tanto jurisdicción como competencia.

El Tribunal se inclina por la segunda de las opciones. “Los órganos judiciales tanto del estado como de la nación pueden mantener jurisdicción sobre el caso únicamente si justifican que el actor “ha sido privado en contra del derecho internacional” de los bienes  sobre los que manifiesta ostentar la “propiedad”. Para ello la sentencia no sólo se apoya en una interpretación textual del precepto, sino que se sumerge en los antecedentes legislativos del caso, analizando el iter procedimental seguido por la F.O.I.A. en el Congreso desde la presentación del proyecto de ley hasta su aprobación final. En definitiva, que conjuga la interpretación textual con la histórica y con la teleológica o finalista, que curiosamente termina siendo igualmente la “lógica.”

En definitiva, que el Tribunal Supremo entiende muy razonablemente que para ampararse en una excepción al principio general de la inmunidad jurisdiccional de los estados no basta con invocar un “fumus boni iuris”, sino que es preciso un criterio mucho más riguroso, toda vez que, en efecto, cede un principio básico inherente al principio de soberanía estatal.

 

 

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