SOBRE ALTOS CARGOS Y REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO.

Capacidad

Corrían los últimos años del siglo XVIII cuando en el estado de Nueva York se produjo una vacante en un determinado cargo administrativo. El encargado de avalar el nombramiento de cargos públicos era el Council of Appointment, un organismo público de composición paritaria entre miembros de los poderes legislativo y ejecutivo. Uno de los miembros de dicho órgano urgió el nombramiento de un candidato determinado, ofreciendo como méritos justificativos su ardiente celo en la defensa de las tesis del partido federalista, que era el que por primera vez desde la creación dominaba no sólo el poder legislativo, sino el propio ejecutivo. El gobernador, que era un federalista convencido, tras escuchar impertérrito la soflama partidista, cortó de raíz la cuestión al hacer una pregunta atinadísima: “That, sir, is not the question. Is he fit for the office?” (Esa no es la cuestión, señor. Está capacitado para el puesto?) El gobernador en cuestión era John Jay, uno de los padres fundadores, co-autor de los Federalist papers y redactor de la propia Constitución del estado de Nueva York.

Y es que, en efecto, uno de los peligros que acechan en toda organización política es la efectiva tentación de los gobernantes de copar los más altos puestos con gente de su confianza o simplemente con personas leales al partido, con independencia de si los mismos son adecuados o no para ello y, por supuesto, con olvido total de los principios de mérito y capacidad. Es la técnica del spoil system, del winner takes all, que en nuestro país alcanzó cotas realmente indignas en el siglo XIX dando origen a la curiosísima figura de los cesantes, inmortalizados por don Benito Pérez Galdós en su celebérrima novela Miau, cuya lectura recomendamos encarecidamente (más que nada por las tétricas, a la vez que trágicamente actuales, descripciones que hace del Ministerio de Hacienda y del funcionario Pantoja).

En el ordenamiento jurídico vigente, el artículo 23.2 de la Constitución consagra como derecho fundamental “el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.” Ahora bien, se da una curiosísima diferencia a la hora de abordar los requisitos de acceso al cargo. Para acceder a cuerpos superiores de la Administración se exige no sólo una titulación superior, sino culminar con éxito un proceso selectivo integrado en varias fases donde es habitual que una de ellas tenga por objeto acreditar el dominio de un segundo idioma. En el caso de órganos directivos de la Administración, para ser titular de los mismos se exige ser funcionario perteneciente al grupo A1 en cualquiera de las Administraciones, como ocurre en el caso de los Subsecretarios de Estado (artículo 63.3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), Secretarios Generales Técnicos (artículo 65.2), Directores Generales (artículo 6.2), y Subdirectores Generales (artículo 67.2). Sin embargo, para los órganos superiores no se establece requisito alguno pues ni en el caso de los Ministros (artículo 61) ni en el de los Secretarios de Estado (artículo 62) se establece ningún tipo de requisito o exigencia para desempeñarlo. Se da así una curiosísima paradoja: se exige una preparación notable para quien ha de ejecutar las políticas diseñadas por los órganos superiores, pero a éstos no se les exige absolutamente nada, ni titulación mínima ni mucho menos dominio de cuando menos una lengua foránea. Así se han producido en los últimos años espectáculos vergonzosos de titulares de un Departamento ministerial cuyos estudios finalizaron en el bachiller, y que en cuanto a idiomas sus conocimientos se limitaban, y con muchos esfuerzos, al castellano.

No obstante, la propia normativa se ha cuidado de facilitar la posibilidad de eludir su cumplimiento. Así, por ejemplo, la redacción original del artículo 10.5 de la Ley 8/1991 de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, establecía lo siguiente: “Los Secretarios generales técnicos y los Directores regionales, salvo supuestos individualmente estimados por el Consejo de Gobierno, serán designados entre funcionarios de carrera de cualquier Administración, pertenecientes a Cuerpos, grupos o Escalas para cuyo ingreso se exija titulación superior” (el subrayado es nuestro). La corrupción en la práctica fue evidente y el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias se lanzó a nombrar a personas que no tenían la condición de funcionarios sin tan siquiera ofrecer justificación alguna. Quien tenga curiosidad, puede echar un vistazo al Decreto 179/2008 de 28 de noviembre (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 278 de 29 de noviembre de 2008, página 26548) donde se nombra Director General de Mayores a una persona que ni tenía la condición de empleado público, ni posee titulación superior ni se le conoce otra relación con la materia que estar afiliado y ser jerarca local de una formación política teóricamente cercana a los colectivos sociales más necesitados. Por cierto, y como anécdota curiosa: el ungido con dicho cargo anunció en enero del año 2015 que dejaba la política activa para “iniciar otro proyecto personal”….en el que no debió tener mucho éxito porque a los seis meses regresaba a la política y aspiraba a dirigir la sección autonómica de la entidad política en la que se integraba.

Frente a esta anómala situación los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo trataron de poner orden en esa especie de patio de Monipodio en que se había convertido el nombramiento de altos cargos administrativos. Así, la Sentencia de 28 de marzo de 2011 de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada en recurso número 3035/2009 (ES:TS:2011:2180) enmienda la plana a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y declara nulo el nombramiento de un Director General. Frente a las dos cartas marcadas con las que juega siempre la Administración (discrecionalidad administrativa y potestad autoorganizatoria), la Sala fue tajante al invocar ya entonces el control judicial de la primera y la decidida apuesta que la normativa legal ha emprendido por la profesionalización. Y lo hace en el siguiente párrafo del fundamento jurídico quinto:

En este punto, han de tenerse en cuenta dos datos esenciales. El primero es el que refleja la línea seguida por nuestro Derecho Público bajo el imperio de la Constitución de 1978 dirigida a someter cada vez más intensamente a Derecho la actuación administrativa y a limitar y controlar con la mayor profundidad posible la que se sirve de potestades discrecionales. El segundo, ya en el plano de la organización, es el que muestra la evolución decidida hacia su profesionalización, entendiéndose por tal, entre otros extremos, el desempeño de los centros directivos y cargos similares por funcionarios de carrera

 

No fue la única vez que el Tribunal Supremo hubo de enmendar la plana al Gobierno del Principado de Asturias por su curiosísima política de nombramientos en los que se evadía claramente la normativa legal. Pese al pronunciamiento del Tribunal Supremo, el Gobierno del Principado de Asturias procedió en 2012 al nombramiento de varios Directores Generales sin reunir los requisitos fijados. En esta ocasión, la Sentencia 621/2012 de 28 de octubre de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso número 1188/2013 (ES:TSJAS:2013:3340), estima parcialmente el recurso y anula el nombramiento de nada menos que doce Directores Generales. Pero, como siempre, la maquinaria de la Justicia más que con la agilidad de una gacela se mueve con los nada gráciles movimientos de un paquidermo, razón por la cual con ánimo exclusivamente dilatorio los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias interpusieron recurso de casación frente a la misma. La Sentencia de 15 de junio de 2015 de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada en recurso número 3891/2013 (ES:TS:2015:3405) declara no haber lugar al recurso de casación, confirmando, pues, la sentencia anulatoria. Y he aquí la prueba de la grandeza y miseria de la Administración de Justicia en general y de la jurisdicción contencioso-administrativa en particular. Si uno es optimista y observa el vaso medio lleno, se limitará a manifestar la tan manida coletilla de que “el Estado de Derecho funciona” y que “nadie está por encima de la ley.” Pero si uno es pesimista y opta por ver el vaso medio vacío contemplará con tristeza que las dos sentencias no valen ni la tinta que se consumió en imprimirlas, pues cuando el Tribunal Supremo hace pública la sentencia ya se habían celebrado nuevos comicios autonómicos y los Directores Generales cuyo nombramiento se anuló ya habían cesado. Lo que implica que a efectos prácticos las dos resoluciones no se traducen en nada, pues ni a los indebidamente nombrados se les detraerán los haberes públicos recibidos por desempeñar un cargo que jamás deberían haber desempeñado, ni los actos dictados por los mismos van a ser afectados por la sentencia anulatoria, ni la autoridad que los nombró habrá de responder por ello.

Quiere ello decir que toda la pérdida de tiempo, de impugnaciones, de sentencias y de recursos, se hubiera evitado simple y llanamente si al frente de los ejecutivos estatal, autonómicos y locales hubiese personas tan intelectualmente honestas como John Jay, y prescindiesen del celo partidista simplemente ofreciendo la misma contestación que éste dio a quien le recomendaba a un simpatizante: “Esa no es la cuestión, señor. Está capacitado para el puesto?

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