TRUMP v IRAP: EL TRIBUNAL SUPREMO ALZA PARCIALMENTE LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA PROHIBICIÓN DE ENTRADA DE EXTRANJEROS.

Hoy lunes día 26 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha hecho pública su sentencia Donald Trump v. International Refugee Assistance Project, que resuelve varios recursos acumulados relativos a la medida cautelar de suspensión que varios órganos federales adoptaron frente a la Orden Ejecutiva 13780 de 6 de marzo. La resolución judicial, aunque únicamente afecta a la medida cautelar, es una victoria para el ejecutivo, que ve así como se levanta la suspensión en gran parte, manteniendo no obstante en suspenso una mínima porción de la norma impugnada. Así pues, tras los diversas estocadas judiciales que recibió la normativa presidencial, el Tribunal Supremo le hace unos primeros auxilios que permiten a la misma regresar al mundo de los vivos.

I.- ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Hay varias cuestiones que merecen destacarse:

I.- La sentencia aparece elaborada per curiam, expresión que se utiliza cuando no se desea explicitar quién ha sido el ponente de la misma. No obstante, teniendo en cuenta que existe un voto particular parcialmente coincidente y discrepante de Clarence Thomas (al que se adhirieron Samuel Alito y el recién nombrado Neil Gorsuch) forzosamente la misma hubo de contar con el apoyo de los otros seis jueces, entre los que están, por cierto, los cuatro magistrados del ala liberal nombrados a instancias de mandatarios demócratas (Ruth Bader Gisburn, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan).

II.- Muy a tener en cuenta el elemento temporal. La Orden Ejecutiva impugnada está fechada el día 6 de marzo de 2017. El Tribunal Supremo resuelve la medida cautelar el día 26 de junio de 2017, es decir, que la resolución final en lo que respecta a la medida cautelar se ha demorado en el tiempo tan sólo tres meses y veinte días, tiempo durante el cual la impugnación ha recorrido tres instancias procesales (juzgado federal, Tribunal de Apelaciones, Tribunal Supremo).

III.- No se trata de un documento judicial muy extenso, dado que la sentencia ocupa trece páginas y el voto particular otras tres. Sin embargo, se ofrece todo un relato de los antecedentes fácticos y jurídicos del caso fácilmente legible por cualquier persona, incluso lega en Derecho.

IV.- El Tribunal Supremo efectúa unas consideraciones sobre la tutela cautelar que en este punto sonarán familiares a oídos del jurista español, por cuanto los principios jurídicos que la rigen son los mismos en ambas orillas del Atlántico (así, por ejemplo, que se trata de ponderar los intereses en conflicto, otorgando prevalencia al interés público sobre el interés particular; que no ha de anticipar un fallo sobre el fondo del asunto).

Pero a continuación, el Tribunal propina un sonoro varapalo a la decisión de los Tribunales inferiores. Entiende y acepta que acuerde la medida cautelar de suspensión en lo que afecte a los demandantes originarios (es decir, la parte recurrida en el Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo) e incluso a personas que se encuentren en situación jurídica análoga a los mismos (es decir, personas y entidades en los Estados Unidos que tienen vínculos con nacionales extranjeros y cuyos derechos pueden resultar igualmente afectados), pero reprocha que extiendan la medida cautelar de suspensión a extranjeros que carecen de vínculo alguno con los Estados Unidos. “Proscribir la entrada de dichos extranjeros no afecta a ningún americano con motivo de su relación con el nacional extranjero, y los órganos judiciales inferiores no motivan que dicha exclusión en tales circunstancias imponga alguna privación legal relevante a un nacional extranjero”.

Utilizando un lenguaje más sencillo. El Tribunal Supremo separa claramente dos tipos de situaciones. La primera, aquélla en que la persona que pretende la entrada en territorio estadounidense tiene algún vínculo con dicho país (por tener algún tipo de visado, residencia legal en territorio americano o ser familiar de algún nacional estadounidense), en cuyo caso la medida cautelar de suspensión de la Orden se mantiene. Y, en segundo lugar, aquéllos ciudadanos extranjeros que pretenden entrar en territorio americano sin vínculo o relación alguna con dicho país, supuesto en el cual el órgano judicial opta por alzar la suspensión. Se remite, para ello, al articulado de la norma cuestionada. “La propia Orden ejecutiva distingue entre extranjeros que tienen algún tipo de conexión con este país, y quienes no la tienen, estableciendo un sistema de excepciones caso por caso dirigido fundamentalmente a los individuos sitos en la primera categoría.”

Por ello, el Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso y alza la suspensión cautelar de la Orden ejecutiva para aquéllos extranjeros que carezcan de relación o vínculo alguno con los Estados Unidos, manteniendo por el contrario la suspensión de sus previsiones en lo relativo a población foránea que tengan una relación con personas o entidades norteamericanas. Pero el Tribunal va más allá y concreta el tipo de relación que se exige para que la suspensión se mantenga vigente. “Para los individuos, se requiere una relación de parentesco cercana. Un extranjero que desee la entrada en territorio estadounidense para visitar o incluso vivir con un miembro de su familia, claramente posee dicho vínculo. En lo que respecta a la relación con personas jurídicas, el vínculo debe ser formal, documentado y efectuado de forma ordinaria, no con la finalidad de evadir el cumplimiento de la orden. Los nacionales de los países mencionados en dicha Orden que han sido admitidos como estudiantes por la Universidad de Hawaii ostentan dicha relación, de la misma forma que lo hacen los trabajadores que hayan aceptado una oferta de empleo de una empresa estadounidense, o quien haya sido invitado a impartir una conferencia en territorio americano.”

V.- El voto particular considera que debió alzarse la medida cautelar en su integridad, y no parcialmente. Acoge para ello los argumentos del gobierno utilizando precisamente un criterio que los órganos judiciales españoles aplican un día sí y otro también para denegar medidas cautelares, por lo que en modo alguno sonará extraño a los juristas españoles: “Ponderando el interés del gobierno en preservar la seguridad nacional y los daños que podría causar a los recurrentes la ejecución del acto, ha de prevalecer el interés público.” No obstante, el voto particular manifiesta a continuación que: “Habría sido, quizá, razonable que el Tribunal mantuviese la suspensión únicamente en lo que respecta a las partes recurridas. Pero se extiende la medida a partes sin identificar, integrantes de un grupo no identificado de nacionales extranjeros. Y no consta que ninguna parte procesal haya solicitado la medida que el Tribunal adopta hoy.” En definitiva, que el voto particular imputa a la sentencia un vicio de incongruencia extra petita. Anticipa, además, que la salomónica decisión adoptada por quienes integran la mayoría en este caso será una potencial fuente de conflictos judiciales hasta que no se resuelva finalmente sobre el fondo del asunto. Porque, en efecto, la cuestión litigiosa se trasladará ahora a verificar si se cumple o no el requisito del “vínculo” con personas físicas o jurídicas estadounidenses.

II.- LECCIONES QUE OFRECE EL CASO A LA JUSTICIA ESPAÑOLA.

Una vez expuesto jurídicamente el asunto, cabe preguntarse qué lecciones puede extraer del mismo el jurista español. Y para ello, optaré por hacerlo al modo de un célebre entrenador de un no menos célebre club de fútbol español, persona que se encuentra en la actualidad en el ojo del huracán por ser objeto de una investigación por presunto fraude al fisco. Así que me preguntaré, simplemente……Por qué?

Por qué en los Estados Unidos una medida cautelar de suspensión de una Orden ejecutiva presidencial tarda únicamente tres meses y medio en recorrer tres instancias procesales? Por qué en nuestro país ese plazo se multiplicaría cuando menos por cuatro? Por qué?

Por qué las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuidan tanto la forma y el estilo literario como el fondo del asunto? Por qué las resoluciones de los órganos judiciales españolas son plúmbeas, farragosas y en algunos casos son (por utilizar una expresión del profesor Higgins) un auténtico insulto la lengua castellana? Por qué?

Por qué en Estados Unidos los órganos judiciales de carácter colegiado funcionan de manera que todos los magistrados conocen las interioridades del asunto de tal manera que todos tienen acceso a los documentos del mismo? Por qué en nuestro país eso únicamente está al alcance del ponente? Por qué?

Por qué en los Estados Unidos los jueces están menos sometidos a la influencia mediática? Por qué en nuestro país los jueces resuelven con un ojo puesto en la ley y otro en los medios de comunicación? Por qué?

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