PSICOLOGÍA JUDICIAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

Diván

En el célebre y utilísimo ensayo Making your case: the art of persuading judges (breve manual práctico que tiene por destinatarios a los abogados), los autores del mismo, el ya fallecido juez Antonin Scalia y Bryan A. Garner, lo primero que aconsejan al letrado que va a iniciar una acción procesal es conocer al juez, entendiendo por ello el documentarse acerca de sus filias y sus fobias, sus puntos de vista legales y personales pero, sobre todo, qué interpretación otorga a las reglas procedimentales. En otras palabras, acercarse al juzgador para efectuar un simple ejercicio de psicología judicial a fin de que el letrado se plantee cómo se enfrentaría, de ser ese juez, al caso que se le va a someter. Y, sobre todo, cómo va a interpretar un determinado precepto o qué tipo de aproximación va a tener en relación a dicho asunto. Cualquier jurista práctico sabe que el juez está vinculado por la Constitución, la ley y el derecho, eso es evidente y nadie lo discute. Pero hay vinculaciones y “vinculaciones” y, sobre todo, y por encima de todo, “interpretaciones” más o menos afortunadas. Y en las últimas influye en no menor medida que una filosofía judicial concreta, la personalidad del juzgador. Y si a ello añadimos que en los últimos años se da la preocupante circunstancia de que la justicia no es que haya dejado de ser invidente, sino que resuelve con un ojo puesto en la normativa y otro en la relevancia mediática que el resultado pueda tener, ello nos da en ocasiones resultados curiosos, como el que vamos a describir en la presente entrada.

Las anteriores reflexiones me vinieron a la mente tras haber leído la recentísima Sentencia 128/2017 de 20 de junio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón dictada en autos de Procedimiento Abreviado 284/2016, que es la prueba del nueve de que en ocasiones si a elementos de psicología judicial añadimos las peculiaridades del Derecho administrativo sancionador el resultado es explosivo. Psicología judicial y derecho son, en ocasiones, como el detonante y espoleta de cuya unión irremediablemente resulta una explosión más o menos controlada.

La sentencia en cuestión se enfrenta a un caso aparentemente sencillo: la aplicación del artículo 23.g de la derogada Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como infracciones graves: “La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana.” Los hechos en base a los cuales se sancionó al demandante en dicho pleito eran bien sencillos: incitar a un numeroso grupo de gente a impedir que dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía identificasen a una persona que había cometido una infracción. La declaración de los agentes transcrita, por cierto, en un fundamento jurídico en lugar de en un antecedente fáctico (una prueba más de que un elevadísimo número de jueces a la hora de abordar la distinción entre cuestiones fácticas y jurídicas optan por utilizar continuamente la técnica del sfumato) da una imagen muy fiel de la situación en base a la cual se aplicó el tipo infractor. La transcribimos literalmente para que el lector se haga una idea:

El agente del CNP con clave — en su comparecencia judicial identificó al actor en las fotografías obrantes en la causa. Señaló que se procedió a la identificación de una persona porque había ocasionado unos desórdenes allí y el recurrente rebasó el cordón policial, y alentó a la masa a impedirlo, no quería que se identificara a esta persona, hubo que echarlo por la fuerza de lo que era el cordón policial, el cordón de seguridad que se establece para que accedieran al local de Liberbank. Se le mostró la fotografía obrante al folio 71 de la causa, señalando que el señor que aparece en la misma es el que estaban identificando para proceder a su denuncia. Preguntado si con el megáfono lanzó consignas al público para impedir su identificación contestó que sí, no recordaba exactamente cuales, pero en definitiva trataba de impedir que se identificara a la otra persona (“vamos a permitir que identifiquen a un compañero, que pase esto”), exactamente no lo recuerda. Preguntado si había concentradas más de veinte personas, contestó que muchos más, porque se congregaban varios colectivos (afectados por el ERA, Hotel León) en conflicto por aquél entonces. Preguntado si con motivo de impedir la identificación el grueso de los concentrados rebasan el cordón policial contestó que no llegan a rebasarlo, únicamente lo rebasa el actor y los otros intentan rebasarlo y el mismo cordón se lo impide. Preguntado sobre si los concentrados rebasan el cordón se produce [sic] una situación de riesgo, contestó que los cordones policiales tratan de garantizar que el ciudadano ejerza el derecho de manifestación y de reunión y permitir que otros ciudadanos ejerzan también sus derechos. Aquí se protegía la entrada a Liberbank. Preguntado si se viven momentos de tensión, contestó que es tenso porque contener una masa es muy complicado, puede ocasionar muchos daños, lesiones a los agentes o se pueden hacer daño ellos. Preguntado que hizo D [el sancionado] contestó que se acercó al lugar de la identificación y con el megáfono alentó al grupo allí concentrado para evitar la identificación. Preguntado que pasó con las personas a las que el actor se dirigió (con el megáfono) contestó que los contuvieron, sin más, ellos se acercaron al cordón con intención de rebasarlo y los contuvieron para evitar que pasaran. Caminan hacia delante y mediante la fuerza intentan rebasar el cordón, cuando ven que hay fuerza policial….

Orillando algún que otro atentado que el juzgador perpetra hacia la lengua castellana, los hechos están claros, como lo está el tenor literal del precepto legal (anteriormente transcrito) en que se amparó la Administración para imponer al ciudadano una sanción económica que, además, se le impuso en la cuantía mínima (trescientos euros).

Es posible que sea la malevolencia natural del redactor de estas líneas y quizá no haya tenido nada que ver en el resultado final hecho de que se tratase de un asunto de relevancia mediática (y donde el destinatario de la protesta era una entidad financiera, vade retro) pero en este caso el juzgador, cuyas resoluciones en un noventa por ciento de los casos se inclinan siempre a favor de la Administración (las sentencias son públicas y esta afirmación puede comprobarse fácilmente), en este caso la desautoriza. Con un argumento ciertamente chocante. No niega el proceder del ciudadano, pero excluye la aplicación del tipo infractor con un argumento curioso: “pese a la actuación del actor, no se produjo en el público la existencia de una reacción que alterase o pudiese alterar la seguridad ciudadana. Tal reacción se caracteriza por un cambio en la actitud o forma del comportamiento del público.” Y como el público en efecto, cambió levemente de actitud intentando traspasar el control policial pero finalmente no lo superó al ver que los agentes de seguridad habían tomado posiciones para rechazar a quienes lo hicieran, entiende que no se dan los elementos del tipo. En definitiva, que se hace depender el tipo infractor no en el acto, sino en el resultado.

Pero lo que importa y conviene retener: la actuación objetivamente reprochable de un ciudadano, que pretende no sólo impedir a dos agentes cumplir con sus funciones e identificar a un potencial infractor, sino incitar a un elevado número de ciudadanos a que impidan dicha identificación le sale al ciudadano absolutamente gratis, administrativamente hablando.

Situémonos en otro caso no muy distinto, el resuelto por la Sentencia 69/2016 de 21 de marzo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Gijón dictada en autos de Procedimiento abreviado 237/2015, y que aborda la multa de ochocientos euros impuesta a un ciudadano por “comportamiento o conducta vejatoria mediante insultos, burlas, molestias intencionadas y otros similares.” En este caso un ciudadano, que veía cómo dos agentes del Cuerpo de Policía Local estaban denunciando por estacionamiento indebido a un vehículo que en modo alguno obstaculizaba el tráfico rodado, se dirigió a los empleados públicos en cuestión indicándoles dicha circunstancia y manifestando que “están molestando más que el coche y no estaban más que para poner multas.”

Impútese nuevamente a este humilde ciudadano su malevolencia natural, pero quizá el hecho que en este segundo caso no tuviese un interés mediático excesivo y no afectase a personas amparadas bajo la protección de una formación política o sindical, tuvo su influencia en el resultado, porque si en el primer asunto todo fue comprensión hacia el ciudadano, en este el rigor judicial se extremó en grado sumo. Porque en este segundo caso el juez, el mismo juez, mantuvo la sanción por considerar que la expresión vertida:

constituye una conducta vejatoria mediante molestias intencionadas hacia los agentes, pues la misma comporta un trato desconsiderado hacia los mismos que menoscaba su capacidad profesional. Y si a ella unimos las demás expresiones a que se refirieron los testigos (“mejor estabais haciendo otra cosa”) se evidencia que la actora con su actuación menospreció la dignidad profesional de los Policías actuantes.

Haciendo uso de la psicología judicial, se nos revela la curiosa escala de valores no ya morales, sino estrictamente jurídicos que estas dos resoluciones judiciales explicitan. Porque si uno aplica un razonamiento elemental, puede concluir que la ciudadana sancionada con ochocientos euros podría haber salido indemne de una forma bastante sencilla. En vez de actuar pacíficamente soltando un ex abrupto inofensivo, le hubiese bastado con incitar a los demás ciudadanos que contemplaban la escena a impedir que los agentes del cuerpo de policía local identificasen el vehículo sancionado. Curiosa, muy curiosa jerarquía de valores, pero la fría realidad nos demuestra que esa es.

Tales son las paradojas que, en ocasiones, nos ofrece la psicología judicial aplicada al Derecho administrativo sancionador.

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