LA JURISDICCIÓN FEDERAL EN ESTADOS UNIDOS (II): LA JUDICIARY ACT DE 1789.

Judiciary Act

Una vez que en marzo de 1789 se inaugura la primera sesión del Congreso Federal de los Estados Unidos y que el día 4 de ese mes se elige a George Washington como Presidente, ya se encontraban en pleno funcionamiento dos de los tres poderes de la nación. Únicamente quedaba el tercero, que precisaba para ello del inexcusable desarrollo legislativo. Para ello, el Senado pone manos a la obra y nombra un comité de ocho miembros encargado de elaborar una norma que regule la organización judicial de los Estados Unidos.

El proyecto que el Comité remite al Senado se debió en gran medida a la obra de dos senadores: Oliver Ellsworth y William Paterson. Ambos habían formado parte de la Convención constitucional de 1787 y los dos acabarían llegando a ser jueces del Tribunal Supremo, el primero muy fugazmente como chief justice (entre 1796 y 1800, aunque el último año lo pasó casi íntegramente en Francia al haber sido nombrado por Adams como representante especial encargado de negociar un tratado con dicha nación) y el segundo durante poco más de una década (entre 1793 y 1806). El Congreso federal aprueba, con levísimos retoques, el proyecto, que acabaría convirtiéndose en la Act to establish the judicial courts of the United States, sancionada por el Presidente el día 24 de septiembre de 1789, y conocida de forma abreviada como Judiciary Act. Dicho texto legal tiene una importancia decisiva porque articula un sistema y una organización que se mantendrá en vigor hasta el año 1891 (salvo un fugacísimo periodo entre 1801 y 1802).

El texto legal mencionado en el párrafo anterior, erige un Poder Judicial organizado jerárquicamente en tres niveles, y con una peculiaridad interesantísima en el segundo de ellos por lo novedoso y atípico de su regulación. Veámoslo.

I.- Nivel superior: Tribunal Supremo.

En la cúspide del Poder Judicial de los Estados Unidos, se sitúa el Tribunal Supremo, único órgano que, como hemos visto anteriormente, se contemplaba en la Constitución. El mismo, con jurisdicción en todo el territorio de los Estados Unidos, se integraría por un presidente o chief justice (que a su vez sería el responsable máximo de la judicatura federal) y cinco associate justices. El mismo se configuraba básicamente como órgano de segunda instancia (apellate jurisdiction, en terminología legal norteamericana) lo que quiere decir que únicamente conocería de asuntos que le llegasen en vía de recurso, aunque ello no suponía que careciese de competencias como órgano de instancia, (original jurisdiction) aunque se reducían al mínimo y además, estaban contempladas en el texto constitucional. El Tribunal Supremo era el encargado de fijar las normas de habilitación de profesionales de la abogacía para ejercer en el mismo y fijar criterios de admisión. El periodo de sesiones se limitaba únicamente a dos periodos mensuales en el año, fijándose concretamente en los meses de febrero y agosto. ¿Por qué esa limitación? Lo veremos un poco más adelante.

Un último dato para los curiosos: el chief justice percibía una retribución de cuatro mil dólares anuales, y los associate justice, de tres mil quinientos.

II.- Nivel inferior: Juzgados de Distrito.

A estos efectos, la norma legal divide el territorio estadounidense en trece distritos (que prácticamente y salvo levísimos matices en un par de casos, vienen a coincidir con el ámbito territorial de los estados). Son órganos unipersonales de instancia, al frente de los cuales existiría un district judge.

III.- Nivel intermedio: Tribunales de Circuito.

Esta es, sin duda, la novedad más interesante y curiosa de la norma, y la que despertó prontas críticas en los jueces.

A estos efectos, el territorio estadounidense se divide en tres circuitos (Eastern, Middle y Southern). En cada uno de ellos existiría un Tribunal de Circuito, que sería órgano tanto de instancia (para conocer determinados asuntos por razón de la materia) como de apelación de sentencias de los juzgados federales. Pero, y he aquí la curiosidad, este tipo de órganos no tenía sede ni composición fija.

Y es que la ley disponía que dicho Tribunal de Circuito se integraría por dos magistrados del Tribunal Supremo y por un juez de distrito. Es decir, que no sólo era un órgano que se situaba jerárquicamente a nivel intermedio entre juzgado federal y Tribunal Supremo, sino que tenía una composición paritaria integrado por jueces de distrito y jueces del Supremo. No sólo eso, sino que tampoco tenía sede fija, dado que habría una en cada uno de los distritos que integraban el circuito. Ello suponía que para los jueces de distrito la cuestión era muy cómoda dado que no habrían de efectuar desplazamiento alguno, pero a los jueces del Tribunal Supremo no les hacía gracia tener que desplazarse habitualmente por el territorio que se les había asignado para ejercer en varios lugares como jueces de circuito. Esta práctica de viajar a lo largo del territorio que tenían asignado se conocía como riding circuit. Esa obligación de ejercer como jueces de circuito además de como magistrados del Tribunal Supremo era la razón básica por la que el periodo de sesiones de este último órgano se limitaban a dos meses en el año, porque el resto del periodo Sus Señorías habrían de viajar a lo largo de un territorio para ejercer como jueces de un órgano inferior, lo que les ocupaba mucho más tiempo.

La composición de los Tribunales de Circuito provocó airadas críticas en los jueces del Tribunal Supremo. Para empezar, por razones estrictamente jurídicas, dado que como jueces de dicho órgano tendrían que resolver asuntos cuya decisión final ellos mismos tendrían que conocer como magistrados del Tribunal Supremo. Pero con ser dicha crítica jurídicamente impecable, no fue el principal motivo de oposición, sino que la razón clave por la que el riding circuit despertó una furibunda crítica fue estrictamente física: en una época en que ni las vías de comunicación ni los medios de transporte estaban muy desarrollados, a los jueces del Tribunal Supremo no les hacía maldita la gracia ocupar una parte no desdeñable del año viajando y con ello alejados de sus familias, todo ello aderezado porque los gastos de transporte no estaban satisfechos ni eran compensados por el gobierno federal, sino que cada juez habría de abonar de su propio bolsillo tanto el transporte como el hospedaje y comida. Alguno de los jueces ha dejado escritas páginas memorables describiendo las molestias que ello le ocasionaba.

Esta obligación de ejercer como jueces de circuito y tener que desplazarse por todo el territorio fue la que disuadió a muchos de aceptar un cargo como juez del Tribunal Supremo, y lo que llevó a otros a dimitir. Así, por ejemplo, Thomas Johnson (nombrado juez del Tribunal Supremo en 1791 para cubrir la vacante que dejó la renuncia de John Rutledge) aceptó el cargo únicamente cuando recibió la garantía personal tanto del presidente Washington como del chief justice Jay de que el Congreso pondría fin a la obligación de ejercer como juez de circuito; cuando en 1793 comprobó que el legislativo no tenía intención de hacerlo, renunció de manera inmediata e irrevocable. El propio chief justice Jay intentó en 1792 buscarse una salida presentándose a gobernador de Nueva York, su estado natal, algo que no logró en esa ocasión, pero sí tres años más tarde en 1795, optando por renunciar y mantenerse en un puesto, el de gobernador de un estado, más político que jurídico pero, al fin y al cabo, en su estado natal y sin necesidad de efectuar desplazamientos contínuos.

Indicar, por último, que la Judiciary Act creaba el puesto de Attorney General, cuyo primer titular fue el virginiano Edmund Randolph, que había formado parte de la convención constitucional de 1787 y que había sido el encargado de presentar el denominado Virginia Plan, texto base sobre el que se discutió la reforma de los Articles of Confederation. No obstante, su retribución era tan escasa que para aceptar el cargo hubo de reconocérsele la compatibilidad para ejercer la abogacía de forma privada y obtener ingresos extra.

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