RECONOCIDA JUDICIALMENTE LA INDEMNIZACIÓN POR CESE DE UN FUNCIONARIO INTERINO.

En la página web del Consejo General del Poder Judicial podíamos encontrar hoy una noticia de sumo interés. Y es que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de La Coruña había estimado la demanda interpuesta por un funcionario interino que había sido cesado, reconociéndole el derecho a percibir veinte días de salario por año trabajado en la Administración. La resolución judicial es, sin duda, novedosa, porque hasta el momento todas las resoluciones judiciales se referían a empleados públicos vinculados a la Administración por una relación de carácter laboral. En esta ocasión, nos encontramos ante una sentencia que aborda el supuesto de las consecuencias que para un empleado cuya relación con el ente público es de naturaleza estatutaria funcionarial.

Se trata de la Sentencia de 30 de junio de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de La Coruña dictada en autos de Procedimiento Abreviado 78/2017. La misma resuelve la demanda interpuesta frente a la Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia en la que se desestimaba la solicitud de un funcionario para que se reconociese su derecho a percibir veinte días de salario por año trabajado. Invocaba para ello la “Directiva 1999/90 y la doctrina del TJUE atinente a dicha Directiva y su proyección sobre las relaciones de empleo público, laborales y funcionariales y en concreto STJUE de 14 de septiembre de 2016.” Cuestión, pues, novedosa, aunque no puede decirse que inesperada o sorprendente.

La resolución judicial es, en realidad, un auténtico tratado universitario que expone de forma eminentemente didáctica las “transformaciones que en nuestro ordenamiento del empleo público y más concretamente en el estatuto del personal temporal de las Administraciones Públicas, señaladamente el funcionario interino pero también otras categorías de empleados públicos, ha provocado el impacto del ordenamiento comunitario ese subordenamiento que ha venido en llamarse Derecho Social Comunitario y ello tanto desde el plano normativo como sobre todo su desarrollo jurisprudencial.” Análisis que, si alguna pega se le debe poner, es el agrupar en párrafos desmesuradamente largos el razonamiento, necesitado de algún que otro punto y aparte.

Tras exponer la evolución normativa y jurisprudencial en el ordenamiento comunitario, la sentencia cierra la primera de las líneas evolutivas con la siguiente conclusión:

Podemos así concluir en este primer estadio que el empleado público laboral y funcionarial de naturaleza temporal no puede ser discriminado en sus condiciones de trabajo, incluidas sus retribuciones, respecto del empleado público en el que la temporalidad no sea una nota presente en dicho vínculo, excepto cuando se opere una diferenciación que tenga un fundamento razonable, fundamento que insistimos no puede ser la temporalidad del vínculo o por el contrario la ausencia de dicha temporalidad.

Estamos, pues, ante una regla conocida: el empleado temporal, ya sea funcionario o laboral, no puede ser discriminado ni tener otras condiciones inferiores respecto a quien, teniendo un vínculo similar, éste goce de naturaleza indefinida. La única nota distintiva ha de ser, pues, la propia temporalidad.

Ahora bien, dicho principio, ya conocido y consolidado, ¿Cómo se proyecta en el caso de cese del empleado público temporal? En el caso de los empleados públicos temporales vinculados por una relación laboral, el término de comparación era con los trabajadores con un vínculo laboral por tiempo indefinido. En caso de extinción, un trabajador con contrato indefinido tiene derecho a una indemnización, y lo mismo uno de carácter temporal, por lo que el hecho de que un empleado público vinculado por una relación de servicio que se rija por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores no ofrecía duda el derecho a la indemnización, máxime a raíz de la Sentencia que el pasado 14 de septiembre de 2016 hizo pública el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (el célebre asunto “Diego Porras”). Pero ¿Qué ocurría con el funcionario interino? ¿Qué término de comparación se utilizaba? Porque a un funcionario de carrera no es posible cesarle en su puesto debido a la garantía de inamovilidad, salvo que incurra en causa de cese. Se daba así una paradoja: el funcionario interino se encontraba en peor situación que el trabajador interino, porque a éste se le reconocía el derecho a indemnización por cese, mientras que a aquél no. Evidentemente, la justicia material chirriaba. ¿Cómo deshacer el nudo gordiano? ¿Cómo desentrañar la “razón de la sinrazón”? Pues aplicando precisamente el principio de no discriminación del funcionario interino frente al trabajador interino. La sentencia razona de la siguiente forma:

trasladado este cuerpo doctrina al caso que nos ocupa es llano que aparece una manifiesta discriminación entre el empleado temporal laboral en la Administración Pública al que se reconoce un derecho a la indemnización por cese o finalización de la relación laboral, derecho que nace de la igualación entre las relaciones de empleo en el sector público de naturaleza temporal y las fijas justamente en aplicación de la Directiva y doctrina del TJUE que nos ocupa, y el funcionario interino al que se niega idéntica indemnización en razón exclusivamente de su condición de funcionario interino para ello conviene recordar ahora que en el ámbito de las relaciones empleo público la doctrina del TJUE ya ha reconocido a la igualdad de trato en relación con el derecho a la indemnización por extinción de la relación

La sentencia prima el derecho comunitario sobre el nacional, y por ello

atendiendo a ese principio de primacía ya suficientemente referido y razonado supra que impone la inaplicación de la norma nacional cuando la misma entra en contradicción con la norma comunitaria y la doctrina que en interpretación del a misma nace del TJUE dicha diferenciación aparece como discriminación contraria al artículo 4.1 de del Acuerdo Marco debiendo estimarse el recurso accionado

La sentencia no es apelable por razón de la cuantía, aunque sin duda alguna la Junta de Galicia intentará agotar todas las posibilidades. No porque económicamente este asunto le sea excesivamente oneroso, sino por la cascada de asuntos que pueden seguir al presente.

Aunque quien suscribe ni tiene dotes proféticas ni desea tener las facultades de augur, lo cierto es que no hace falta emular al adivino Tiresias para saber cómo va a terminar esta situación. Y creo no equivocarme si el camino o iter que seguirá esta materia será el siguiente:

1.- Las Administraciones no reconocerán en vía administrativa las pretensiones idénticas a la presente, sino que obligarán a los interesados a incoar los correspondientes procedimientos. En este sentido, la sentencia glosada opta, con muy buen criterio, por no imponer las costas “vistos los precedentes en un escenario de mutación normativa ciertamente complejo.” Este razonamiento, impecable en el primer o segundo pleito, decaería a partir del tercero, por lo que desde ese momento la negativa de los entes públicos a aplicar en vía administrativa la doctrina jurisprudencial y obligar al interesado a acudir a pleito debería ser merecedora de una condena en costas con expresa declaración de temeridad.

2.- Cuando exista ya un corpus jurisprudencial sólido y consolidado, intervendrá con total seguridad el legislador, tanto estatal como autonómico para, a través de una modificación legal, restringir al mínimo el quantum indemnizatorio. Lo que a la larga obligará a que en ulteriores pleitos se deduzcan pretensiones de inconstitucionalidad frente a esa eventual reforma, que en un decenio lejano, muy lejano, resolverá si lo tiene a bien el Tribunal Constitucional.

Anuncios

Un comentario el “RECONOCIDA JUDICIALMENTE LA INDEMNIZACIÓN POR CESE DE UN FUNCIONARIO INTERINO.

  1. La no imposición de costas está en todo caso justificada porque hay varias sentencias de juzgados que dicen exactamente lo contrario. El problema de esta sentencia es precisamente que parece un “tratado universitario” y consagra un disparate que, me parece, no viene avalado por el Derecho comunitario, pues la asimilación entre funcionarios interinos y trabajadores temporales ni es ni puede ser absoluta. Habrá que seguir el tema.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s