LECCIÓN DE DERECHO PÚBLICO PARA EL SIGLO XXI….DADA EN 1790.

John Jay

El 12 de abril de 1790 la ciudad de Nueva York acogió la sesión inaugural del Tribunal del Circuito. Dicho órgano judicial estaba integrado por dos jueces del Tribunal Supremo y un juez de distrito. Los jueces del Tribunal Supremo eran el chief justice John Jay y William Cushing, mientras que el juez de distrito era James Duane. Dado que el Tribunal de Circuito tenía, como órgano de instancia, atribuciones civiles y penales, debía escogerse un gran jurado, a quien se encomendaba estudiar las acusaciones y las pruebas que le sometiera el ministerio público para decidir si existía base suficiente para sustentar la acusación y, en consecuencia, iniciar propiamente la fase judicial sobre la base de la acusación que el gran jurado autorizase.

Era habitual en el mundo anglosajón que los jueces pronunciasen un discurso al gran jurado, para concienciarles de la importancia de su labor, pero también para efectuar otro tipo de declaraciones que desbordaban dicho ámbito. En este caso, fue el propio chief justice Jay quien pronunció esas palabras dirigidas al jurado. Fue un discurso relativamente corto, pero del que me gustaría destacar dos puntos esenciales.

En primer lugar, incide en que estamos ante un experimento novedoso, dado que se trataba de poner en funcionamiento una maquinaria judicial creada por la Judiciary Act de 1789, aprobada por el Congreso que a su vez creó la Constitución de 1787. Aún no se habían apagado los ecos de las apasionadas disputas que enfrentaron a partidarios y detractores de dicho texto, cuando Jay incidió en un punto esencial:

Nos hemos convertido en una Nación, y como tal somos responsables ante otros de cumplir el derecho internacional; y como los asuntos nacionales han de ser regulados en leyes nacionales, se hace necesario para interpretarlas la existencia de órganos judiciales de carácter nacional.

La necesidad de reforzar los poderes nacionales se había convertido en una obsesión para Jay, quien había visto cómo bajo un sistema confederal donde la única base de autoridad radicaba en los Estados, que tenían representación en un Congreso Confederal carente de atribuciones efectivas, había llevado a una crisis generalizada al sistema. Los Estados Unidos, que se habían independizado de la Corona británica en 1783, vio amenazada su existencia por la división interna entre los distintos estados. De ahí que Jay, en sus cuatro primeras intervenciones como Publius en El Federalista, incidiese de forma casi obsesiva en esa unidad reforzada por una geografía, cultura, idioma e historia común, como mejor defensa o garantía no sólo ad intra, sino ad extra. De ahí que los Estados Unidos, como nación, precisasen de un Poder Judicial nacional encargado de interpretar las normas emanadas de las autoridades federales.

Pero las reflexiones de Jay no sólo se centraron en cuestiones relativas al carácter nacional, sino que en un párrafo algo extenso ofrecía una de las lecciones más lúcidas y más sentidas de las relaciones que han de existir entre la sociedad y las leyes. No sólo afirma la insuficiencia de la ley por sí misma en el caso que sea incumplida, sino que enuncia en unas pocas líneas lo que ha de ser un sistema penal encargado de sancionar los comportamientos ilícitos y los principios que han de regir el enjuiciamiento criminal. Merece la pena transcribirlo, porque las manifestaciones de John Jay parecen dirigirse no a los veinticuatro ciudadanos neoyorkinos que en 1790 integraban el gran jurado del Tribunal de Circuito, sino al ciudadano del siglo XXI:

Las Constituciones más perfectas, los mejores gobiernos, las leyes más sabias son vanas salvo que sean bien administradas y cumplidamente obedecidas. Los buenos ciudadanos cumplirán las normas, y aquellos que no pensaran hacerlo únicamente lo harán por el temor al castigo. Ante tal situación, es esencial castigar a los infractores, tanto para garantizar el bienestar de la sociedad como para que cada uno de sus miembros pueda ejercer pacíficamente sus derechos. Sin embargo, la finalidad de la pena no radica en expiar los delitos, sino que sirva como elemento disuasorio para quienes pretendan actuar de la misma forma. Para actuar de manera útil, razones tanto políticas como morales no exigen solamente que el castigo sea proporcional al hecho, sino que todos los procedimientos seguidos frente a personas sospechosas o acusadas partan de la idea que éstas pueden ser inocentes. De ahí que sea necesario que una investigación cuidadosa e imparcial deba preceder a los rigores que la Justicia exige, y que siempre han de ser atemperados con tanta humanidad y benevolencia como la naturaleza del caso exija. De ahí que procedimientos parciales y precipitados, y ejecuciones crueles y abominables sean no menos impolíticas que inhumanas. Estas producen disgusto en el público por la bárbara severidad del gobierno, y terminan despertando simpatías por los ofensores, al contrario que ocurre cuando éstos son enjuiciados con templanza y decencia.

Creo que en tan escasas líneas Jay condensó un auténtico tratado de Derecho público. Porque, en efecto, de nada sirve una ley si no se cumple ni se hace cumplir. Si un ciudadano cumple voluntariamente una norma, aunque no le guste, y ve que por el contrario quien la vulnera no es castigado, cundirá el ejemplo hasta el punto que se generalizará la inobservancia del ordenamiento. Pero tan desaconsejable es la inacción como el rigor excesivo, pues éste ha de conducir a que quienes en principio deberían ser objeto de reproche penal sean por el contrario elevados a la categoría de víctimas del despotismo y aureolados con un nimbo de santidad del que en modo alguno son merecedores.

Toda una lección para el gobernante, para el jurista y para el ciudadano del siglo XXI.

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