MADRES, HIJOS, BOFETONES Y………FISCALES.

Bofetón

Hoy día 19 de julio de 2017, la página web del Consejo General del Poder Judicial nos ofrece la enésima noticia que demuestra el grado de degeneración de una sociedad cada vez más envilecida. Y en dicho envilecimiento pesan no poco factores como el auge de lo “políticamente correcto”, que destierra al ostracismo social a quien ose cuestionar los dogmas de tal “corrección.”

El titular ya es ilustrativo: “El juez absuelve a una madre de un delito de lesiones por dar una bofetada a su hijo.” Pero cuando uno accede al contenido de la resolución judicial y observa los hechos probados, verá que ni existió maltrato y que el menor en modo alguno era un “angelito”, a no ser que entendamos por tal los pequeños monstruos que retrata el genial Francisco Ibáñez (injustamente preterido del galardón que lleva el título del heredero de la Corona, pese a tener merecimientos más que de sobra para ello) retrata en sus álbumes. Y es que en el apartado “hechos probados” de la Sentencia 241/2017 de 30 de junio del Juzgado de lo Penal número Dos de La Coruña (me niego a decir “A Coruña” cuando escribo en castellano), se constata como acreditado lo siguiente:

xxx, con DNI xxx, sin antecedentes penales, guiada por un ánimo de corregir a su hijo xxxx, nacido el xxxxxx-2004, en la tarde del 24-XII-2015, estando en el domicilio de la acusada en C) xxx de La Coruña, como quiera que el menor hacía caso omiso a sus indicaciones de que colaborase poniendo el desayuno, pues permanecía escuchando música, y debido a que no solo no obedeció sino que llegó a arrojar el teléfono, sin que quedase claro si fue con intención de tirarlo o de lesionar a la acusada, a fin de que depusiese su actitud rebelde y violenta, le dio un bofetón muy fuerte a la altura del pómulo izquierdo. Sobre las 20:10 del 11-11-2016, con posterioridad a una nueva discusión entre madre e hijo, cuando su hijo se pretendía ir de casa, xxx intentó evitar que el pequeño saliese de casa, para lo cual le agarró por la parte posterior del cuello, causándole un arañazo. El menor necesitó, respectivamente, 1 y 3 días no impeditivos pasa su completa curación, necesitando la primera asistencia médica en ambas ocasiones para recuperarse del eritema en pómulo izquierdo y la excoriación en región posterior del cuello.

El Ministerio Fiscal solicitaba la siguiente pena: “la condena de xxx, como autora responsable de dos delitos de lesiones  leves en el ámbito familiar, tipificado en el artículo 153.2, 3 y 4 del Código Penal, a la pena de 35 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 1 años y seis meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y prohibición de comunicarse con su hijo y de aproximarse al mismo y al domicilio donde viva durante seis meses y un radio de 50 metros; por cada uno de los delitos.”

La Sentencia se adentra en la modificación operada en el Código Civil por la Ley 54/2007, y ulteriormente analiza la división jurisprudencial existente entre quienes “proscriben cualquier menoscabo en la integridad del menor” y las que “acogen el derecho de corrección en un contexto puntual.” Por cierto, no deja de ser absolutamente divertida una afirmación que se desliza en el inicio del fundamento jurídico tercero de la sentencia, no porque la misma sea ociosa, incierta o equivocada, sino por la valentía del juzgador al atreverse a afirmar a voz en grito que el rey va desnudo: “Tenemos pues que el legislador, ha regulado únicamente las obligaciones de los padres, y ha eludido de forma intencionada pronunciarse sobre sus facultades, pues incidir en aspectos represivos puede restar votos.” Ya sólo por esta gallarda afirmación el juez merece un aplauso. Pero merece todavía más cuando describe la declaración del “angelito”, el menor de quien el Ministerio Fiscal se erigió en ángel tutelar solicitando del juez el uso del ostrakon. Obsérvense con qué negros tintes describe el juzgador la situación:

ha de indicarse que sorprende la calculada frialdad del menor. Trata de dirigir la declaración y controlar todo el testimonio. No existe la más mínima naturalidad en sus declaraciones. Da pena comprobar su total falta de empatía

 

Pero es todavía más ilustrativa la descripción de los hechos, donde el juez efectúa un magistral retrato psicológico y sociológico del querubín, ejemplo palmario y evidente de lo que antaño y hogaño se conoce vulgarmente como “hijo de papá.” El párrafo en cuestión no tiene desperdicio:

1.- El menor reconoce que la madre le ordenó poner el desayuno y él se niega. Que mantuvo su actitud pues estaba escuchando música en su teléfono nuevo de alta gama. Y aunque niegue haber arrojado el teléfono, sus dudas al contestar indican que de algún modo lo tiró. Puede que simplemente lo lanzase al suelo, ni siquiera a su madre. Ante ello la madre le propina un bofetón con fuerza, puede que dos. Está claro que la actuación del menor, es totalmente equivocada. Por suerte su familia es acomodada y puede permitirse el tirar el dinero de un teléfono de alta gama, cuyo precio, es igual a los ingresos mensuales con los que se ven obligados a vivir más del 50% de la población española. En algunas ocasiones familias enteras. Su comportamiento no solo muestra desprecio

hacia la autoridad materna, sino también hacia el esfuerzo y trabajo que supone ganar un salario con el que adquirir bienes. Y además incurre en el acto de violencia que supone arrojar el teléfono. No estamos ante una discusión de razonamientos en la que se pueda intentar argumentar contra los razonamientos del contrario. Estamos ante una clara exhibición por parte del menor de una actitud de “síndrome de emperador” que únicamente busca humillar y despreciar a su madre. De no mediar una inmediata corrección, el menor trasladará dicho comportamiento a terceros y comenzará a comportarse igual con compañeros, vecinos etc. Acudir a una corrección física moderada está justificado. Y así se hizo. La

acusada xxx no abofeteó a su hijo para causarle una lesión, su intención era clara y trataba de poner fin a la actitud violenta del menor, que es el que primero acude a un acto físico de fuerza, y a su comportamiento totalmente despectivo hacia ella, negándose a algo tan lógico como poner

el desayuno.

 

2º.- Si con relación al incidente anterior podría discutirse algo la culpabilidad, con relación al incidente de fecha 11-02-16 la discusión es estéril. El menor, de once años, decide que abandona la casa en la que vive porque tiene una discusión con su madre y ésta al tratar de agarrarlo le araña el cuello por la parte de atrás. Para empezar el incidente es totalmente fortuito. Trata de agarrar a su hijo y le araña. No intenta arañarlo porque sí. No trata de agredirlo. Simplemente de sujetarlo físicamente dado que su hijo ha decidido con 11 años que abandona la casa. El comportamiento del menor es aberrante. ¿Si la clase no le gusta también se levantará y aprovechando que el profesor no

puede hacer nada, saldrá a tomar algo?. Pues la autoridad de un profesor no puede en modo alguno ser superior a la de una madre. No solo está totalmente justificado que la acusada trate de evitar que su hijo salga de casa. Es que no existe la más mínima intencionalidad de la acusada en lesionar a su hijo, solo de agarrarlo.

El fallo, evidentemente, es absolutorio. Seguramente clamarán las organizaciones de protección de menores, organizaciones políticas y similares. Pero el razonamiento del juez es impecable. Si con once años y por una discusión trivial un infante de apenas once tacos reacciona de tal manera e incluso lleva a juicio a su madre por un incidente aislado, da auténtico pavor imaginar qué no hará en edad más provecta. De aquellos polvos vienen estos lodos.

Lo preocupante, en este caso, es la colaboración activa del Ministerio Fiscal en el despropósito, amparado sin duda por la exención legal de costas. Pues bien, ya es hora de que los órganos judiciales comiencen a utilizar frente al Ministerio Público el artículo 247.3 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, plenamente aplicable a la fiscalía en cuanto parte procesal: “

Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.”

En este tipo de casos, es decir, cuando no estamos un maltrato constante y reiterado a menores, sino una simple corrección puntual de escasa entidad en forma de cachete, máxime cuando el “angelito” es un desvergonzado, debería comenzar a imponerse multas por mala fe al Ministerio Fiscal, para que dejase de marear la perdiz con acusaciones infundadas. Porque de seguir este camino acabaremos con tiernos retoños que, cual los retratados en sus viñetas por el meritado e inmortal Ibáñez, acaben reclamando: “nene no tere biberón. Nene tere güisquiiiii.”

Dicho sea con todos los respetos, y como el redactor de estas líneas se cisca en la corrección política, dicho sea animus iocandi, si alguien en toda esta historia merece un sonoro bofetón es la persona que representaba al Ministerio Fiscal en dicho pleito.

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