SOBRE LA LIMITACIÓN DE MANDATOS.

Washington

Cuando el verano de 1787 los representantes de los distintos estados se reunieron en la Convención a la hora de abordar quién habría de ostentar el poder ejecutivo llegaron a plantearse que éste fuese depositado en un Presidente que tuviese un mandato sin posibilidad de reelección. Finalmente, no llegó a prosperar dicha tesis y el artículo segundo fijó un mandato de cuatro años sin establecer cortapisa alguna a las eventuales reelecciones. No obstante, George Washington, el indiscutido líder de los Estados Unidos y primer presidente de dicha nación, allanó el camino al renunciar en el año 1796 a optar a un tercer mandato. Se separaba así de otras personas como George Clinton, el incombustible gobernador del estado de Nueva York, que desde 1777 veía casi automáticamente renovado su mandato hasta que en 1795 fue destronado por John Jay, curiosamente el redactor de la constitución estatal que establecía para el gobernador un mandato de tres años.

Desde la renuncia de Washington, ninguno de sus sucesores en el cargo osó dejar sin efecto el precedente que el ilustre virginiano había sentado, y ninguno intentó presentarse a la reelección más de una vez. Ulises S. Grant tanteó la posibilidad en 1876, el año del centenario, pero desistió al comprobar que la prensa calificó la simple posibilidad de intentarlo como “dictadura”. Tan sólo el inefable Franklin D. Roosevelt fue reelegido en tres ocasiones (1936, 1940 y 1944), si bien la muerte le privó de desempeñar casi la totalidad del último de los mandatos. Precisamente con la intención de evitar otro caso como el de Roosevelt, se aprobó la vigesimosegunda enmienda constitucional, que impide a un candidato optar a más de una reelección a la presidencia. El tenor literal de la enmienda no deja la menor duda: “Nadie puede ser elegido presidente más de dos veces, y tampoco podrá serlo quien haya ocupado el cargo o actuado como presidente durante más de dos años durante el mandato para el cual hubiera sido elegido otra persona.” Quiere ello decir, por ejemplo, que Lyndon B. Johnson podría haber optado a la reelección en 1968 (dado que cuando accedió a la presidencia tras el asesinato de Kennedy no ostentó la misma durante más de dos años en ese mandato), pero, por ejemplo, Harry S. Truman (a quien por derecho transitorio no se le aplicaría) tendría que considerar como mandato propio su primera etapa de presidente, dado que sucedió a Roosevelt tras la muerte de éste. Se quiere evitar, con ello, que una persona concentre todos los poderes durante un amplio lapso de tiempo, dado que el pueblo de los Estados Unidos siempre ha tenido un enorme recelo hacia el poder.

Nuestro país es diferente. No sólo no existe recelo hacia el poder, sino que éste siempre ha hecho de su capa un sayo, ya sea abiertamente o mediante sutilezas legales. Ideas como la de responsabilidad política o temporalidad en el cargo no han logrado arraigar del todo, porque la siembra que tuvo lugar en el periodo inicial del constitucionalismo no logró que la semilla germinase del todo. Y así existen ejemplos de personas que se perpetúan en el cargo inasequibles al desaliento, con el agravante que al hacer referencia a su situación hablan de “sacrificio personal” y de “servicio al público.” Y la idea de responsabilidad, por su puesto muy muy diluida. No hace ni un mes que hemos visto cómo al titular de la cartera de Hacienda, tras ver cómo el Tribunal Constitucional anulaba una de sus medidas estrellas (la denominada “amnistía fiscal”, cuyo nombre técnico era “declaración tributaria especial”) manifestó que iba a asumir su responsabilidad, y que esa asunción iba a consistir en explicar a la ciudadanía por qué hizo lo que hizo. Con todo, lo grave es que lo decía en serio.

El afán de perpetuarse en el cargo no se limita a la alta política estatal, sino a la autonómica, local e institucional. Hemos visto cómo un expresidente autonómico actualmente investigado por corrupción se perpetuó durante tres décadas en el cargo, cómo hay ediles que vegetan en sus poltronas cuatrienio tras cuatrienio. E incluso a nivel del sector público institucional se dan ejemplos curiosísimos. Por ejemplo, el decano del Colegio de Abogados de Gijón, que lleva tres mandatos quinquenales consecutivos como primera autoridad de la abogacía gijonesa (periodo al que habría que añadir otro como miembro de una junta anterior), no sólo rehusó modificar los estatutos del colegio para reducir de cinco a cuatro el periodo de duración del cargo, sino que se empeñó en no introducir un periodo máximo de mandatos invocando la “libertad”, lo que implícitamente supone decir que en aquéllos países donde existe tal límite no son democracias ni tan siquiera formalmente. O qué decir del presidente de la Federación Española de Fútbol, que investigado como presunto cabecilla de una trama corrupta continúa en el cargo desde la prisión provisionalmente acordada….quizá porque desea llegar a las tres décadas en el puesto. O el Presidente del Comité de Árbitros, que también supera las dos décadas en el puesto.

Sí es cierto que en nuestro país hubo quienes prometieron formalmente limitar a dos sus mandatos. Pero que hiciesen honor a su palabra tan sólo me viene a la memoria una persona. La regla general es seguir hasta que el cuerpo aguante, y a veces incluso aún más allá cuando éste ha empezado a flaquear y a dar síntomas de agotamiento.

Nadie, por desgracia, emula a aquél célebre agrimensor virginiano que, elevado a la jefatura del Estado de una nueva nación, en 1796 rehusase optar a un tercer mandato cuando nadie cuestionaba ni su figura ni su derecho a ello.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

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