DECLARACIÓN COMO TESTIGO DE MARIANO RAJOY: ESTÉTICA PENOSA.

Sala de vistas

Recuerdo que hace ya casi una década, en una conversación amistosa que mantuve fuera de los estrados con un magistrado del orden penal, éste se lamentaba que nuestro país era el único en el que las salas de vistas situaban a jueces y abogados a la misma altura física, dado que en el resto de países el estrado del juez se sitúa en un plano superior. Le manifesté que en ese aspecto yo no tendría ningún inconveniente en situarme desde el punto de vista estrictamente físico en un escaño inferior aunque, animus iocandi, le exigí a mi distinguido interlocutor que a modo de contrapartida estuviese dispuesto a llevar la toga roja ribeteada de armiño y, sobre todo, la peluca rizada con que se adornan los jueces británicos. Mi respuesta le causó una mezcla de asombro y diversión, por lo inesperado y audaz de la misma, y reconoció que en ese caso prefería dejar las cosas como estaban. Lo cierto es que al ilustre magistrado se le escapó una diferencia no menos esencial, y es que en otros países, en los estrados las partes no están situadas de manera que se enfrenten de forma física, sino que ambas miran al juez.

La anécdota relatada en el párrafo anterior me vino hoy a la memoria cuando contemplé la declaración como testigo de Mariano Rajoy Brey. Si todavía existe alguien que a estas alturas piense que la justicia “es igual para todos” el espectáculo de hoy le habrá abierto definitivamente los ojos y le habrá demostrado lo erróneo de tan manida afirmación. Porque cuando la desigualdad trasciende ya a la propia física, es decir, a la escenografía, no creo que a ningún ciudadano de bien pueda exigírsele un descomunal ejercicio de fe y confianza ciega en la Administración de Justicia. Bien es cierto que, como decía el maestro Alejandro Nieto, ya existe desigualdad cuando unas personas declaran “en estrados” y otras en “banquillo”, pero cuando el grueso de los testigos deponen en el sitio habilitado al efecto con carácter general (frente a los magistrados) mientras que a otro se le habilita expresamente un lugar al efecto no ya al mismo nivel, sino en plano paralelo a los magistrados, obligando a éstos al penoso ejercicio de girar sus testas a la derecha (habrá malpensados que piensen que no sea casual el giro en esa dirección) para contemplar al testigo, con eso ya está dicho todo.

Modificar el ritual legalmente preestablecido introduciendo ex profeso una ubicación física inusual para que un testigo se sienta más cómodo no es precisamente un acto ni de buena Administración ni de estricta Justicia. Es más, ni está justificado ni es justificable.

Hemos de partir necesariamente del Auto de 30 de mayo de 2017 de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su fundamento jurídico único incurre en una contradicción interna. Por un lado, indica que: “D. Mariano Rajoy no comparece como presidente del gobierno sino como un ciudadano español (art. 14 CE) en calidad de testigo por hechos que se están juzgando en este Tribunal en razón a los cargos que tenía en el PP, colaboración con la justicia y en un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y del estado de derecho” (subrayado en el original). Para a continuación dar un giro copernicano y señalar que: “El Tribunal de la Audiencia Nacional, sede institucional, se sitúa en el mismo plano en cuanto a los poderes del Estado que el ejecutivo, por lo que la comparecencia personal de su representante máximo, en sana relación institucional, se ajusta a derecho.”

Con todos los respetos, creo que el redactor material del Auto se ha lucido, porque dice una cosa y la contraria en apenas media página. Porque si don Mariano Rajoy no comparece como presidente del gobierno, sino como “un ciudadano español”, no tiene ningún sentido la referencia ulterior a la “comparecencia personal de su representante máximo [del poder ejecutivo] en sana relación institucional”. Decir que el presidente comparece “como ciudadano” ya es ciertamente grave (pues pudiera parecer que se está efectuando una distinción física según la cual aquél o no es un ciudadano o es que es más ciudadano que otros), pero manifestar, tras una larga cambiada, que la comparecencia es “en sana relación institucional” se contradice con lo anterior, porque está situando la comparecencia a ese nivel, al institucional. Y ya puestos, de efectuar una comparación en cuanto a “situación en el plano”, el equivalente judicial al Presidente del Gobierno sería el Presidente del Tribunal Supremo, y no la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que como mucho podría considerarse “en el mismo plano” que el titular de un departamento ministerial.

Pero, centrándonos ya en el asunto que nos ocupa. Sólo caben dos posibilidades:

A.- Si Mariano Rajoy comparece, según el citado Auto, como ciudadano, acondicionarle para su deposición como testigo una ubicación específica y distinta al resto de los que antes y después comparecerán en la misma sala y en la misma vista, es intolerable no sólo estética, sino jurídicamente, y choca de lleno con el artículo 14 de la Constitución. En este caso, los magistrados han vulnerado un principio básico y elemental enunciado en su día por Augusto: la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo. Pues la imagen que se ha dado al pueblo es el célebre aserto orwelliano: “todos los ciudadanos son iguales, pero unos son más iguales que otros.”

B.- Si la comparecencia se efectúa no en calidad de ciudadano, sino como Presidente del Gobierno, los privilegios que pudiera tener la persona física que ostente dicho puesto desaparecen al penetrar en una Sala de Justicia. El Presidente tan sólo puede comparecer en Sala como tal y con los privilegios inherentes a dicho puesto en eventos como la inauguración del año judicial o similares, donde, en efecto, su presencia se hace como máximo representante del Poder Ejecutivo. Pero cuando ha de comparecer en Sala bien sea como persona investigada o como simple testigo, no ha de distinguirse de cualquier otro ciudadano, salvo lógicamente en los aspectos relativos a las medidas de seguridad que han de rodear a su persona, hecho este último que no es objeto de discusión.

Uno de los problemas fundamentales que tiene nuestro país es el excesivo respeto que el tercero de los poderes ha tenido siempre hacia el segundo, y que le ha llevado en numerosas ocasiones a efectuar cesiones intolerables por simple cuestión estética, y esta es una de ellas. Otro, el retraso histórico a la hora de abordar cuestiones que en otros países hace décadas que han obtenido ya una respuesta. Y es que si Sus Señorías hubieran deseado un ejemplo de cómo abordar la comparecencia de un Presidente como testigo en un pleito, no hubieran tenido más que acudir a internet buscar las actas del que en su día fue considerado el “juicio del siglo”, el caso United States v. Aaron Burr, celebrado entre junio y agosto de 1807 en el Tribunal de Circuito de Virginia. Dichas actas son fácilmente accesibles, y en las mismas puede comprobarse que el acusado, nada menos que el antiguo vicepresidente de los Estados Unidos, planteó abiertamente no sólo la comparecencia física del Presidente en Sala, sino que lo hiciese acompañado de documentos que se consideraban oficiales. John Marshall dejó bien claro que a efectos procesales, no existe diferencia entre el Presidente de los Estados Unidos y un ciudadano común: “Si a la hora de ser citado como testigo la ley no discrimina entre el presidente y un ciudadano común […] la citación para la comparecencia y presentación de documentos puede emitirse frente a cualquier persona a la que pueda dirigirse una citación ordinaria.”

En cualquier caso, si comparece como ciudadano porque es como cualquier otro ciudadano, como tal ha de declarar. Sin compadreos ni concesiones estéticas, que si algún prestigio disminuyen es el de la propia Sala que, lo digo con todo respeto pero con total firmeza, en mi opinión no ha quedado en muy buen lugar.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

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