SOBRE “LA AVISPA”, JEFFERSON Y EL HONOR DE PABLO IGLESIAS.

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Corría el año 1804 cuando el fiscal Ambrose Spencer impulsó una acusación formal contra Harry Croswell por difamar nada menos que al presidente Thomas Jefferson. Este último, una de las personas más siniestras e hipócritas que ha dado la historia de los Estados Unidos, se había mostrado como un defensor a ultranza de la libertad de prensa como medio de control al gobierno, y se había manifestado públicamente contra las Alien and Sedition Acts, sobre todo contra la que criminalizaba el libelo sedicioso. No obstante, desde el momento en que el virginiano accedió a la presidencia de la nación, no tuvo empacho en utilizar esa misma legislación y en tratar de someter a la prensa ideológicamente hostil. Y para ello, se sirvió de un simpatizante que ostentaba en cargo de attorney general de Nueva York.

Las imputaciones que se hacían a Jefferson en la publicación The Wasp (la avispa) eran absolutamente escandalosas tanto desde el punto de vista personal como político, dado que no sólo se afirmaba que el presidente había mantenido relaciones sexuales con una de sus esclavas (algo intolerable para la mentalidad de la época) sino de haber sufragado de su propio bolsillo unas publicaciones denigratorias contra el presidente Washington, a quien se calificaba de “traidor, ladrón y perjuro”. Lo curioso es que la segunda afirmación pudo demostrarse veraz en el seno del correspondiente proceso judicial incoado en el mismo año 1803, y respecto a la primera, aunque a principios del siglo XIX no pasaba de ser un simple rumor, la historia acabó demostrando que era no menos cierta, pues las pruebas de ADN efectuadas ya en pleno siglo XXI acreditaron que, en efecto, Jefferson mantuvo con Sally Hemmings, una de sus esclavas, relaciones que sobrepasaron con creces la frontera del amor platónico. No deja de ser curioso que el que continúa siendo considerado el apóstol de la igualdad no sólo fuera un propietario de esclavos y jamás en su vida liberara a uno solo de ellos (al contrario que otros coetáneos suyos, como John Jay, quien no sólo abogó expresamente por la gradual abolición de la esclavitud, sino que formó parte de la sociedad en favor de la manumisión de esclavos y predicó con el ejemplo otorgando la libertad a los suyos), aunque dicho sea en su honor con ello demostró que no dejaba de considerarlos sus iguales, cuando menos en cuestiones amatorias.

Pero, volviendo al caso People v. Croswell, Jefferson, a través de su amigo el fiscal general de Nueva York, logró una condena, amparándose en que la acreditación de la certeza de los hechos en modo alguno podía servir de base a una absolución, pues lo esencial y relevante era el animus injuriandi. Con ello Jefferson iba más allá de las Alien and Sedition Acts, que sí contemplaban la exceptio veritatis como causa de exención penal, pretendiendo acudir a los viejos principios del common law inglés, que basaban la condena por sedición no en lo falso de las informaciones, sino en el daño producido. Pese a todo, Harry Croswell fue declarado culpable. Apelada la sentencia, al condenado lo defendido Alexander Hamilton en la que sería su última actuación profesional, dado que tuvo lugar poco antes de caer abatido en el célebre lance de honor que tuvo con el vicepresidente Aaron Burr. Hamilton incidió en la validez de la exceptio veritatis, así como en el hecho de que el propio ordenamiento inglés había evolucionado admitiendo tal instituto. El fiscal del caso (que ya no era Ambrose Spencer, recompensado por Jefferson a través de sus acólitos en la gobernación del estado con un nombramiento de juez estatal) sostuvo los mismos principios que su antecesor. Aunque la discrepancia entre los jueces, divididos entre partidarios y detractores de la exceptio veritatis, impidió tomar una decisión y, en consecuencia, ante la imposibilidad de dictar sentencia (lo que en terminología jurídica estadounidense se denomina deadlock) implicaba automáticamente la confirmación de la resolución apelada, lo cierto es que la condena impuesta a Croswell jamás se llevó a efecto.

Las anteriores reflexiones me vinieron a la memoria cuando tuve noticia de la recentísima Sentencia 99/2017 de 28 de junio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Zamora dictada en autos de Procedimiento Ordinario 463/2016, que resuelve el procedimiento seguido a instancias de Francisco Javier Iglesias Peláez frente a Hermann Tertsch del Valle Lersundi por vulneración del derecho al honor, fundamentado en un artículo publicado por el último donde acusaba al padre del demandante de haber sido condenado por participación en una checa durante el periodo de la guerra civil, resolución a la que cualquier persona puede acceder a través de internet, en concreto en la página infolibre.es. La sentencia no pasa de ser una más de las que se enfrentan a dilucidar si existe o no vulneración del derecho al honor de una persona, y si ha adquirido relevancia mediática es por la circunstancia que el demandante es el progenitor del Secretario General de una formación política recientemente creada.

Existen varias consideraciones, respecto a la sentencia, de las que sí quisiera emitir mi respetuoso parecer:

1.- Estructura de la sentencia. Comienza ya a ser preocupante el incumplimiento generalizado del artículo 248.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, que impone a las sentencias (el uso de la forma imperativa “se formularán” no deja la menor duda al respecto) expresar, “en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo.” Bien es cierto que desde el punto de vista estrictamente formal las resoluciones se adecúan a tal precepto, pero materialmente Sus Señorías han decidido a la hora de elaborar las resoluciones imitar la técnica pictórica del sfumato y diluir la distinción, incluyendo en el apartado correspondiente a los fundamentos jurídicos cuestiones estrictamente fácticas. La sentencia comentada es buena prueba de ello, y basta para acreditar dicho particular simplemente asomarse a la lectura del segundo párrafo del fundamento jurídico cuarto: “Para la resolución de la controversia suscitada resultan relevantes para la presente causa los siguientes hechos” y a continuación transcribe íntegramente el artículo publicado y en base al cual se articula la pretensión del demandante. Estructura interna, pues, errónea.

2.- Celebración de la vista a puerta cerrada. El quinto antecedente fáctico indica que “el juicio tuvo lugar el 19 de abril de 2017 celebrándose a puerta cerrada, lo que se acordó oralmente y se documentó por escrito mediante Auto de 5 de junio de 2017.” En este punto, creo que la juez no actuó conforme a Derecho. En este sentido, el artículo 138.1 de la Ley 1/2000 de 7 de enero impone con carácter general la publicidad de las actuaciones. Es el artículo 138.2 el que establece las excepciones a dicha norma general, lo que hace en los siguientes términos: “Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.” En este caso no estamos ante un caso con menores, el asunto tiene relevancia pública que trasciende del ámbito privado, hecho en el que la juzgadora además incide la propia resolución (“el contenido global de la información difundida trata temas de evidente trascendencia pública y se refiere a personas de máxima proyección pública, como es el hijo del actor don Pablo Iglesias” –fundamento jurídico segundo-; “si bien ha de admitirse que concurre el requisito de la relevancia pública de la información facilitada” –fundamento jurídico séptimo-). No alcanza el redactor de estas líneas a barruntar cómo la publicidad de las actuaciones puede perjudicar los intereses de la justicia. Tampoco creo que la última causa (orden público y seguridad nacional) haya sido invocada por las partes, ni mucho menos que se diera tal circunstancia.

Por tanto, no dándose esas circunstancias, entiendo que el acto de la juez acordando la celebración a puerta cerrada, en principio, es contrario a Derecho. Por cierto, la juez “olvida” incluir en la resolución la parte que solicitó la celebración a puerta cerrada (oficiosamente se conoce que fue la demandante) ni los motivos invocados. Y en este punto concreto, estoy convencido (aclaro que en este punto estoy emitiendo una opinión personal, y por tanto es subjetiva y falible) que esa omisión es absolutamente deliberada.

3.-  Planteamiento de la cuestión relevante. En este punto, a la hora de identificar el núcleo esencial del asunto, la juez procede de manera ejemplar y así debe reconocerse. El núcleo esencial del caso, es decir, la afirmación susceptible de vulnerar el derecho al honor, es la afirmación efectuada por el demandado en el sentido de que Manuel Iglesias Ramírez, fue condenado a muerte “por el delito de asesinato”, en concreto, según se contenía en la publicación, por “participar en sacas, es decir, en la caza de civiles inocentes desarmados en la retaguardia de Madrid.” Repárese en que el periodista no separa entre dos hechos (condena a muerte y participación en sacas) sino que vincula ambos en una misma frase (es decir, que la condena a muerte fue debida a la participación en sacas). Ahí está precisamente el truco del almendruco, puesto que con ello el propio Tertsch se ha puesto la soga al cuello. Porque a la parte demandante le bastaría tan sólo acreditar que la condena fue por un delito distinto (como así fue) para demostrar que el periodista habría faltado a la verdad.

4.- Jurisprudencia citada. La juez se apoya casi exclusivamente en la Sentencia 257/2006 de 30 de mayo de la Sección Vigésimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid dictada en recurso número 490/2004 (ES:APM:2006:8770), que resuelve la demanda interpuesta a consecuencia de la publicación del libro El enigma argentino, escrito por Horacio Vázquez Rial y publicado en Ediciones B, que fueron demandadas por un aludido. Más aún, el fundamento jurídico sexto de la Sentencia del Juzgado de Zamora es una transcripción literal de los fundamentos jurídicos segundo a octavo (ambos inclusive) de la resolución de la Audiencia madrileña. La juez, obviamente, omite los razonamientos referidos al concepto de “reportaje neutral” en tanto en cuanto éste únicamente se esgrime frente al medio, siendo así que en el caso en cuestión únicamente se optó por demandar al periodista.

5.- Solución ofrecida. En este punto, considero que la magistrada en cuestión ha tomado la solución acertada. Ha de tenerse en cuenta que no está cuestionando el derecho del periodista a publicar información, ni tan siquiera la que ha publicado si la misma hubiese sido avalada por datos objetivos. Lo que ocurre es que, en primer lugar, la parte actora tuvo el acierto de aportar la causa a la que fue sometido Manuel Iglesias Peláez, y de la misma se deduce que fue condenado por rebelión militar, no por asesinato, lo que ya implica que una de las afirmaciones (condena a muerte por participar en sacas) no es cierta. En este punto, pues, no puede operar la exceptio veritatis, porque el hecho se ha demostrado incierto. Hasta ese punto, suscribo la afirmación de la sentencia porque, en efecto, la condena de Manuel Iglesias Peláez no fue por asesinato, ni por la participación en sacas, sino por otro hecho distinto, sin que para nada la condena se basara en los asesinatos.

Ahora bien, la sentencia comete un exceso en lo que se refiere a la imputacion de que fuese Manuel Iglesias quien hubiese sido el encargado de identificar y capturar a un miembro de la nobleza, que sería finalmente asesinado. Puede imputarse al periodista cierta ligereza por no constatar en el artículo las fuentes de las que bebe, siendo así que las concretó en el acto de la vista. Pero la juez imputa al autor una falta de diligencia en la investigación. En lo referente a que tales hechos fuesen determinantes de la condena penal, ya hemos visto que la juez lleva razón, no fueron tales antecedentes los que llevaron a la condena. Pero de ahí a imputar una falta de investigación y a negar su realidad porque los mismos no fuesen el sustento de la culpabilidad penal, ahí media un abismo. Porque en este punto surge un interrogante que seguramente planea sobre cualquier ciudadano con un mínimo de raciocinio, pero que en este caso la juez parece ni tan siquiera haberse detenido a pensar. Si la acusación no de haber sido condenado por asesinato, sino en haber sido el causante de la muerte de varias personas había aparecido publicada con anterioridad en varios medios, y en este caso el demandado se limitó a recoger lo que ya venía recogido en varios medios con anterioridad. ¿Por qué en este punto el demandante no ha cuestionado dichas fuentes ni ejercido las acciones jurídicas frente a dichas publicaciones? ¿Por qué no ha extendido la acción jurídica frente a las mismas? Dejo simplemente planteada la cuestión.

 

Con todo, y desde el punto de vista estrictamente personal y a modo de opinión, si quisiera plantear varias cuestiones a modo de reflexión:

1.- Es paradójico que quienes exigen a terceros poseer la epidermis de un grosor y dureza cual hipopótamo, a la hora de recibir las más duras descalificaciones muestran tener una extremada sensibilidad en la piel. Así, en el caso comentado, la misma formación a la que pertenece la persona que considera su honor vulnerado por haber manifestado que su padre fue condenado por chequista, calificó de “asesino” (sic) a José María Pemán, justificando la autora de tal afirmación su actuar en que lo hizo como “una señal de alarma” porque en España falta “libertad de expresión.” En definitiva, que se regresa a la vieja tesis alemana del derecho penal de autor, donde no existen delitos basados en hechos objetivos, sino en las características personales del autor o de la víctima: el hecho que en unos casos es susceptible de ser considerado como ilícito penal, en otras circunstancias objetivamente idénticas no lo es por una simple variación de las características personales del sujeto activo o pasivo. Si algo demuestra con ello es que, al igual que ocurriera con Thomas Jefferson, quienes más predican la libertad de expresión y más generosos se muestran en su uso, tanto lo denigran cuando ese mismo derecho se esgrime en perjuicio suyo.

2.- Se demuestra igualmente la irresponsabilidad de quienes publican sin contrastar ni someter a un mínimo análisis determinados hechos. Por ejemplo, en lo referente a Manuel Iglesias Peláez, existen hechos objetivos y reconocidos por el propio afectado que podían haber sido esgrimidos por el señor Tertsch, sin que los mismos hubiesen sido constitutivos de vulnerar el derecho al honor, para cuestionar la imagen que Pablo Iglesias Turrión pretende ofrecer de su abuelo. Por ejemplo, podría haberse limitado a constatar que Manuel Iglesias, en el proceso al que fue sometido en 1939 tuvo por abogado defensor nada más y nada menos que a Alfonso García Valdecasas (uno de los fundadores de Falange Española junto con José Antonio Primo de Rivera y Julio Ruiz de Alda), algo cuando menos inusual. Que la pena de muerte le fue conmutada gracias a la intervención de Pedro Gamero del Castillo (en esos años ministro sin cartera en el gobierno de Franco, amigo personal de Ramón Serrano Suñer y simpatizante alemán). Y, sobre todo, que según las propias declaraciones de Iglesias Peláez, “después de la cárcel, y colocado por una cuñada mía, he trabajado en el Ministerio de Trabajo al Servicio del Seguro Obligatorio de Enfermedad, que nosotros no creamos”; es decir, que entra a trabajar en un departamento ministerial regentado por un camisa vieja, José Antonio Girón de Velasco. Datos todos ellos que proceden del libro La represión franquista en Villafranca de los Barros (1936-1945) debido a Francisco Espinosa Maestre. Cabría preguntarse cómo es posible que Manuel Iglesias Peláez tuviese contactos entre personas integrantes del sector duro del falangismo y sitas en los más altos cargos del régimen que, no sólo parece que le honraran con su amistad, sino que incluso dieron un paso más hasta el punto de interceder por él logrando no sólo se le conmutase la pena de muerte, no, sino otorgarle un trabajo nada menos que en uno de los ministerios claves del Estado. Si a ello se une que, según el propio interesado, tuvo seis hijos “todos ellos con formación universitaria”, en una época en la que no estaba al alcance de cualquier familia el facilitar a sus hijos el acceso a la formación titulada universitaria, permite concluir que la imagen que desde la formación morada pretende ofrecerse del abuelo del líder no es en modo alguno la más exacta.

3.- También es preocupante que exista una minoría de jueces (aunque, por desgracia, su número va en aumento) que no es que bizqueen tanto de mirar con un ojo al código y otro a los medios, sino que ya descaradamente concentran toda su atención en éstos. El hecho de que la juez acordase la celebración de la vista a puerta cerrada no puede explicarse más que por dicha circunstancia.

Con todo, el nieto de Manuel Iglesias Peláez debería tener muy en cuenta una frase que éste dejó consignada por escrito, y que no tengo ningún empacho en suscribir íntegramente: “lo único que odio en este mundo son las dictaduras, lo mismo las del sable que las del partido. Mi libertad termina donde empieza la tuya, y viceversa.”

 

 

 

 

 

 

 

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

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