SOBRE LA “LECTURA Y PUBLICACIÓN” DE LAS SENTENCIAS.

Sentencia

Ayer día 6 de septiembre de 2017 el lector interesado podía encontrarse en la página web del Consejo General del Poder Judicial con la siguiente noticia: La Audiencia Provincial de Asturias leerá públicamente la sentencia del Caso Marea el próximo día 12 de septiembre. Teniendo en cuenta que, según informaron los medios al conocer el fallo, no pudo notificarse a las partes el documento íntegro al tener la meritada resolución una extensión cercana a los mil folios, inmediatamente el avezado lector se preguntaba si los magistrados se habrán armado de paciencia, provisto de mullidos soportes en los que asentar sus posaderas durante el tiempo consumido en dicha lectura pública, así como hecho acopio del líquido elemento con el que refrescar sus gargantas. Pero no sólo eran esos los interrogantes que la lectura del titular hace surgir al curioso jurista, sino otros mucho más decisivos, dada la extensión del documento: ¿El encargado de efectuar la lectura pública sería el ponente, o los tres magistrados se irían turnando para evitar el lógico desgaste de las cuerdas vocales? ¿Cuántas sesiones dedicaría la Sala a dicha lectura, siendo público y notorio que es imposible efectuar lectura única sin las inevitables interrupciones debidas a eventuales necesidades fisiológicas e incluso del lapso temporal preciso para el almuerzo? Como siempre, cuando uno se adentra en la lectura de la noticia comprueba que, como en tantas otras ocasiones, ésta es mucho menos drástica que lo que da a entender el titular, puesto que la lectura pública queda limitada a “los hechos probados y un extracto de sus fundamentos”, debido a la petición del Ministerio público debido al evidente “interés social” que ha despertado la meritada resolución.

Las consideraciones anteriores, planteadas claramente animus iocandi, dejan paso a consideraciones mucho más serias y profundas. Dediquemos, pues, unos instantes, a reflexionar sobre dicho particular:

1.- Dispone el artículo 205.6 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial, que “corresponderá al ponente, en los pleitos o causas que le hayan sido turnadas, pronunciar en Audiencia Pública las sentencias.” Una interpretación textual del precepto revela tres cuestiones. La primera, que nos encontramos ante una obligación, es decir, ante algo obligado, no facultativo. La segunda, que el texto legal no habla de lectura de las sentencias, sino de “pronunciar” las mismas. Y, tercera, que ese “pronunciamiento” ha de tener lugar en audiencia pública.

La duda surge a la hora de interpretar el verbo “pronunciar”. El Diccionario de la Real Academia Española ofrece hasta siete acepciones del vocablo, pero el sentido común impone eliminar cuatro de ellas, en concreto la primera (“emitir y articular sonidos para hablar”), la cuarta (“resaltar, acentuar, destacar”), la quinta (“sublevar, levantar”) y la séptima (“declararse o mostrarse a favor o en contra de alguien o de algo”). Restan, pues, tres acepciones: la segunda (“leer o decir una conferencia, un discurso”), la tercera (“determinar, resolver”) y la sexta (“publicar la sentencia o el auto”). Una interpretación más acorde con la realidad social permite eliminar la tercera, puesto que la resolución del caso tiene lugar en las deliberaciones de los magistrados, acto que se celebra a puerta cerrada. Afinando aún más, podemos eliminar la sexta acepción, en cuanto si atendemos al significado del verbo “publicar”, ´de las cinco acepciones existentes la aplicable al presente caso es la segunda, “hacer patente y manifiesto al público algo”, tras lo cual ofrece gráficamente como ejemplo la expresión “publicar la sentencia”.

En definitiva, que aun cuando pueden existir dudas acerca de si la normativa impone la lectura de las sentencias, lo que no admite duda es que las mismas han de hacerse públicas, lo que necesariamente conlleva que el texto de las mismas ha de trascender a las partes.

2.- Es evidente, público y notorio que ni un solo juzgado o Tribunal en el reino de España lee ni publica las sentencias. Entre otras cosas porque ello supondría que los magistrados habrían de consumir gran parte de su jornada ordinaria de trabajo declamando más que resolviendo.

3.- La obligación impuesta por el citado artículo es absurda e ilógica, pero está consagrada a nivel legislativo y, por tanto, ha de cumplirse. Ah!, mas España ha sido tradicionalmente, y en gran medida continúa siendo, el país de la picaresca, y ahí están nuestros clásicos para demostrarlo, llámense Lázaro de Tormes, Guzmán de Alfareche o el buscón llamado Don Pablos. De ahí que aun cuando materialmente el precepto legal no se cumple en absoluto, desde el punto de vista formal se respeta de forma harto escrupulosa. ¿Cómo? Pues gracias a una cláusula de estilo que insertan los Letrados de la Administración de Justicia con el siguiente tenor literal: “Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública el mismo día de su fecha. Doy fe.” Lo cual, salvo error u omisión del humilde redactor de estas líneas, implica que quienes tienen encomendada la fe pública judicial están constatando, y nada menos que en un documento público, un hecho que no es cierto..

3.- Podrá argumentarse que estamos ante una simple cláusula de estilo que se mantiene por inercia. Bien. Aun cuando tal argumento es harto discutible (pues, como se adelantó, más bien creo que con ello se pretenda, aunque sea de forma rituaria y meramente formalista, dar cumplimiento al precepto legal que impone pronunciar las sentencias en audiencia pública), lo cierto es que a ningún ciudadano en su sano juicio se le ocurriría en la segunda década del siglo XXI finalizar un documento oficial con el antaño obligado: “Dios guarde a vuestra excelencia muchos años”; o terminar escrito al monarca echando mano del clásico: “A los reales pies de Vuestra Majestad”. Las fórmulas arcaicas tienen su encanto, pero ciertamente han dejado de tener sentido, al igual que las simples manifestaciones rituarias que, cuando no sirven ni mucho menos para describir una realidad objetiva, habrían de desaparecer.

Nuestro país, a diferencia de otros de nuestro entorno, siempre se ha caracterizado por degustar en exceso de la burocracia, el formalismo arcaico, de los trámites innecesarios, de las duplicidades innecesarias, en definitiva, del fuero más que del huevo. Ello puede tener a la larga sus ventajas, sobre todo para el tratamiento histórico de una época, pues, por ejemplo, los procesos inquisitoriales son mucho más fáciles de documentar en nuestro país que en otros debido precisamente a esa afición a documentarlo todo. Pero es evidente que a estas alturas de la historia deben eliminarse residuos históricos carentes de sentido, máxime cuando no responden a unos hechos objetivamente acreditables. Lo que es predicable de la “lectura y publicación de las sentencias”, dado que son escasísimas las que son “leídas” y muy pocas las que son “publicadas”.

Finalizar esta entrada con una simple pregunta. ¿No sería mucho más sencillo modificar la normativa legal eliminando la necesidad de “pronunciar en audiencia pública” las sentencias, que perpetuar un atentado cotidiano al sentido común al reflejar en los documentos judiciales un hecho (“leída y publicada la sentencia”) que hasta el más lerdo de los ciudadanos sabe que no es cierto?

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