CLARENCE THOMAS: CRÍTICA AL INCREMENTO DE POTESTADES ADMINISTRATIVAS.

Clarence Thomas

El teórico federalista Alexander Hamilton se refería al Poder Judicial como “the least dangerous branch”, de ahí que tanto el Legislativo como el Ejecutivo (denominados political branches en la teoría política y la jurisprudencia norteamericana) no tendrían razones para inquietarse por la facultad de la judicial review. Aunque inicialmente y durante el primer siglo de existencia el protagonismo en la historia jurídica estadounidense lo tuvo fundamentalmente el legislativo, el auge de la intervención federal y, sobre todo, el nacimiento del denominado Administrative state hizo que la necesidad de un control judicial de esos nuevos organismos surgidos a imagen y semejanza de la Interstate Commerce Commision se viera como algo natural.

El pasado mes de agosto, en la página web de la Revista Jurídica de Yale se publicaba un artículo conmemorando el vigésimoquinto aniversario de la llegada del juez Clarence Thomas al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y lo hace precisamente analizando las tesis que dicho jurista ha explicitado, tanto en sentencias de las que ha sido ponente como en votos particulares disidentes, del control judicial de la Administración. El artículo en cuestión, debido a Elbert Lin y significativamente titulado At the front of the train: Justice Thomas Reexamines the Administrative State, sintetiza los que el autor considera cuatro puntos clave de las relaciones entre Administración y Justicia, personificadas cada una de ellas en un leading case, y la opinión que cada uno de los mismos merece al juez Thomas. Analicemos brevemente esos cuatro aspectos:

I.- Deferencia hacia la interpretación administrativa de preceptos reglamentarios, denominada Seminole Rock Deference dado que el caso en el que se enuncia tal doctrina es el Bowles v. Seminole Rock & Sand (325 US 410 [1945]). ¿Y qué implica esta doctrina jurisprudencial? Sabido es que la ley de creación de una agencia administrativa normalmente la apodera con dos facultades esenciales: la de adjudication, es decir, la facultad de decidir una situación resolviendo casos concretos (y que vendría a ser en líneas generales equivalente a la potestad de dictar actos administrativos) y la de rulemaking (que autoriza al ente a aprobar rules o normas generales de intervención que afectan a una generalidad de personas, y que con matices podríamos equiparar a nuestros reglamentos). Pues bien, la sentencia Bowles determinó que en el supuesto de que un precepto de una reglamentación administrativa fuese oscuro o ambiguo, los órganos jurisdiccionales debían otorgar prioridad a la interpretación que del mismo efectuasen los órganos administrativos. Por utilizar palabras textuales de la resolución judicial citada: “Puesto que nos encontramos ante la interpretación de un reglamento, el Tribunal debe necesariamente centrarse en la elaboración administrativa del reglamento si la interpretación de los términos es dudosa. En determinados casos la voluntad del Congreso o los principios constitucionales pueden ser relevantes a la hora priorizar unas interpretaciones sobre otras. Pero el criterio último ha  de ser la interpretación administrativa, que es a la que habrá de estarse salvo que la misma sea manifiestamente errónea o inconsistente con la regulación.” En definitiva, que, salvo casos muy concretos, se deposita en los propios órganos administrativos la interpretación de sus reglamentos, optando así por priorizar entre todas la “interpretación auténtica”, es decir, la emanada del propio autor de la norma. Sin embargo, Clarence Thomas no comparte esta tesis, en cuanto entiende que “transfiere a los órganos ejecutivos la facultad de interpretación que corresponde a los jueces”.

II.- Competencia para aprobar normas reglamentarias que incidan sobre conductas de particulares. En este punto, se trata de analizar un elemento esencial de la Administración, cual es su facultad para intervenir en la actividad privada. En este caso, el artículo se centra en el voto particular concurrente del juez Thomas en el caso Department of Transportation v. Ass´n of American Railroads, y en donde formula un durísimo ataque contra la facultad administrativa de intervención en la esfera particular, lo que hace retrotrayéndose a la teoría de la división de poderes enunciada en la propia convención constitucional: “El núcleo del poder legislativo que los padres fundadores buscaron proteger con respecto al poder ejecutivo fue la facultad de aprobar leyes en el sentido de normas generales aplicables a conductas particulares.” En definitiva, que si el Poder Ejecutivo se beneficia, gracias a la doctrina Seminole, de facultades que en principio corresponden a los jueces, en este caso incrementa sus facultades en perjuicio del poder legislativo.

III.- Deferencia judicial hacia la interpretación de normas de rango legal o Chevron deference. Ya nos hemos referido en numerosas ocasiones a la doctrina de la “deferencia judicial” hacia el ejecutivo, enunciada en el caso Chevron v. Natural Resources Defence Council, en virtud del cual los órganos judiciales han de otorgar preferencia a la interpretación que de un precepto normativo efectúen las agencias administrativas, salvo que la misma sea irracional. Nos encontramos, pues, ante el complemento de la Seminole Rock deference, pues si ésta prioriza la interpretación administrativa de preceptos reglamentarios, la deferencia Chevron extiende la misma a la interpretación de normas con rango legal. En este supuesto, Clarence Thomas entiende que se está robusteciendo al ejecutivo a costa no sólo del Poder Judicial, sino del legislativo.

IV.- Facultad de las agencias administrativas para resolver cuestiones que afecten a particulares. En este sentido, el artículo condensa el pensamiento de Thomas distinguiendo entre derechos públicos (es decir, los que posee la generalidad de los ciudadanos, el “pueblo” en general) y los privados (los que son inherentes a cada uno de los ciudadanos en particular). En este sentido, se cita expresamente al gran jurista inglés sir William Blackstone cuando enuncia entre los derechos particulares de cada individuo la “vida, libertad y propiedad”, lo que no es más que un evidente eco del no menos célebre John Locke. Para Thomas, no es potestad de los órganos administrativos resolver cuestiones y casos que afectan a derechos privados de los ciudadanos, en cuanto esa es la misión esencial del Poder Judicial.

En definitiva, que de una atenta lectura del trabajo lo que se puede deducir es que Clarence Thomas, mediante una lectura originalista del principio de división de poderes tal y como fue enunciado en su día por los founding fathers, se opone a un fortalecimiento de las potestades administrativas a costa de los poderes legislativo y ejecutivo, y lo hace precisamente en aras a una mayor garantía de los derechos y libertades del ciudadano.

Quizá sea hora de que en nuestro país alguien recoja el guante y empiece a cuestionar jurídicamente el excesivo aumento de las facultades y potestades administrativas.

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