EL SEXO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

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En principio, no hay dos sustantivos tan antagónicos como “sexo” y “Administración”. Tradicionalmente la actividad sexual se vinculaba al mundo de lo privado, incluso diríamos que de lo íntimo, mientras que la Administración era y continúa siendo, por antonomasia, el paradigma de lo público, dado que el objeto de su actividad lo constituye nada menos la satisfacción del “interés general”. No en vano en los Estados Unidos las resoluciones del Tribunal Supremo relativas a la despenalización de las relaciones homosexuales se anclaron precisamente en el derecho constitucional a la “privacy” (que aquí podríamos traducir como intimidad, más que “privacidad”). ¿Cómo es posible trabar una ligazón entre un sustantivo ligado a lo íntimo con otro vinculado al interés público?

A ese interrogante trata de dar respuesta un breve y curiosísimo artículo titulado Admininistering sex, publicado en el número 42-1 de la Administrative & Regulatory Law News, boletín que trimestralmente publica la Sección de Derecho Administrativo de la American Bar Association. ¿Quiere ello decir, animus iocandi, que la actividad sexual ha pasado a ser de interés público, o que la intimidad de las relaciones despierta la curiosidad de la persona jurídica que tiene a su cargo la satisfacción del interés general? La respuesta no es tan sencilla como aparentemente pudiera parecer.

Es cierto que ni la Administración ni los poderes públicos están facultados para entrar en las alcobas o investigar la actividad sexual de los ciudadanos, cuando menos por el momento; aunque, viendo la deriva del mundo actual, no sería de extrañar que los entes públicos instituyan como obligación de los ciudadanos la instalación las telepantallas en todos los habitáculos del domicilio particular, tal y como aventuró George Orwell en su célebre novela 1984. Hoy por hoy, salvo casos muy muy aislados de funcionarios o autoridades voyeristas, los entes públicos se sitúan claramente al margen de las relaciones íntimas que las personas mantienen en sus lechos o en otros lugares privados. Pero no es menos cierto que en las últimas décadas el sexo ha ocupado y preocupado a la Administración, ya sea la norteamericana o la española. Vean, si no, cómo el párrafo inicial del trabajo citado en el párrafo anterior expone en unas breves líneas la evolución normativa que ha tenido lugar en los últimos tiempos: “La pasada década ha contemplado una transformación del modo en que se ha regulado en los Estados Unidos la discriminación sexual, la violencia sexual, el acoso sexual y la simple actividad sexual. Son cada vez más las ocasiones en que las Agencias administrativas determinan qué tipo de sexo está permitido, requieren a las instituciones educativas a adoptar políticas determinadas sobre el sexo y especificando cómo debe investigarse y tratarse las actuaciones que se aparten de tales regulaciones. Hoy en día el sexo es un dominio de la burocracia federal. La cuestión que se plantea, pues, es el rol que los principios tradicionales del derecho administrativo desempeñan en la administración del sexo.”

Un simple párrafo hace tambalear, pues, la tesis clásica de la privacidad o intimidad de las cuestiones relativas al sexo, que pasan en gran medida a ser “publificadas” en el mundo actual. Claro está que la Administración no podrá decir a una persona con quién ha de mantener relaciones sexuales, ni cuantas veces al día puede ejecutar el acto sexual, pero sí puede entrar a regular cuestiones íntimamente relacionadas con el sexo. No estamos hablando de la tipificación del delito de violación (que siempre ha existido) sino a la regulación de otras conductas que antaño se dejaban al cuidado de los individuos y las familias, es decir, extramuros del Derecho público. Y esa continua intromisión o invasión administrativa de aspectos estrictamente privados ha tenido lugar de manera lenta pero inexorable a través de un camino que, como se dice en el trabajo tantas veces citado, es “en parte jurídico y en parte político.” El punto de partida inicial es el principio de no discriminación por razón de sexo, un principio básico de cualquier sociedad democrática avanzada. Nadie puede ser privado de derechos ni tener privilegio alguno por el simple hecho de ser hombre o mujer, y en este sentido este principio no pasa de ser una mera concreción del mucho más amplio y general de igualdad. Pero el mismo concepto de “discriminación por razón de sexo” no es algo estático o inmutable, sino que varía con el paso del tiempo, siendo, por tanto, misión de los poderes públicos concretar en cada momento histórico qué tipo de actividades o comportamientos se engloban en el mismo y se encuentran, por tanto, proscritas o son declaradas no conformes a Derecho. Ha de tenerse en cuenta que la actividad de los poderes públicos no es simplemente negativa, sino positiva, pues ha de promover todas las actuaciones necesarias para evitar vulneraciones de dicho principio, y de ahí las políticas antidiscriminatorias o “discriminación positiva.” De ahí que la protección del legislador se haya extendido para evitar el acoso sexual en los centros educativos; prevenir la violencia en el seno del matrimonio; regular el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y un largo (quizá demasiado largo) etcétera.

No obstante, como dice el aserto tradicional, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y lo que en principio no era más que una obligación impuesta a los poderes públicos en aras a hacer efectivo el principio de no discriminación por razón de sexo ha conducido y está conduciendo a abusos intolerables y exageraciones por parte de los mismos. Buena prueba de ello lo constituye la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, que es la interminable nomenclatura del instrumento legislativo que propone el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. No porque el objetivo último (la protección de los colectivos en cuestión identificados en el propio título de la ley) sea reprobable o discutible, sino por la excesiva burocratización lleva al punto de crear una Agencia estatal (paradoja extraña cuando la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público suprimió la figura de las Agencias Estatales) encargada de “administrar el sexo.” Orillando la paradoja de que quienes critican el excesivo peso del sector público estatal pretendan contribuir a su incremento con un nuevo ente (que, para más escarnio, adopta jurídicamente la figura de un tipo de ente suprimido no hace ni tan siquiera dos años). Y llama la atención que se pretenda incidir en el principio de no discriminación y de plena integración de tales colectivos cuando en la proposición de ley no se hace otra cosa que ahondar en la diferencia. Valga como ejemplo el artículo 20.ter, que habla del “modelo de salud de las personas transexuales y transgénero”, como si la salud de tales colectivos fuese distinta o diferenciada del común de los mortales, algo que va en contra de los principios que inspiran teóricamente la proposición.

No es de extrañar que en un mundo globalizado y donde la vida y hazañas de una persona están al alcance de cualquiera en las redes sociales, la intimidad pase a ser un concepto no en franco retroceso, sino en un artículo de lujo. De ahí que no sea impropio hablar de la “publificación” del sexo.

 

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