CLARK v. UNITED STATES: RECONOCIMIENTO DE CULPABILIDAD Y DERECHO A APELACIÓN CUESTIONANDO EL TIPO PENAL.

Culpabilidad

En algunas ocasiones, antecedentes fácticos aparentemente sencillos e incluso en ocasiones chuscos dan lugar a intervenciones del Tribunal Supremo que pueden ser determinantes. Pensemos, por ejemplo, en lo sucedido hace una década, cuando la decisión de una agencia estatal prohibiendo la exhibición del documental Hillary: The movie, muy crítico con quien entonces disputaba a Barack Obama la candidatura demócrata (documental, por cierto, que no emanaba de fuentes rusas, sino de organizaciones americanas) acabó siendo el detonante de la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission, que declaró inconstitucional la limitación de aportaciones económicas a las campañas electorales. Pues bien, no puede decirse que el asunto Clark v. United States, cuya vista oral tendrá lugar este miércoles 4 de octubre, vaya a producir un terremoto jurisprudencial, pero sí que plantea cuestiones interesantes, partiendo de unos antecedentes fácticos realmente dignos de una película de Charles Bronson.

Los hechos determinantes son harto curiosos. Rodney Clark es un militar retirado, residente en el estado de Carolina del Norte, en el cual posee legalmente una licencia de armas. Este personaje se define a sí mismo como “cazador constitucional de recompensas”, una especie de moderno caballero andante que “con armamento diverso, viaja a lo largo del país para hacer cumplir las leyes penales federales frente a jueces que, según su criterio, han actuado ilegalmente.” En uno de esos desplazamientos estacionó su vehículo en un aparcamiento público sito en la Avenida de Maryland, sito a escasos trescientos metros del Capitolio. Lo que este peculiar émulo de Paul Kersey no sabía es que dicho estacionamiento se encontraba incluido en una zona de seguridad que rodea el Capitolio, y en la cual las leyes federales prohíben todo tipo de armamento, si bien ni el lugar indicaba su inclusión en dicha zona o perímetro de seguridad ni la prohibición legal de portar armas. Al regresar al vehículo es detenido por las fuerzas de seguridad y procesado por violación de la Sección 40 apartado 5104 del United States Code, precepto legal que tipifica como delito la posesión de armas en los alrededores del Capitolio. A partir de aquí, se inicia la fase procesal stricto sensu.

En el juzgado de distrito, Clark sostiene que, en efecto, los hechos tal y como han sido expuestos implican que entran dentro del tipo penal descrito en la sección 40 USC 5104 del United States Code, y desde ese punto de vista reconoce su culpabilidad, pero (y esto es lo interesante) cuestiona la validez de dicho precepto legal por ser contrario a la segunda enmienda constitucional. El acusado, pues, reconoce la culpabilidad, pero cuestiona que el tipo penal que se le aplica sea válido. El juez, a la hora de informarle, le indica lo siguiente: “Si se declara culpable y acepto su culpabilidad, renuncia a todos los derechos que le he indicado, salvo las excepciones mencionadas, porque no habrá juicio ni probablemente apelación. ¿Comprende lo que le digo?” A lo cual responde de forma positiva. El juzgado acepta la culpabilidad, pero el condenado apela la sentencia y el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia en apenas tres folios confirma la resolución de instancia, al entender que al reconocerse culpable el acusado no puede apelar la resolución, no encontrándose en ninguna de las excepciones que permitirían al procesado el acceso a la segunda instancia. No conforme con tal resultado, se presenta una solicitud de certiorari ante el Tribunal Supremo, quien acepta conocer el asunto, y tras la fase escrita ha señalado la vista oral para el próximo día 4 de octubre.

La cuestión jurídica a resolver queda planteada en los siguientes términos: “El reconocimiento de la culpabilidad por el acusado, ¿implica la renuncia automática a su derecho de cuestionar la constitucionalidad de la ley aplicada para condenarle?” Es interesante del debate procesal entre las partes. Así, el recurrente sostiene que según la jurisprudencia aplicable el reconocimiento de la culpabilidad no supone la renuncia a plantear cuestiones no relacionadas con los hechos. Por su parte, la defensa de los Estados Unidos se ampara en una sutil distinción jurídica: la existencia de reconocimiento de culpabilidad condicional (que implica la posibilidad de reservarse expresamente el derecho a apelar por cuestiones de carácter jurídico planteadas en la fase previa) y la incondicional (que implica la renuncia total a impugnar la resolución condenatoria, salvo en el caso que pueda demostrarse que la declaración de culpabilidad fue ilícita o involuntaria). En definitiva, lo que es bien claro es que el reconocimiento voluntario de la culpabilidad impide revisar las cuestiones estrictamente fácticas, pero ¿qué ocurre con las jurídicas, entre las cuales se encuentra el cuestionamiento de la validez de la norma legal aplicada para la condena?

No estamos ante una cuestión baladí. Pongamos un ejemplo a nivel estrictamente administrativo. Supongamos que una persona o un grupo de personas son denunciadas por vulnerar lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (que, recordemos, tipifica como infracción grave: “La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal.”). Supongamos que las personas denunciadas presentan alegaciones reconociendo los hechos, pero cuestionando la propia validez del tipo infractor por considerarlo inconstitucional y, al efecto, proceden a abonar la sanción propuesta (con o sin descuento), pero manteniendo su alegato en lo que se refiere a la inconstitucionalidad de la ley. Ese reconocimiento de los hechos supone o implica automáticamente el derecho a cuestionar la normativa legal aplicada sobre la cual se basa la sanción? En otras palabras ¿Es lo mismo decir “soy culpable” que “soy culpable, pero porque se está aplicando una ley contraria a la Constitución”? Es evidente que en el último supuesto estaríamos en lo que pudiéramos denominar una “culpabilidad inconstitucional” en el caso de que prosperasen las objeciones jurídicas contra el texto legal.

Como puede verse, no hay caso pequeño. Todos pueden ser susceptibles de plantear cuestiones jurídicamente muy relevantes.

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