JESNER v. ARAB BANK: TERRORISMO INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE PERSONAS JURÍDICAS.

Extraterritoriality

Oliver Ellsworth, William Paterson y Caleb Strong, los redactores materiales de la Act to stablish the Judicial Courts of the United States, aprobada por el Congreso estadounidense el 24 de septiembre de 1789, sentirían una mezcla de orgullo y estupor al contemplar cómo, dos siglos y cuarto después, uno de los preceptos del meritado texto legal sería el fundamento jurídico de una pretensión resarcitoria que acabaría en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Porque, en efecto, el caso Jesner v. Arab Bank, cuya vista oral tuvo lugar el pasado miércoles día 11 de octubre, plantea como cuestión jurídica a resolver si el precepto de la Judiciary Act de 1789 (que subsiste formalmente bajo la denominación Alien Tort Statute) atribuye a los juzgados federales la competencia objetiva para resolver pretensiones de responsabilidad civil frente a personas jurídicas.

Hemos de partir, a estos efectos, de la sección novena de la Judiciary Act, precepto que enumeraba una serie de asuntos en los que los juzgados federales ostentan competencia objetiva y excluyente respecto a los órganos judiciales de los estados. A la hora de enumerar los asuntos que se atribuyen a la jurisdicción federal, incluye el siguiente párrafo: “And shall also have cognizance, concurrent with the courts of the several States, or the circuit courts, as the case may be, of all causes where an alien sues for a tort only in violation of the law of nations or a treaty of the United States” (Ostentarán [los juzgados federales], junto con los Tribunales de Circuito y los órganos judiciales de los distintos estados, competencia en las causas donde un extranjero pretenda el resarcimiento de daños y perjuicios fundados en vulneración del derecho internacional o de tratados que hayan sido ratificados por los Estados Unidos.) Parece claro que este párrafo estaba claramente orientado a facilitar que los ciudadanos de nacionalidad británica que fuesen acreedores de ciudadanos estadounidenses pudiesen solicitar judicialmente en órganos judiciales sitos en territorio norteamericano el reembolso de las cantidades, en cumplimiento de lo acordado en el Tratado de Paz de 1783 (cuyo incumplimiento en este sentido había sido denunciado nada menos que por el entonces Secretario de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, John Jay, que precisamente en 1789 sería nombrado primer chief justice). En definitiva, que en base a dicho artículo se otorgaba la competencia a juzgados norteamericanos para conocer de demandas de responsabilidad civil ejercitadas por personas que no ostentasen la nacionalidad americana, si bien únicamente en los supuestos donde la base de la responsabilidad civil se fundamentase en incumplimiento del derecho internacional o un tratado suscrito por los Estados Unidos).

Pues bien, dicho precepto de la Judiciary Act permanece vigente, respetando escrupulosamente el tenor literal de la norma originaria, en el 28 USC 1350 bajo la denominación Alien´s action for tort (acciones de un extranjero en reclamación de responsabilidad civil). Ahora bien, dicho precepto constituye una norma especial, en tanto en cuanto para la población estadounidense el 18 USC 2333 contempla los Civil remedies (“acciones civiles”), cuyo apartado a establece lo siguiente: “Any national of the United States injured in his or her person, property, or business by reason of an act of international terrorism, or his or her estate, survivors, or heirs, may sue therefor in any appropriate district court of the United States and shall recover threefold the damages he or she sustains and the cost of the suit, including attorney’s fees.” (Si a consecuencia de actos de terrorismo internacional cualquier nacional de los estados unidos sufre daños en su persona, propiedad, trabajo o bienes, estará facultado para ejercer, bien personalmente o a través de sus herederos, la acción correspondiente en el juzgado de distrito competente, así como a ser indemnizado por los daños sufridos, entre los que se incluirán los costes del pleito). Este precepto, a diferencia del anterior, es mucho más reciente, pues se aprobó con posterioridad a los atentados del once de septiembre.

Tenemos, pues, dos normas en juego, ambas con la finalidad de establecer la competencia de los órganos federales para conocer de asuntos de responsabilidad civil. La primera, norma general, faculta a los ciudadanos estadounidenses a ejercitar acciones de responsabilidad por daños derivados del terrorismo internacional; la segunda, permite a los extranjeros reclamar en los juzgados estatales o federales daños y perjuicios ocasionados por vulneración del derecho internacional. Ambos preceptos tienen un mismo objetivo: delimitar la competencia de órganos jurisdiccionales estadounidenses en materia de responsabilidad civil (tort law). Ahora bien, ambas respondían a objetivos y fines muy distintos: la norma especial se redactó con la mirada puesta simplemente en la reclamación de cantidades derivadas de incumplimiento de obligaciones de ciudadanos americanos frente a acreedores británicos, en una situación histórica muy concreta (la independencia de las colonias); la segunda, norma general, se elaboró a consecuencia de los atentados del once de septiembre para facilitar a las víctimas del terrorismo internacional la posibilidad de ejercitar acciones de indemnización por daños frente a los autores de los atentados o frente a quienes sustentasen económicamente a los terroristas.

Y tras esta larga pero necesaria digresión, llegamos al caso que nos ocupa, el Jesner v. Arab Bank. El asunto se inicia cuando varias personas de diferentes nacionalidades llevan a los Tribunales al Banco de Arabia. Los demandantes, que habían sufrido en sus carnes actos de terrorismo de cuatro organizaciones palestinas (en concreto, el Movimiento de Resistencia Islámica –HAMAS-, la Yihad Islámica Palestina –PIJ-, la Brigada de Mártires de Al Aqsa –AAMB- y el Frente Popular par ala Liberación de Palestina –PFLP-) que habían perpetrado varios ataques en territorio israelí. Los autores de los atentados los llevaron a cabo tras recibir garantías de retribuciones económicas a los familiares de los terroristas suicidas. Esa ayuda se canalizó a través del Banco Árabe, sito en Arabia Saudí, fundamentalmente de tres maneras: permitiendo a los terroristas y a los grupos terroristas mantener abiertos instrumentos financieros; permitir albergar en su seno cuentas corrientes que organizaciones próximas a los terroristas utilizaron para recaudar fondos destinados a perpetrar los ataques; y tercero, quizá el más importante, que se atribuía a la propia entidad la labor de identificación de los familiares de los “mártires” para retribuirles económicamente en compensación por el ataque terrorista.

Los diversos asuntos recayeron en el Juzgado de Distrito de Nueva York, quien desestimó el asunto. Impugnada dicha resolución, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito hizo pública el 8 de septiembre de 2015 su sentencia Jesner v. Arab Bank, confirmando la decisión de instancia. La desestimación se fundamenta en que el propio Tribunal de Apelaciones había efectuado anteriormente una interpretación restrictiva del Alien Tort Statute en el caso Kiobel v. Royal Dutch Petroleum (621 F3d111 [2d Cir 2010], según la cual dicho precepto no permitía ser utilizado frente a personas jurídicas, sino únicamente frente a personas físicas, algo que fundamentaba sobre la base de que: “ninguna entidad ha estado nunca sujeta a la culpabilidad (civil, penal o de otro tipo) bajo la normativa internacional de derechos humanos”, aunque uno de los jueces, aun compartiendo el resultado, discrepaba de la tesis sostenida por el parecer mayoritario. Y aun cuando dicho precedente llegó al propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, éste, en su sentencia Kiobel v. Royal Dutch Petroleum (fechada el 17 de abril de 2013) aun cuando rechazó asumir la argumentación del Tribunal de Apelaciones, confirmó expresamente la sentencia amparándose en que ha de aplicarse la presunción de extraterritorialidad, es decir, que cuando un texto legal no establece de forma clara y expresa que se aplica a acontecimientos que tuvieron lugar extramuros del territorio estadounidense, no puede invocarse el mismo como atributivo de competencia judicial en territorio norteamericano.

La controversia jurídica se plantea porque el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito mantiene intacto su pronunciamiento anterior. Y lo hace, pese a ser consciente de la reprimenda del Tribunal Supremo, agarrándose a un clavo ardiendo, con un razonamiento que, personalmente, y sin ser mucho menos un experto en la materia, me parece absolutamente infantil: “Aunque a la hora de fundamentar su decisión parece deducirse que el Tribunal Supremo estaba bien poco satisfecho con nuestra argumentación respecto a los asuntos ejercitados al amparo de la Alien Tort Statute, lo cierto es que no rechaza. Ambas sentencias adoptan diferentes enfoques para rechazar la pretensión. Y pese a que existe cierta discrepancia entre ambas, no son inconsistentes desde el punto de vista lógico.” Esta afirmación no deja de tener su gracia, pues aunque reconoce explícitamente que un órgano superior rechaza implícitamente el razonamiento del inferior (hasta el punto que si no estima el recurso es porque el resultado sería idéntico aplicando los fundamentos jurídicos correctos), como no ha existido una desautorización expresa, se mantiene el criterio anterior, por muy desacreditado que esté. Cuando lo cierto es que, si uno analiza bien el fondo, en modo alguno es lo mismo ni tiene los mismos efectos prácticos sostener que se rechaza un asunto por falta de jurisdicción de los tribunales estadounidenses que por imposibilidad legal de ejercer una acción frente a personas jurídicas. Algo que, sorprendentemente, acepta el propio Tribunal de Apelaciones al sostener que “El Tribunal Supremo confirma nuestra resolución sobre la base de la falta de jurisdicción, sin abordar el asunto de la legitimación pasiva de las personas jurídicas.”

De ahí que en esta ocasión, el asunto haya llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos con la finalidad de aclarar definitivamente el asunto, pues la cuestión jurídica a resolver se plantea en términos claros y concisos: “Permite el Alien Tort Statute las acciones judiciales frente a personas jurídicas?

Es evidente que la competencia jurisdiccional sobre asuntos que se han desarrollado extramuros del territorio nacional ha de ser utilizada con extrema prudencia, sobre todo por el posible choque o incidencia que puede tener con la política internacional y con las relaciones exteriores que mantiene el estado que la invoca, y no en vano uno de los jueces, Samuel Alito, manifestó expresamente su preocupación por este aspecto al establecer que este tipo de acciones puede crear “fricciones” con otros países.

Queda, pues, por ver cómo aborda definitivamente la cuestión el Tribunal Supremo en su sentencia.

 

 

 

 

 

 

 

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