SOBRE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL ANULANDO LA LEY CATALANA DE REFERÉNDUM

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Confieso que la lectura de las resoluciones del Tribunal Constitucional me provoca los mismos efectos que una digestión pesada: ardor de estómago. En cuanto a la forma, porque se trata de sentencias amazacotadas, reiterativas, con unos antecedentes de hecho excesivamente largos que, además, vuelven a reproducirse en la fundamentación jurídica, lo que supone incrementar artificialmente la extensión ya desmesurada de tales documentos. Respecto al fondo, porque el estilo forense del máximo intérprete de la Constitución española es en extremo plúmbeo, farragoso y en no pocas ocasiones pedestre. De ahí que el jurista que, voluntariamente o por necesidad, deba adentrarse en la lectura de una sentencia constitucional haya de acometer dicha tarea no sólo armado de una paciencia similar a la que se predica del santo Job, sino provisto de una buena dosis de bicarbonato con la que aligerar la indigestión provocada por la lectura.

Con todo, y debido a la importancia del objeto de enjuiciamiento, no pudo el redactor de estas líneas sustraerse a la lectura de la Sentencia de 17 de octubre de 2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, que estima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017 de 6 de septiembre, “del referéndum de autodeterminación.” Aun cuando la meritada resolución ocupa cuarenta y seis páginas (una menos, en realidad, dado que la última tan sólo contiene el nombre de ocho de los doce magistrados), el peculiar estilo forense utilizado por el Tribunal Constitucional facilita que el lector pueda omitir de un plumazo la lectura de las veinte sin que ello suponga merma alguna para ilustrarse sobre la causa. Aviso, pues, para navegantes: si alguna de las personas que amablemente leen esta entrada y la misma les pica la curiosidad y optan por la lectura de la resolución indicada, que sepan pueden iniciar la lectura directamente en la página vigésimoprimera.

Son varias las circunstancias que llaman la atención en el presente asunto:

1.- La Ley 19/2017 de 6 de septiembre, como se indica en el fundamento jurídico segundo, se sitúa voluntariamente extramuros del ordenamiento constitucional. Quiere ello decir que voluntaria y deliberadamente explicita su propia inconstitucionalidad o, por decirlo en términos utilizados en la sentencia comentada, se sitúa en “posición de ajenidad al ordenamiento constitucional”, de ahí que ante la ausencia de tal anclaje jurídico deba sustentar su propia fundamentación en otros pilares, y para ello nada mejor que utilizar dos columnas básicas: por un lado, el ordenamiento internacional y, por otro, una pretendida “soberanía” del pueblo catalán, soberanía que tendría su representación den el Parlamento de Cataluña. Tal comportamiento no es, insistimos, culposo o negligente, sino voluntario y doloso, como lo prueba el hecho de que incluso se prescinde de las fórmulas habituales de promulgación recogidas en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Aunque el Tribunal Constitucional, como suele ser habitual en él, vuelva sobre las mismas cuestiones una y otra vez como la peonza que gira sobre su eje, bastaría una sola frase para describir la naturaleza del texto legal sometido a consideración: “La Ley 19/2017 busca ser la vía para la eventual construcción, tras la posible “declaración formal de independencia de Cataluña” (art. 4.4), de un sistema jurídico enteramente distinto al cimentado hoy en la Constitución española y en el EAC.” Es, ni más ni menos, eso: una norma que rompe abierta y explícitamente con la Constitución y el Estatuto de Autonomía para servir de base o fundamento a la creación de un sistema nuevo, buscando para ello otros anclajes.

2.- El Tribunal Constitucional, aun cuando no tenía necesidad de hacerlo, desautoriza la invocación a las normas del Derecho internacional, más concretamente al pretendido “derecho de libre determinación”, en cuanto el mismo está previsto para territorios sometidos a dominación colonial (“sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras”), y fuera de dicho supuesto específico, “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Por tanto, ya vemos que los principios del Derecho internacional desautorizan expresamente los objetivos últimos de la Ley 19/2017.

3.- En lo referente a la existencia o no de título competencial para la regulación por ley autonómica de la celebración del referéndum, basta con reducirlo igualmente a una frase de la sentencia: “Es pues evidente que la Ley 19/2017 se ha dictado sin soporte competencial alguno y que resulta por ello inconstitucional en su conjunto, pues toda ella se ordena a la regulación y convocatoria de un referéndum singular que resulta ajeno a las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma.”

4.- Respecto al fondo del asunto, el Tribunal sostiene que el texto legal en su conjunto es contrario a la Constitución. El primer párrafo del fundamento jurídico quinto es meridianamente claro: “La Ley 19/2017 es, con toda evidencia, inconstitucional y lo es en su conjunto al contrariar, de modo explícito, principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de derecho, y la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por tanto, el Parlamento de Cataluña (arts. 1.2, 2, 1.1 y 9.1 CE).”

Conviene incidir en un aspecto que el Tribunal recuerda. No cuestiona el máximo intérprete de la Constitución el objetivo último pretendido por los artífices del texto legal que se anula, como tampoco cuestiona la posibilidad de reforma constitucional en este y en cualquier otro aspecto. Lo que rechaza de plano es el olvido total de los procedimientos fijados para la reforma de la Constitución: “El debate público, dentro o fuera de las instituciones, sobre tales proyectos políticos o sobre cualesquiera otros que propugnaran la reforma constitucional goza, precisamente al amparo de la Constitución misma, de una irrestricta libertad. Por el contrario, la conversión de esos proyectos en normas o en otras determinaciones del poder público no es posible sino mediante el procedimiento de reforma constitucional.”

El Alto Tribunal utiliza términos muy duros para describir la actuación de las instituciones catalanas: “Al aprobar la Ley 19/2017, el Parlamento de Cataluña se ha alzado frente a la soberanía nacional residenciada en el pueblo español, convocando a una fracción de ese pueblo, en desafío a la unidad de la Nación, a decidir la suerte del Estado común […] Estos ilícitos constitucionales y el desconocimiento pleno en que la Cámara ha incurrido de la lealtad constitucional que obliga a todos […] han deparado, a la vez, un atentado a la consideración del Estado español . Pero quizá ningún párrafo es tan elocuente y descriptivo como éste en el que se describe cómo mediante la presente ley se ha borrado de un plumazo el ordenamiento constitucional en una parte del territorio español: “El Parlamento de Cataluña ha pretendido, mediante la Ley 19/2017, cancelar de hecho, en el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se avinieran o acomodaran al dictado de su nuda voluntad.”

Por ello, el poder público que abierta, consciente y deliberadamente se apartan de un principio esencial como es el de sometimiento al orden constitucional, no puede ejercer legítimamente unas prerrogativas públicas que él mismo cuestiona. Y en un párrafo altamente significativo, el propio Tribunal Constitucional recoge un principio tan básico y antiguo como es el derecho de resistencia frente al poder arbitrario: “Con todo ello, al renunciar como observamos en el fundamento jurídico 2 de esta Sentencia a cualquier presunción de constitucionalidad, la asamblea autonómica no ha podido reclamar legítimamente obediencia para esta Ley. Un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento (el subrayado es nuestro). Una tesis tan antigua como la expuesta por Juan de Salisbury en su Policraticus: quien se aparta del Derecho no puede esgrimir el mismo en su favor, y justifica al pueblo (antaño súbdito, hoy ciudadano) a la resistencia.

En terminología administrativa: las instituciones de la Generalidad han incurrido en una vía de hecho, por lo que en principio ello acarrearía que cedan todas sus prerrogativas de poder público, algo que parece reconocer explícitamente el Tribunal Constitucional. Y esto es lo preocupante del asunto, que cuando un poder público se sitúa deliberadamente al margen de toda obediencia al ordenamiento, la controversia abandona el mundo del Derecho para situarse en un plano bien distinto.

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