PROBIDAD Y CONDUCTA EJEMPLAR EN EL CANDIDATO A JUEZ Y EN EL JUEZ DE CARRERA: UNA DOBLE VARA DE MEDIR.

Probidad

Leo con sumo interés el magnífico análisis que, con el título Truncado el sueño de ser juez por un pecadillo de juventud, ha efectuado en su blog mi admirado José Ramón Chaves García. En dicha entrada se hacía eco en un recentísimo post de la Sentencia de 24 de octubre de 2017 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada en recurso número 4334/2016, que confirma la exclusión a una aspirante que había superado el proceso selectivo para el acceso a la categoría judicial por tener un antecedente penal no cancelado, en concreto un delito contra la seguridad del tráfico al haber dado positivo en un control de alcoholemia. El lector interesado puede consultar la entrada:

Truncado el sueño de ser juez por pecadillo de juventud

No deseo efectuar un análisis en profundidad de la sentencia, algo que ya ha realizado José Ramón Chaves de forma admirable con su maestría habitual. Pero sí quisiera profundizar en algunas cuestiones.

Primera.- En su razonamiento para justificar la exigencia del artículo 302, el Tribunal Supremo razona que: “Pero si consideramos que no es irrazonable esta exigencia es porque, al igual que hemos dicho antes, sirve para asegurar que quienes quieren ser jueces o fiscales poseen las mayores condiciones de probidad y ejemplaridad.” Es muy loable y cierto ese principio, pero si efectuamos una interpretación concordada de dicho párrafo junto con la normativa básica la conclusión a la que se llega es sorprendente: hay que ser mucho más probo para intentar acceder a la categoría de juez o magistrado que para permanecer en el cargo.

En efecto, el artículo 303 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial, indica que están incapacitados para acceder a la carrera judicial: “los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación”, mientras que según el artículo 379.1.d) del meritado texto legal establece como causa de pérdida de la condición de juez o magistrado: “la condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso.” En el primer caso el elemento que incapacita es la mera condena, mientras que en el segundo no es tal, sino la condena a pena privativa de libertad, con el beneficio adicional que si la pena impuesta no excede de seis meses, puede “salvarse” la permanencia en la categoría sustituyendo la expulsión por la suspensión de empleo y sueldo durante un plazo no superior a tres años. En la meritada sentencia se aborda este distinto tratamiento, pero en lugar de abordar el toro por los cuernos, se refugia en un (a mi juicio) dudosísimo uso del judicial restrain para remitir la cuestión al legislador, limitándose a hacer un juego malabar idéntico a aquellos con los que nos obsequiaba el inigualable Juan Tamariz: “porque no es lo mismo entrar que salir y porque, puestos a seleccionar los futuros jueces y fiscales, es más que aconsejable establecer exigencias rigurosas de probidad y conducta ejemplar.” Requisitos de probidad y ejemplaridad que, obviamente, pueden relajarse cuando ya se es magistrado en activo. Buena prueba de ello es el caso de Enrique López, que siendo magistrado del Tribunal Constitucional fue detenido tras saltarse un semáforo en rojo y superar la tasa de alcoholemia permitida; aunque dimitió de su cargo como magistrado en el Tribunal Constitucional (más que nada para solucionar el engorro discretamente, evitando lo que la prensa denominó “pleito con luz y taquígrafos” en el Tribunal Supremo) fue condenado a una pena que multiplicaba por dos la impuesta a la aspirante a juez, lo que no es óbice para que se incorporase como Magistrado a la Audiencia Nacional. Todo un ejemplo, pues de “probidad y conducta ejemplar.”

El razonamiento del Alto Tribunal no es compartido por Chaves, quien de forma noble y, sobre todo, valiente, reconoce: “creo que una interpretación finalista se imponía, frente a la fría y absurda literalidad de la norma.” Pero creo que peca de generosidad comparando al Tribunal Supremo con el célebre procurador romano en Judea que pasó a la historia por un oportuno lavatorio de manos; creo que la comparación más ajustada hubiera sido la de evocar al Sheriff de Nottingham tal y como fue encarnado por el divertidísimo Melville Cooper en el clásico The adventures of Robin Hood, dirigida en 1939 por Michael Curtiz: cuando los hombres de Sherwood invaden el palacio donde el Príncipe John va a ser coronado rey, sir Guy de Gisburn (magistral Basil Rathbone) entona un “a por ellos” arrojándose el primero espada en mano frente al cabecilla enemigo, mientras que el sheriff comparte su grito de batalla, pero retrocede escudándose en el príncipe. En este caso, el príncipe es sustituido por el legislador, tras el cual se refugia la judicatura.

Primera conclusión, pues, que se extrae de la normativa y su interpretación jurisprudencial: para aspirar a ser juez se exige al candidato blancura inmaculada; para permanecer en el cargo, no estar demasiado sucio. Curioso, muy curioso.

Segunda.- Lo que José Ramón Chaves entiende que es el “corazoncito” del Tribunal, personalmente creo que no es otra cosa que la voz de la (mala) conciencia. Porque, en efecto, el Tribunal Supremo razona de la siguiente forma: “Estas circunstancias hacen pensar que las consecuencias que ha supuesto la decisión final de la Comisión de Selección para la recurrente, pese a su legalidad, puedan ser excesivas desde la perspectiva de la equidad que también informa el ordenamiento jurídico según el artículo 3.2 del Código Civil. Precepto que, si bien no autoriza a esta Sala resolver de otra manera a como lo está haciendo, no es obstáculo para que el Consejo General del Poder Judicial busque una solución que se acomode a él.” En definitiva, que el Tribunal Supremo aparenta escudarse en un “yo quería, pero no me dejan”, pudorosa versión del “quiero y no puedo.”

No deja de ser irónica la referencia del Tribunal Supremo a la equidad, algo totalmente desconocido en nuestro ordenamiento jurídico no ya como instituto, sino como principio. Porque, en efecto, cualquier jurista familiarizado mínimamente con los ordenamientos del common law sabe que la equity se constituyó como un remedio excepcional para ofrecer soluciones más flexibles a las amparadas por la normativa legal, y que tuvo su origen en la época medieval, con apelaciones al monarca frente a resoluciones judiciales injustas. Se formó así un cuerpo de doctrina jurisprudencial denominada precisamente equity, y que debido a ese origen era dispensado por un órgano conocido como Court of Chancery.

 

Tercera.- Conviene ofrecer a modo de contraste la situación existente en los Estados Unidos, donde ninguna de las dos situaciones a la que nos hemos referido anteriormente (la de la pobre candidata excluida y la de Enrique López) se hubiesen producido.

Todos los miembros de la judicatura federal (que engloba a quienes sirven en Juzgados de Distrito, Tribunales de Apelación y Tribunal Supremo), son nombrados por el Presidente de los Estados Unidos previo visto bueno del Senado, y según el artículo III apartado 1 del texto constitucional se mantendrán en el cargo: “during good behaviour” (en tanto mantengan buen comportamiento).

A la hora de nombrar a cualquier juez, no sólo a los del Tribunal Supremo, el candidato propuesto es sometido a un rigurosísimo examen por el Federal Bureau of Investigation, a fin de descartar a personas que tengan hechos en su pasado que puedan comprometer su elección. Este paso está tan arraigado que en ocasiones los propios candidatos a la judicatura optan por renunciar voluntariamente a la nominación. Así, por ejemplo, cuando en 1987 Ronald Reagan hizo pública la candidatura de Douglas H Ginsburn para cubrir la vacante que en el Tribunal Supremo dejó la renuncia de Lewis Powell, el propio elegido solicitó se retirase su nominación al descubrirse que en sus años universitarios había consumido (muy ocasionalmente) marihuana.

Pero en el caso de expulsión de la carrera judicial, las propias instituciones se encargan de depurar la judicatura expulsando a miembros que, aun cuando incursos en comportamientos no necesariamente tipificados como delitos, son incompatibles con el decoro y dignidad que ha de mostrar un juez, lo que se hace mediante un procedimiento de impeachment (idéntico al estipulado para la remoción del Presidente) en el que la Cámara de Representantes formula la acusación y es el Senado quien efectúa las investigaciones, el procedimiento y la votación final acerca de la remoción o no del juez. Un curiosísimo ejemplo de expulsión de la carrera judicial es el que ofrece Halsted Lockwood Ritter, que en 1929 fue elegido juez federal del Distrito Sur de Florida. La Cámara de Representantes presentó hasta cinco cargos para expulsarle (entre ellos, parcialidad en asuntos concursales, evasión fiscal, ejercicio de la abogacía siendo juez), de los cuales únicamente prosperó en el Senado uno de ellos, aparentemente el más “inofensivo”: aceptar comidas y alojamientos sin contraprestación. Lo relevante es que no es preciso que exista condena penal, sino que lo que se valora es la incursión en un comportamiento inadecuado para un juez.

 

 

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