PODER JUDICIAL Y FUNCIÓN CONSULTIVA: LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ADVISORY OPINIONS EN EL ORDENAMIENTO NORTEAMERICANO

Uno de los principios básicos del constitucionalismo norteamericano es la prohibición de las advisory opinions, es decir, la proscripción de que los juzgados y Tribunales emitan opiniones consultivas. Ello puede sonar extraños a oídos de un jurista español, acostumbrado a la existencia de órganos tales como el Consejo de Estado o los Consejos Consultivos. Pero lo cierto es el ejercicio por los juzgados anglosajones de sus facultades de emisión de advisory opinions no es ni mucho menos extraña a su cultura, y su proscripción en los Estados Unidos se debió más que nada a una especie de “tormenta perfecta”.

En efecto, no era extraño en Gran Bretaña que el monarca sometiese determinadas cuestiones a los órganos judiciales para que éstos se pronunciasen sobre ellas desde el punto de vista jurídico. Ello suponía que, en lugar de una sentencia (opinion, en la terminología jurídica del common law) los órganos judiciales emitiesen un informe consultivo (advisory opinion), dado que no actuaban resolviendo una controversia inter partes, sino dando respuesta en Derecho a una cuestión planteada extramuros de un proceso. En principio, todo parecía indicar que dicha práctica continuaría en las colonias inglesas de Norteamérica, antes y después de su independencia de la metrópoli. Todo cambió en 1793, cuando los seis jueces del Tribunal Supremo pusieron fin a la misma en unas circunstancias, ciertamente, peculiares y donde la política tuvo cuando menos tanta influencia como el Derecho. Veamos qué ocurrió.

Los Estados Unidos y Francia se encontraban vinculados por un tratado internacional suscrito en 1778. Cuando estalla la revolución francesa los Estados Unidos, que acababan de poner en marcha las instituciones creadas por el texto constitucional de 1789, se plantearon cómo actuar desde el punto de vista de las relaciones internacionales. La situación se agravó en enero de 1793, tras la ejecución de Luis XVI y la guerra que enfrentó a Gran Bretaña con la nueva República francesa. El gabinete de Washington se encontraba muy dividido internamente. Alexander Hamilton, Secretario del Tesoro, fervoroso anglófilo, argumentaba que los Estados Unidos debían alinearse con Gran Bretaña, porque el Tratado en 1778 vinculaba a los Estados Unidos con el reino de Francia, y dado que éste había dejado de existir lo mismo ocurría con el meritado instrumento internacional. Por su parte, Thomas Jefferson, Secretario de Estado e indisimulado partidario de los franceses, mantenía que el tratado suscrito en 1778 permanecía en vigor, pues la mutación del sistema de gobierno no era causa del cese de validez de aquél. Washington contaba, además, con el asesoramiento extraoficial nada menos que del chief justice, John Jay, persona de una gran educación, muy respetuoso con las formalidades y que atesoraba una amplia experiencia en el mundo diplomático.

En julio de ese año, el gabinete optó por requerir la opinión de los jueces del Tribunal Supremo. A tal efecto, se elaboró una misiva en la cual, tras calificar a los magistrados como “personas versadas en el conocimiento de la ley”, se les solicitaba un dictamen jurídico sobre nada menos que veintinueve cuestiones, todas ellas relativas a las obligaciones que desde el punto de vista jurídico tenían contraídas los Estados Unidos en virtud de las normas de derecho internacional.

El día 8 de agosto de 1793, en una breve carta, los seis jueces del Tribunal Supremo rehúsan amablemente cumplir el encargo. El argumento que ofrecieron era estrictamente jurídico: “los límites establecidos por la Constitución entre los tres poderes”, así como el hecho de que éstos “se controlaban recíprocamente”, unido a que los jueces “formaban parte de un órgano que carece de superior jerárquico”, eran “motivos de peso que impiden el ejercicio de las funciones extrajudiciales respondiendo a las cuestiones que se nos plantean.” Ofrecían otro argumento adicional: “la potestad constitucional atribuida al Presidente de consultar a los titulares de los Departamentos, parece haber sido deliberada y expresamente limitado a los Departamentos ejecutivos” En definitiva, que los jueces únicamente podían emitir sus resoluciones en el seno de un procedimiento judicial inter partes, donde se ejercitase una pretensión jurídica concreta, y no a través de un dictamen consultivo elaborado al amparo de una consulta oficial.

El razonamiento de los jueces era, desde el punto de vista jurídico, impecable, pero ya hemos visto que tanto la práctica inglesa como la colonial no proscribía las advisory opinions, sino todo lo contrario. ¿Qué llevó a los jueces a actuar como lo hicieron? Pues simple, lisa y llanamente razones de conveniencia personal. En efecto, en aquellos momentos Sus Señorías estaban presionando tanto al ejecutivo como al legislativo para que se reformase la Judiciary Act y se eliminase la obligación del riding circuit, que les obligaba a continuos desplazamientos a lo largo del territorio. Dado lo conflictivo de inclinarse por una u otra opción (pues aun cuando emitiesen el dictamen requerido limitándose a dar respuesta en Derecho a las cuestiones planteadas, podría ser esgrimido a favor de las tesis pro británicas o pro francesas), y dada la enorme división que existía no sólo en el Gabinete, sino en el Congreso y en la propia sociedad, no deseaban que una respuesta pudiera enajenarles voluntades en el legislativo. De ahí que los seis jueces, que no sólo atesoraban una experiencia en el mundo jurídico, sino que todos ellos habían desempeñado cargos de naturaleza política, optaron por una retirada táctica y se refugiaron en el principio de división de poderes con la finalidad de evitar un pronunciamiento expreso que podría causarles algún que otro problema. Y, aunque no oficialmente, de forma particular algunos de los magistrados continuaron ejerciendo como asesores en la sombra, y el primero de ellos el propio chief justice Jay, quien continuó asesorando a Washingon en cuestiones internacionales durante todo el segundo mandato de éste; incluso cuando Jay renunció a la judicatura en julio de 1795 para convertirse en el Gobernador de Nueva York, no por ello dejó de ser requerido por el Presidente a efectos consultivos, si bien, insistimos, a título particular.

Louis D Brandeis, que ostentó la categoría de juez del Tribunal Supremo, manifestó en cierta ocasión refiriéndose a dicho órgano judicial que: “tan importante como lo que hace es lo que no hace.” Y desde entonces los órganos judiciales estadounidenses se han limitado a resolver los “cases and controversies”, es decir, a asuntos de naturaleza judicial y que se ventilan en un proceso. Y es curioso que este principio descanse en una carta particular (la que los jueces dirigieron a Washington en agosto de 1793) y no en una sentencia propiamente dicha.

No deja de ser curioso, por cierto, que en nuestro país el Tribunal Constitucional, ese nefasto y nefando organismo que pulula por el sistema ocasionando irremediablemente problemas allí donde interviene, no imitase el comportamiento de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Cuando previamente a la ratificación del Tratado de la Unión Europea el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, requirió al máximo intérprete de la Constitución para que se pronunciase acerca de si algunos de los preceptos del Tratado podrían ser contrarios al texto constitucional (por lo que se ve, el Consejo de Estado no debía ser suficiente), éste emitió la Declaración 1/1992 de 1 de julio (ES:TC:1992:1D) dando cumplimiento a dicho requerimiento. En definitiva, una advisory opinion como la copa de un pino.

 

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