SAB v. SESSIONS: ¿PUEDE UN JUEZ RESOLVER UN ASUNTO EN BASE A DOCUMENTOS QUE NO CONSTAN EN EL EXPEDIENTE?

Hay un aforismo jurídico en el orden contencioso-administrativo según el cual, a la hora de enjuiciar la legalidad de la actuación administrativa, “lo que no está en el expediente no existe.” Se trata de un principio que los jueces, habitualmente por comodidad, suelen aplicar a rajatabla. De tal manera que no pueden tenerse en cuenta otros hechos que los acreditados en el mismo salvo que en fase probatoria pueda destruirse la certeza de algunas cuestiones fácticas obrantes en dicho expediente administrativo.

Pues bien, a Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha llegado el pasado mes de septiembre una solicitud de certiorari donde se plantea como cuestión jurídica a resolver precisamente esa: “¿Puede un Tribunal de Apelación basarse en hechos ajenos al expediente para resolver una solicitud de expulsión, pese a que la normativa legal establece que la misma ha de fundamentarse exclusivamente en la documentación obrante en el expediente administrativo?

 

Los hechos del caso se remontan al año 2004, cuando una ciudadana etíope acude legalmente a los Estados Unidos con una autorización de residencia que expiró en diciembre de dicho año. Una vez caducada su autorización, solicita asilo político o, en su defecto, se suspenda la expulsión, debido al riesgo de represalias de su país. Y ello debido a que pertenecía a una etnia, la Oromo, que a finales de los años noventa había formado un grupo armado, el Frente de Liberación Oromo (OLF), que había ejecutado actos violentos contra el gobierno etíope, debido a que éste discriminaba a la etnia en cuestión. En vía administrativa, la interesada había aportado pruebas acreditativas de que la OLF no era un grupo terrorista, siendo su principal testigo un profesor de historia de la Universidad de Valparaiso, en Indiana, quien manifestó ser dudosa la autoría de los ataques atribuidos a la OLF.

 

La solicitud fue desestimada por el juez de inmigración (immigration judge, que, pese a su denominación, es un órgano administrativo y no judicial). Éste afirma que, si bien en principio la historia de la solicitante es “creíble” y reconocía que había sido “torturada y perseguida por el gobierno etíope”, en principio sería beneficiaria del derecho de asilo, “si ni fuese por su apoyo explícito a una organización terrorista”, motivo por el que se rechazaba su pretensión. La resolución denegatoria se basaba en una publicación oficial denominada Jane´s World, que el testigo propuesto a instancias de la solicitante de asilo consideraba “poco fiables”. Dicha resolución fue impugnada al Board of Inmigration Appeals (órgano también administrativo, no judicial), que desestimó el recurso interpuesto.

 

El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito Judicial confirma la resolución administrativa en su sentencia SAB v. Boente, hecha pública el 2 de febrero de 2017, que desestima la demanda impuesta por SAB (el Tribunal se aviene a los deseos de la representación procesal de la demandante y se refiere a ella únicamente por las iniciales, aunque señala irónicamente que en el expediente administrativo aparece su nombre completo). Ahora bien, lo curioso es que el Tribunal acude a una búsqueda en Internet para refutar las tesis de la demandante. Así, por ejemplo, para avalar la credibilidad de la publicación de Jane´s World acude sorprendentemente a la Wikipedia, y ulteriormente para verificar el carácter terrorista del OLF se ampara en un artículo publicado en IRIN News que había sido excluido como prueba en vía administrativa.

 

En su solicitud de certiorari, la defensa de SAB sostiene que “un Tribunal de Apelación únicamente ha de tener en cuenta los hechos que obran en el expediente. Este principio del sistema judicial estadounidense se deriva de la especial naturaleza de los tribunales de apelación, en los que no existe fase probatoria, por cuanto se centran en el Derecho y en su aplicación a los hechos.” En definitiva: que la justicia ha de ser ciega a todo cuanto no conste en el expediente.

 

Ya hemos indicado en alguna que otra ocasión que el juez Stephen Field manifestó en cierta ocasión que: “Cuando actuamos como juez no podemos prescindir de lo que conocemos como hombre.” Pretendía manifestar con ello que no puede cerrarse los ojos ni situarse en una ceguera voluntaria a la realidad, por cuanto existen circunstancias que es muy difícil que vengan en un expediente o que se reflejen de forma explícita, aun cuando sean vox populi. Una redacción del planeamiento que pretende beneficiar a unos propietarios concretos jamás lo hará constar, es más, tratará de justificar su decisión con sesudos informes que retorcerán los hechos hasta adecuarlos a su objetivo final. De igual forma, los peritos de las partes en liza obrarán de la misma forma, pues aun cuando les ligue la obligación de ser veraces no es menos cierto que se deben a un cliente, y sin faltar rotundamente a la realidad, sí que pueden acomodarla para que encaje bien en el caso.

 

En el siglo XXI el juez no puede apartarse nunca de su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Pero en plena era de la globalización, de las comunicaciones y de internet el juez tampoco puede aislarse en su despacho y cerrar los ojos a lo que, como simple ciudadano, puede conocer desde el punto de vista de la realidad fáctica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 comentarios en “SAB v. SESSIONS: ¿PUEDE UN JUEZ RESOLVER UN ASUNTO EN BASE A DOCUMENTOS QUE NO CONSTAN EN EL EXPEDIENTE?

  1. Manuel Moralo Aragüete

    Muy interesante. Supongo que ahora habrá que esperara ver si el SCOTUS decide pronunciarse sobre el tema, ¿no?

    Aparte de la cuestión sobre si al Juez le es lícito, o no, utilizar datos o hechos ajenos al expediente administrativo, creo que aquí habría que tener en cuenta, también, si el Juez los introdujo directamente en su Sentencia, o bien concedió un trámite de audiencia previo a las partes sobre tales hechos.

    Me encanta este blog.

    Un cordial saludo.

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