LAS SANCIONES DE TRÁFICO: CUANDO SIEMPRE GANA LA “BANCA”.

Si antaño se decía que el Estado acompañaba al ciudadano desde la cuna hasta la sepultura, bien pudiera decirse que en lo relativo al ámbito de la circulación terrestre la voracidad recaudatoria de las distintas Administraciones acompaña al ciudadano desde la adquisición del vehículo hasta que se deshace del mismo. Y, lógicamente, ante la necesidad cada vez mayor del uso de los vehículos (que han pasado de ser un artículo de lujo a, en la mayoría de las ocasiones, un instrumento de primera necesidad) los distintos entes públicos se han frotado las manos y propuesto hacer caja.

Y ningún ámbito es más fácil practicar una sangría al ciudadano que en el circulatorio. Si antaño los cirujanos aplicaban sanguijuelas en el cuerpo del sufrido individuo para aliviarle de los malos humores y efectuar la extracción de sangre, en el siglo XXI esas nuevas sanguijuelas que son los entes públicos han considerado oportuno seguir el mismo comportamiento que los galenos en la antigüedad. Con la diferencia de que si aquéllos sangraban físicamente al individuo, en el siglo XXI las Administraciones lo hacen metafóricamente; si antaño se extraía sangre del cuerpo humano, en la actualidad se prefiere sangrar el bolsillo; y si incluso los barberos podían aplicar sanguijuelas, los entes públicos de la presente centuria utilizan unos seres mucho más mortíferos que las sanguijuelas: los servicios recaudatorios con sus prerrogativas de autotutela declarativa y ejecutiva. Si Lamparilla, el simpático protagonista de la célebre zarzuela El barberillo de Lavapiés se jactaba ante su público: “Peino, corto y rizo y adobo la piel/ y echo sanguijuelas que es lo que hay que ver”; todos los entes públicos, sin excepción, podrían emular al barbero dieciochesco y entonar algo así como: “Multo, más sanciono y recaudo también / si no pagas uno, pues pagarás cien

Viene la anterior digresión a cuenta de la noticia que aparecía hoy domingo día 10 de diciembre de 2017 en las primeras páginas del diario El Comercio, cuyo titular reza así: “El 95% de las multas por velocidad, por circular entre 50 y 70 por hora.” Eso es el titular, porque si uno se adentra en la lectura veremos que eso se refiere a tramos donde la “velocidad está limitada a 50”. Echemos mano de las estadísticas. Según la noticia, son 34.653 multas las que el Ayuntamiento de Gijón ha impuesto tan sólo por exceso de velocidad. De esas: “siempre según los radares y una vez aplicado el correspondiente coeficiente corrector para compensar sus márgenes de error, 5.057 lo hacían a 55 kilómetros por hora, 4.023 a 56, 3.158 a 57, 2.564 a 58 y 1.870 a 59 kilómetros por hora. A partir de 60, y hasta los 70 kilómetros por hora, se detectó a otros 7.136 conductores.” Ahora bien, si las autoridades lógicamente inciden en un hecho (el exceso de velocidad), normalmente silencian otras dos cuestiones sobre la cuales pasan de puntillas: Primera: ¿Dónde se sitúan los radares? Segunda: ¿Es razonable y, por tanto, está justificada la limitación en el tramo concreto donde está situado el radar?

Dos ejemplos concretos. Madrid, M-50, con cuatro carriles en un único sentido de circulación. De repente, sin venir a cuento, una señal que limita la velocidad máxima a 80 y, justo unos metros más allá, la burla siniestra final para el ciudadano: “por su seguridad, control de velocidad.” Segundo ejemplo. Ciudad de Gijón, en la zona de Viesques en sentido hacia el Hospital de Cabueñes, vías con dos carriles con un único sentido de la circulación donde la velocidad está limitada a 50 y donde, naturalmente, cómo no, hay colocado un radar.

Lo cierto es que, como siempre ocurre, entre el blanco y el negro existe una amplia gama de grises. No es lo mismo circular a 130 km/h en las interminables rectas de las autopistas que cruzan Castilla-León que en el puerto de Pajares, como tampoco es lo mismo ir a 70 km/h en pleno centro de la ciudad que en las afueras donde existen tramos donde hay doble carril con un único sentido de la circulación. Pero es que existe otra cuestión igualmente importante: la total ausencia de control y justificación de los motivos por los que se limita la velocidad. Las señales limitativas de velocidad no dejan de ser actos administrativos, y como tales, cuando establecen una limitación, deberían ser motivados. Ahora bien ¿Dónde, cuándo y cómo se justifica el establecer una limitación de velocidad por debajo de los límites genéricos? ¿Cómo puede acceder a ello el ciudadano? ¿Cómo es posible saber, por tanto, si la decisión de reducir el límite máximo de velocidad es razonable y tiene una base objetiva o, por el contrario, es caprichoso o arbitrario?

Claro que no son sólo sanciones de tráfico de lo que viven las Administraciones. También reciben ingresos del Impuesto sobre el Valor Añadido (o Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) y del Impuesto de Matriculación en el momento de adquisición de un vehículo. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica con el que anualmente nos obsequian los distintos Ayuntamientos. La tasa de la Inspección Técnica de Vehículos. Las tasas por la renovación del permiso de conducción. En caso de que usted tenga una plaza de garaje en propiedad, el Impuesto de Bienes Inmuebles del mismo; en caso de ser alquilada, a través de los impuestos que gravan el alquiler; si es titular de un bono de estacionamiento en la vía pública, la tasa correspondiente. Como siempre, al final todo es sumar y hacer caja. Porque estamos ante un juego de azar con una característica muy singular: por ley, siempre gana la “banca” (léase, la Administración) y donde a ésta se le permite jugar con cartas marcadas, dados trucados y ruletas tramposas.

Claro está que, para disfrazar la voracidad recaudatoria, las Administraciones han de buscar una excusa, y esa no es otra que la de “velar por la seguridad.” Loable deseo que sobre el papel es posible que cuele (porque el papel lo resiste todo), pero que la realidad cotidiana se encarga de desmentir. El ciudadano medio percibe de forma cada vez más nítida el cada vez más manifiesto y explícito afán recaudatorio en lo que al ámbito de la circulación se refiere. Cierto es que cada vez que el rio de las lamentaciones suena, los entes públicos niegan tan animus, pero lo hacen con la misma convicción y grado de fiabilidad cuando en la película Duck Soap (Sopa de Ganso) el inefable espía Chicolini (Chico Marx) cuando, disfrazado de Rufus T. Firefly (Groucho Marx), le preguntaba a Gloria Teasdale: “Well. Who you are gonna believe? Me or your own eyes?”, (Bueno, a quién va a creer, a mí o a sus propios ojos?)

El comportamiento de los entes públicos en el ámbito recaudatorio se parece cada día más más a los bandoleros que durante el siglo XIX poblaban los montes de Sierra Morena. Pero a su visión real, no a la idealizada que un tardío romanticismo inculcó en el imaginario popular. Porque Curro Jiménez no era el bandido generoso que Sancho Gracia encarnó en la serie homónima, sino un ladrón (conocido como “el barquero de Cantillana”, que curiosamente es el título del primer capítulo de la serie) que asaltaba a todos los que viajaban por los caminos que atravesaban la serranía, sin distinguir entre ricos y pobres, dado que su banda únicamente tenía los ingresos que les proporcionaban sus rapiñas, y al que finalmente la Guardia Civil logró abatir en 1849. Si la imagen del “bandido generoso” logró encubrir la auténtica realidad de un ladrón y salteador de caminos que no distinguía entre ricos y pobres, la “policía de seguridad” (por utilizar la expresión de otra célebre pieza del género chico, La Gran Vía) que invocan las distintas Administraciones para justificar el ejercicio de sus potestades sancionadoras, no encubre más que la “necesidad de recaudar”, cuanto más mejor. Y buena prueba de que esa preocupación por el mantenimiento de la seguridad en las vías públicas es una filfa lo demuestra que, en pleno epicentro de la crisis económica, una de la medidas que tomó el ejecutivo fue, precisamente….apagar las luces de las carreteras.

En fin, que nada ilustra mejor la política que se sigue en el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito circulatorio que la imagen con la que ilustramos este post, la viñeta del genial e inmortal Francisco Ibañez correspondiente al álbum El cochecito leré.

Y es que, eso sí, para sacarle punta a todo y tomárnoslo con humor, los españoles somos únicos.

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