DALMAZZI v UNITED STATES: EL SHOW DE LA COMPOSICIÓN DE LOS TRIBUNALES MILITARES.

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En ocasiones asuntos aparentemente sencillos en cuanto a los hechos pueden acarrear un tsunami jurídico de consecuencias imprevisibles, ya sea por la extensión que los efectos del caso pueden tener para otros similares, por las consecuencias en cuanto a la interpretación jurisprudencial de una norma o por la importancia que a la vista del mismo cobran aspectos tangenciales que saltan a primer plano y que sobrepasan los del caso original. Esto último parece que ha ocurrido en el caso Dalmazzi v. United States, que originariamente planteado como la impugnación de una resolución de un tribunal militar, ha terminado por convertirse en un curiosísimo episodio donde se cuestiona a un juez por el hecho de formar parte de una Sala cuando había sido designado juez de otro órgano jurisdiccional. Conviene, por tanto, hacer un poco de historia jurídica.

I.- EVOLUCIÓN LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL EN LA MATERIA: LOS JUECES DE LA UNITED STATES COURT OF MILITARY COMMISSIONS REVIEW (USCMCR)

En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, y como reacción a la sentencia Hamdam v. Rumsfeld (que había considerado inconstitucionales las comisiones creadas para enjuiciar a los presos confinados en la base de Guantánamo), a finales de septiembre del año 2006 se aprueba la Military Commissions Act, que a su vez es parcialmente declarada inconstitucional en virtud de la célebre sentencia Boumediene v. Bush, al considerar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que dicho texto legal restringía los derechos constitucionales de las personas detenidas, en especial el del habeas corpus.

Ante ello, y nada más llegar a la Casa Blanca, el presidente Obama (que, pese al blanqueamiento -con perdón por el vocablo colorista- de su imagen pública en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo no le fue a la zaga a su predecesor) impulsa en 2009 una modificación legal de la Military Commissions Act, creando al efecto, como órgano encargado de conocer los recursos interpuestos contra las sentencias de los tribunales militares de Guantánamo, el United States Court of Military Commissions Review (USCMCR), cuyas resoluciones a su vez serían recurribles ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. El USCMCR se compone de varias secciones (panels), cada una de ellas integradas a su vez por no menos de tres jueces. Lo relevante es la forma de provisión de los jueces de dicho órgano, en cuanto se estableció un sistema dual de acceso. Porque, en efecto, dicha norma (aprobada, no lo olvidemos, en la presidencia de Obama) autorizó al Secretario de Defensa para “asignar” a dicho órgano a “personas que ostenten la condición de jueces militares de apelación”. Pero también el Presidente de los Estados Unidos, con el aviso y consentimiento del Senado, puede “nombrar jueces adicionales.”

El 25 de junio de 2015, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia hace pública la sentencia In Re: Abd Al Rahim Hussein Muhammed Al-Nashiri, que resuelve la petición de un writ of mandamus interpuesto por Al-Nashiri frente a una resolución de la USCMCR, y en donde el recurrente cuestionaba expresamente el sistema de provisión de jueces establecido para el USCMCR.

El Tribunal de Apelaciones expone los motivos y manifiesta serias dudas sobre el particular. El motivo fundamental radica en las dudas jurídicas existentes acerca de si los jueces del UMCMCR son cargos “principales” o “inferiores”; y ello porque en el segundo caso, nada habría que objetar a su adscripción a dicho órgano por el Secretario de Defensa, pero si fueran “principales”, su nombramiento no sería válido, pues el texto constitucional reserva su nombramiento al Presidente con el visto bueno del Senado. Aunque finalmente el Tribunal de Apelaciones considera que dicha cuestión no es relevante para resolver sobre el fondo del asunto, sin que nadie se lo pida hace una curiosa a la vez que divertida sugerencia: las objeciones sobre la constitucionalidad de los nombramientos podrían solventarse de una manera muy sencilla: que el presidente volviera a proponer y el Senado confirmase de nuevo a los candidatos ya nombrados por el Secretario de Defensa.

Tal es la situación legislativa y jurisprudencial existente en marzo de 2015.

II.- HECHOS DEL CASO DALMAZZI.

La recurrente, Nicole A. Dalmazzi, era una Segunda Teniente de la Aviación Estadounidense, que fue condenada por un tribunal militar al vulnerar lo dispuesto en el Código de Justicia Militar debido al uso ilícito del extasis, siendo condenada a la expulsión del ejército y a un mes de confinamiento. Dado que la pena implicaba expulsión, el asunto se derivó al Air Force Court of Criminal Appeals (CCA), es decir, el Tribunal de Apelación Criminal de la Fuerza Aérea, una de cuyas salas confirma el día 12 de mayo de 2016 sentencia de instancia.

Ocurre que uno de los jueces del CCA, el Teniente Coronel Martin T. Mitchell, fue asignado por el Secretario de defensa el día 28 de octubre de 2014 para servir como juez en el USCMCR. No obstante, y a la vista de lo resuelto en el caso Al-Nashari, el presidente Obama remitió al Senado el día 14 de marzo de 2016 la candidatura de Mitchell para servir como juez del USCMCR. La Cámara Alta otorgó el placet a la propuesta el día 28 de abril de 2016, y el día 2 de mayo prestó juramento como “juez de apelación” del USCMCR.

Quiere ello decir que cuando Mitchell, como integrante de la Sala del CCA, ratificó la condena de Dalmazzi, ya estaba propuesto por el Presidente y ratificado por el Senado para servir como juez en el USCMCR.

Su abogado vio el cielo abierto, puesto que trató de impugnar la sentencia del CCA debido a una defectuosa constitución de la Sala. ¿Motivos? Que un miembro de la carrera militar, como norma general y merced a una tradición que se remonta nada menos que al final de la guerra de secesión y que actualmente ha sido sancionada a nivel legislativo, no puede ostentar simultáneamente un cargo civil para el que requiera nombramiento presidencial. Con dicho argumento acude al Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas, que curiosamente no cuestiona el razonamiento de la recurrente (es decir, acepta la tesis de que un militar no puede simultanear dos puestos oficiales) pero lo desestima por motivos estrictamente cronológicos: Mitchell no puede considerarse juez del USCMCR en el momento de la propuesta, ni en el de ratificación por el Senado, ni tan siquiera en el de juramento del cargo, sino en la fecha en que el Presidente de los Estados Unidos expide la oportuna comisión acreditativa, que en este caso fue el 25 de mayo de 2016, diez días después de la sentencia del CCA.

III.- CONCLUSIÓN.

Parece evidente que en esta ocasión, la habilidad de la defensa de Dalmazzi ha ocasionado que entre la tupida red de elementos tangenciales, mucho más divertidos y sustanciosos procedimentalmente, se haya olvidado el hecho esencial: los motivos por los que se condenó a su defendida. Nadie recordará a estas alturas los hechos que determinaron su expulsión, si eran ciertos o no o incluso la mayor o menor gravedad de los mismos. No. A estas alturas, el público ya tan sólo se pregunta si la Sala estaba defectuosamente constituida.

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