FEDERALISMO Y REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA.

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En los últimos años ha cobrado fuerza la idea de una reforma de la Constitución para hacer frente a la incuestionable crisis institucional que, incubada desde hacía tiempo, se ha manifestado con toda su crudeza en el momento de coexistir con la crisis económica. En este sentido, uno de los análisis más rigurosos es el efectuado por Santiago Muñoz Machado en su trilogía de ensayos: Informe sobre España, Cataluña y las demás Españas y Vieja y nueva Constitución. Dicho autor encabeza igualmente un breve documento de dieciséis páginas hecho público el pasado día veinte de noviembre de dos mil diecisiete, y significativamente titulado Ideas para una reforma de la Constitución, que analizaremos monográficamente en nuestra siguiente entrada.

No obstante, junto a esos análisis técnicos, existen otras propuestas que parten de los líderes políticos, algunas de las cuales parecen haberse efectuado sin un mínimo análisis no ya jurídico, sino ni tan siquiera político sobre el particular. Y en este punto, me quiero referir monográficamente a la tesis, auspiciada por el líder socialista, de la reforma de la Carta magna para transformar el estado español en un estado federal.

En un breve trabajo titulado El federalismo español en 1873, incluido en el segundo tomo de los estudios-homenaje a Santiago Muñoz Machado, el sin par Alejandro Nieto incluye una cita del entonces Ministro de Hacienda, don José Echegaray (que, además de dramaturgo, fue un notable ingeniero y matemático que ocupo la cartera de Hacienda en varias ocasiones), en el que hacía público su desasosiego por el hecho de que, tras haber preguntado a quienes reclamaban entonces para nuestro país las bondades del federalismo, qué debía entenderse por tal, nadie sabía ofrecerle una respuesta concreta. Merece traer a colación la cita de Echegaray, porque salvo error u omisión de quien suscribe, serían perfectamente extrapolable a los momentos actuales estas palabras pronunciadas en el hemiciclo el día 8 de marzo de 1873, es decir, ya proclamada la Primera República:

“¿Cuál es la República federal de los hombres de pensamiento? […] Declaro humildemente que no lo sé. Y he consultado con algunos de vosotros. Yo les he pedido una definición […] Nosotros hemos pedido a los hombres del partido republicano una, dos y tres veces, una doctrina, un programa y no lo hemos conseguido. ¿Por qué? Yo creo que es porque no existe una idea bien definida, porque no tenéis una republica federal, porque no sabéis lo que es vuestra República. […] Buscando en las masas de los intransigentes lo que es la República federal, no encontré idea clara ni siquiera aproximada, ni siquiera el sentimiento, el instinto de lo que la República federal puede ser. Para los intransigentes es la realización de sus deseos, es quizás el consuelo de sus dolores, es la satisfacción de sus apetitos, a veces también la satisfacción de sus odios, de sus pasiones y de sus vicios. La Republica federal es aquí un cortijo que se divide, un monte que se reparte; allá un minimun de los salarios; en otra provincia un ariete que abre brecha en las fuerzas legales para que el contrabando pase; el pobre contra el rico, el contribuyente contra el fisco…”

Si, como siglos atrás hiciera Diógenes, el Ministro de Hacienda buscaba en vano con un candil un federalista español que supiera aclararle lo que había de entenderse por república federal, casi con total de seguir hoy en día el ejemplo de Echegaray los resultados serían prácticamente idénticos.

Conviene, al respecto, tener claras dos cuestiones:

Primera.- El federalismo surge, precisamente, como intento de reforzar el poder central frente a la excesiva autonomía de los diferentes estados. Cualquier simple aficionado a la historia estadounidense sabría que la Constitución de 1787 surge precisamente a raíz de la crisis del sistema de los Artículos de la Confederación, e incluso personas que ulteriormente se englobarían en las filas antifederalistas estaban de acuerdo en reforzar los poderes centrales en detrimento de los estados. Un buen repaso al libro The forging of the Union: 1781-1789 permitirá aseverar dicho particular. Pero cualquier, insisto, cualquier texto que aborde el proceso constituyente norteamericano, parte en sus capítulos iniciales de la inevitable crisis del sistema anterior, debido precisamente a que cada uno de los estados que habían suscrito los Artículos de la Confederación iba por su lado. Cito únicamente dos obras: Plain, honest men (ensayo elaborado en 2009 por Richard Beeman) y el más reciente The framers´coup, debido a Michael J Klarkman.

Conviene, además, tener en cuenta otro dato adicional. Es un hecho muy conocido que tres autores (Alexander Hamilton, James Madison y John Jay), asumieron la tarea de defender el texto constitucional salido de la Convención que tuvo lugar en Filadelfia entre el 25 de mayo y el 17 de septiembre de 1787, defensa que acabó integrando un clásico de la literatura política, hoy conocido como Federalist papers. Lo que quizá no muchos sepan es que la defensa efectuada por dos de los autores, Alexander Hamilton y John Jay, fue ciertamente peculiar, dado que ambos en su fuero interno desconfiaban del texto constitucional aprobado cuya defensa habían asumido, desconfianza debida no a que el mismo fuera demasiado lejos, sino justo lo contrario: porque a su entender se quedaba corto. Jay, en su epistolario privado, llegó a defender incluso que los cargos estatales pudieran ser cesados por el gobierno federal. A lo largo de este año verá a la luz una antología de textos de Jay (que publicará, Dios mediante, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en su colección Clásicos Políticos) que permiten aseverar con documentos fehacientes esta afirmación. Y lo mismo puede predicarse de Hamilton, que en este aspecto coincidía plenamente con Jay.

Hoy en día se hace más necesario que nunca la lectura de los cuatro primeros textos escritos por Jay (los ensayos segundo a quinto de El Federalista), así como un simple repaso a la jurisprudencia y a la historia constitucional americana para verificar que federalismo implica igualdad, es decir, que los derechos y obligaciones de los Estados para con la federación son exactamente los mismos. Ningún estado norteamericano pretende gozar de un status privilegiado o que se reconozca su singularidad. A Texas, el estado más extenso junto con Alaska, no se le ha pasado por la imaginación que en la Constitución se reconozcan sus “particularidades” o tenga un régimen específico que le diferencie de Rhode Island, el más diminuto; ni Pennsylvania ha tenido jamás la tentación de que se reconozca el “hecho diferencial” de ser el estado donde se fraguó la independencia de las Trece Colonias y donde se elaborase el texto constitucional que aún hoy rige en los Estados Unidos. Y es cierto que en la segunda mitad del siglo XIX varios estados aprobaron la secesión e integraron los Estados Confederados de América, pero todos sabemos cuál fue la reacción del presidente Abraham Lincoln y cómo finalizó ese intento.

Segunda.- En países como los Estados Unidos, Suiza o Alemania, el federalismo se ha implantado sin problema, precisamente porque van de la pluralidad a la unidad, pues incluso en el caso de Alemania, en la época del Sacro Imperio Romano Germánico o del Segundo Reich (1871-1918) contaban en su seno con varios entes menores, antiguos principados. Cuando se pretende ir de la unidad a la pluralidad, la situación es más conflictiva. No porque no pueda implantarse finalmente un federalismo donde antes existía un único poder (los Estados Unidos Mexicanos son un buen ejemplo de ello), sino porque el camino suele estar plagado de obstáculos y dificultades.

Nada más ilustrativo a este respecto que otro párrafo del trabajo anteriormente mencionado en el que Alejandro Nieto desgrana el pensamiento republicano federal en 1873. Merece la pena transcribirlo:

Los teóricos del federalismo eran hombres cultos buenos conocedores de la historia española y europea y estaban al corriente de los principales movimientos políticos internacionales. Profesaban en especial una particular devoción a los regímenes de Suiza y de los Estados Unidos de Norteamérica: ejemplos perfectos, en su opinión, para el federalismo español, sin que les preocupasen, por cierto, las diferencias contextuales de estos dos países ni intentasen siquiera contrastarlas con las circunstancias concretas españolas. Lo más notable, con todo, era su absoluta indiferencia hacia los federalismos sudamericanos, tan próximos a España, de los que hubieran podido obtener una lección provechosa, a saber, la de que en los países hispánicos, la imposición del federalismo exige un largo camino de guerras civiles sangrientas que terminan desembocando de ordinario en dictaduras arbitrarias. Cabalmente lo que luego sucedería en España y que en su ceguera escapó a su previsión.

¿Cómo es posible que hombres tan ilustrados pasaran por alto las elocuentes revoluciones de México y Argentina? De hecho sólo veían lo que les convenía y con una falsa lógica establecían una relación causal entre federalismo y prosperidad pública y felicidad privada, silenciando la triste situación de otros países también federales, sumidos en la violencia y en el caos.”

La propia experiencia histórica de la Primera República española no es ciertamente muy feliz, pese a que el proyecto constitucional de 1873 recogió explícitamente en su texto las ideas federales.

En definitiva, que quienes invocan el federalismo a los efectos de una reforma constitucional, debieran aclarar qué entienden por ello, cuál es el objetivo último que pretenden y, sobre todo, qué ejemplo se pretende seguir.

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