DE CANDIDATOS, INVESTIDURAS E IMPUGNACIONES. VISIÓN JURÍDICA

image

Los dos últimos días ha llenado los titulares de los medios de comunicación escritos y audiovisuales la decisión del Gobierno de España de impugnar ante el Tribunal Constitucional la decisión del Presidente del Parlamento de Cataluña de proponer a Carlos Puigdemont y Casamayor como candidato a la presidencia de la Generalidad, algo que no cuenta con el aval del Consejo de Estado. Al igual que ocurre en numerosas ocasiones, en los debates sobre el particular aparecen sesudos contertulios que pontifican con igual maestría acerca de cuestiones jurídicas como sobre las interioridades del matrimonio de quienes día sí y día también copan las páginas rosa.

Conviene, a la hora de abordar un asunto tan trascendente y delicado, que los árboles no nos impidan ver el bosque, y analizar detenida y desapasionadamente la situación, sin que pasiones de uno u otro tipo influyan a la hora de adentrarnos en tan espinoso asunto. Y conviene, igualmente, analizar el evento con un mínimo de rigor jurídico.

Por lo anterior, es necesario deslindar los aspectos estrictamente jurídicos de las consideraciones de mera oportunidad o de naturaleza política, ajenas aunque conexas a aquéllos.

I.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

Primero.- El procedimiento de elección del Presidente de la Generalidad.

1.1.- Normativa aplicable

A la hora de abordar jurídicamente la cuestión de la investidura del Presidente de la Generalidad de Cataluña, hemos de partir de tres preceptos fundamentales:

1.1.1.- El artículo 152.1 de la Constitución, a la hora de articular la estructura institucional de las Comunidades Autónomas, contempla: “un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla.”

1.1.2.- El artículo 67.2 de la Ley 6/2006 de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, dispone que: “el Presidente o Presidenta de la Generalitat es elegido por el Parlamento de entre sus miembros. Puede regularse por ley la limitación de mandatos.”

1.1.3.- El artículo 4 de la Ley 13/2008 de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, regula el procedimiento de elección del Presidente. De dicho precepto, han de tenerse en cuenta los párrafos 1 a 3, que transcribimos literalmente.

1. El presidente o presidenta de la Generalidad es elegido por el Parlamento entre sus miembros, según lo establecido en el Estatuto, en el Reglamento del Parlamento y en la presente ley.
2. En el plazo de los diez días siguientes a la constitución de la legislatura, o en el plazo de los diez días siguientes al hecho causante de otro de los supuestos en los que corresponda proceder a la elección, el presidente o presidenta del Parlamento, previa consulta a los representantes de los partidos y grupos políticos con representación parlamentaria, debe proponer al Pleno un candidato o candidata a la presidencia de la Generalidad.
3. El candidato o candidata propuesto presenta ante el Pleno su programa de gobierno y solicita la confianza de la cámara. Después de un debate sobre el programa presentado, se procede a la votación. Para que el candidato o candidata resulte investido, debe obtener los votos de la mayoría absoluta. La investidura comporta la aprobación del programa de gobierno.

1.2.- Interpretación de la normativa.

En realidad, el procedimiento es muy similar al establecido en el texto constitucional para el nombramiento del Presidente del Gobierno, con una salvedad importantísima. En el ámbito estatal, el Presidente de Gobierno no precisa tener la condición de diputado o senador, mientras que para ser Presidente de la Generalidad (en realidad, y por imperativo constitucional, para ser presidente de cualquier autonomía) se precisa ser miembro de la Asamblea Legislativa.

Por tanto, hay que distinguir jurídicamente dos actos diferenciados:

1.2.1.- El acto del Presidente del Parlamento en virtud del cual propone el candidato a Presidente de la Generalidad. En este punto, jurídicamente la discrecionalidad que posee el Presidente del Parlamento es absoluta (aunque políticamente se encuentre reducida o limitada al candidato que presuntamente cuente con más apoyo parlamentario), y únicamente posee dos límites que no pueden sobrepasarse: no es posible trasladar a la Cámara el nombre de alguien que no tenga la condición de diputado del Parlamento catalán como tampoco puede proponerse a alguien que haya sido privado por sentencia judicial firme del derecho de sufragio pasivo.

En este caso, la actuación del Presidente se agota con la simple propuesta y traslado a la Cámara.

1.2.2.- El acto de investidura. En este caso, la responsabilidad se traslada al Pleno del Parlamento, donde el candidato propuesto habrá de exponer su programa y solicitar la confianza de la Cámara.
Es en este momento donde se plantearía el problema de si es jurídicamente posible el desarrollo de investidura sin la presencia física del candidato en sede parlamentaria. En este sentido, el informe elaborado el día 15 de enero de 2018 por los Servicios Jurídicos del Parlamento de Cataluña responde a dicha cuestión de forma negativa, al interpretar que es indispensable que el candidato a la presidencia comparezca personalmente en el debate.

Segundo.- Actuación del Gobierno impugnando la propuesta.

2.1.- Solicitud de informe al Consejo de Estado.

El artículo 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril establece que: “La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes asuntos: Impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo a la interposición del recurso.” Quiere ello decir que si el Gobierno pretende impugnar ante el Tribunal Constitucional cualquier tipo de actuación emanada de un órgano autonómico, la solicitud de informe previo al Consejo de Estado es preceptiva, es decir, obligatoria, sin perjuicio de que el mismo no sea vinculante, pues la regla general es que no lo sean salvo que una norma establezca lo contrario (artículo 2.2 párrafo segundo).

En este caso, con una velocidad digna del superhéroe Flash, la Comisión Permanente del Consejo de Estado emite su Dictamen 85/2018 de 25 de enero. El alto órgano consultivo considera que “no puede considerarse contraria al orden constitucional” la convocatoria del Pleno del Parlamento de Cataluña para la sesión de investidura de Carlos Puigdemont. Ahora bien, lo que sí considera que “sería contraria al orden constitucional” sería las eventuales resoluciones del Parlamento autorizando las delegaciones de voto solicitadas por los diputados ausentes, la intervención a distancia del candidato propuesto (es decir, que le permitiera intervenir por medios telemáticos) y en su caso la investidura.

En otras palabras, que el Consejo de Estado distingue, como habíamos indicado anteriormente, la simple propuesta de candidato por el Presidente del Parlamento (que no puede considerarse ilícita por cuanto la persona propuesta tiene la condición de diputado y no está privada de sus derechos políticos) y los actos dictados por el Parlamento en el seno del debate de investidura, que sí pueden ser contrarios al orden constitucional en los términos indicados.

2.2.- Impugnación ante el Tribunal Constitucional.

El artículo 161.2 de la Constitución establece que: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.”

El artículo 77 de la Ley Orgánica 2/1979 dispone que: “La impugnación regulada en este título, sea cual fuere el motivo en que se base, se formulará y sustanciará por el procedimiento previsto en los artículos sesenta y dos a sesenta y siete de esta Ley. La formulación de la impugnación comunicada por el Tribunal producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida hasta que el Tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia.”

En este sentido, conviene separar dos cuestiones jurídicamente distintas:

1.- Trámite de admisión. El trámite de admisión del recurso no supone una verificación o análisis previo del asunto en cuanto al fondo, sino comprobar que el escrito de interposición reúne los requisitos formales exigidos por la normativa. Es decir, no se trata de ver si el impugnante tiene razón en su petitum, sino comprobar si la demanda cumple con los requisitos legales exigidos. De estar en regla, no queda otra opción jurídica que admitir el asunto a trámite, por mucho que en cuanto al fondo sea un disparate, porque el pronunciamiento sobre el fondo se dilucida en la sentencia, no en el trámite de admisión.

2.- Suspensión de la disposición impugnada. La admisión a trámite de un recurso por parte del Gobierno de la Nación donde se invoque de forma expresa el artículo 161.2 de la Constitución tiene como consecuencia inmediata que se suspenda la ejecución del acto o disposición impugnada, suspensión sobre la que el Tribunal habrá de pronunciarse manteniéndola o levantándola, para lo que dispone de un plazo de cinco meses.

Tercero.- Conclusiones jurídicas.

Visto lo anterior, considero que un análisis estrictamente jurídico arrojaría las siguientes conclusiones:

3.1.- El Presidente del Parlamento de Cataluña no actuó de forma ilícita o contraria a Derecho al proponer a la Cámara a Carlos Puigdemont como candidato. Por tanto, la impugnación de dicha candidatura ante el Tribunal Constitucional considero que es, en cuanto al fondo, jurídicamente inviable. Cuestión distinta sería impugnar la decisión que admitiese la presencia virtual y no física del candidato, pero no es eso lo que se está impugnando.

3.2.- Una vez presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional, si el mismo reúne los requisitos formales, el máximo intérprete de la Constitución está obligado a admitirla a trámite con las consecuencias inherentes a dicha admisión, por cuanto para admitir a trámite un asunto no se examina el fondo del mismo, sino cuestiones estrictamente formales.

II.- CONSIDERACIONES DE OPORTUNIDAD.

Distintas a las cuestiones jurídicas, son las políticas o de mera oportunidad, que pueden diferir de las anteriores. No obstante, en este punto quisiera incidir en varios hechos:

2.1.- En no pocas ocasiones el mismo Poder Judicial confunde o no duda en entremezclar con razonamientos jurídicos cuestiones de naturaleza estrictamente política. Un ejemplo de ello es el Auto de 22 de enero de 2018 dictado en la causa especial 20907/2017 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que deniega reactivar la euroorden contra el fugado Puigdemont. Dicho Auto es incomprensible si se analiza con una óptica estrictamente jurídica, aunque no tanto si los en teoría ciegos ojos de la Diosa de la Justicia alzan su venda para abrirse al mundo de la alta política.

2.2.- A la intromisión de los argumentos políticos en el mundo de la justicia se añade la continua incursión del ejecutivo en el tercero de los poderes. Y ello por la patológica cobardía del actual ejecutivo a tomar decisiones controvertidas, buscando que sean otros quienes den la cara, llámense Consejo de Estado, Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo.

2.3.- Que el Tribunal Supremo acepte incluir argumentos estrictamente políticos en sus resoluciones y que el Gobierno busque esconderse bajo las togas de los jueces para eludir el cumplimiento de sus obligaciones de máximo órgano ejecutivo no sólo diluye las fronteras que delimitan los poderes del Estado, sino que contribuye al desprestigio absoluto de dichas instituciones, ya de por sí pésimamente valoradas por los ciudadanos.

2.4.- Aunque pueda ser lícito a un particular que acomode su actuación al viejo refrán español “allí donde fueres, haz lo que vieres”, los entes públicos no gozan de ese privilegio. En este caso el Gobierno está dando palos de ciego, y el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad no contra cualquier acto, sino contra este acto en concreto, sin apoyatura jurídica alguna que lo sustente y que tiene todas las posibilidades de terminar con una resolución contraria a sus intereses, lejos de reforzar su postura, la debilita. Algo incomprensible, salvo que sea esto último precisamente lo que se busca.

2.5.- Es innegable que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante y que, por tanto, el Gobierno no está obligado a seguir el parecer de dicho órgano consultivo. Pero no conviene perder de vista que los más furibundos críticos del gobierno son los mismos que se han pasado por montera resoluciones del Tribunal Constitucional y los propios informes de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Cataluña. Es decir, que en este caso el refrán aplicable sería: “consejos vendo que para mí no tengo.”

Anuncios
de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s