EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL PARLAMENTO DE CATALUÑA: INVESTIDURA SUSPENDIDA…….O NO.

En la inolvidable e indispensable película El golpe, dirigida en 1973 por George Roy Hill, Henry Gondorf, un timador especializado en estafas a peces gordos, logra ser incluido, bajo nombre falso, en una partida de póker donde uno de los jugadores es nada menos que Doyle Lonegan, un gangster que busca limpiar su imagen dedicándose a negocios financieros más o menos legales. Éste jugaba con cartas marcadas y, tras eliminar a todos los jugadores de la mesa buscando un cara a cara con tan incómodo rival, a quien pretendía dar una lección, se encontró con que Gondorf le ganó la partida por la mano. Cuando, poco después, uno de sus guardaespaldas le aseguraba que: “I know I gave him four threes. He had to make a switch. We can´t let him get away with that” (se que le di cuatro treses; tuvo que cambiar las cartas; no podemos dejarle irse así como así), se encontró con una atinadísima respuesta de Lonegan: “What was I supposed to do? Call him for cheating better than me, in front of the others?” (qué se supone que debía hacer? Acusarle, en frente de los otros, de hacer trampas mejor que yo?).

La respuesta de Lonegan a su guardaespaldas viene como anillo al dedo a la vista del recentísimo Acuerdo de 27 de enero de 2018 del Pleno del Tribunal Constitucional, en virtud del cual se tiene por “promovido” (sic) el recurso del Gobierno de la Nación frente al acuerdo del Presidente del Parlamento de Cataluña proponiendo a Carlos Puigdemont y Casamajor como candidato a la Presidencia de la Generalidad de Cataluña así como frente a la Resolución del Presidente por la que se convoca a sesión plenaria para la investidura. Acuerdo en el que se adopta como medida cautelar (aunque no se utilice expresamente dicho término) que no puede celebrarse el debate y votación de investidura “a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario”, así como (aspecto éste que ha pasado desapercibido) la investidura “sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión” así como la imposibilidad de delegación de voto por parte de los miembros sobre los que pese orden judicial de busca y captura.

La verdad es que el brillantísimo comentario que de la meritada resolución ha efectuado el profesor Miguel Presno Linera en su magnífico blog El derecho y el revés, que compartimos totalmente, nos excusa de efectuar una reflexión en profundidad sobre el extraño Acuerdo del Tribunal Constitucional, sumamente extraño desde la óptica jurídica, aunque no tanto si se utilizan criterios estricta o mayoritariamente políticos. Únicamente me gustaría añadir unas precisiones simplemente de detalle:

1.- La mera invocación del artículo 161.2 de la Constitución implica la suspensión automática de la actuación autonómica impugnada. Ahora bien, si eso es así, el automatismo en la suspensión se extiende a toda la actuación, y no a parte de ella.

2.- Si los Magistrados optan por aplicar los preceptos de la Ley 29/1998 de 13 de julio, se supone que debieran aplicar igualmente la jurisprudencia dictada en aplicación de la misma, que, dicho sea de paso, no es precisamente generosa en cuanto a la adopción de las medidas cautelares.

3.- Se supone que si la demanda cumple con los requisitos formales, por muy absurda que sea en cuanto al fondo debiera ser admitida a trámite, como indicamos ayer en nuestra entrada analizando el particular. Cosa distinta es que en cuanto al fondo se desestime por carecer de base jurídica alguna, o que ulteriormente se inadmita por extemporánea o por no ser el acto impugnado susceptible de recurso, que es algo distinto que la admisión a trámite de la demanda.

4.- ¿Desde cuándo pueden adoptarse medidas cautelares sobre un acto futuro? Guste o no guste (y en este sentido, la opinión de quien esto suscribe es bien conocida) en nuestro país el control de legalidad sobre leyes y actos administrativos es siempre ex post facto, y no ex ante. Ya no existe en nuestro ordenamiento el recurso previo de inconstitucionalidad (tal y como existía previa su supresión en el año 1985), y por suerte o por desgracia (yo me inclino más por lo segundo) la tutela judicial frente a actuaciones administrativas es igualmente posterior al acto, y no anterior.

Se podrá argumentar que la convocatoria de la sesión de investidura ya está acordada y, por tanto, se está impugnando una actuación expresa. Cierto. Pero el objetivo último perseguido, y así se ha explicitado, es evitar no cualquier investidura, sino únicamente que se celebre la misma permitiendo que el candidato defienda su programa de forma virtual, evitando su presencia física. Pero en este caso nos encontraríamos que, jurídicamente hablando, lo que se estaría impugnando en realidad no es el propio acto de convocatoria de la sesión, sino el acto de la mesa que autorizase el uso de medios telemáticos para la comparecencia o la delegación de voto, que procesalmente sería una actuación impugnable de forma autónoma.

5.- Como decíamos en nuestra anterior entrada, lo que se está evidenciando ante la ciudadanía es una pérdida del ya escaso desprestigio de las instituciones, tanto autonómicas como estatales. Las catalanas, por inclinar la cerviz ante las pretensiones bufonescas de quien pretende crear una especie de gobierno virtual; las estatales, por no actuar cuando deben y hacerlo mal cuando no deben. Respecto al Tribunal Constitucional, acostumbrado como está (y así lo evidencia su historia) a echar bastante más mano de argumentos políticos que jurídicos, sin duda alguna se habrá sentido en su salsa, pero ello no habrá hecho más que añadir no ya una gota, sino un auténtico chorro más de vinagre a su desprestigio institucional.

En definitiva, a diferencia de la situación descrita en El golpe, donde se enfrentaban un timador y un gangster, en este caso el conflicto político e institucional entre el Gobierno nacional y el Parlamento de Cataluña podría describirse con el título de otra no menos célebre película: Duelo de pillos.

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