LAS “NATIONAL INJUNCTIONS” A DEBATE.

legal_justice_symbol_scales_of_justice-1487882100-166

En el ámbito académico estadounidense tiene lugar estos días un intenso debate acerca de la conveniencia o no de mantener la institución denominada national injunction. Diremos, para el jurista español no familiarizado con la jerga procesal del ordenamiento jurídico norteamericano, que con dicha expresión se designa la medida cautelar adoptada por un órgano judicial consistente en suspender la ejecución de la actividad impugnada, pero con la particularidad que dicha medida se extiende a todo el territorio nacional.

Pongamos dos ejemplos. Cuando el presidente Barack Obama decidió incumplir abiertamente la legislación sobre extranjería y detener la expulsión de extranjeros indocumentados, en diversos juzgados federales se impugnó dicha actuación, logrando en varios casos la injunction solicitada, lo que suponía que la actuación administrativa quedaba automáticamente en suspenso. De igual manera, y de nuevo en la esfera del derecho de extranjería, el presidente Donald Trump aprobó sus polémicas órdenes prohibiendo la entrada de nacionales de varios estados de oriente medio, de igual forma sufrió en sus carnes lo mismo que unos años atrás había tenido que soportar su antecesor.

Los argumentos que manejan los expertos para oponerse a dicha institución son varios:

1.- Con ello se está politizando la justicia, dado que se trata de asuntos con gran relevancia e incidencia en el mundo político. Esta objeción, a mi juicio, no se sostiene, y ello por una potísima razón: no estamos ante una cuestión política, sino estrictamente administrativa. El hecho de que en algunos casos lo polémico o trascendente de la materia origine que salte a los medios causando cierto revuelo en las redes, en los titulares de la prensa escrita o en la cabecera de las noticias televisadas no convierte necesariamente en político un asunto. Por esa regla de tres, podríamos convertir en política toda actuación administrativa. Cualquier sanción administrativa, denegación de licencia, apertura de procedimiento de comprobación e investigación puede saltar de la esfera administrativa a la política a simple golpe de agitación mediática, simplemente buscando alguna condición intrínseca en el ciudadano que tenga la condición de sujeto pasivo de la actuación administrativa.

2.- Se adopta por un órgano con jurisdicción limitada y se extiende a todo el territorio nacional. Esta crítica puede, en principio, tener cierta base y, evidentemente, al lector español sin duda alguna le parecerá extraño que un órgano unipersonal con jurisdicción territorial limitada pueda adoptar una medida cautelar que afecte a todo el territorio nacional. Es cierto, pero de nuevo nos encontramos con la particularidad del ordenamiento procesal estadounidense. El gobierno nacional puede ser demandado en cualquiera de los juzgados federales sitos en el territorio estadounidense, y cualquier actividad suya puede caer en uno de ellos. Por ejemplo, un residente en Los Ángeles a quien deba aplicarse una determinada actuación federal puede impugnar la misma en el juzgado de su domicilio, y si éste adopta la medida cautelar de suspensión, ésta no se limita necesariamente a las partes en conflicto. Por tanto, esta objeción sería relevante en nuestro país debido a nuestra planta judicial y a las competencias de nuestros órganos jurisdiccionales, pero no es tan extraña en la otra orilla del Atlántico, pero sí que nos lleva a la siguiente objeción.

3.- La medida es general, no limitada a las partes en conflicto. Supongamos que un ciudadano se encuentra legitimado para impugnar una normativa legal o una actuación administrativa que le afecta directamente. Pongamos por ejemplo, la Patient Protection and Affordable Care Act, es decir, el polémico “obamacare”. Supongamos que entre los motivos de su impugnación se encuentra el precepto que obliga al ciudadano a contratar un seguro con una cobertura mínima, y que solicita del juez que mientras no se resuelva el asunto, suspenda con carácter general la norma. El juez adopta la injunction y, en efecto, el gobierno estadounidense no puede llevar a cabo lo dispuesto en la norma. Nos encontramos ante una situación que sin duda alguna a los juristas españoles sonará extraña, pero que no es infrecuente en el ordenamiento norteamericano. Quizá porque en la otra orilla del Atlántico a los jueces no les tiembla el pulso a la hora de adoptar medidas cautelares y no se dejan engatusar por conceptos tan vagos y vacuos como “autotutela administrativa” (desconocida en el ordenamiento norteamericano) o “interés público” (tan manoseado y ensuciado por nuestros entes públicos que ya hiede, pese a que tal hedor al parecer aún no ha traspasado los muros de las sedes judiciales).

Con todo, lo relevante es que en ocasiones un juzgado federal adopta una injunction cuando en otro territorio otro juez, tras valorar los intereses en conflicto, no ha considerado oportuno hacerlo. Esa es la grandeza del sistema judicial americano, porque lo más probable es que en esos casos, en un tiempo record, el asunto acabe recorriendo todas las instancias (en realidad dos, juzgado federal y Tribunal de Apelaciones) hasta llegar al Tribunal Supremo, que acabará teniendo la última palabra sobre el particular.

4.- Se critica que tal situación propicia la “búsqueda artificial” de un juez propicio, puesto que es evidente que hay determinados jueces más propicios a adoptar las medidas y otros no. Estamos ante una cuestión que no es privativa ni de la injunction ni del sistema judicial estadounidense, sino de cualquier sistema. Cualquier abogado que se precie ha de conocer la doctrina del órgano jurisdiccional donde puede recaer un asunto, a fin de advertir a su cliente las posibilidades reales que tiene e incluso, de encontrarse ante un juez poco propicio, lo lógico y normal es que trate de buscar una alternativa si las normas atributivas de competencia se lo permitan.

Un ejemplo básico en nuestro país. Cualquier abogado con un mínimo conocimiento práctico relativo a asuntos de personal de las Administraciones públicas, sabe perfectamente que en la medida de lo posible debe evitarse el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón, pues su titular es tan favorable a los intereses de los entes públicos, que incluso algunos funcionarios, motu proprio, han agudizado el ingenio hasta extremos verdaderamente hilarantes para evitar que un eventual asunto que, en principio, debiera recaer en dicha sede, pueda saltar la barrera de la norma competencial y trasladarse a otro juzgado menos leonino.

Parece ser que el Congreso y el Tribunal Supremo van a tomar cartas en el asunto, el primero a través de la legislación y el segundo mediante la interpretación jurisprudencial.

Veremos cómo resuelve el asunto, que mientras tanto es objeto de debate permanente en revistas especializadas, conferencias públicas e incluso en comités del Congreso.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s