REFLEXIONES PERSONALES SOBRE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

film__3251-cool-hand-luke--hi_res-e7bcdc57

A raíz de los últimos luctuosos acontecimientos vuelve a salir a la palestra el eterno debate sobre la “prisión permanente revisable”, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, de reforma de la Ley Orgánica 10/1995. El Miguel Presno Linera recordaba hoy la entrada que justo hace un mes había publicado en su blog, titulada precisamente Algunos apuntes sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, un sólido, profundo y desapasionado análisis en el que defiende que la prisión permanente revisable es contraria al texto constitucional.

No pretenden estas líneas ofrecer “la” interpretación, sino “una” interpretación, la suya, que podrá ser más o menos acertada y podrá ser más o menos compartida.

En este caso he intentado acercarme al problema de forma algo distinta a la que ha efectuado el profesor Presno. Para buscar una respuesta al interrogante, he intentado obrar de la misma forma que los jueces americanos a la hora de desentrañar el sentido de las previsiones normativas, incluso las de carácter constitucional. Para ello, debe hacerse uso de los criterios interpretativos usuales: texto, historia, tradición, precedentes, propósitos y consecuencias.

Primero.- Interpretación del artículo 25 de la Constitución.

1.1.- Texto.

El artículo 25.1 de la Constitución establece que: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.”

Efectuemos, pues, una interpretación única y exclusivamente textual. Está bien claro que los trabajos forzados están prohibidos, pero realmente del texto no puede entenderse, cuando menos de forma explícita, que la prisión permanente revisable esté excluida. La “reinserción”, como acción y efecto de “reinsertar”, implica, según la acepción que al vocablo otorga el Diccionario de la Real Academia Española: “volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba condenado penalmente o marginado.” Por su parte, el término “orientar”, implica, según la cuarta acepción del término, “dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado.”

Por tanto, la interpretación textual implica que la pena ha de estar encaminada hacia la reintegración en la sociedad del penado.

1.2.- Historia.

En este caso, hemos de remitirnos al análisis de los antecedentes legislativos, o por ser más precisos, en este caso al iter que siguió el proceso constituyente en 1978. El artículo 24.4 del Anteproyecto de Constitución disponía que: “Las penas privativas de libertad tendrá una finalidad de reeducación y de reinserción social y no podrán suponer, en ningún caso, trabajos forzados.” Dicho precepto fue objeto de varias enmiendas, algunas de supresión total y otras (como, por ejemplo, las de Gonzalo Fernández de la Mora) solicitando eliminar la expresión “reinserción social” por entender que la misma es “reiterativa y, sobre todo, porque ello equivaldría a la supresión de la cadena perpetua”. Pese a tal objeción, el Dictamen de la ponencia mantiene la redacción con un leve e interesante matiz terminológico: “Las penas privativas de libertad no podrán consistir en trabajos forzados y estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”; es decir, que la reinserción deja de ser, pues, una “finalidad”, y pasa a ser una simple “orientación”. Esa redacción derivada de las enmiendas al Anteproyecto se traslada al texto definitivo sin otra alteración que un simple añadido (se incluyen las “medidas de seguridad”) y un cambio en la numeración del artículo, que pasa a ser el 25.

Por lo tanto, de la tramitación se permite concluir que, cuando menos, uno de los diputados, cuya agudeza y poderosa erudición ni sus más acendrados rivales cuestionaron, sí que vinculó el término “reinserción social” con la “supresión de la cadena perpetua”.

1.3.- Precedentes.

En este caso hay que analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, uno de los organismos más nefastos y nefandos que ha dado a luz el texto de 1978. El daño que dicho órgano ha causado al sistema es tan intenso como el que los fenómenos sísmicos de 1906 causaron en Chicago y San Francisco.

He tenido la curiosidad de consultar todas las resoluciones del Tribunal Constitucional citadas por el profesor Presno en su blog, y todas ellas, sin excepción, se corresponden a recursos planteados frente a sanciones administrativas, no frente a penas privativas de libertad. La distinción no es baladí. Mientras que en el caso de las penas tipificadas en el código penal las mismas se imponen por un órgano judicial en el seno de un procedimiento donde las garantías de la persona denunciada son ciertamente muy vigorosas, las sanciones administrativas se imponen por un ente público de naturaleza administrativa (o que ejerce funciones cuasi administrativas, como la policía de las cámaras parlamentarias -supuesto éste al que se refiere precisamente la Sentencia 136/1989) y donde aun cuando se aplican los principios del procedimiento sancionador, dicha aplicación tiene lugar “con matices”, puesto que hay principios del derecho administrativo sancionador incompatibles con las garantías penales (por ejemplo, la presunción de veracidad del agente denunciante, o la existencia de “irregularidades no invalidantes” en la tramitación de un procedimiento),

No obstante, sí que el pudorosamente calificado como legislador negativo efectúa en el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia 129/2006 respecto de las sanciones administrativas la siguiente precisión: “En aplicación de los criterios expuestos este Tribunal ha estimado la vulneración del derecho a la legalidad sancionadora por indeterminación absoluta del límite máximo del marco de la sanción en la STC 29/1989, de 6 de febrero, dado que la norma aplicada contenía la genérica previsión de una sanción de multa “de 2.500.000 en adelante”. También hemos estimado los correspondientes recursos de amparo en las SSTC 100/2003, de 2 de junio, y 210/2005, de 18 de julio, porque las normas sancionadoras aplicadas no contenían criterios para determinar si las conductas eran constitutivas de infracción muy grave, menos grave, grave o leve, por lo que a pesar de estar determinados los marcos de sanción correspondientes a las sanciones muy graves, menos graves, graves o leves, era imprevisible para el ciudadano la correspondencia entre unas y otras y en definitiva la sanción que sería impuesta a cada conducta.

1.4.- Propósitos y consecuencias.

¿Cuál es el propósito del artículo 25.1 de la Constitución y cuales son las consecuencias del mismo?

Creo que es un hecho pacífico y notorio que el fundamento de la pena no es otro que el ejercicio del ius puniendi, que viene justificado por razones tanto represiva y preventiva. Se busca, por tanto, que quien ha cometido un hecho tipificado como delito pague a la sociedad la comisión de dicho comportamiento y, a la vez, amén de la finalidad represiva tiene una finalidad claramente preventiva, cual es disuadir a los restantes miembros de la comunidad que imiten dicho comportamiento que se considera socialmente reprochable.

Por lo expuesto en el punto anterior, no cabe confundir en la pena o sanción su fundamento (ejercicio del ius puniendi justificado en razones represivas y preventivas) con finalidad (reinserción).

Parece claro que el objetivo último del precepto constitucional, en lo que a propósitos y consecuencias se refiere, no es otro que impedir que a nivel legislativo se imponga una pena que impida la reinserción social. También parece claro que, por reducción al absurdo, tampoco puede interpretarse el precepto en el sentido de que una persona que no desea o no puede reinsertarse y que, por tanto, constituya un peligro para sus conciudadanos, pueda situarse en el mismo plano que una que sí pueda y quiera hacerlo.

No se trata, por tanto de que personajes como el “cool hand” Luke inmortalizado por el añorado Paul Newman prolonguen la estancia en prisión toda su vida, pero tampoco que personas de carne y hueso como el recientemente fallecido Charles Manson pululen impunemente por las calles.

Segundo.- La prisión permanente revisable.

La Ley Orgánica 1/2015 no define lo que es la prisión permanente revisable, pero sí que en el apartado segundo de su exposición de motivos introduce una explicación que podemos considerar como “interpretación auténtica” de la norma. La misma establece lo siguiente:

La reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad –asesinatos especialmente graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad– en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, éste puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos.
La prisión permanente revisable, cuya regulación se anuncia, de ningún modo renuncia a la reinserción del penado: una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado.
En la prisión permanente revisable, cumplida esa primera parte mínima de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social.
La pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión.

De esta explicación se extraen dos consecuencias:

1.- La pena únicamente está prevista para los delitos más graves y extremos, es decir, los que en principio implican más reproche social por atentar contra el bien más preciado, como es la vida de otra persona.

2.- No se impide la reinserción social, en tanto en cuanto de forma expresa se contempla la posibilidad de dejar sin efecto la prisión una vez transcurra un tiempo mínimo.

Tercero.- Conclusiones provisionales.

A raíz de lo anteriormente expuesto, mi opinión personal es la siguiente: la prisión permanente revisable introducida por la Ley Orgánica 1/2015 no es contraria al texto, los antecedentes legislativos, los propósitos y consecuencias de la Constitución, pero sí que puede ser inconsistente con la interpretación que al mismo ofreció la jurisprudencia constitucional aplicada a las sanciones administrativas.

Lo anterior lleva igualmente concluir que si la incompatibilidad es única y exclusivamente con la interpretación que al mismo ofrece el Tribunal Constitucional, cabe que éste pueda virar su jurisprudencia haciendo una revisión de sus criterios o, por utilizar una expresión bastante manida, una “relectura” del precepto constitucional como ha hecho, por ejemplo, con el artículo 32 de la Constitución. Y debe tenerse en cuenta que en este último caso, para extender el concepto matrimonio al vínculo entre personas del mismo sexo, el máximo intérprete de la constitución se sirvió de instrumentos ajenos al mundo del derecho, como la “aceptación social“, por lo que habrá que ver en base a qué criterios mide dicha “aceptación” en otros supuestos.

En fin, no quisiera finalizar esta entrada sin transcribir las palabras que John Jay dirigiese el 12 de abril de 1790 al gran jurado del Tribunal de Circuito, unas interesantísimas y muy actuales reflexiones sobre el ejercicio del ius puniendi y la relación entre los comportamientos ilícitos y las penas impuestas:

Las Constituciones más perfectas, los mejores gobiernos, las leyes más sabias son vanas salvo que sean bien administradas y cumplidamente obedecidas. Los buenos ciudadanos cumplirán las normas, y aquellos que no pensaran hacerlo únicamente lo harán por el temor al castigo. Ante tal situación, es esencial castigar a los infractores, tanto para garantizar el bienestar de la sociedad como para que cada uno de sus miembros pueda ejercer pacíficamente sus derechos. Sin embargo, la finalidad de la pena no radica en expiar los delitos, sino que sirva como elemento disuasorio para quienes pretendan actuar de la misma forma. Para actuar de manera útil, razones tanto políticas como morales no exigen solamente que el castigo sea proporcional al hecho, sino que todos los procedimientos seguidos frente a personas sospechosas o acusadas partan de la idea que éstas pueden ser inocentes. De ahí que sea necesario que una investigación cuidadosa e imparcial deba preceder a los rigores que la Justicia exige, y que siempre han de ser atemperados con tanta humanidad y benevolencia como la naturaleza del caso exija. De ahí que procedimientos parciales y precipitados, y ejecuciones crueles y abominables sean no menos impolíticas que inhumanas. Estas producen disgusto en el público por la bárbara severidad del gobierno, y terminan despertando simpatías por los ofensores, al contrario que ocurre cuando éstos son enjuiciados con templanza y decencia.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s