EL AUTOGOBIERNO DEL PODER JUDICIAL EN ESTADOS UNIDOS.

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La magistratura española ha iniciado movilizaciones tendentes a lograr una mejora del servicio público de la Administración de Justicia, y una de las pretensiones radica precisamente en lograr un aumento de la independencia judicial. El objetivo es loable, en tanto en cuanto en efecto, uno de los requisitos básicos de un Estado de Derecho es la existencia de un poder judicial independiente que sirva de contrapeso y control a los otros dos. No obstante, aun cuando la iniciativa merezca el apoyo el redactor de estas líneas es bastante escéptico en cuanto a su realización, no sólo por la voluntad de los otros dos poderes (legislativo y ejecutivo) muy cómodos ciertamente con un “poder amordazado” (según acertadísima expresión de Jesús Villegas), sino por la tradicional apatía y sumisión del propio estamento judicial, que ciertamente pesa como un pesado lastre. No me resisto a dejar de transcribir las palabras con las que una voz tan autorizada como la de Jesús González Pérez inicia su imprescindible estudio Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, describe la situación:

En éste, como en tantos otros aspectos del Estado de Derecho, nuestros Jueces no se han caracterizado por su originalidad ni por su audacia. Respetuosos, sumamente respetuosos con quienes, en cada momento, han detentado el poder, tradicionalmente han sido una rémora en las conquistas del ciudadano en sus relaciones con los Poderes públicos que definen un Estado de Derecho.”

Lo cierto es que la historia de la independencia judicial española es una sucesión de tragedias, con sucesivas purgas, cesantías, remociones, expulsiones por parte del ejecutivo, que no cesaba de proclamar a voz en grito la independencia judicial pero, eso sí, una vez depurado el estamento de jueces “desafectos” y cubierto con personal afín. Y en esta filosofía no hay distinción a diestra o a siniestra. No consta que en otras épocas los jueces hubiesen presentado batalla, ni tan siquiera alzado su voz en oposición formal a dicha situación, como sí ocurrió en otras épocas y países. Pero también influyó la defectuosa construcción del poder judicial español.

Quizá sea oportuno, por contraste, exponer la situación existente en los Estados Unidos, donde el poder judicial ha sido tradicionalmente y continúa siendo un baluarte o escudo de los ciudadanos frente al poder público, al que siempre hay que mirar con recelo.

Primero.- Inexistencia de carrera judicial propiamente dicha.

 

En los Estados Unidos no existe carrera judicial, si por ello entendemos como ínsito en el derecho del juez el de promocionar verticalmente. Para empezar, no existe la distinción entre juez y magistrado, sino que tanto el titular de un juzgado federal como la persona que ocupa uno de los nueve puestos del estrado en el Tribunal Supremo son simplemente justices. Pero es que además no existe un derecho al ascenso o a la promoción. Un juez federal una vez nombrado permanece en el cargo de por vida, sin que pueda aspirar per se a ascender a un Tribunal de Apelaciones o al Tribunal Supremo. Podrá ser propuesto para un nuevo cargo, y de hecho es frecuente que jueces federales asciendan a un Tribunal de Apelación, y los de éstos al Tribunal Supremo (valgan los ejemplos de John Roberts, Samuel Alito o Neil Gorsuch), pero estamos ante una simple posibilidad, no ante un derecho subjetivo del juez.

Segundo.- El Presidente del Tribunal Supremo como responsable máximo de la judicatura federal.

En los Estados Unidos, el responsable máximo de la judicatura federal es el chief justice, es decir, el presidente del Tribunal Supremo. Ello no otorga a dicho cargo ningún tipo de prerrogativa adicional en su función jurisdiccional, en tanto en cuanto es simplemente un primus inter pares, y ni tan siquiera posee voto de calidad, siendo la única prerrogativa la de designar el ponente de la sentencia en caso que el chief justice forme parte de quienes se encuentren entre la mayoría.

No obstante, el estar al frente del tercer poder tiene una consecuencia a nivel protocolario. El chief justice es la tercera autoridad de los Estados Unidos, tan sólo precedido por el Presidente y el Vicepresidente. Es decir, que en actos oficiales la cabeza del tercero de los poderes se sitúa por encima del speaker (Presidente) de la Cámara de Representantes; pero por debajo de quien preside el Senado que, recordemos, es el Vicepresidente de los Estados Unidos.

En su condición de responsable máximo de la judicatura federal, el 31 de diciembre de cada año el chief justice hace público el End Year Reporto on the federal judiciary, un breve texto (habitualmente no supera las veinte páginas de extensión) donde reflexiona sobre algún tema de actualidad y expone las estadísticas de las tres instancias judiciales durante el año judicial.

Tercero.- Organizaciones de apoyo al chief justice.

Evidentemente, a diferencia de épocas pasadas, el chief justice no carece ayuda a la hora de desempeñar las funciones inherentes a su condición de máximo responsable de la judicatura federal, sino que en la actualidad, para facilitar su correcto ejercicio, se han creado varias organizaciones de apoyo. Eso sí, como podrá comprobarse, muy alejadas de la “peculiar” composición del Consejo General del Poder Judicial Español. Veámoslo.

3.1.- Judicial Conference of the United States.

Según consta en la propia página web de la institución, se trata del “órgano encargado de la administración de los tribunales federales” (traduzco “police-making” como administración, aunque en realidad sería más correcto decir gobierno o desarrollo de líneas de actuación). Conviene no perder de vista su composición. Es presidida por el chief justice, y son miembros de la misma los presidentes de los Tribunales de Apelación y varios jueces de distrito. En otras palabras, que no existe nadie ajeno a la judicatura, y sus miembros no son cargos electos, sino natos en función del puesto que ocupan, por lo que el órgano goza de una enorme estabilidad que no contempla otras mutaciones que las derivadas de la variación de las personas que ocupan cada puesto.

3.2.- Federal Judicial Center.

Acudamos a su página web y veremos que el mismo se define como “agencia de investigación y formación del poder judicial de los Estados Unidos”. En definitiva, que se trata de una organización con funciones eminentemente formativas y orientadas a la investigación relacionada con la historia, organización y funciones del poder judicial.

En cuanto a su composición, es presidida por el chief justice, e integrada por siete jueces (elegidos por la judicial conference of the United States) y el Director de la Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos. Es decir, que se trata de un órgano que se puede decir compuesto exclusivamente por jueces, en tanto en cuanto tan sólo un miembro (el Director) no tiene por qué ostentar tal condición. No obstante, a continuación veremos la “peculiaridad” de dicho cargo.

3.3.- Administrative Office of the United States Courts.

Se trata de un órgano administrativo de apoyo para la gestión legal, administrativa, financiera y tecnológica. Está integrado por un representante de varias agencias. Pero su Director es nombrado por el chief justice, quien goza de una discrecionalidad absoluta. Y esta Oficina está, además, bajo la supervisión de la Judicial Conference, órgano éste que, recordemos, está íntegramente compuesto por miembros de la judicatura.

Como puede verse, existe un cierto componente político en cuanto a la hora de elegir a una persona como miembro de la judicatura intervienen los otros dos poderes (el ejecutivo que propone, y el legislativo que avala). Pero una vez que el candidato accede a la carrera judicial, conserva su puesto con carácter vitalicio (salvo que sea sometido a un impeachment, posibilidad extrema que se ha ejercido muy ocasionalmente, pero ejemplos hay). Y en el gobierno del poder judicial no interviene elemento ajeno a la judicatura.

Dos sistemas, cada uno con sus luces y sus sombras. Como decía el célebre anuncio de los ochenta, busquen, comparen y si encuentran algo mejor……acójanlo.

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