LUCIA v SECURITIES EXCHANGE COMMISSION: CUANDO EL MODO DE NOMBRAMIENTO DEL EMPLEADO PÚBLICO SÍ IMPORTA.

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En el momento en que una persona ya sea física o jurídica sufra en sus carnes la intromisión de un organismo público, a la hora de impugnar la actuación administrativa consumirá todos los cartuchos no sólo de su revólver, sino de los que tenga guardados en su canana como recambio. Y en ocasiones, el ataque directo a un acto administrativo que en apariencia no deja de ser caza menor, puede transformarse debido a las implicaciones que acarrea no ya en caza mayor, sino en una auténtica hecatombe con efectos devastadores para un ente público, de tal manera que en este tipo de casos el cazador se muta en presa. Eso puede ocurrir con el asunto Lucia v. Securities Exchange Commission, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha admitido a trámite y que en la actualidad se encuentra en la fase de tramitación escrita.

La Securities Exchange Commission es un organismo administrativo cuyos orígenes se remontan a 1934, con la aprobación de la Exchange Commission Act, y que tiene como misión fundamental velar por la seguridad de los mercados financieros y asegurar que se cumple la normativa y las buenas prácticas en dicho sector, tal y como cualquier interesado puede comprobar en la página web del organismo. Para curiosos, el primer presidente de dicha institución fue nada menos que Joseph Patrick Kennedy, el patriarca de dicho clan y auténtico pilar del mismo, que logró amasar una auténtica fortuna hasta el punto que en plena época de la depresión se permitía el lujo de ofrecer a cada uno de sus hijos, como regalo por alcanzar la mayoría de edad, la nada desdeñable cifra de un millón de dólares; por cierto, que los métodos por los que Joseph Kennedy obtuvo su fortuna no fueron del todo limpios, por lo que situarlo al frente de la comisión no puede sino considerarse como una broma siniestra del presidente Roosevelt, poniendo al zorro (nunca mejor dicho hablando de Kennedy sr) a vigilar el gallinero. Pero finalicemos la digresión histórica y regresemos a nuestro asunto.

En la fase administrativa del presente caso, la Securities Exchange Commission, a través de un Administrative Law Judge (que, recordemos, pese a que se le denomina “juez” de derecho administrativo no es alguien integrado en el poder judicial, sino que se trata de lo que en nuestro sistema sería un funcionario del cuerpo superior, pero con facultades resolutorias), incoa un expediente investigador a un ciudadano por supuestas irregularidades e infracciones de la normativa de los mercados financieros. El Administrative Law Judge, tras la instrucción del procedimiento, considera que los investigados son culpables de vulneración de la normativa que la comisión en la que se integra está encargada de hacer cumplir, y en consecuencia eleva las actuaciones a ésta para que adopte la resolución oportuna. Pero a la hora de resolver, la Comisión se encuentra que entre las alegaciones del investigado se encuentra un argumento que constituye una andanada en toda la línea de flotación del ente. El Administrative Law Judge es un “officer”, y, como tal, está sujeto a la cláusula de nombramiento prevista en la Constitución de los Estados Unidos, y, por tanto, su nombramiento es inconstitucional, lo que acarrearía la nulidad de todo el procedimiento.

Imagínense la situación. De dar la razón al ciudadano, la Securities Exchange Commission pondría en riesgo no sólo la actuación concreta, sino todas las actuaciones, en tanto en cuanto si se considera que el nombramiento de todos los Administrative Law Judges vulneran las previsiones constitucionales, los efectos en la práctica serían devastadores. De ahí que solventasen el asunto desestimando la pretensión del investigado con una sutil distinción jurídica. Y es que, en efecto, la Comisión no discute que un “officer” ha de ser nombrado respetando las previsiones constitucionales del artículo II, sección 2 cláusula 2 del texto constitucional (es decir, por el presidente con la autorización del Senado), pero en este caso no nos encontraríamos ante un “officer”, sino ante un “employee”, a quien no se aplica dicho precepto. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues según la jurisprudencia, el “officer” es aquél empleado o cargo público que ostenta un grado “importante” de autoridad o prerrogativas públicas de conformidad con las leyes de los Estados Unidos, mientras que el “employee” carece de tales atribuciones. El razonamiento esgrimido por la Comisión es que el “juez” carece de facultades decisorias y, por tanto, no puede considerársele propiamente dentro de la primera categoría, sino en la segunda, pues sus decisiones han de ser remitidas a la Comisión para que sea ésta quien dicte la resolución correspondiente. Tal decisión fue impugnada judicialmente, pero el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, en una sentencia fechada el 9 de agosto de 2016 rechazó las impugnaciones confirmando las tesis del organismo administrativo.

Pues bien, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha admitido a trámite el recurso frente a la anterior resolución, planteando como cuestión jurídica a resolver la siguiente: “Whether administrative law judges of the Securities and Exchange Commission are officers of the United States within the meaning of appointment clause”; es decir, si a tales “jueces” ha de aplicárseles el precepto constitucional que reserva al presidente, con el visto bueno del Senado, la prerrogativa de nombramiento.

Con todo, me ha llamado la atención un párrafo del escrito de interposición del certiorari. Y es el siguiente:

Mucho antes del nacimiento del moderno estado administrativo, los Padres fundadores comprendieron que frenar los abusos del poder ejecutivo requería una cuidadosa articulación de la prerrogativa para nombrar a quienes lo ejercitan. Edmond v. United States. Al establecer la forma exclusiva de nombrar a cualquier “cargo” de los Estados Unidos, la cláusula de nombramiento del artículo II, sección 2, cláusula 2 “preserva la integridad estructural de la Constitución” asegurando que los cargos investidos con importantes prerrogativas permanecen “responsables ante las fuerzas políticas y la voluntad del pueblo.”

En definitiva, que la cláusula de nombramiento es no sólo una garantía máxima de la división de poderes, sino una garantía de las libertades individuales para evitar la comisión de abusos.

Por desgracia, en nuestro país el ejecutivo siempre ha tenido la posibilidad de desbordar sus funciones sin que existiesen los debidos cauces o diques de contención, pues el poder judicial siempre ha estado “amordazado” (de buen grado o a la fuerza) y ciertamente la responsabilidad de los empleados públicos se ha dilucidado por líneas generales en la vía penal, nunca en la disciplinaria; los escasísimos supuestos en que se incoan expedientes internos no son más que la excepción que confirma la regla.

Pero si algo permite otear la historia y la práctica jurídica estadounidense es que lo importante, lo verdaderamente importante en la otra orilla del Atlántico es la garantía de los derechos individuales frente a los abusos del poder público, a quien en modo alguno se santifica como ocurre en nuestro país, donde incluso goza de un fuero privilegiado (la jurisdicción contencioso-administrativa) hecho como un traje a medida y donde la situación de desigualdad de las partes se consagra incluso a nivel legislativo, algo que sonaría como anatema en el más humilde juzgado federal estadounidense.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Sin categoría

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