DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE v RUSSIAN FEDERATION. VERDADES Y MENTIRAS SOBRE EL “CULEBRÓN” DEL CIBERATAQUE RUSO

dnc_clyde-williams1-840x360

Corría el mes de enero de 1807 cuando el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, hacía público nada menos que ante el Congreso de los Estados Unidos la existencia de un complot para separar de la Unión parte de los territorios occidentales (en concreto, la Luisiana, cedida por Francia en 1803, y que aún no se había dividido territorialmente en estados), y expuso la trama ocultando el nombre de los participantes, excepto el de su instigador, nada menos que su antiguo vicepresidente, Aaron Burr, cuya culpabilidad, según Jefferson, “estaba fuera de toda duda”, elogiando la labor del gobernador de Luisiana, James Wilkinson, a quien llegó a calificar como “auténtico caballero” y “patriota”. Jefferson cometió la imprudencia de efectuar tales manifestaciones, dotándolas además de rango oficial al hacerlo nada menos que en un mensaje ante el legislativo, antes de que Burr fuera sometido a juicio. Pero, además, es que su relato de los hechos mezclaba acontecimientos ciertos con simples rumores sin confirmar y, lo que acabó siendo mucho más grave, descansaba única y exclusivamente en el testimonio de Wilkinson, cuyo “patriotismo” se demostró tan acendrado que acabó descubriéndose que trabajaba para la corona española, y toda su actuación pretendía encubrir en realidad su condición de agente a sueldo de los españoles. En el pleito, celebrado en el Tribunal de Circuito de Virginia, la desesperación de Jefferson fue tal que llegó a ofrecer cartas de perdón en blanco a quienes testificasen contra Burr, y algunas de las pruebas aportadas contra el acusado se demostraron falsas, por no decir de la dudosa fiabilidad de algunos de los testimonios. El resultado del caso United States v. Burr fue de “no culpable”.

Viene la anterior disertación histórica a raíz de una noticia que los medios de comunicación españoles, cómo no, difundieron a bombo y platillo con el rigor que en ellos es habitual a la hora de difundir informaciones relativas a los Estados Unidos en general y a Donald Trump en particular: los Demócratas habían interpuesto una demanda frente a éste por el tan manido asunto de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Pues bien, dada la ínfima, por no decir nula fiabilidad que la prensa audiovisual y virtual española merece al humilde redactor de estas líneas en lo que respecta a las informaciones relativas a lo que acontece en la orilla occidental atlántica, optó por buscar la información en la misma fuente y, en efecto, no fue muy difícil acceder a la demanda del caso Democratic National Committee v. The Russian Federation et al., presentada en el Juzgado Federal del Distrito Sur de Nueva York. El lector interesado puede consultar aquí dicho documento, interesantísimo aun cuando sea para contrastar la diferencia que a nivel formal separa las demandas estadounidenses de las españolas.

Pues bien, una vez leídas las sesenta y seis páginas (incluidas la carátula, el índice y las notas -que en lugar de estar a pie de página se sitúan en las hojas finales-) uno tiene la sensación de que nos encontramos ante la misma situación que Jefferson en el caso Burr. Orillando las cuestiones estrictamente procesales y respecto al fondo del asunto, en cuanto al relato de hechos se entremezclan datos ciertos con simples noticias aparecidas en prensa que no han sido oficialmente confirmadas ni procedimentalmente acreditadas, pero que se incorporan al relato fáctico como hechos probados. Paso a resumir a continuación lo que considero interesante de dicho documento:

Primero.- Para empezar, es absolutamente falso que se haya demandado a Donald Trump, ni en su calidad de presidente de los Estados Unidos ni a nivel estrictamente particular. Es cierto que entre los demandados se encuentra su hijo, Donald Trump jr., y la organización electoral de apoyo a Trump (“Donald Trump for President, Inc”), lo que, forzando mucho la interpretación, podría considerarse como una acción indirecta contra aquél. Pero lo cierto es que formalmente no aparece como demandado y, por tanto, una eventual sentencia en dicho procedimiento no tendría efecto alguno frente a Trump, por lo menos no a nivel procesal.

Ya tenemos, pues, una primera muestra del rigor habitual de la prensa española: se dice que los demócratas inician un pleito contra Trump cuando entre los múltiples demandados no se encuentra Trump. Aunque sí se encuentran, por ejemplo, Wikileaks, Julian Assange, o el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, entre otros.

Segundo.- Algunos medios van más allá y, tocando de oído, comparan el asunto con el caso Watergate, cuando la similitud entre ambos es la misma que existe entre un elefante y un simio. El caso Watergate fue un intento de espionaje cuya iniciativa partió de la propia Casa Blanca, mientras que en el presente caso la propia demanda reconoce ya en el primer párrafo (es decir, que no ha de esforzarse mucho un lector para aseverar esta circunstancia) que la iniciativa es única y exclusivamente rusa, sin que los republicanos hayan tenido nada que ver en cuanto a su origen, y a los que se imputa incorporarse a una iniciativa en marcha (párrafos 1 a 3 de la demanda).

Tercero.- Conviene, como punto de partida, despejar una incógnita. En ningún párrafo de los sesenta y seis folios de la demanda se imputa a los demandados de difundir o sostener informaciones falsas, sino de publicar información interna de los demócratas, a las que se habría accedido de forma ilegal. Esta es la auténtica clave del asunto: no nos encontramos ante la difusión de datos o imputaciones falsas frente a la candidata demócrata, sino ante la simple publicación de información confidencial a la que se habría accedido ilegalmente. Las consecuencias jurídicas son muy distintas en ambos casos.

Cuarto.- En el párrafo sexto de la demanda se efectúa una afirmación sorprendente: “El ciberataque ruso al Comité Demócrata Nacional se inició semanas después de que Trump anunciase su candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos en Junio de 2015. Y, a los pocos meses, Servicios de Inteligencia Europeos comenzaron a informar a sus homólogos estadounidenses acerca de comunicaciones sospechosas entre los asociados de Trump y operativos rusos.” No se ofrece ninguna prueba de esta afirmación, que personalmente me chirría por varias circunstancias. En todo el tiempo que transcurre entre septiembre (dado que la demanda dice que la información se efectuó “a los pocos meses”, pongamos que haya sido en septiembre) de 2015 y las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, si los Servicios Secretos tenían esa información, ¿Cómo es posible que no la pusieran en conocimiento de las autoridades pertinentes, y en especial del presidente de los Estados Unidos, que por entonces era el demócrata Barack Obama? ¿Por qué esta información no se hizo pública con anterioridad a las elecciones?

Por cierto, no deja de ser curiosa la afirmación del noveno párrafo de la demanda, que aun cuando recoja un hecho que pueda ser cierto es hilarante las consecuencias que se pretendan extraer del mismo. Resulta que el hecho de que el asesor “informal” (la demanda usa este término de forma expresa) de Trump hubiese sido invitado a la gala de aniversario de Russia Today en Moscú, donde “cenó en la misma mesa que Putin” pretenda reconducirse a una especie de contubernio frente a Hillary Clinton, es ciertamente hilarante. Por esa regla de tres, los miembros de una formación política española que aparecen retratados en actitud muy amistosa y cómplice al lado del Jefe del Estado de cierto país sudamericano, cuyos medios se caracterizan tanto por la constante actitud denigratoria frente al gobierno actual como por el apoyo incuestionable a la formación política a la que pertenecen los españoles en cuestión (algunos de los cuales, reconocieron expresamente haber recibido dinero del gobierno de dicho país por efectuar trabajos de consultoría), ¿debería interpretarse como un intento de interferencia en la política y en las elecciones españolas? Dejo la pregunta en el aire.

Quinto.- Los párrafos décimo y undécimo de la demanda inciden en lo que anteriormente decíamos. Incluso aunque se demostrasen ciertas las afirmaciones que en ellos se contienen, el comité de campaña de Trump (a quien de forma harto significativa ni se menciona en estos párrafos) se le imputa el ser beneficiario de información interna demócrata obtenida ilegalmente y no haberla comunicado a las autoridades federales. Información que habrían difundido los medios rusos y, ulteriormente, Wikileaks. Por cierto, el decimoquinto párrafo de la demanda habla de difusión de “sensitive proprietary documents” (es decir, documentación “sensible”), pero en modo alguno se cuestiona su autenticidad o certeza de su contenido.

Sexto.- Llega la hora de referirse a Donald Trump en persona. ¿Y qué es lo que se le imputa? Pues nada menos que el celebrar la publicación de la información interna de los demócratas y haber reconocido que: “I love wikileaks.” Ahora bien, de ahí a vincular estas simples afirmaciones a la traba va un amplio trecho, y los propios demandantes son tan conscientes que no se han atrevido a incluir personalmente a Trump entre los demandados con tan escasísima base fáctica.

Séptimo.- Los demandantes no se atreven a afirmar que tales acciones influyesen en el resultado electoral de las elecciones presidenciales, entre otras cosas porque uno de los documentos en los que se apoya, el informe conjunto hecho público por la C.I.A., el F.B.I y la N.S.A (que hemos glosado en un post anterior), nada indica sobre el particular.

Octavo.- La afirmación contenida en el vigesimoprimer párrafo de la demanda es sorprendente, y provoca auténtica hilaridad en alguien mínimamente familiarizado con el mundo estadounidense. Resulta que el daño que las acciones han causado al Comité Nacional Demócrata consistió en: “minar y distorsionar las facultades del Comité Demócrata Nacional para comunicar los valores y la visión del partido a la sociedad americana; sembrar la discordia en el Partido Demócrata en un momento en que la unidad del partido era esencial para lograr una victoria en las elecciones; y comprometer seriamente las comunicaciones internas y externas del Comité Demócrata Nacional.

Utilicemos la simple lógica. Cualquier ciudadano puede comprobar simplemente haciendo un barrido por internet que el noventa por ciento de los medios de comunicación eran absolutamente favorables a la candidata demócrata, y tan sólo la cadena Fox podía contarse entre los escasos apoyos mediáticos al republicano. No sólo los medios de comunicación de los grandes países occidentales, sino las propias autoridades de las naciones se volcaron de forma nada disimulada a favor de Hillary Clinton; quien, por cierto, es una de las personas más odiadas por la ciudadanía estadounidense y el representante de la casta política más corrupta de Washington. ¿Cabe sostener con un mínimo de racionalidad que Wikileaks y Russia Today tienen un poder de difusión y -lo que es más importante- de disuasión que el noventa por ciento de la prensa estadounidense y la práctica totalidad de los medios de comunicación de los países occidentales?

Noveno.- Aun cuando la demanda lo silencia, lo cierto es que el Partido Demócrata ya se encontraba dividido antes de los ciberataques rusos, y basta simplemente consultar reportajes efectuados entre simpatizantes demócratas que hicieron pública su intención de no votar a Hillary Clinton, porque consideraban mucho más presidenciable y con más opciones al senador Bernie Sanders. Y conviene no olvidar que un reportaje titulado Hillary, the movie, elaborado en 2008 en suelo americano y por ciudadanos americanos sin ninguna ayuda o influencia extranjera, ofrecía un ataque demoledor frente a la por entonces rival del senador Barack Obama por la candidatura demócrata a la nominación presidencial; film éste que, por cierto, fue el origen de una cadena de acontecimientos que finalizó con la sentencia Citizens United v. FEC. No se necesitaba, por tanto, ayuda foránea para mostrar el verdadero rostro de una de las personas más siniestras de la política americana.

Es doloroso no lograr una victoria, máxime cuando ésta se daba ya por descontada, y de ahí que sea no lógico, pero sí muy humano tratar de buscar responsables de la derrota en otro lugar. Y parece meridianamente claro que el Partido Demócrata, para quien las elecciones presidenciales de 2016 debían ser poco menos que un paseo militar, quedasen noqueados por la victoria de Donald Trump. De ahí que ante lo imprevisto de la situación, y dado que la práctica totalidad de los medios de comunicación estadounidenses habían apoyado a Hillary Clinton, hubiese que buscar responsables en algún sitio, lo mismo que sucedió en el referéndum del brexit. La respuesta de manual hubiera sido imputar la victoria de Trump (al igual que ulteriormente el brexit) a la población rural y poco informada, pero parece claro que no era suficiente.

En las elecciones presidenciales de 1876, cuando ante el conflicto constitucional que surgió a raíz de la disputa entre el voto compromisario en cuatro estados, los demócratas abogaron por crear una comisión paritaria Legislativo-Judicial para resolver el conflicto, y de ahí que se creara un organismo integrado por cinco Representantes, cinco Senadores y cinco Jueces del Tribunal Supremo. Cuando finalmente el republicano salió vencedor por un solo voto (ocho frente a siete), los demócratas cargaron las tintas contra el juez Joseph Bradley, uno de los integrantes (por cierto, in extremis, dado que el originalmente previsto, David Davis, para quitarse el muerto de encima renunció a su puesto para incorporarse como senador en su estado natal), a quien acusaron sin pruebas de haber mudado su voto tras recibir las visitas nocturnas de prominentes líderes y empresarios pro republicanos. Los demócratas callaron como muertos ante los innumerables fraudes electorales que habían cometido en los estados sureños (donde habían coaccionado físicamente a grandes sectores de población para disuadirles del voto), pero había que buscar un culpable, y nada mejor que el pobre juez Bradley, a quien Bernard Schwartz califica en su síntesis sobre el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como “uno de los jueces más capaces que haya servido en la institución.” Por cierto, cien años más tarde, en 1977, el jurista Charles Fairman pudo acreditar la falsedad de las imputaciones contra Bradley.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s