LOS JUICIOS MEDIÁTICOS: EL REGRESO DE LA LEY DE LYNCH.

Lynch

En el viejo oeste americano, existía una curiosísima forma de hacer justicia que se consideraba rápida y eficaz: la aplicación de la denominada ley de Lynch; que dio, por cierto, título a una magnífica novela del escritor Gustav Aimard. Su aplicación no exigía rudimentos, sutilezas, argumentaciones, ni formalidad alguna: bastaba con que la masa, debidamente azuzada, considerase a un ciudadano culpable de determinado comportamiento para que aplicase de forma inmediata “su” justicia. La forma concreta de expiación solía consistir en “suspender a la persona del cuello hasta que muera” (forma pudorosa de referirse al ahorcamiento), aunque en casos extremos el “linchamiento” (palabra que deviene, precisamente, de Lynch) consistía nada menos que en ensañarse con el cuerpo del declarado culpable, que acababa despedazado. Bien es cierto que en ocasiones esa forma de justicia inapelable daba lugar a equivocaciones clamorosas (recomiendo al lector interesado el film-denuncia titulado The Ox-Bow incident); también es cierto que la historia ha demostrado que la “espontaneidad” de esta especie de “justicia popular” distaba mucho de ser tal, pues las revueltas populares y andanadas callejeras, desde la rebelión de Fuenteovejuna hasta el motín de Aranjuez (por poner dos ejemplos patrios) siempre tenían su origen en alguna persona con intereses nada altruistas.

Viene lo anterior a raíz de las numerosas manifestaciones que han tenido lugar a raíz de hacerse pública la sentencia del conocido como caso “la manada”. Apenas tuvo lugar la lectura de un resumen de los 371 folios de la sentencia, las calles se inundaron de miles de personas clamando “justicia”, criticando la sentencia, sin que precisaran ni los representantes de los medios de comunicación consideraran oportuno preguntarles si se habían molestado en echar un vistazo, si quiera fugaz a la misma. A tal situación se unió la inevitable aparición de esa especie en auge que son los contertulios que pueblan los distintos programas del espectro audiovisual patrio, que lo mismo pontifican sobre la calidad jurídica de una sentencia que sobre la pericia de un cirujano o la habilidad técnica de un arquitecto.

Vayamos por partes.

Primero.- Sobre la crítica a las sentencias judiciales.

Es evidente e indubitado que las resoluciones judiciales pueden ser sometidas a la debida crítica. En este punto, en efecto, una sentencia puede ser objeto de comentario, ya sea éste favorable o desfavorable, siempre y cuando éste vaya acompañado de la debida motivación. Se trataría, en definitiva, de analizar el contenido material de la sentencia, someterla al debido contraste y exponer los puntos o aspectos en la que ésta se entiende equivocada y los motivos por los cuales se entiende que el razonamiento utilizado es incorrecto.

En este sentido, creo que ningún magistrado en su sano juicio puede esperar que sus resoluciones sean objeto de alabanza universal, y tampoco que las mismas sean infalibles, y debido a la propia falibilidad de la naturaleza humana. Por tanto, exponer públicamente la discrepancia con una sentencia argumentando los motivos por los cuales la misma es incorrecta no sólo no está proscrito, sino que es incluso saludable.

De igual forma es respetable la discrepancia genérica y respetuosa con una resolución judicial por sostener que, incluso siendo ajustada a Derecho, la misma conduce a un resultado injusto. En este caso, las culpas no deberían ser del juez, o cuando menos no en exclusiva, sino que la protesta debe elevarse a las normas aplicadas o, más en concreto, a quienes las han aprobado. Insistimos, cabe igualmente objetar a una resolución judicial que la misma, aun siendo impecable jurídicamente, sea injusta desde el punto de vista material.

Lo que no cabe ya es descalificar de forma grosera una sentencia sin haber leído la misma, única y exclusivamente amparándose en las informaciones de los medios de comunicación, que en muchos casos no sólo ofrecen un contenido sesgado, sino claramente inexacto.

En otras palabras, y por utilizar un lenguaje coloquial, cabe discrepar respetuosamente de una sentencia, pero no descalificarla de forma grosera; se trata de utilizar la cabeza, y no las tripas.

Segundo.- Sobre las críticas a los jueces.

De la misma forma que hemos dicho lo anterior, cabe también la crítica a los jueces en cuanto redactores de las resoluciones cuestionadas. En efecto, puede imputarse al juez el haber errado en la apreciación de la prueba, en valorar de forma inadecuada o incorrecta la misma, e incluso puede en determinados supuestos argumentarse que el mismo ha aplicado de forma inadecuada el ordenamiento jurídico o efectuado una interpretación inexacta del mismo. Al igual que hemos dicho anteriormente, ningún juez en sus cabales se tomará a mal que sus resoluciones sean objeto de la debida crítica jurídica, o sean expuestas sus debilidades o sus contradicciones.

Ahora bien, lo que no cabe es la descalificación in totum del magistrado a nivel estrictamente personal. Eso desborda la crítica jurídica para incurrir en el insulto barato que, aun cuando jurídicamente tolerado siempre que no desborde ciertos límites, hace perder la razón en cuanto al fondo.

Tercero.- Sobre los juicios mediáticos.

Un tercer punto, muy delicado, son los cada vez más frecuentes juicios mediáticos, que aun siendo lícitos no dejan de ser muy peligrosos, porque los mismos en gran parte de las ocasiones se efectúan sobre la base de información incompleta o por confirmar, y los particulares “pre-jueces” no gozan a veces de la preparación jurídica necesaria para efectuar el comentario, de tal manera que lo que es una simple y lícita apreciación personal se convierte mutatis mutandis en una especie de opinión profesional sin la cualificación necesaria. En este punto, conviene no perder de vista varias circunstancias:

3.1.- Un Tribunal de Justicia tiene como misión resolver una disputa entre dos partes, correspondiendo el enjuiciamiento a una persona ajena a las partes y que no tiene ningún otro objetivo, interés o aspiración más que resolver la disputa conforme a Derecho. Para el medio de comunicación la verdad es un objetivo deseable, pero secundario y subordinado simplemente a la misión principal, que no es otra que un incremento de la audiencia, lo cual únicamente se obtiene echando carnaza en el asador.

3.2.- En muchas ocasiones, los juicios mediáticos se efectúan sin tener toda la información disponible o, lo que es más grave, sin contrastar la misma. Todos hemos sido testigos de medios que colaboraron activamente en la recaudación de fondos para ayudar a una menor a obtener un tratamiento médico, para descubrirse posteriormente que todo el asunto no era más que un gigantesco fraude montado por los progenitores. Ninguno de los medios (y no fueron pocos) en que la menor y su padre comparecieron se molestaron en comprobar algo tan sencillo como si los hechos eran ciertos, aunque eso si, ulteriormente pretendieron cubrir su propia irresponsabilidad como es habitual en ellos: echando carnaza en el asador para obtener más audiencia.

3.3.- El linchamiento mediático puede demostrarse un arma mucho más eficaz que la propia condena penal, hecho éste que ya fue destacado por una persona tan intelectualmente honesta como Gaspar Melchor de Jovellanos, quien sufrió en sus propias carnes un encarcelamiento injusto. Así, en su obra El delincuente honrado, hace que uno de los personajes efectúe la siguiente reflexión: “La nota que le puso la opinión pública, ¿Podrá acaso borrarla una sentencia?”.

3.4.- Es cierto que en determinadas ocasiones existen personas que efectúan comentarios, críticas y valoraciones de una manera profesional y ajustada. Pero no es menos cierto que son cada vez más los programas que fomentan no el análisis crítico, sino el jolgorio vocinglero caracterizado por la vaciedad más absoluta, donde se suple la ausencia de argumentación con el aumento de la sonoridad.

A nivel estrictamente particular, creo que en la actualidad más que comentarios razonados se asiste en muchos casos a auténticos linchamientos mediáticos, con la diferencia que se ha sustituido la soga por el receptor de ondas, y la eliminación física por la muerte civil. En definitiva, una “ley de Lynch” mediática.

Cuarto.- Sobre el caso en concreto de “La manada”.

Confieso que no voy a cometer la temeridad de efectuar un comentario o valoración de la sentencia por dos razones: la primera, porque no la he leído y la segunda, porque aun cuando lo hiciese no soy especialista en Derecho penal, por lo que una persona ha de ser consciente de sus limitaciones y, por tanto, en este campo he de reconocer honestamente que mis facultades de crítica se encuentran cercenadas.

Coincido con el análisis que ha efectuado mi admirado José Ramón Chaves en su bitácora. Una cosa es repudiar de la forma más contundente y severa unos hechos como los enjuiciados, y otra cosa muy distinta es acometer una labor de acoso y derribo de tres magistrados descalificando una resolución judicial más con las tripas que con la cabeza. Se podrá discrepar de la resolución, se podrá argumentar que los medios probatorios de la acusación no han sido debidamente valorados, e incluso se podrá sostener que la condena es insuficiente. Ahora bien, de ahí a la campaña que se ha desatado, donde se pretende suplir razonamiento con gritos, hay un largo trecho. Y no deja de ser llamativo que quienes hace apenas un par de meses llamaran ante unos hechos mucho más graves (por muy condenable y repugnante que sea un delito contra la libertad sexual, es evidente que un asesinato es objetivamente un crimen mucho más grave) llamasen a la ponderación y a no efectuar críticas o solicitudes “en caliente”, sean quienes más eleven la voz en estos momentos.

He visto que a alguno de mis amigos que trabajan en la Administración de Justicia le ha dolido el hecho de que se haya iniciado en la plataforma change.org una recogida de firmas para “inhabilitar” a los jueces. No creo que deba preocuparles tal circunstancia. A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, un sector de la población estadounidense disconforme con lo que consideraba una actuación excesivamente benévola del Tribunal Supremo de los Estados Unidos bajo la presidencia de Earl Warren, iniciaron una campaña pública con el lema “impeach Warren.” El propio afectado, Earl Warren (a mi juicio una persona excesivamente mitificada), no sólo no le dio la menor importancia, sino que incluso se lo tomó con humor.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

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