EL ROL DE LOS TRIBUNALES EN UNA DEMOCRACIA MODERNA: REFLEXIONES DEL JUEZ STEPHEN BREYER.

breyer

Corrían los años finales de la década de los ochenta en el siglo XVIII cuando tuvo lugar un intercambio de impresiones entre Richard Spaight y James Iredell con motivo de una sentencia de un tribunal del estado de Carolina del Norte que había declarado inconstitucional una ley aprobada por el legislativo. Spaight reconocía que algunas de las normas legales aprobadas eran, ciertamente, cuestionables, pero que los órganos jurisdiccionales carecían de la facultad de declarar la inconstitucionalidad de los textos aprobados por el órgano representativo de la voluntad popular. Iredell, uno de los padres fundadores y futuro juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, articuló una sólida defensa de las potestades jurisdiccionales alertando sobre las consecuencias que para la libertad individual tendría el sentir mayoritario popular no estuviera sujeto a control alguno. En concreto, sus palabras fueron las siguientes:

Si no existiese un control sobre las pasiones populares, el sistema se encontraría en el mayor de los peligros. Como la mayoría tendría el poder en sus manos, se cuidaría bien de sí misma; pero en qué situación se encontraría la minoría, si el poder de aquélla careciera de límites?

Iredell manifestaba así su recelo hacia la “tiranía de las mayorías”, y su confianza en los Tribunales como órganos de control que estuviesen sometidos únicamente al ordenamiento jurídico, sin que hubieran de regirse por el sentir popular, sino orientarse únicamente por el ordenamiento jurídico vigente.

Dos siglos y medio más tarde, otro juez, en este caso el actual chief justice John Roberts, coincidía con dichas afirmaciones al ser preguntado sobre las manifestaciones que con frecuencia tenían lugar en la plazoleta sita ante la puerta principal de entrada del edificio donde el Tribunal Supremo tiene su sede. Roberts partía del derecho absoluto de los ciudadanos a manifestarse con objeto de explicitar sus puntos de vista, un derecho que, siempre y cuando se ejerciese pacíficamente y sin violencia, estaba garantizado por la primera enmienda constitucional. Pero también incidió en que los jueces tienen la obligación de resolver los asuntos con el ordenamiento vigente como único norte y guía, profundizando aún más al decir que determinados asuntos no podían juzgarse al calor popular debido al apasionamiento que provocan y que, en ocasiones, nubla el entendimiento.

En el año 2010 Stephen Breyer, uno de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sacaba al mercado el libro Making our democracy work: a judge´s view. En el mismo intenta ofrecer su particular visión del rol que los jueces ostentan en una democracia moderna. En la primera parte, titulada significativamente “La confianza del pueblo”, el autor trata de abordar una cuestión: “la voluntad del pueblo de aceptar las decisiones judiciales como legítimas”, lo cual efectúa a contrario sensu abordando ciertos episodios tasados en la historia constitucional americana donde el pueblo o alguna de las autoridades rehusaron llevar a efecto las resoluciones judiciales y las desastrosas consecuencias que ello acarreó al sistema. Es altamente ilustrativa la frase con la que abre la primera parte y que vale por todo un tratado:

Los esfuerzos de la Constitución por asegurar una democracia constitucional en la práctica poco significarían si el público ignorase libremente las interpretaciones de la misma que no fuesen de su gusto.”

Profundizando aún más, Stephen Breyer (que, recordemos, es uno de los jueces que integran el ala liberal, y no la conservadora del Tribunal Supremo), efectúa la siguiente reflexión:

Algunas decisiones deben tomarse antidemocráticamente; por ejemplo, el juicio penal de un acusado impopular. Los derechos del acusado son derechos que puede ejercer frente a la voluntad popular, y otros derechos constitucionales tienen las mismas características. Nuestro sistema de gobierno democrático no es una democracia mayoritaria pura, sino una democracia mayoritaria con límites establecidos por nuestra estructura constitucional y por derechos que la Constitución garantiza a los individuos y minorías contra el deseo de las mayorías. Mas aún, la mayor parte del pueblo comprende que los gobiernos democráticos, como cualquier gobierno, necesita estabilidad; y la estabilidad es incompatible con un sistema legal cuyo contenido varíe diaria y directamente en función de los cambios de la opinión popular” (el subrayado es original de Breyer).

Una de las características de los Estados Unidos es que la gente puede manifestar su discrepancia e incluso su rechazo en relación a determinadas resoluciones judiciales, pero jamás se ha pasado por la cabeza a nadie cuestionar la legitimidad de los jueces y mucho menos manifestar en público el no acatamiento de la sentencia y la negativa a ejecutarla. ¿Cuál es el secreto que ha llevado a dicha situación? Breyer confiesa que ese interrogante se lo planteó la máxima autoridad judicial de una nación africana, y la respuesta ofrecida fue la siguiente:

No hay ningún secreto, ni palabras mágicas en el papel. El cumplimiento de la ley es cuestión de costumbre, de hábito, de compartir sabiamente la convicción de cómo tanto quienes están en el gobierno como el pueblo actuarían cuando se encuentran con una decisión judicial de la que discrepan fuertemente.”

Y más adelante ofrece un ejemplo concreto y actual de una reacción de discrepancia frente a una sentencia que, pese a todo, fue públicamente aceptada de forma incuestionable incluso por el propio derrotado: el caso Bush v. Gore. Breyer reconoce irregularidades en el procedimiento de votación que cuestionaban la ecuación un hombre-un voto (debido a diferencias de criterio en cada una de las mesas electorales) y reconoce que fue partidario de estimar parcialmente el recurso de Bush, anulando la decisión del Tribunal Supremo de Florida, pero no de detener el recuento, sino devolviendo el asunto a los órganos estatales para que fijaran un criterio unánime que se aplicase a todas las mesas y a efectuar un recuento con todas las garantías. No obstante, lo decisivo es el siguiente párrafo:

No es la cuestión en este momento decidir si la sentencia fue correcta o no. Si tanto yo como otros tres miembros del Tribunal creímos que la decisión fue muy incorrecta, también lo hicieron millones de americanos. Al propósito que nos ocupa, sin embargo, fue lo que sucedió después. Gore, el candidato derrotado, ordenó a sus seguidores que no atacasen la legitimidad de la sentencia. Y a pesar de la gran importancia de la misma, las fuertes discrepancias sobre sus razonamientos y los fuertes sentimientos sobre la intervención judicial en la materia, tanto Demócratas como Republicanos acataron cumplieron con la sentencia. Lo hicieron pacíficamente, sin necesidad de tropas como en Little Rock, sin protestas masivas y violentas. El líder del Senado, Harry Read, miembro del Partido Demócrata, sostuvo después que la voluntad popular de cumplir con el ordenamiento jurídico tal y como había sido interpretado por el Tribunal constituyó el hecho más destacado del caso, aunque no haya sido tan destacado.”

En definitiva, que el respeto a las decisiones de los órganos judiciales es una cuestión de hábito, de tradición. Lo mismo que el cumplir voluntariamente con las sentencias. De igual manera que el respeto a la independencia judicial.

Por ello, un país donde existe un dicho según el cual “hecha la ley, hecha la trampa”; un país donde tradicionalmente se han articulado incluso a nivel legislativo unas denominadas “válvulas de seguridad” para evitar la ejecución de sentencias contrarias al poder público; un país donde dirigentes políticos manifiestan alegremente y sin consecuencia alguna que no obedecerán determinadas resoluciones judiciales que no sean de su agrado; y, sobre todo, un país donde en caso de disgusto popular frente a una resolución judicial en vez de calmar los ánimos el propio titular de la cartera de justicia se ponga al frente de la masa no discrepando jurídicamente de la sentencia (lo que, aun cuando impropio del cargo que ocupa, podría ser aceptable) sino sembrando dudas sobre la propia capacidad personal del juez efectuando manifestaciones gratuitas sin prueba alguna, podrá tener una democracia consagrada a nivel normativo, pero es bastante más cuestionable que la tenga implantada a nivel social.

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