EL LABERINTO DE DELIMITACIÓN COMPETENCIAL EN EL CONTENCIOSO: ESPAÑA v USA.

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Una de las mayores dificultades que plantea el ordenamiento jurídico español desde el punto de vista procesal contencioso-administrativo es la vinculación entre el órgano autor del acto impugnado y el órgano jurisdiccional que ha de resolver la impugnación. De ahí el auténtico caos existente, que ilustran a la perfección los artículos 8 a 12 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con sus sucesivas reformas. A dicho criterio general se superpone otro, cual es la naturaleza del propio acto impugnado, que en ocasiones prevalece sobre el propio órgano autor.

Ilustremos lo anterior con varios ejemplos. Si se impugna judicialmente la liquidación del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana efectuada por un Ayuntamiento, el órgano jurisdiccional competente es el juzgado de lo contencioso-administrativo, en virtud del artículo 8.1; sin embargo, si lo que se impugna es la propia ordenanza fiscal reguladora del tributo aprobada por ese mismo Ayuntamiento, el órgano competente será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Si lo que se trata de impugnar es una licencia urbanística otorgada por un Ayuntamiento, evidentemente regresaremos de nuevo a la competencia general de los juzgados de lo contencioso-administrativo por mor del citado artículo 8.1, mientras que si lo que se trata de cuestionar ante los órganos jurisdiccionales es la adecuación a Derecho del planeamiento urbanístico, el asunto “salta” del juzgado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior, dado que el precepto citado excluye de forma expresa los instrumentos de planeamiento como materia propia de los juzgados.

El legislador y los propios órganos jurisdiccionales juegan en ocasiones alegremente con estos dos criterios para utilizarlos en beneficio propio. Así, por ejemplo, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rectificó su jurisprudencia anterior y pasó a considerar las Relaciones de Puestos de Trabajo como un acto administrativo en vez de como una disposición general, sin duda alguna tuvo muy en cuenta la delimitación competencial para, con esa aparente “degradación”, aligerar las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que así verán su agenda notablemente disminuida. De igual forma, si impugnada una disposición de carácter general ante los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, el autor de la misma ve peligrar su existencia, siempre puede utilizar raudo la ayuda del legislador para que una norma con rango de ley asuma el contenido de la disposición impugnada. Con ello se alzará un muro insalvable para la jurisdicción ordinaria, dado que el enjuiciamiento de las normas con rango de ley corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional. Pero es que, además, dado que la impugnación directa de los instrumentos normativos de rango legal tiene notablemente restringida la legitimación activa en cuanto a su impugnación directa, la única vía posible para que se enjuicie dicha norma legal no es otra que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

Tal situación es desconocida en la otra orilla del Atlántico, donde no sólo no existe complicación alguna en cuanto al órgano jurisdiccional competente, sino que no existe riesgo alguno en cuanto al orden jurisdiccional, puesto que únicamente existen tres tipos de órganos integrantes del poder judicial estadounidense: Juzgados de distrito, Tribunales de Apelación y Tribunal Supremo; y los tres conocen de cualquier asunto, materia y, además, impugnación de normas de todo tipo o rango, quedando únicamente extramuros de su conocimiento la propia Constitución federal. Ello supone que únicamente mediante una rectificación del más alto nivel, es decir, de rango constitucional, puede desvirtuar una resolución judicial dictada por el Tribunal Supremo. Y esto es así desde el propio nacimiento de los Estados Unidos como nación.

En febrero de 1793, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió el caso Chisholm v. Georgia, donde sostuvo que los estados podían ser demandados ante la jurisdicción federal, sin que pudiesen ampararse en su soberanía a modo de escudo protector frente a la acción de los órganos judiciales. Los más incisivos en este aspecto fueron el chief justice John Jay y James Wilson, llegando este último a afirmar textualmente: “A los efectos de la unión, Georgia no es un estado soberano.” La doctrina jurisprudencial era clara, y únicamente pudo ser dejada sin efecto mediante una reforma constitucional, en concreto mediante la decimoprimera enmienda, según la cual: “No debe interpretarse el poder judicial de los Estados Unidos para extenderlo a cualquier proceso en derecho o equidad, iniciado o perseguido hacia uno de los Estados Unidos por ciudadanos de otro Estado, o por ciudadanos o súbditos de cualquier estado extranjero.”

Por tanto, la únicas únicas modificaciones o reformas inatacables ante los órganos jurisdiccionales son las que sufre la propia Constitución federal. Ahora bien, inatacables no quiere decir que no sean interpretables, o que se les pueda dar una u otra lectura, una mayor o menor extensión. Así, por ejemplo, en el caso Barron v. Baltimore (32 US 243 [1833]), el Tribunal Supremo sostuvo que las diez primeras enmiendas (que integran el denominado Bill of Rights) únicamente eran de aplicación al gobierno federal, pero no a los estados que lo integraban; no obstante, a partir del caso Gitlow v. New York (268 US 365 [1925]) se inició una rectificación jurisprudencial y a través de un proceso conocido jurídicamente como incorporacion, uno de suyos últimos estadios tuvo lugar en el caso McDonald v. Chicago (561 US 742 [2010]) se entiende que los derechos constitucionales recogidos en la constitución federal vinculan igualmente a los estados. Igualmente, las denominadas “enmiendas de la reconstrucción” (la decimotercera a la decimoquinta), es obvio fueron aplicadas desde el principio, pero la interpretación o alcance que se dio a las mismas varió notablemente a lo largo del tiempo, y aún hoy existe la división ideológica entre los partidarios de una interpretación restrictiva o amplia de las mismas.

Una última cuestión. Las reformas de la constitución federal son inatacables desde el punto de vista jurídico, pero no así las de los estados. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el devenir jurídico de la denominada Proposition 8, una reforma de la constitución del estado de California que elevaba a rango constitucional la definición del matrimonio como unión entre personas de distinto sexo, enmienda que se había aprobado como reacción expresa a pronunciamientos judiciales favorables al matrimonio homosexual. Dicha modificación constitucional fue impugnada ante el Juzgado Federal del Distrito Norte de California, que en su resolución judicial anuló la reforma de la constitución estatal por vulnerar la decimocuarta enmienda constitucional; decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y, ulteriormente, por el propio Tribunal Supremo en el caso Holingsworth v. Perry. Es decir, que un simple juzgado federal (el escalón más bajo de la pirámide judicial estadounidense) anuló en una sentencia nada menos que la reforma constitucional de un estado. Una reforma que había sido ratificada, además, mediante referéndum y que había sido apoyada por 7.001.084 votos favorables (lo que suponía un porcentaje del 52,24% de los votantes) frente a 6.401.482 (47.76%), habiendo concurrido a la votación el 79,42% de la población censada.

Queda claro, pues, que unas retorcidas e intrincadas normas sobre “competencia” no implican de forma necesaria que el sistema sea “competente”, sino más bien lo contrario, a no ser que entendamos el término en el sentido de “competición”, a ver qué juzgado o tribunal es el que se lleva finalmente el gato al agua.

A veces me pregunto sinceramente cómo es posible que un sistema como el norteamericano donde únicamente existen tres niveles en la planta judicial, donde no existe la división en órganos jurisdiccionales puede funcionar tan razonablemente bien. Y como en nuestro país se extrema en ocasiones hasta el ridículo la complejidad, el formalismo, los requiebros y las sutilezas; remito al lector a que eche un vistazo al artículo 10 de la Ley 29/1998 de 13 de julio para que pueda contemplar un ilustrativo ejemplo de dicha afirmación.

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