UNITED STATES v SLATTER: RESPONSABILIDAD PENAL DE MIEMBROS DE SEGURIDAD PRIVADA CONTRATISTAS DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA.

blackwater

El día 14 de mayo de 2018 el Tribunal Supremo ha hecho pública su intención de inadmitir a trámite la solicitud de certiorari en relación a la sentencia United States v. Slatter, hecha pública el pasado día 4 de agosto de 2017 por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, y que abordaba el incidente acaecido el 16 de septiembre de 2007 en Irak. El asunto es de naturaleza estrictamente penal, aunque en el fondo del mismo laten sin duda cuestiones que, al menos desde el punto de vista de un jurista continental, serían de naturaleza administrativa, todo ello sin perjuicio, obviamente, de la prejudicialidad penal.

La sentencia del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que cuenta con tres votos particulares, es, como todas las resoluciones judiciales norteamericanas, un prodigio tanto por su estructuración interna como por su redacción, que facilita al lector interesado una cabal comprensión tanto de los hechos como del ordenamiento jurídico aplicable. Insistimos en que esa claridad no implica en modo alguno ausencia de rigor o falta de estudio, pues la sencillez expositiva no está reñida ni mucho menos con la erudición argumental, algo que los órganos jurisdiccionales españoles no acaban de comprender del todo, refugiándose en unos farragosos y sesudos razonamientos en muchas ocasiones incomprensibles hasta para los iniciados.

Trataremos de resumir los hechos y el devenir procesal de la causa.

Primero.- Antecedentes de hecho.

El 16 de septiembre de 2007 una bomba explota cerca de un diplomático estadounidense, cuya seguridad estaba encomendada a personal de Blackwater, una empresa privada contratista del Departamento de Estado. En orden a garantizar la seguridad del diplomático norteamericano, se acordó su evacuación, para lo cual se requirió la presencia de una unidad, concretamente la denominada Raven-23, donde servían los cuatro acusados en el pleito. Hasta aquí, en principio, no habría nada anormal ni objeción alguna.

Lo que ocurre es que la unidad Raven-23, en vez de acudir al punto de encuentro, ignora las órdenes y acude a otro lugar, en concreto una plaza donde con anterioridad había explotado una bomba, lo que había provocado un aumento de las fuerzas de la policía iraquí en la zona. Al llegar al lugar, los miembros de la unidad estadounidense y la policía iraquí tratan de detener el tráfico en la zona, pero súbitamente, varios testigos escucharon unas ráfagas de disparos. A continuación, se produce una auténtica refriega donde los miembros de la empresa estadounidense tirotean a un vehículo marca Sedan Kia (que, según los analistas de Blackwater, había sido identificado como potencial foco para ser utilizado como bomba), causando la muerte del conductor y de un pasajero. Un miembro de la unidad contacta por radio con otra, indicando que estaban recibiendo fuego, aunque otros miembros de dicha unidad no percibieron tal circunstancia. Al finalizar el tiroteo, uno de los vehículos de la unidad resultó inutilizado, por lo que hubo de trasladarse a sus ocupantes a otro con el fin de retirarles de la zona. En este momento, y durante el traslado, uno de los miembros de la unidad vio a un iraquí que tenía los brazos en alto recibir un disparo de un miembro no identificado de Blackwater que salía de su vehículo.

Los miembros de la unidad fueron interrogados de forma inmediata. No obstante, no pudo iniciarse procedimiento alguno porque el testimonio de varios testigos descansaba principalmente en las declaraciones emitidas por los miembros de la unidad, de ahí que no se pudieran utilizar por estar jurídicamente viciados.

Tras diversos avatares, se logra incoar un procedimiento que termina con la acusación formal de cuatro de los miembros de la unidad, a quienes el jurado consideró culpables. Uno de los acusados (Slatter, el que da nombre al caso) es condenado a cadena perpetua por uno de los cargos, mientras que a los otros tres les caen treinta años y un día.

Segundo.- Cuestiones procesales: jurisdicción e instrucciones al jurado.

2.1.- Alegaciones relativas a la inaplicación de la Military Extraterritorial Jurisdiction Act.

2.1.1.- Naturaleza y contenido de la norma.

La Military Extraterritorial Jurisdiction Act es la denominación abreviada de una ley cuya denominación completa e interminable es Act to amend title 18, United States Code, to establish Federal jurisdiction over offenses committed outside the United States by persons employed by or accompanying the Armed Forces, or by members of the Armed Forces who are released or separated from active duty prior to being identified and prosecuted for the commission of such offenses, and for other purposes, aprobada el 22 de noviembre de 2000.

Se trata, como puede verse, de una norma de naturaleza estrictamente penal que tiene por objeto la tipificación de hechos cometidos fuera de territorio norteamericano por miembros de las fuerzas armadas o personas contratadas o acompañantes de éstas. En este sentido, la sentencia comentada contiene unos breves párrafos donde expone los antecedentes históricos de la norma y las razones de su aprobación.

La sentencia pasa a continuación a describir tanto el tipo penal como las personas responsables, según la letra de la ley.

2.1.1.1.- El tipo penal, viene descrito de la siguiente forma: “quien fuera del territorio de los Estados Unidos incurra en la comisión de hechos que, de haberse cometido dentro de la jurisdicción marítima y territorial de los Estados Unidos, constituyese delito castigado con pena de prisión de más de un año, será castigado con la pena establecida para dicho delito.”

En otras palabras, se trata de sancionar aquéllos delitos que, según la ley norteamericana, conlleven pena superior a un año, pero que hubieran sido cometidos fuera del territorio estadounidense. Por tanto, nos encontramos ante un supuesto de extraterritorialidad de la ley para delitos considerados como graves. Pero eso sí, no todo delito es sancionable, pues amén del hecho en sí han de concurrir unas circunstancias subjetivas.

2.1.1.2.- El sujeto activo del delito. Únicamente pueden ser objeto de condena penal las “personas contratadas por las Fuerzas Armadas fuera del territorio estadounidense”, especificando la norma que se entiende por tal “un trabajador o contratista (así como subcontratista con cualquier vínculo) con cualquier agencia federal siempre y cuando el vínculo contractual se relaciones con el apoyo a la misión del Departamento de Defensa en el exterior.”

Es decir, que a efectos penales un contratista privado se asimila a un miembro de las fuerzas armadas a efectos de la tipificación penal de este delito concreto.

2.1.2.- Aplicación al caso.

Ni el Juzgado federal ni el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia tuvieron duda alguna a la hora de considerar que los hechos enjuiciados entraban de lleno dentro del ámbito de la ley. Las pruebas eran evidentes, en tanto en cuanto la acusación había demostrado que el Departamento de Defensa desarrollaba una misión en Irak y que los miembros de la unidad eran trabajadores de la empresa Blackwater, contratista del meritado departamento que ofrecía apoyo suplementario al personal de las Fuerzas Armadas destinadas en la zona. Así pues, blanco y en botella, y no “agua negra”.

Los acusados se amparaban en una interpretación restrictiva de la norma, y en concreto alegaban dos cuestiones: en primer lugar, que para mantener una acusación en base a dicho tipo penal no debía tenerse en cuenta únicamente el vínculo contractual entre la Administración y la empresa para la que trabajaban, sino que la acción por la que se les enjuiciaba viniera en estricto cumplimiento de dicho acuerdo (cosa que, como hemos visto, no ocurrió); y, en segundo lugar, que su misión específica consistía en la protección de personal que formaba parte del Departamento de Estado, y no del de Defensa.

El Tribunal de Apelaciones para rechazar dicha tesis efectúa algo que, sin duda alguna, rechinará a oídos de penalistas españoles, pues no acoge la interpretación restrictiva patrocinada por las defensas, sino una más amplia, acogiéndose a dos instrumentos interpretativos: el texto claro de la norma y, sobre todo, los antecedentes legislativos, dada la indubitada intención del Congreso a la hora de aprobar el texto legal en cuestión.

2.2.- Instrucciones al jurado.

Otra cuestión sobre la que se articuló el recurso fue que el juez erró al dar las instrucciones al jurado, más en concreto en lo relativo al término “empleados por las Fuerzas Armadas fuera de los Estados Unidos”. La defectuosa instrucción al jurado no es una cuestión fáctica, sino jurídica sometida, por tanto, a plena revisión del Tribunal en vía de recurso. No obstante, se rechaza igualmente dicha circunstancia por cuanto se demostró que el juez se había atenido escrupulosamente en las instrucciones al texto y la letra de la ley que debía ser objeto de aplicación a efectos de considerar culpables o no a los acusados.

Tercero.- Motivos de la estimación del recurso: vulneración de la octava enmienda (“cruel and unusual punishment”) por la elevada pena impuesta.

Tras una serie de cuestiones de naturaleza procesal (se cuestionó la competencia del juzgado federal del Distrito de Columbia y una solicitud de un nuevo juicio) así como la insuficiencia del material probatorio (que en aras a no alargar demasiado la ya excesivamente larga entrada) indicaremos que las mismas fueron rechazadas, y los hechos imputados quedaron debidamente acreditados.

Finalmente el Tribunal de Apelaciones acoge los recursos presentados por los acusados. ¿En base a qué, se preguntará el lector? Pues en base a dos argumentos jurídicos diferentes:

3.1.- Vulneración de la octava enmienda.

Tres de los condenados invocaron la cláusula de la octava enmienda, que contiene la cláusula denominada “cruel and unusual punishment” que proscribe este tipo de penas. Habitualmente, se invoca la misma en supuestos de condenas a la pena capital, pero en esta ocasión se esgrime frente a la extensión de la condena, a la que calificaron de “inconstitucionalmente rígida y ampliamente desproporcionada”.

Pues bien, el Tribunal acoge esta causa y considera que con una pena tan excesiva que se vinculó única y exclusivamente a las armas utilizadas en el incidente, vulneró de forma clara los derechos constitucionales garantizados en la octava enmienda. En definitiva, el Tribunal lo que efectúa es una aplicación del principio de proporcionalidad de la pena, que ha de estar vinculada a la gravedad del delito. Y para evaluar la misma, ha de considerarse “el daño causado por el culpable o la amenaza que supone para la víctima y la sociedad”, y en lo relativo a la culpabilidad, ha de partirse de la “intención del acusado y el motivo para la comisión del delito”. La sentencia razona que el delito es de extrema gravedad, pero también tiene en cuenta que los acusados portaban armas precisamente por cuanto se encontraban en una zona de guerra y ejecutando una misión bajo mandato del ejecutivo estadounidense. Y para ello, el Tribunal de Apelaciones hace un ejercicio que nunca jamás he visto hacer a un órgano jurisdiccional español: descender del mundo de las ideas y situarse sobre el terreno, lo que hace en el siguiente párrafo:

Cuando el convoy Raven 23 llegó a la Plaza Nisur el día que ocurrió el incidente, lo hizo en respuesta a la explosión de un coche bomba a escasa distancia de un diplomático estadounidense que se encontraba bajo su protección. En consecuencia, no nos encontramos ante un caso donde los acusados acudieron con la intención de cometer el delito y portando sus armas para ayudarles a dicha comisión. No es un caso donde los tres acusados actuaron de forma alocada situándose en un lugar plagado de civiles inocentes. La decisión de acudir a la Plaza Nisur la efectuó el líder del comando Raven 23, y una vez éste decidió ignorar sus órdenes y acudir a dicha plaza, los acusados no tenían otra opción que obedecer las órdenes de su superior. Una vez llegaron a dicho lugar, se encontraron en una muchedumbre, donde se reducía notablemente la capacidad para distinguir entre civiles y enemigos. La tragedia que sucedió tras su llegada se debe más al pánico y a la mala evaluación que a un plan coordinado de asesinar a civiles iraquíes.

En definitiva, el Tribunal no niega el delito ni su gravedad, pero sí la excesiva pena impuesta a raíz de las circunstancias concretas del caso, donde el resultado fue más debido a una negligencia que a un propósito deliberado. Por ello, devuelve el pleito al juzgado para que se impusiese una pena distinta acorde con los razonamientos de la sentencia

3.2.- Infracción de las garantías procesales de un acusado.

El cuarto de los acusados, Slatter, vio estimado su recurso por motivos estrictamente procedimentales. Había solicitado separar su causa de la de los otros tres, de manera que se tramitase en un juicio independiente sobre la base de que una de las pruebas que pretendía utilizar eran las declaraciones de otro de los acusados que afirmó haber sido él, y no Slatter, quien inició el tiroteo, prueba de la que éste no podía valerse en un juicio conjunto. Aun cuando el juzgado desestimó tal solicitud, el Tribunal de Apelaciones estimó dicha pretensión, anulando la condena y ordenando un nuevo pleito.

Cuarto.- Conclusiones.

De todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que, a efectos penales:

4.1.- Desde el punto de vista subjetivo, los contratistas de los departamentos ejecutivos de los Estados Unidos así como el personal de dicha empresa contratista se equipara por ley a los miembros de las fuerzas armadas, a los efectos de declararse su responsabilidad penal.

4.2.- Desde el punto de vista objetivo, se produce una extraterritorialidad de la ley penal, en la medida en que tipifica hechos cometidos fuera del territorio estadounidense, siempre que se trate de delitos que según la ley norteamericana conllevase una pena superior a un año de haberse cometido en el interior.

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