EL PRESIDENTE Y LA PRIMERA…..ENMIENDA. KNIGHT FIRST AMENDMENT v. TRUMP O EL CASO DEL BLOQUEO DE USUARIOS EN TWITTER

Trump

El pasado día 23 de mayo de 2018 se hacía pública la sentencia del caso Knight First Amendment Institute at Columbia University et al. v. Donald J. Trump et al., identificado igualmente como caso 17-CIV-05205-NRB tramitado por el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York. En el mismo se dilucidaba una cuestión esencial, es decir, si el presidente de los Estados Unidos estaba legitimado para bloquear de su cuenta de twitter a otros usuarios por el simple hecho de mantener opiniones políticas diferentes. Pues bien, la sentencia ocupa 75 páginas a doble espacio, y quizá por ello deja ya bien claro en el primer párrafo el asunto jurídico que se plantea y el sentido de la resolución judicial. Por tanto, quien no desee profundizar más puede limitarse al primer párrafo, del siguiente tenor literal:

El presente caso requiere que consideremos si es acorde con la primera enmienda que un cargo público “bloquee” a una persona de su cuenta de Twitter en respuesta a las opiniones políticas que dicha persona ha expresado, y si la argumentación es diferente porque el cargo en cuestión sea el Presidente de los Estados Unidos. La respuesta a ambas cuestiones es no.”

Esto nos permite ya alumbrar una pequeña pero no desdeñable diferencia entre jueces norteamericanos y españoles: aquéllos saben sintetizar. En efecto, es meridianamente claro que en un simple párrafo de seis líneas se ha condensado tanto la problemática jurídica que el asunto plantea así como la solución judicial dada al mismo. El público en general puede detenerse ahí, pero el jurista curioso puede continuar con el desarrollo argumental del caso.

Primero.- Antecedentes fácticos.

No nos interesa detenernos en la agotadora explicación que la juez dedica a exponer lo que es y cómo funciona la red social Twitter, siendo a mi parecer criticable que ocupe casi seis páginas a ello cuando cualquier persona, sea usuario no de la misma, conoce su funcionamiento. Sí interesa destacar un dato fáctico relevante:

Donald Trump crea “realDonaldTrump en marzo de 2009. Antes de su toma de posesión, utilizaba dicha cuenta para twittear sobre una asuntos varios, incluyendo política y cultura popular. Desde su acceso a la presidencia en enero de 2017, el presidente Trump ha utilizado @realDonaldTrump como una vía de comunicación e interacción con el público para comunicar asuntos relativos a su administración. También continuó utilizando dicha cuenta, en ocasiones, para comunicar otros asuntos no directamente relacionados con asuntos oficiales […] El Presidente en ocasiones utiliza la cuenta para comunicar asuntos oficiales antes que los mismos sean hechos públicos a través de otros medios oficiales.”

Dato relevante, pues, sobre el que incide la juez. La cuenta se crea en 2009 y, por tanto, en principio debería ser considerada como cuenta particular de Donald Trump, como en efecto así era. No obstante, el propio interesado la convierte en una especie de vía de comunicación, si no oficial, oficiosa, dado que a través de la misma hace públicas manifestaciones claramente vinculadas con el cargo oficial que actualmente ocupa, como lo acredita, además, el hecho recalcado por la sentencia que en numerosas ocasiones la cuenta de Trump ofrece noticias en auténtica primicia informativa. Es más, uno de los demandados es el Director de Comunicaciones de la Casa Blanca, a quien se demanda “únicamente en su condición de cargo público”, por ser asistente presidencial que, en ocasiones, elabora borradores y cuelga tweets en la cuenta de Trump.

Los demandantes son varios usuarios de twitter que respondieron de forma crítica a varias publicaciones de Trump, por lo que éste les bloqueó de su cuenta. A ellos se sumó el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, una institución que, según la sentencia, “trabaja para defender y reforzar las libertades de expresión y de prensa en la era digital a través de la litigación estratégica, búsqueda y educación pública.”

Segundo.- Núcleo de la controversia.

No nos detendremos en cuestiones estrictamente procesales, como la jurisdicción y la competencia del órgano jurisdiccional (por cierto, en el ordenamiento jurídico estadounidense el término jurisdiction engloba a ambas) o al razonamiento utilizado por la juez para sostener la existencia de un daño efectivo. Una vez que la sentencia aborda exhaustivamente tanto el propio evento dañoso e identifica a los perjudicados y al responsable, entra de lleno a analizar el núcleo de la controversia, cual es, si la acción denunciada (el bloqueo en una cuenta de twitter) vulnera los derechos garantizados por la primera enmienda. En este sentido, la sentencia procede de forma muy ordenada y sistemática, abordando varias cuestiones muy relevantes, y que conviene no perder de vista, sobre todo por el tratamiento que han dado los medios en nuestro país.

2.1.- Derecho protegido.

La resolución judicial incide en que el bloqueo se debió a comentarios de naturaleza política que simplemente eran contrarios a los puntos de vista del presidente, y por ello, tales “opiniones en asuntos de relevancia pública se engloban en el núcleo protegido por la primera enmienda.” Pero ojo, que a continuación se contiene una frase que deberían grabarse a fuego tanto los medios como el público español, tan acostumbrados a sostener que la libertad de expresión es absoluta y lo cubre todo. La frase a la que me refiero es la siguiente: “No existen indicios que las expresiones utilizadas o que pretendiesen utilizar los demandantes incurriesen en los bien definidos y estrictamente limitados tipos de discurso tales como obscenidades, difamaciones, fraude, incitación y discursos constitutivos de delito, cuya prevención y castigo nunca se pensó planteasen problemas constitucionales.”

En otras palabras: la libertad de expresión no lo ampara todo. Pero en este caso no se acredita que se estuviese incurriendo en conductas como las descritas, que harían ceder la protección constitucional.

2.2.- Control público del medio.

A continuación, la sentencia se adentra en lo que se conoce como forum doctrine, es decir, el control del medio, y si éste es público o privado. Y es que, en efecto, no es lo mismo las limitaciones a la libertad de expresión efectuadas en un medio público (precisamente por su carácter público) que en uno privado, puesto que los derechos de la protegidos por la primera enmienda únicamente pueden exigirse o esgrimirse frente a los poderes públicos.

La sentencia razona, acertadamente, que Twitter no es un medio que sea de control público, pero que la cuenta @realDonaldTrump sí que lo es, en cuanto es gestionada nada menos que por el presidente y uno de sus asesores. Y lo hace para rechazar uno de los argumentos, quizá el de más peso, de los demandados: que el derecho a bloquear no es exclusivo de la cuenta de Donald Trump, sino que es un derecho que posee el titular de cualquier cuenta de dicha red social y que la cuenta de twitter que posee Trump se abrió en 2009, mucho antes de que accediera a la presidencia. No obstante, la juez ofrece dos ejemplos claros para refutar dicha tesis, de los cuales me quedo con el segundo: “si un aeropuerto privado es ulteriormente adquirido por una agencia pública, para determinar si es aplicable la doctrina fórum se atiende al uso actual como aeropuerto público, en vez de su anterior uso privado.”

2.3.- Propósito, estructura y uso.

A continuación, ha de verificarse si el medio en cuestión pretende única y exclusivamente expresar las opiniones del Gobierno sin ofrecer posibilidad al público de manifestar su parecer (en cuyo caso no es aplicable la primera enmienda) o si, por el contrario, el medio constituye una simple plataforma que permite la concurrencia del público a fin que exprese sus puntos de vista.

En este sentido, la juez deslinda claramente dos tipos de discurso. Por un lado, está el tweet propiamente dicho, es decir, los ciento cincuenta caracteres en los cuales el titular de la cuenta expresa su opinión sobre un tema; algo que en el caso concreto la sentencia considera indubitado que se trata de un cauce de expresión gubernamental y, por tanto, no está protegido por la primera enmienda. Pero a continuación, la juez aclara que: “no puede decirse lo mismo, sin embargo, del espacio interactivo para las respuestas y retweets creados por cada uno de los tweets enviados por @realDonaldTrump.” Y ello porque “como mínimo, las respuestas están más directamente asociadas con el usuario que contesta que con el redactor del mensaje al que se responde, puesto que el tweet de respuesta aparece con la figura, nombre y características del usuario que responde.”

Ya tenemos, pues, deslindados los ámbitos. Un canal que, realmente, es controlado por un cargo público, el presidente. Y unas respuestas que, en cuanto no pueden considerarse emanados del titular de la cuenta, caen dentro del ámbito y de los sujetos a quienes protege la primera enmienda.

2.4.- Clasificación.

Se efectúa a continuación un resumen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de los foros donde se protege la libertad de expresión, que fundamentalmente son tres. “En primer lugar, foros públicos tradicionales, que son los lugares donde por tradición o por permiso de las autoridades se permiten las reuniones y debates”, como calles y parques. “Una segunda categoría consiste en propiedades públicas que las autoridades han abierto para uso del público como lugar para la actividad expresiva”, que precisan necesariamente para ser considerados como tales que la autorización de los poderes públicos sea intencional y activa; quiere decir que no sería suficiente, por ejemplo, que un inmueble de propiedad pública fuese ocupado para estos fines y las autoridades simplemente hiciesen la vista gorda o mirasen para otro lado, no; ha de tratarse, digamos, de una concesión expresa. Y existe una tercera categoría, que es denominada: “foro no público”. La sentencia considera el espacio virtual como “foro público”.

2.5.- Discriminación en el bloqueo.

Llegamos ya al centro del caso, a su núcleo esencial, es decir, si es lícito bloquear a los demandantes en un lugar considerado como foro público a efectos de la libertad de expresión.

En este sentido, los demandados esgrimían un argumento que, en principio, parece de una lógica elemental: “el Presidente mantiene un interés personal en elegir a las personas con quienes desea relacionarse y con quienes no.”

Y es aquí donde, a mi entender, la sentencia a mi parecer hace un encaje de bolillos y flaquea un poco. Reconoce que “un cargo público no pierde sus derechos simplemente por tomar posesión del mismo.” Pero se acoge al siguiente razonamiento: “La eliminación al usuario bloqueado de la posibilidad de responder directamente es algo más que ignorar simplemente a éste; el usuario que bloquea limita el derecho de expresión del bloqueado. El silenciamiento defiende igualmente el derecho del Presidente a ignorar ciertos usuarios y potenciar de forma selectiva las voces de otros pero, a diferencia del bloqueo, lo hace sin vulnerar el derecho a expresarse de la persona ignorada.”

En definitiva, que la juez efectúa una distinción entre la acción de silenciar (mute) y bloquear (block), de tal forma que la primera es lícita, la segunda no.

Un último párrafo a destacar de la sentencia en cuanto al alcance real del hecho denunciado, es decir, el “bloqueo” efectuado por el presidente: “Para ser claros, no estamos diciendo que el impacto en los individuos demandantes (y por extensión, en el Knight Institute) sea de la mayor importancia. No lo es. Pero la ley es clara: la primera enmienda ampara y protege incluso los daños mínimos.”

2.6.- Remedio al daño.

¿Se imaginan que en nuestro país un usuario bloqueado por un dirigente político (de derechas o de izquierdas, que tanto monta monta tanto) solicitase de un órgano jurisdiccional que se condenase a aquél a alzar el bloqueo? Pues bien, en el caso enjuiciado por un juzgado federal de distrito en Nueva York, no sólo se estima la demanda, sino que se condena al presidente a suprimir el bloqueo: “La intrusión en las prerrogativas del ejecutivo derivadas de una condena a levantar el bloqueo a los usuarios demandantes sería mínima. La misma no supondría que el Presidente hubiese de ejecutar las leyes de cierta manera, ni supondría que hubiera de lograr determinados fines políticos. Incluso aceptando que la decisión del Presidente de bloquear fuese, en principio, discrecional, el deber de levantar el bloqueo (derivado de que el mismo es inconstitucional) no lo sería, en cuanto el Presidente debe actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes.”

Conclusion

Desde mi punto de vista, este asunto no deja de ser una mera búsqueda de notoriedad, derivada de las ansias que tienen determinados sujetos de simple publicidad gratuita. Si no me gustan las ideas de determinada persona, ni se me ocurriría seguirla en una red social, y mucho menos pretender colgar algo en su propio espacio. Pero quizá ello se deriva de mi particular idiosincrasia.

Lo que sí demuestra este caso es que no hay asunto pequeño, y que en otros países la justicia no se muestra genuflexa ante los oropeles del ejecutivo.

Y, por favor, no me digan que en España la justicia no es genuflexa frente al poder. Basta simplemente con ojear cualquier resolución del orden jurisdiccional contencioso-administrativo y, sobre todo, preguntarse por el grado de ejecución de las sentencias contenciosas. Y es que, en nuestro país, en el hipotético caso de que hubiese una sentencia firme en el mismo sentido que la del juzgado federal del distrito sur de Nueva York, ejecutarla sería una tarea que ni los siete titanes ni los doce olímpicos serían capaces de llevar a cabo.

 

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