MASTERPIECE CAKESHOP v COLORADO O MENOS ES MÁS: EL PASTELERO GANA A COSTA DE EVITAR UN PRONUNCIAMIENTO GENÉRICO.

Pastel

Hoy lunes día 4 de junio de 2018 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha hecho pública la sentencia Masterpiece Cakeshop et al. v. Colorado Civil Rights Commission et al., asunto al que ya habíamos dedicado un post anterior exponiendo los antecedentes fácticos del caso. No obstante lo cual, para quienes no hayan visto nuestra anterior entrada, resumimos brevemente los hechos. Una pareja de homosexuales que iban a contraer matrimonio acudieron a una pastelería a encargar una tarta para su boda, pero el dueño de la misma rehusó educadamente hacerlo debido a sus convicciones, pues su religión le impedía reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y, por ello, no podía en conciencia poner su arte al servicio de una causa proscrita por su religión, aunque no puso objeción a que adquiriesen cualquier otro producto distinto de la tarta de bodas. Los consumidores denunciaron dicho proceder a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, quien consideró ilícito tal proceder, resolución que fue confirmada en vía judicial por las instancias inferiores.

Pues bien, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por una mayoría de siete votos favorables frente a dos, revoca la sentencia y se pronuncia en favor del pastelero. No obstante, lo hace con muchas cautelas, y rehusando hacer un pronunciamiento general o amplio, sino uno muy restringido y apegado a las circunstancias del caso concreto; es decir, lo que en terminología jurídica suele denominarse narrow view. Es más, en los mismos párrafos iniciales, tras hacer una breve síntesis acerca de los dos derechos en colusión (libertad religiosa frente a la libertad de expresión), en un giro copernicano propio del carácter ubicuo del ponente, Anthony Kennedy, se deja la puerta abierta a futuras resoluciones judiciales que arrojen un distinto resultado, pues en el presente caso se liga el fallo al modo de proceder del órgano administrativo: “es necesario decir que cualquiera que sea el resultado de futuras controversias relativas a hechos similares al presente, el modo de proceder de la Comisión en este caso vulnera la cláusula del libre ejercicio.”

Tras exponer los avatares del caso, la normativa aplicable, el sistema administrativo que se erige para hacer cumplir la misma y la resolución sancionadora impuesta al pastelero, la sentencia se adentra de lleno en el análisis del caso, que presenta como la colisión o choque entre dos derechos: el principio según el cual las personas del mismo sexo a ser reconocidas y a ejercer plenamente sus derechos, pero también la facultad que tienen los que por motivos religiosos se oponen a los matrimonios homosexuales a exponer libremente sus ideas.

La sentencia incide en varios hechos que, a mi entender, no deben soslayarse:

1.- Cuando ocurrieron los hechos, es decir, cuando Phillips (el pastelero en cuestión) rehusó efectuar el pastel para la pareja homosexual que se lo había encargado, la propia legislación estatal de Colorado no reconocía como válidos los matrimonios entre personas del mismo sexo; como tampoco habían tenido aún lugar los casos United States v. Windsor y Obergefell v. Hodges, donde el Tribunal Supremo consideró que el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio entraba dentro del ámbito de protección de la decimocuarta enmienda. Tenemos, pues, una primera grieta o recoveco por donde atacar la resolución sancionadora: Colorado sanciona a un empresario por negarse a vender el pastel de bodas a una pareja de personas del mismo sexo por considerar dicha conducta discriminatoria…….¡cuando el propio estado no reconoce como válido dicho enlace matrimonial! Lecciones antidiscriminatorias vendo, que para mi no tengo. O, como decía el personaje encarnado por el actor Kirk Douglas en el film La pradera sin ley al joven pistolero que pretendía emular su comportamiento: “¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No hagas lo que yo hago. ¡Haz lo que yo digo!

2.- La propia normativa aplicada permite, en ciertos casos, que se rehúse actuar en determinada forma, como, por ejemplo, plasmar determinados mensajes que “el dueño del establecimiento considere ofensivos” (el subrayado es mío); obsérvese que la sentencia se refiere a mensajes que “considere” ofensivos, no que sean ofensivos. Y subraya que en la misma época en que se instruyó el procedimiento sancionador que dio origen a la causa, la propia Comisión de Derechos Civiles de Colorado “resolvió en al menos tres ocasiones que un panadero actuó correctamente al rehusar crear pasteles con decoraciones que degradaban a personas o matrimonios gays.” En definitiva, lo que viene a decir la sentencia es que la libertad de expresión es una vía de comunicación de doble sentido, no de sentido único.

A continuación, expone el motivo último por el que se da la razón al dueño de la pastelería, y es la falta de imparcialidad del órgano administrativo. “Sin embargo, no se ha dado en este caso el trato neutral y respetuoso al que Phillips era acreedor. El tratamiento del asunto por la Comisión de Derechos Civiles posee ciertos elementos de clara e intolerable hostilidad hacia los sinceros sentimientos religiosos que motivaron su oposición.” Hostilidad que, según el Tribunal Supremo, queda manifiesta en el propio expediente administrativo. Llama la atención la hilarante afirmación de uno de los miembros del órgano administrativo que sancionó al dueño del negocio: “puede creer lo que desee, pero si quiere desarrollar su actividad en el estado no puede actuar según sus creencias religiosas.” En definitiva, reduce la libertad de creencias a un simple derecho teórico que en la práctica se difumina o diluye, cuando no se anula. Otro de los miembros del órgano administrativo llegó a manifestar que: “para mi, es uno de los más despreciables aspectos de la retórica que la gente puede utilizar: el uso de su religión para dañar a los otros.” La sentencia es demoledora respecto a dicha afirmación: “Describir la fe de un individuo como uno de los más despreciables actos de la retórica que puede utilizar, es menospreciar su religión en al menos dos aspectos: al calificarlo de despreciable y al caracterizarlo como retórico, es decir, algo insustancial e incluso insincero.” Para el supremo órgano judicial de la federación, “no consta objeción alguna de los otros miembros de la Comisión a dichas afirmaciones. Y el órgano judicial, al revisar dicho acto, ni menciona los comentarios, ni mucho menos manifiesta objeción alguna a su contenido.” Por tal motivo, “este Tribunal no puede evitar la conclusión que tales afirmaciones muestran dudas relativas a la rectitud e imparcialidad de la Comisión a la hora de resolver el caso de Philips.” Todo ello lleva al Tribunal Supremo a concluir que la Comisión estatal vulneró la primera enmienda constitucional al vulnerar el principio de imparcialidad y abordar el asunto de forma manifiestamente hostil a las creencias religiosas de Phillips.

En resumen, el Tribunal evita hacer un pronunciamiento genérico que ofrezca una especie de guía o señal para asuntos de similar naturaleza, sino que se ciñe estrictamente a las circunstancias del caso, orientando su resolución a la clarísima y manifiesta parcialidad del órgano administrativo autor del acto. Quizá por dicha circunstancia Anthony Kennedy (por cierto, católico practicante, aunque ello no le impidió ser el voto decisivo para considerar inconstitucionales tanto la penalización de la sodomía como la proscripción del matrimonio entre personas del mismo sexo) logró atraerse otros seis votos, pues la sentencia se dictó por una mayoría de siete votos frente a dos, con Ruth Bader Gisburn y Sonia Sotomayor como únicas discrepantes.

Por cierto, en uno de los votos particulares, el de Clarence Thomas, aun cuando concurriendo en el resultado se contienen unas interesantes afirmaciones en relación a la libertad de expresión, que dicho juez considera el parecer mayoritario ha orillado. En realidad, es una crítica nada velada al pronunciamiento del caso Obergefell ya mencionado, lo que hace, además con una sutileza legal al utilizar dicho pronunciamiento para considerar irónicamente a Philips como integrante de una minoría a la que, por esa misma circunstancia, ha de protegerse aún más. “Este Tribunal no es una autoridad en materia de conciencia, y sus decisiones pueden (y en ocasiones deben) ser criticadas. La primera enmienda otorga al individuo el derecho de discrepar acerca de la corrección de Obergefell y la moralidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Dicha sentencia enfatizó que “la concepción tradicional del matrimonio ha sido se ha mantenido y continúa manteniéndose de buena fe por personas sinceras y razonables tanto en este país como en otros” (parecer mayoritario). Si Phillips mantiene su adhesión a dicho concepto de matrimonio ello le convierte en integrante de la minoría tras Obergefell, razón de más para que deba protegerse su libertad de expresión.” Todo un ejemplo de daga florentina arrojando a Anthony Kennedy el guante simbolizado por el controvertido asunto.

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