TRUMP v HAWAII (I): EL ¿PUNTO FINAL? JURÍDICO DE LA POLÉMICA RESTRICCIÓN A LA ENTRADA EN TERRITORIO NORTEAMERICANO.

President Trump Signs Section 232 Proclamation On Steel And Aluminum Imports

Como suele ser habitual, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos suele hacer públicas las sentencias de los casos más controvertidos la última semana del período de sesiones, es decir, a finales del mes de junio. Ese principio no se ha roto en el presente año, y ayer martes día 26 de junio de 2018 se ha hecho pública la esperadísima sentencia Trump v. Hawaii, en la que se avala la polémica Orden Ejecutiva del actual inquilino de la Casa Blanca relativa a la prohibición de entrada en territorio estadounidense de nacionales procedentes de diversos países.

los medios españoles se han mantenido fieles a su proceder y han transmitido esta noticia con el sesgo y desconocimiento habitual, transmitiendo una información que poco o nada tiene que ver con la resolución judicial. Se han omitido algunos datos esenciales para entender este asunto y, por supuesto, los corresponsales españoles ni tan siquiera han demostrado haberse no ya leído (vade retro), sino tan siquiera ojear la sentencia, que despachan con frases estereotipadas.

Dada la importancia del tema, dedicaremos un par de entradas a analizar tanto la sentencia como los votos particulares, y dada la extensión material que ello implica conlleva que el análisis deba repartirse en varias entradas.

Aclaramos que el análisis del asunto se circunscribe única y exclusivamente a su vertiente jurídica, exponiendo, como solemos hacer en esto casos, los antecedentes del caso y los razonamientos del Tribunal Supremo.

Primero.- Antecedentes fácticos: actos presidenciales en materia de extranjería.

 

Como es de todos conocido, nada más tomar posesión de su cargo el presidente Donald Trump aprobó el día 27 de enero la Orden Ejecutiva 13769 restringiendo la entrada en territorio americano de ciudadanos procedentes de siete países, en concreto Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Dicha orden fue impugnada judicialmente y el juzgado federal del distrito de Washington, ante una impugnación judicial de dicha norma, suspendió cautelarmente su eficacia.

Visto lo anterior, el presidente sustituye la normativa impugnada por la nueva Orden Ejecutiva 13780 que expide el 6 de marzo. Esta normativa fue impugnada e igualmente suspendida de forma cautelar, asunto que llegó al Tribunal Supremo, quien en el asunto Trump v. International Refugee Assistance Project no llegó a pronunciarse sobre el fondo porque la normativa impugnada había sido nuevamente sustituida.

Finalmente, el 24 de septiembre de 2017 el presidente aprueba la Proclamación 9645, que introduce restricciones para la entrada en territorio estadounidense de ciudadanos nacionales de ocho países. Tal y como se indica en dicha norma, la selección de los países en cuestión se efectuó sobre la base de información suministrada por los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado, así como por diversas agencias de inteligencia norteamericanas. Además, con carácter previo a la elaboración y publicación de la Proclamación, el presidente efectuó consultas sobre el particular con varios miembros del gabinete.

La Proclamación tiene diversos grados, y así, por ejemplo, las naciones que no mantienen ningún grado de colaboración con los Estados Unidos a la hora de identificar riesgos de seguridad (caso de Irán, Corea del Norte y Siria) ven cómo sus nacionales no podrán entrar en territorio estadounidense; los países que mantienen cierto grado de colaboración pero el mismo es considerado insuficiente (casos de Chad, Libia y Yemen) la restricción es bastante severa, pero no absoluta. Con todo, se excepciona de la prohibición de entrada a los residentes de dichos países que tengan reconocido el derecho de asilo.

Segundo.- El proceso judicial de impugnación en las instancias inferiores.

2.1.- Los demandantes y los motivos impugnatorios.

La Proclamación 9645 fue impugnada judicialmente por el estado de Hawaii, por la Asociación Musulmana de Hawaii (una organización no gubernamental que opera en dicho estado) y por tres ciudadanos que, residiendo legalmente en los Estados Unidos, tienen parientes en tres de los estados a los que se aplica la norma presidencial.

Conviene tener en cuenta dos datos a tener en cuenta y que delimitaban jurídicamente el debate procesal:

2.1.1.- Curiosamente los demandantes no cuestionaban la aplicación de la Proclama en lo que a los nacionales de Venezuela y Corea del Norte. En otras palabras, que la impugnación no se efectuaba frente al acto in totum, sino que se aceptaba expresamente la prohibición de entrada de nacionales de determinados países. En otras palabras, que respecto a esos dos países (los únicos, por cierto, en los que no existe una mayoría de población musulmana) los actores bien consideraron que estaba justificada la prohibición o bien no consideraron oportuno extender la impugnación. A todos los efectos, lo importante es que respecto a Venezuela y Corea del Norte, se daban implícitamente por buenas las previsiones normativas cuestionadas para los otros seis países.

2.1.2.- El segundo, que la ilicitud de la proclama se articulaba sobre la base de dos motivos. El primero, de carácter formal, pues se argumentaba que el presidente se había excedido de las funciones que legalmente tenía encomendadas en virtud de la legislación vigente; en definitiva, que se imputaría a la norma el haber sido dictada ultra vires. En segundo, que se vulneraba la primera enmienda constitucional, porque en realidad la Proclamación, aun cuando jurídicamente se amparaba en cuestiones de seguridad nacional, en realidad tal concepto no era más que un mero pretexto que encubría una discriminación a nacionales de países de mayoría musulmana.

2.2.- Iter procedimental en las dos instancias precias.

El asunto se residenció en el Juzgado Federal de Distrito de Hawaii. Dicho órgano judicial adoptó como medida cautelar una national injunction, es decir, una suspensión de la ejecución del acto impugnado, suspensión que no se circunscribía al territorio de Hawaii, sino a todo el territorio estadounidense. Con posterioridad, estimó la demanda al entender que el presidente no había justificado suficientemente que las medidas adoptadas fuesen necesarias para el mantenimiento de la seguridad nacional así como por considerar las medidas aprobadas como una discriminación con base en la nacionalidad.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito desestimó el recurso interpuesto frente a la sentencia de instancia, confirmándola en todos sus extremos y afirmando, además, que el Presidente se había excedido en las facultades que en la materia ostentaba de conformidad con las previsiones de la Inmigration and Nationality Act.

Tercero.- El asunto en el Tribunal Supremo.

3.1.- Cuestiones jurídicas a resolver

Conviene recordar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a la hora de resolver los asuntos no lo hace con carácter general, es decir, no revisa un asunto in totum, sino que limita su conocimiento no ya a aspectos jurídicos en general, sino a determinados aspectos en concreto que ya en la propia admisión deja explícitas en el apartado “questions presented” (asuntos a resolver), y sobre las que, en exclusiva, pivotará todo el recurso.

En el presente caso, las cuestiones planteadas fueron cuatro:

1.- Son competentes los juzgados federales para conocer de las acciones judiciales de los demandantes impugnando la autoridad del Presidente para emitir la Proclamación?

2.- Posee el Presidente la capacidad legal para emitir la Proclamación?

3.- Es admisible una medida cautelar de suspensión aplicable en todo el territorio nacional relativa a partes de la Proclamación?

4.- Vulnera la Proclamación la Cláusula de Establecimiento de la Constitución?

En resumen, que esos cuatro interrogantes no plantean únicamente cuestiones jurídicas de carácter material (léase, sobre el contenido de la norma), sino sobre cuestiones tanto administrativas (la propia competencia del Presidente para utilizar dicho instrumento jurídico) como procesales (la competencia de los órganos judiciales tanto para conocer el asunto como para adoptar medidas cautelares que, aun dictadas por un órgano judicial que extiende sus competencias a un ámbito territorial muy limitado, afecten sin embargo a todo el territorio nacional).

3.2.- La sentencia del Tribunal Supremo.

En esta ocasión, el chief justice John Roberts no quiso rehuir o esquivar su responsabilidad y optó por redactar personalmente la sentencia en lugar de fiar la tarea a otro de sus colegas. La misma contó con el apoyo de otros cuatro jueces, en concreto de Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, es decir, del ala conservadora del Tribunal con la incorporación, en este caso, del juez Kennedy.

Tras despachar en dos breves párrafos la impugnación de la propia competencia de los órganos jurisdiccionales, desestimando la causa de inadmisibilidad esgrimida por el recurrente, se entra de lleno en las cuestiones básicas.

3.2.1.- En cuanto a la competencia presidencial, la sentencia parte de la norma contenida en la sección 1182 letra f) del United States Code, precepto cuyo título ya es de por sí revelador: “Suspensión de la entrada o imposición de restricciones por el Presidente”, y cuyo texto es el siguiente:

Si el Presidente considera que la entrada de cualquier extranjero o cualquier clase de extranjeros en el territorio de los Estados Unidos puede ser perjudicial para los intereses de los Estados Unidos puede, mediante proclamación y por el periodo que estime necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de ellos ya sean inmigrantes o no, así como imponer las restricciones que estime apropiadas en la entrada de extranjeros.    

Quienes impugnaban la norma entendían que dicho precepto únicamente contenía una habilitación reglada que, además, únicamente podía ejercerse por tiempo determinado. Pero el Tribunal Supremo rechaza dicha interpretación con una simple lectura textual de la norma, y rechaza que el Presidente hubiese desbordado las competencias que la ley le atribuye, lo que hace con el siguiente razonamiento:

El texto de la norma otorga al Presidente una amplia discrecionalidad para suspender la entrada de extranjeros en el territorio de los Estados Unidos. El Presidente ha ejercido legalmente dicha autoridad basando su razonamiento (amparado por una investigación que llevaron a cabo varias agencias) que la entrada de los extranjeros en concreto sería perjudicial para los intereses nacionales. Y los intentos de los demandantes de plantear un conflicto con otras previsiones de la ley, y su invocación de los propósitos e historia legislativa, ha de decaer ante la claridad del lenguaje del texto legal.

Y es que, en efecto, la norma de habilitación presidencial le otorga una amplia discrecionalidad y no limita las excepciones o restricciones a la entrada a un lapso temporal concreto o específico. En este punto, la sentencia es tajante:

En sus propios términos, otorga deferencia al Presidente en cada precepto. Confía al Presidente las decisiones sobre si ha de suspender o no la entrada y cuándo hacerlo (“si estima que la entrada” de extranjeros “sea perjudicial” a los intereses nacionales); a quienes puede suspender la entrada (“todos los extranjeros o cualquier clase de ellos”); durante cuánto tiempo (“por el periodo que estime necesario”) y con qué condiciones (“las restricciones que considere apropiadas”) No ha de causar sorpresa que hayamos resuelto previamente que el precepto en cuestión deposite en el presidente “amplias potestades” para imponer restricciones adicionales a las enumeradas en la INA.

La Proclamación se encuentra dentro de los límites de la delegación. El único requisito impuesto es que el presidente “considere” que la entrada de extranjeros “pueda ser perjudicial a los intereses de los Estados Unidos”. El Presidente indubitadamente ha cumplido dicho requisito. En primer lugar, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias efectuar una evaluación completa y singularizada del cumplimiento de cada país. Seguidamente, elaboró una Proclamación describiendo ampliamente los hechos […]

En definitiva, que el Tribunal sostiene que el texto de la norma es claro; que el mismo otorga al Presidente unas facultades discrecionales y no regladas y que, por tanto, únicamente ha de motivar las razones que le llevan a actuar de una forma concreta, motivación que ha de circunscribirse a razonar por qué la entrada de determinadas personas o grupos de personas puede ser perjudicial para los intereses de los Estados Unidos.

Por tanto, en la vertiente estrictamente administrativa o competencial, el Presidente ha ejercido lícitamente unas facultades discrecionales que con carácter expreso le atribuye la legislación vigente y, en ese punto, nada puede cuestionarse.

CONTINUARÁ……………….

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s