EL TORMENTO Y EL EXTASIS DE BRETT KAVANAUGH.

kavanaugh-hearing-52-gty-jc-180927_hpMain_12x5_992

El próximo lunes día 1 de octubre comienza el año judicial 2018-2019 en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que iniciará sus sesiones con tan sólo ocho miembros, pues el proceso de confirmación de Brett Kavanaugh se ha visto retrasado por la súbita comparecencia de Christine Blasey Ford acusando a Kavanaugh de haber intentado agredirla sexualmente…en 1982.

Precisamente hoy han tenido lugar las declaraciones de denunciante y denunciado en el Comité Judicial del Senado. Al testimonio de Ford, que el New York Times describió como “powerful”, siguió la no menos impactante refutación de Kavanaugh, a quien en esta ocasión el periódico prefiere calificar como “angry and outraged” pero sin atreverse a ofrecer un calificativo para el impresionante alegato de una persona que entonó una sólida defensa de su honorabilidad y de su inocencia. En su lugar, prefirió centrarse en las acusaciones que el juez vertió hacia el Senado, llegando a calificar el proceso como una “desgracia nacional.”

Hoy en día nadie puede, lógicamente, atreverse a poner la mano en el fuego por nada, pero como hemos indicado en nuestro anterior post, existen numerosos puntos oscuros en la acusación que el testimonio de la denunciante en modo alguno contribuye a aclarar. De igual forma, el testimonio de Kavanaugh tampoco se corresponde con la respuesta de un agresor, en cuanto ni ridiculiza ni ataca a la denunciante, limitándose a cuestionar la veracidad de sus acusaciones.

Y es que, en efecto, Kavanaugh reconoció en sus declaraciones que toda mujer que denuncie una agresión sexual debe ser necesariamente escuchada, porque, según dijo, “nada hay más grave que una agresión sexual”; pero incide también que la exigencia del rule of law impone necesariamente escuchar de igual forma a la persona denunciada. Kavanaugh se mostró firme y seguro, y evidenciaba tanto en su forma como en su tono una ira contenida por la situación, quebrándosele la voz al borde del llanto cuando hizo público que la noche anterior a la declaración, la propia hija del juez pidió le pidió “rezar por la doctora Blasey.” El juez afirmó que: “Mi familia y mi nombre han sido total e irremisiblemente destruidos por acusaciones falsas”, y fue aún más lejos al manifestar: “podrán derrotarme en la votación final, pero no lograrán que me retire.” No me resisto a indicar que Kavanaugh relató un episodio poco conocido: una de sus mejores amigas sufrió una agresión sexual y la persona a quien consultó y a quien solicitó ayuda fue precisamente al juez.

Hay demasiados puntos oscuros en los hechos relatados por la Christine Blasey Ford y demasiado partidismo en este asunto. La denunciante reconoció que no relató el asunto absolutamente a nadie, ni tan siquiera a su familia “porque se sentía avergonzada”. Lo cierto es que dicho proceder es cuanto menos extraño, por cuando en estos casos siempre existe al menos una persona en quien la persona agredida acude en busca de ayuda o consejo. También reconoce que había cuatro personas en la casa, una de ellas a quien identificó como “P.J.”, pero ya hemos visto en el post anterior que la persona aludida remitió una carta al Senado negando haber estado en el lugar y reconociendo que ni entonces ni después ha visto a Kavanaugh comportarse de la forma que se describe en la denuncia.

Respeto todas las opiniones, pero me cuesta bastante creer que en septiembre de 2018 súbitamente una persona decida hacer públicos unos hechos ocurridos en 1982, y menos porque “crea su deber” hacerlo para evitar que una persona ocupe un puesto vitalicio……que en realidad ya ocupa desde 2006.

Cuando veía esta noche en el telediario de las nueve el tratamiento de la noticia que daba Antena 3, no pude menos que sonreírme, y eso que ya me esperaba lo peor, dado que el corresponsal en los Estados Unidos de dicha emisora de Televisión, el inefable José Ángel Abad, es una de las personas más siniestras y parciales que he visto en mis ya cuatro décadas y media de existencia. No sólo presentaba el asunto como si estuviese claro y meridiano como el cristal, insinuando (eso sí, muy sibilinamente) que la cuestión estaba prácticamente decidida contra Kavanaugh, sino que se “olvidó” de facilitar a los espectadores un dato esencial altamente ilustrativo y que, cuando menos, debería tenerse en cuenta. Cuando el juez Kennedy hizo pública su renuncia, saltaron a la luz pública tres nombres como sus posibles sustitutos. Uno de ellos era Brett Kavanaugh, pero otro era el de Amy Coney Barrett, jueza del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito. Pues bien, voces del Partido Demócrata manifestaron que no sólo las impecables credenciales jurídicas de Barrett, sino el hecho de ser mujer dificultaría en extremo plantear una oposición radical frente a ella, por lo que los detractores de ésta se refugiaron en sus fuertes creencias católicas y antiabortistas para oponerse a ella.

El dato más relevante, sin embargo, radica en la cronología. Anthony Kennedy anuncia su retirada a finales de junio de 2018. El nombre de Kavanaugh sale a la luz pública como potencial candidato a cubrir su vacante esa misma semana, y el 10 de julio es oficialmente designado como candidato a la vacante. Los procedimientos ante el Senado se fijan para septiembre, y se desarrollan durante los días 4 a 7 de dicho mes. Sin embargo, la primera noticia sobre la presunta agresión cometida por Kavanaugh no tiene lugar hasta el día 12 de septiembre, es decir, ya pasados cuatro días desde el fin del procedimiento. Denuncia que, además, inicialmente es anónima. ¿Por qué se esperó a esa fecha y no se hizo público antes de los inicios del procedimiento senatorial?

Cierto que han aparecido tres acusaciones más (todas ellas tardías y una de ellas anónima), todas ellas por hechos que se remontan a principios de la década de los ochenta. Pero Kavanaugh también aportó el testimonio de mujeres con las que ha trabajado durante los últimos años y que negaron rotundamente que jamás hubiese tenido con ellas comportamiento inapropiado alguno.

Sea como fuere, y aunque se acabe demostrando que la acusación es incierta, el nombre de Brett Kavanaugh ha sido ya arrastrado por el fango y es muy difícil que pueda salir del lodazal.

Quizá Donald Trump se equivocó y debiera haber propuesto como sustituta de Kennedy a Amy Coney Barrett. En este caso, con total seguridad no estaríamos hablando de escándalos sexuales, sino de la imposibilidad que una juez católica y antiabortista pudiese acceder al alto tribunal.

Anuncios

REFLEXIONES PERSONALES SOBRE LAS ACUSACIONES CONTRA BRETT KAVANAUGH.

HVEZQ3VENA3ORCNGFJ35FOP74A

Cuando en 1991 tuvo lugar el proceso de confirmación senatorial de Clarence Thomas para ocupar un asiento en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los acontecimientos se enturbiaron cuando salió a la luz pública que una mujer, Anita Hill, le imputaba haberla acosado sexualmente cuando ambos trabajaban en la Universidad. La acusación saltó a la luz pública durante la confirmación, sobre unos hechos que habían tenido lugar tan sólo diez años antes y que, además, habían provocado una investigación del F.B.I. Tal acontecimiento enturbió las cosas, dado que Anita Hill compareció en el Comité Judicial del Senado, que se vio obligado a aceptar la comparecencia de personas para que testificasen sobre el particular, si bien las declaraciones no fueron concluyentes, dado que unos apoyaron la acusación de Hill mientras que otros la negaron. Lo que parecía una ratificación tranquila se complicó hasta el punto que Thomas se convirtió en juez por el margen más estrecho que se conoce, 52 votos a favor y 48 en contra.

Pues bien, la situación parece repetirse, si bien haciendo bueno el aserto de Carlos Marx respecto a que los acontecimientos se repiten en la historia, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Cuando ya habían concluido la comparecencia de Brett Kavanaugh ante el Comité Judicial del Senado, un diario hizo público que una mujer (que deseaba permanecer en el anonimato) acusaba al candidato a juez de intentar agredirla sexualmente treinta y seis años atrás, cuando en una fiesta del instituto, y encontrándose el entonces jovencísimo Kavanaugh en un estado de embriaguez, intentó abusar de ella. Según se indicaba en la noticia, habría incluso un testigo presencial de los hechos, que se encontraría presente en el momento que Kavanaugh intentó forzar a la joven. Aun cuando la denunciante intentó permanecer en el anonimato, finalmente su identidad salió a la luz, pudiendo comprobarse que se trata de Christine Blaise Ford, una profesora universitaria y antigua compañera de Kavanaugh en el instituto. Según manifiesta Ford, si finalmente ha decidido sacar los hechos a la luz pública es para evitar que Kavanaugh acceda a un puesto de tanta importancia y que, además, es vitalicio.

Evidentemente, toda persona acusada tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero en este caso, hay varios hechos y circunstancias que, sin perjuicio de lo que resulte de una investigación más detallada, inclinan a mirar la acusación con bastante escepticismo. Basta para ello un simple contraste con el caso de Anita Hill acaecido en 1991 para ver que la situación de 2018 difiere en varios puntos.

Primero.- En el caso de Anita Hill, los hechos que denunciaba no eran en absoluto recientes, pero tenían mucha menor lejanía temporal que los denunciados por Ford. En el caso de Clarence Thomas, su presunta agresión habría tenido lugar diez años antes de hacerse pública la denuncia, mientras que en el caso de Kavanaugh el lapso temporal que separa la presunta agresión de la denuncia pública se eleva a treinta y seis.

La justificación esgrimida por Ford acerca del motivo por el que decide romper su silencio (evitar que el presunto agresor ocupe un puesto de gran importancia), se cae por su propio peso. Kavanaugh ostenta, desde el año 2006 (es decir, la friolera de 12 años) la condición de juez federal y en un órgano de no poca importancia, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, precisamente el encargado de conocer las impugnaciones contra actos de las principales agencias administrativas. No es, evidentemente, un órgano tan importante como el Tribunal Supremo, pero por las peculiaridades de la organización judicial estadounidense es quizá el segundo más importante. Y, además, los jueces que lo integran, como todos los de la judicatura federal, tienen carácter vitalicio.

Surgen ya, pues, un primer interrogante. ¿Por qué Christine Blaise Ford guardó silencio en 2006 cuando Kavanaugh hubo de someterse a un procedimiento de confirmación senatorial para acceder a la condición de juez del Tribunal de Apelaciones? No será porque no tuvo oportunidad, puesto que no sólo el caso de Anita Hill en 1991, sino los de Mónica Lewinsky y Paula Jones nada menos que frente al entonces Presidente de los Estados Unidos.

Segundo.-  En el caso de Anita Hill, las acusaciones saltaron a la luz durante el procedimiento de confirmación senatorial, en este caso la prensa saca la “confesión” de Ford una vez finalizado el procedimiento.

Segundo interrogante, pues. ¿Por qué se ha esperado a que finalizase el procedimiento para lanzar la acusación, en vez de hacerlo en el mismo instante de la nominación o incluso una vez iniciado el procedimiento ante el Comité Judicial del Senado?

Tercero.- En el caso de Anita Hill, la persona que hizo públicos los hechos se amparaba en una investigación previa que había efectuado el F.B.I. En el presente caso, no hay investigación alguna.

Cuarto.- Christine Blaise Ford señaló a una persona, Patrick J. Smith, compañero de instituto tanto de aquélla como de Kavanaugh, como testigo de los hechos. Pues bien, éste ha remitido una carta al Comité Judicial del Senado en la que manifiesta, de forma textual, lo siguiente:

Creo que soy la persona que la doctora Christine Blaise Ford ha identificado como la persona que recuerda como “PJ” y que presumiblemente se encontraba presente en la fiesta que describe en su relato al Washington Post […] Emito esta declaración para dejar claro a todos que no tengo conocimiento alguno de la fiesta en cuestión; ni tengo conocimiento alguno de las alegaciones de conducta impropia que ha lanzado contra Kavanaugh […] Personalmente, conozco a Kavanaugh desde el instituto, y se que es una persona de gran integridad, un gran amigo, y jamás he sido testigo de una conducta impropia suya hacia las mujeres

Quinto.- La declaración de varias mujeres que han trabajado junto al juez Kavanaugh durante estos años también desmienten las alegaciones de Ford, puesto que han reconocido que jamás han sufrido ningún tipo no ya de acoso, sino de comportamiento impropio por parte de Kavanaugh.

Kavanaugh ha negado rotundamente los hechos y se ha ofrecido a comparecer nuevamente ante el Comité Judicial del Senado. El presidente Trump ha defendido a su candidato, de quien ha dicho que es un brillantísimo jurista (aspecto éste que nadie ha cuestionado) y que estas acusaciones han hecho mella en él, puesto que está pasando unos días ciertamente difíciles.

El ser humano es por naturaleza falible y, por tanto, únicamente puede analizar los hechos y extraer consecuencias de los mismos. En este caso, donde no es posible acreditar de forma objetiva una acusación, no podemos más que emitir una simple hipótesis basada en los acontecimientos objetivamente demostrables.

A los anteriores acontecimientos, limitados estrictamente a los antecedentes fácticos del caso concreto, hay que añadir otro de naturaleza política. El Partido Demócrata no perdona que el Senado bloquease el procedimiento de confirmación de Merrick Garland en 2016, impidiendo a Obama nombrar al sustituto de Antonin Scalia, nombramiento que finalmente pudo efectuar Trump. Y, dado que el Partido Demócrata carece de mayoría en el Senado para bloquear el nombramiento o para impedir la votación, tendría que producirse un acontecimiento de primera magnitud para impedir elevar al pleno la decisión final en lo que al nombramiento respecta.

A la vista de todo lo anterior, la hipótesis más factible es que todo se trata de una maniobra para dilatar la votación en el pleno del Senado.

EL PAPEL DE LA HISTORIA EN LA INTERPRETACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS.

law-books-old1

A la hora de sumergirme en los documentos aportados por el juez Brett Kavanaugh en su proceso de confirmación ante el Senado, pude comprobar que el 4 de noviembre de 2011 participó en una mesa redonda cuyo título era de por sí significativo: The role of history in interpretation (el papel de la historia en la interpretación). En realidad, se trataba de un coloquio en el que participaban seis jueces federales pertenecientes a distintos Tribunales de Apelación (es decir, el escalón o nivel intermedio en la planta judicial de los Estados Unidos) y en el que se trataba de verificar si era o no útil acudir a instrumentos históricos a la hora de interpretar un texto normativo, si bien se focalizaba casi todo en la propia Constitución de 1787.

En nuestro país, desgraciadamente los jueces prescinden absolutamente de acudir a estos elementos que, sin embargo, en la otra orilla del Atlántico son de uso casi podríamos decir que cotidiano. En su intervención inicial, con la que abría la mesa redonda, el juez Frank H. Eastbrook planteaba muy lúcidamente la cuestión apuntando a dos ideas básicas: la importancia del texto aprobado y la necesidad de contextualizar histórica y socialmente el mismo:

Me importa el significado público original de los textos legales. Lo que vincula es el texto que ha sido aprobado de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para su adopción, y no las intenciones, planes o deseos de nadie.

 

Para desentrañar el significado, es necesario comprender cómo la comunidad que aprobó el texto entiende o entendía el texto […] Es necesario tener en cuenta qué entendía la comunidad porque el lenguaje (el significado del lenguaje y su contexto) cambia.

Por ello, Eastbrook considera que aducir a los debates constituyentes de 1787 no aporta nada a la hora de interpretar los preceptos constitucionales, si bien sí pueden servir como elemento para situar en su debido marco temporal determinadas expresiones, palabras o vocablos. Algo en lo que coincide el juez Charles F. Lettow, quien resume atinadamente en tan sólo cinco palabras la conclusión alcanzada y en la cual todos los jueces coinciden de forma unánime: “el contexto lo es todo.”

La juez Diane P. Wood manifestaba que aun cuando el uso de materiales históricos es algo necesario, rara vez se plantean casos en los niveles inferiores de la jurisdicción federal que precisen de ello, si bien en el vértice o cúspide de la planta judicial, es decir, en el Tribunal Supremo, es harto habitual el uso de materiales como los debates constituyentes, citas de El Federalista o incluso material procedente de los padres fundadores. Tan es así que otro de los jueces, Jeffrey S. Sutton manifiesta de forma tajante al respecto:

Como abogado, no tiene elección. Ha de conocer y manejar la historia. Hoy en día, en el Tribunal Supremo si vence en el argumento histórico, gana dos votos en materia constitucional

Y ello porque los nueve jueces del Tribunal Supremo utilizan la historia como criterio interpretativo, si bien, como apunta Sutton, la diferencia entre unos y otros jueces es que, iniciando el viaje interpretativo en un mismo punto de partida, sin embargo no se detienen en la misma estación:

Los nueve jueces son originalistas en un sentido. Cada uno de ellos desea conocer cual fue el significado original. Puede ser un punto de partida para unos mientras que es un punto de llegada para otros. Pero los nueve desean conocer el marco inicial de referencia, como demuestra la sentencia Heller.

En este punto entra en liza el juez Brett Kavanaugh para explicitar su ideario, que pasa por declarar la absoluta vinculación no sólo de los jueces, sino de todos los poderes públicos al texto normativo, exponiendo cual fue la finalidad última de los constituyentes de 1787.

El texto del documento no es algo que se supone debemos leer tan sólo por mero interés. Es derecho, y es derecho vinculante. Como dice el artículo sexto, es el supremo derecho del país y nos vincula. Tales palabras de la constitución vinculan a las tres ramas del gobierno federal, no sólo a los jueces

 

¿Qué ocurrió en aquel verano de 1787?

 

¿Para qué se reunieron? ¿Qué nos dicen esos debates sobre los que estamos hablando? Bien, nos muestran a un grupo de personas que estaban intentando erigir una estructura de gobierno. No estaban pensando inicial o principalmente en una declaración de derechos. De hecho, el texto original de la Constitución no contenía una declaración y tan sólo contemplaba algunos derechos individuales en las secciones novena y décima del artículo primero.

 

Hablaban de estructura. ¿Por qué? Porque pensaban que era importante para la protección de la libertad individual. No es que no les importase la libertad. Reconocían que una declaración de derechos no protegería la libertad sin una estructura que los protegiese, sin una separación de poderes.

Lo que implícitamente está diciendo Kavanaugh es que el principio básico e indispensable a la hora de interpretar la Constitución es la protección de las libertades individuales. Por tanto, ha de protegerse al individuo frente al gobierno. A las libertades, frente al poder.

Aun cuando nos encontramos ante sistemas jurídicos muy diferentes, considero que algunas de las conclusiones a las que llegaron los seis jueces norteamericanos no son incompatibles, extrañas o imposibles de aplicar en nuestro ordenamiento jurídico.

 

Primero.- A la hora de interpretar un texto legal ha de partirse, evidentemente, de la interpretación textual, o, por utilizar la expresión del Código Civil, “el sentido propio de las palabras.” Ahora bien, ha de situarse la norma en el contexto histórico-social en el que fue aprobada, por cuanto el significado de las palabras varía, en ocasiones de forma notable.

Valgan dos ejemplos concretos. Si hoy en día nos referimos a una persona calificándola de “marrano”, evidentemente estamos diciendo que ésta es una “persona sucia y desaseada” o “grosera y sin modales” y no deja de ser una mera calificación peyorativa; pero en nuestros siglos de oro, referirse a alguien con tal calificativo era algo muy grave que podría traer consecuencias indeseadas pera el destinatario de tal calificación, pues dicho vocablo describía al “judío que después de haber sido bautizado por grado o por la fuerza volvía al judaísmo” (acepción que, con carácter residual, mantiene el Diccionario de la Real Academia Española en su última edición). Otro ejemplo, esta vez algo más jurídico, lo tenemos en la expresión “buen padre de familia”, tantas veces utilizado en el código civil. ¿Obra con diligencia de un buen padre de familia aquél que, para corregir disciplinariamente a sus hijos, les propina de vez en cuando un sonoro bofetón o les impone determinadas restricciones? Parece evidente que para los redactores del Código Civil el castigo físico no era algo que privase a un individuo de tal calificación, mientras que hoy en día difícilmente se englobaría en dicho concepto a quien propinase a sus hijos el más leve pescozón.

De ahí la necesidad de contextualizar, tanto en el momento histórico como en el ordenamiento jurídico, un texto normativo. Porque a la hora de desentrañar el sentido último de un texto legal, ha de darse respuesta a dos interrogantes: qué pretendía sancionar la norma interpretada; y, en segundo lugar, si en la actualidad los vocablos o conceptos tienen el mismo significado que en el momento de su aprobación.

No obstante, soy bastante pesimista en cuanto al uso de la historia por parte de la comunidad jurídica en general. Y mi experiencia personal al respecto es bastante triste, pues en las ocasiones en que a la hora de buscar el sentido a un texto legal muy concreto acudí precisamente a tales criterios para buscar el sentido (y no se crean que fue demasiado extensa la argumentación en tal sentido, sino únicamente cinco líneas y media), la respuesta ofrecida por determinada Sección de determinada Sala de determinado Tribunal Superior demostró que el ponente debió saltarse toda la argumentación, si no es que se saltó la lectura de todo el escrito.

 

Segundo.- Tanto a uno como a otro lado del Atlántico el objetivo último del constitucionalista fue asegurar la libertad individual mediante la limitación del poder público. Este es un principio interpretativo que debería imperar no sólo allende los mares. No obstante, a lo largo de dos siglos de historia constitucional, en nuestro país los jueces en general se han sentido mucho más cómodos inclinando la cerviz frente al poder, a no ser que éste les pise los callos hasta unos extremos difícilmente tolerables incluso hasta para quien opta por la sumisión voluntaria. La frase con la que Jesús González Pérez abre su imprescindible obra La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y en la que constata el histórico respeto que en nuestro país ha tenido la judicatura con quienes detentan en cada momento el poder, frase que el autor no ha suprimido ni rectificado en las sucesivas ediciones, vale por todo un tratado sobre la historia del control (en este caso, la ausencia real -que no nominal-) del poder público en nuestro país. Buena prueba de ello es que uno sabe que cuando el poder, en su condición de demandado, utiliza uno de los comodines más infalibles de la baraja, “interés general“, el tercero de los poderes baja la guardia. El principio de libertad individual pasa a un segundo plano y de lo que se trata es de proteger al poder, a quien siempre se considera, pese a sus enormes privilegios y potestades, como menor de edad.

 

 

BRETT KAVANAUGH Y LA “GISBURN RULE”

kavanaugh_hearing3

A lo largo de la pasada semana tuvieron lugar las vistas en el seno del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos tendentes a verificar si dicho órgano acuerda elevar al pleno de la Cámara la votación a efectos de que ésta ratifique a Brett Kavanaugh como sustituto del juez Anthony Kennedy en el Tribunal Supremo. Han sido cuatro largos días de septiembre, donde el Comité ha tenido que analizar casi cinco mil documentos, comprobar informes acerca de la cualificación profesional del candidato así como examinar testigos tanto favorables como adversos. Vamos, igualito que en nuestro país.

El actual chief justice Roberts dio hace apenas un par de años un toque de atención a la clase política, indicando que las confirmaciones senatoriales de los últimos años se estaban apartando de lo que deberían ser (es decir, un análisis de la cualificación profesional del candidato) para convertirse en una prolongación de la batalla política. Se ha criticado que el Kavanaugh no diera respuesta a preguntas de senadores en las cuales se le planteaban hipotéticos asuntos que podrían llegar al máximo órgano judicial, a lo que aquél, amparándose en el precedente de los “ocho jueces que actualmente sirven en el Tribunal, que han actuado de la misma manera cuando se sentaron aquí”, declinó amablemente responder a “cuestiones hipotéticas.” La prensa norteamericana, al igual que la española, han interpretado esta opción como una evasiva o intento de evitar ofrecer sus puntos de vista. Pero la memoria es tan olvidadiza que se omite la denominación con la que es conocida en el argot político estadounidense esa posibilidad de guardar silencio sobre cuestiones hipotéticas y la negativa a manifestar puntos de vista personales. Tal opción se conoce como la Gisburn rule.

En 1993, el presidente Clinton propuso a Ruth Bader Gisburn como candidata a juez del Tribunal Supremo. En sus comparecencias ante el Comité Judicial del Senado, fue preguntada expresamente por su trayectoria como letrada de la ACLU (American Civil Liberties Union) y por diversas manifestaciones suyas que permitían inferir sus posiciones aparentemente radicales en ciertos puntos, que la situaban en el extremo izquierdo del arco ideológico. Gisburn se negó a responder a preguntas relativas a su opinión personal en asuntos que pudieran finalizar su andadura jurídica en el Tribunal Supremo. El entonces presidente del Comité, el senador Joe Biden (nombre sin duda familiar al público, pues fue el vicepresidente de los Estados Unidos durante los dos mandatos presidenciales de Barack Obama) sostuvo que, en efecto, Gisburn no estaba obligada a dar respuesta a esos interrogantes.

Pero los tiempos cambian, o mejor dicho, la preferencia por unos candidatos en beneficio de otros hace que se relaje o se aumente el rigor de ciertos principios. Así, el Washington Post, al hacerse eco en su día de la nominación de Kavanaugh, lo hacía con este impagable titular: “The Gisburn Rule is not an excuse to avoid answering the Senate´s questions.” Es muy curioso que tan prestigioso diario no tuviese a bien sostener ese principio en los procedimientos de confirmación de las dos jueces nombradas a propuesta de Barack Obama. Pero es que, además, en el cuerpo de la noticia se menciona de forma expresa el Model Code of Judicial Conduct, aprobado por la American Bar Association, que prohíbe a los jueces dar respuesta a interrogantes que puedan comprometer su independencia en futuros asuntos que puedan llegar a sus manos.

Por cierto, el informe emitido por la American Bar Association en relación a Kavanaugh, ha otorgado a éste la más alta cualificación profesional. De la misma forma, el pensamiento de Kavanaugh, al igual que todos los jueces que le han precedido, puede extraerse de sus intervenciones, ponencias, conferencias, entrevistas, artículos, sentencias y votos particulares, todos los cuales, por cierto, integran el expediente de confirmación.

Una cosa sí que preocupa a determinados sectores. Brett Kavanaugh desde el punto de vista jurídico se engloba entre los denominados anti-regulatory, es decir, juristas contrarios al excesivo nivel de regulación administrativa que existe actualmente en los Estados Unidos, y que consideran como una amenaza directa a la libertad individual, principio éste básico sobre el que se articuló desde su propio nacimiento dicha nación. En definitiva, se trata de reducir el papel de la Administración para garantizar la libertad del individuo.

Ojalá que esa tendencia empezara a arraigar pronto en nuestro país, donde dentro de poco la Administración empezará a fijar hasta los niveles máximos de micción diaria que puede efectuar un ciudadano.

ENSEÑANZAS QUE NOS LEGA AL MUNDO DE HOY EL CASO CHISHOLM v. GEORGIA (1793)

first-meeting-of-u-s-supreme-court1-612x300

El 18 de febrero de 1793, se produjo un acontecimiento que cayó como una bomba en los distintos entes territoriales que integraban los Estados Unidos de América del Norte, que apenas habían estrenado su andadura bajo el nuevo texto constitucional aprobado en 1787, cuyo funcionamiento había comenzado en marzo de 1789. En la mencionada fecha, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública su sentencia en el caso Chisholm v. Georgia, en virtud del cual rechazaba las tesis esgrimidas por los defensores de la inmunidad estatal y resolvía que, a efectos procesales, los estados no eran soberanos a efectos de poder ser enjuiciados ante la jurisdicción federal.

El Tribunal Supremo había operado de forma muy prudente y garantista, pero firme. El attorney general, Edmund Randolph, que en el presente caso actuaba como abogado particular del demandante, había sido muy claro a la hora de plantear el asunto, mientras que el estado de Georgia había rehusado comparecer alegando la inmunidad que su soberanía le otorgaba. El Tribunal Supremo consideraba el asunto tan importante que, de forma harto excepcional, hizo saber a todos los miembros de la comunidad letrada habilitados para ejercer en dicho órgano que, dada la importancia de la causa, los magistrados facilitarían que si cualquier abogado quisiera defender las posiciones del estado de Georgia, le sería permitido hacerlo dada la importancia de la causa. Ningún letrado recogió el guante. Y el 18 de febrero, estalló el conflicto cuando los cinco integrantes del Tribunal Supremo hicieron público su parecer. Curiosamente, el primero en hacerlo fue el único discrepante, James Iredell, quien se mostró favorable a las tesis de inmunidad soberana de Georgia. Por el contrario, John Blair, James Wilson, William Cushing y el chief justice John Jay rechazaron de forma tajante dicha inmunidad y sostuvieron la posibilidad de que Georgia fuese demandada en la jurisdicción federal. Para ello se amparaban en la sección segunda del artículo tercero del texto constitucional, que extendía la jurisdicción de los órganos del poder judicial estadounidense a asuntos “entre un estado y los ciudadanos de otro estado”. James Wilson fue el más tajante, al afirmar que a los efectos de la Constitución de los Estados Unidos “Georgia NO es un estado soberano”, mientras que el chief justice Jay pronunció, según las palabras de un corresponsal, “una de las sentencias más brillantes y fundamentadas que se han visto jamás en un Tribunal de Justicia.”

Evidentemente, al estado de Georgia la resolución judicial le sentó como un tiro, pues es humanamente comprensible que quien pierda una batalla en un órgano jurisdiccional no se lo tome precisamente a bien. Y aunque en caliente se planteó aprobar una resolución del máximo órgano legislativo estatal acordando desobedecer la sentencia del Tribunal Supremo, finalmente optó por actuar de una forma mucho más racional y acertada. El Tribunal Supremo era la máxima institución judicial y no era cuestión de desautorizarlo a nivel de órganos federales o estatales, y la única posibilidad de hacerlo era modificando el texto constitucional. Así, pues, varios estados plantearon que, siguiendo estrictamente el procedimiento de reforma constitucional recogido en la sección quinta de la Constitución, se reformase ésta en el sentido de constitucionalizar las tesis de inmunidad estatal sostenidas por el estado de Georgia. Así, propuso una reforma constitucional que pasaría a ser la undécima enmienda, siendo ratificada ésta por una amplia mayoría en la Cámara de Representantes (81 votos a favor y nueve en contra) y en el Senado (23 votos a favor y tan sólo dos en contra), siendo ulteriormente ratificado por los distintos estados.

Así, siguiendo estrictamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en la sección quinta, el 7 de febrero de 1795 (es decir, tan sólo dos años después del fallo judicial) entró en vigor la undécima enmienda constitucional, con el siguiente texto:

El poder judicial de los Estados Unidos no podrá conocer de ningún pleito en derecho o equidad, iniciado o seguido frente a uno de los estados por ciudadanos de otro estado, o por ciudadanos o súbditos de un estado extranjero.

La plasmación de tal principio a mismo nivel constitucional hizo que el Tribunal Supremo aplicase la misma y, por tanto, dejase de conocer asuntos de ese tipo.

La única forma, pues, de dejar sin efecto la doctrina de la sentencia Chisholm v. Georgia fue una reforma constitucional, que se hizo siguiendo escrupulosamente el procedimiento fijado en la propia Constitución para su reforma.

La lección histórica que nos ofrece el supuesto anterior es muy ilustrativa. El estado de Georgia no optó por desobedecer al Tribunal Supremo (se lo planteó en caliente, pero reflexionó y dio marcha atrás), y ninguna de las instituciones federales manifestó que darían la palabra a los ciudadanos de Georgia para que se pronunciasen al respecto. Por el contrario, se utilizaron los instrumentos que el propio texto constitucional facilitaba para su reforma, que fue ratificada no sólo por el legislativo estatal, sino por todos y cada uno de los estados miembros.

EL IUS PUNIENDI EXPLICADO CLARAMENTE POR DOS PADRES FUNDADORES.

220px-JamesIredell

El 26 de abril de 1792, James Iredell, un brillantísimo jurista que desde marzo de 1790 ostentaba la condición de juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se dirigía al gran jurado del Tribunal de Circuito para el Distrito de Georgia, dado que en aquellos tiempos los integrantes del más alto órgano jurisdiccional de los Estados Unidos habían de ejercer como jueces de circuito. Pues bien, en su discurso enfatizaba la necesidad, por muy dolorosa que fuese, de aplicar las leyes penales y castigar a los ciudadanos que hubiesen cometido un delito tipificado como tal en las mismas, algo que consideraba como una exigencia básica de toda sociedad civilizada. Ahora bien, también alertaba que dicha prerrogativa debía ser ejercitada con sumo cuidado y prudencia, a la vez que justificaba los motivos por los que la declaración de culpabilidad de un acusado estaba mucho mejor depositada en las manos de un jurado que en las de un juez. Transcribimos, a continuación, el primer párrafo del discurso, que pese a haber sido pronunciado hace 225 años, continúa manteniendo toda la frescura y la vigencia:

De entre los varios deberes que los ciudadanos de los Estados Unidos están llamados ocasionalmente a ejercitar, ninguno es de tanta importancia, o de tanta dignidad, como el que están llamados a desempeñar. Un gobierno fundado en los adecuados principios de libertad, se encargará de encontrar al culpable y asegurar al inocente. Considerará, por una parte, que la seguridad del bien depende del castigo de los elementos indeseables de la sociedad; y, por otra parte, cómo las acciones de muchos individuos son malinterpretadas, y lo necesario que es, por tanto, investigar cada delito de la forma más completa, atenta e imparcial. Esta obligación, si fuera atribuida a magistrados inamovibles, podría frecuentemente ser utilizada (como así ha sido en otros países) para propósitos de la más alta opresión; el culpable podría ser escrutado a través del favor o la corrupción, y el inocente podría ser el sacrificio de la malicia o la mala voluntad. Pero, atribuyendo esta horrible pero importante atribución en ciudadanos ocasionalmente extraídos del cuerpo de sus conciudadanos, en la forma más incuestionada que las circunstancias permitan, y quienes ejercitan la misma una sola vez, hay razones para esperar que dicho poder será menos susceptible de abuso como la naturaleza de las cosas lo permita. Un pueblo libre e ilustrado, por su propio bien, no pasará por alto la necesidad de asegurar la observancia de las leyes aprobadas por el mutuo consentimiento y para el bienestar común de todos; y al mismo tiempo, sabrán y sentirán la importancia de rechazar las acusaciones insustanciales ya provengan de la ignorancia o la malevolencia, al estar fuertemente convencidos de este interesante sentimiento, que no sólo la vida, la libertad y la propiedad de cada ciudadano exigen la más sagrada protección, cuando se vulneran las leyes de su país, sino que su reputación cuando menos mientras la merezca, debe preservarse inviolada en la medida de lo posible.

En pocas ocasiones se habrán explicado con menos palabras los fundamentos del ius puniendi, los requisitos para su ejercicio y la justificación de la necesidad de leyes penales para la protección de los derechos más sagrados de los ciudadanos, que en un eco lockeano, se condensan en la vida, la libertad y la propiedad.

Pero es que tan sólo un par de años antes, el 12 de abril de 1790, John Jay, por entonces presidente del Tribunal Supremo, dirigiéndose como juez de circuito al gran jurado del distrito de Nueva York, tras exponer unas ideas similares sobre la justificación de la potestad punitiva del estado, efectuaba unas reflexiones sobre la finalidad del castigo impuesto al culpable:

La finalidad del castigo, sin embargo, no es la expiación de las ofensas, sino que por vía del ejemplo se logre que los hombres no reincidan en dicha conducta. Para ello, tanto la política como la moralidad requieren no sólo que el castigo sea proporcional a la culpa, sino que todos los procedimientos contra personas acusadas o sospechosas, deben acompañarse de la reflexión de que pueden ser inocentes. Por ello es adecuado que una desapasionada y cuidadosa investigación preceda a esos rigores que la Justicia exige, y que deben siempre ser temperadas con tanta humanidad y benevolencia como la naturaleza de tales casos pueda admitir.

Son palabras emanadas de excelentes juristas y pronunciadas en los albores del nacimiento de un país, los Estados Unidos, que apenas gozaba de un trienio de existencia del nuevo régimen constitucional. Y esas palabras que dos de los jueces del Tribunal Supremo dirigían a ciudadanos del común que integraban un gran jurado, no han perdido su vigencia transcurridos dos siglos. Mucho ha cambiado formalmente el mundo en estos dos siglos y cuarto que nos separan de aquella época, pero esas lúcidas y atinadísimas palabras sobre el fundamento tanto del ius puniendi continúan siendo perfectamente aplicables al mundo de hoy.

Creo que nada mejor que esas lucidísimas del chief justice John Jay y del associate justice James Iredell para dar la bienvenida a todos los lectores al nuevo año judicial.