EL IUS PUNIENDI EXPLICADO CLARAMENTE POR DOS PADRES FUNDADORES.

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El 26 de abril de 1792, James Iredell, un brillantísimo jurista que desde marzo de 1790 ostentaba la condición de juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se dirigía al gran jurado del Tribunal de Circuito para el Distrito de Georgia, dado que en aquellos tiempos los integrantes del más alto órgano jurisdiccional de los Estados Unidos habían de ejercer como jueces de circuito. Pues bien, en su discurso enfatizaba la necesidad, por muy dolorosa que fuese, de aplicar las leyes penales y castigar a los ciudadanos que hubiesen cometido un delito tipificado como tal en las mismas, algo que consideraba como una exigencia básica de toda sociedad civilizada. Ahora bien, también alertaba que dicha prerrogativa debía ser ejercitada con sumo cuidado y prudencia, a la vez que justificaba los motivos por los que la declaración de culpabilidad de un acusado estaba mucho mejor depositada en las manos de un jurado que en las de un juez. Transcribimos, a continuación, el primer párrafo del discurso, que pese a haber sido pronunciado hace 225 años, continúa manteniendo toda la frescura y la vigencia:

De entre los varios deberes que los ciudadanos de los Estados Unidos están llamados ocasionalmente a ejercitar, ninguno es de tanta importancia, o de tanta dignidad, como el que están llamados a desempeñar. Un gobierno fundado en los adecuados principios de libertad, se encargará de encontrar al culpable y asegurar al inocente. Considerará, por una parte, que la seguridad del bien depende del castigo de los elementos indeseables de la sociedad; y, por otra parte, cómo las acciones de muchos individuos son malinterpretadas, y lo necesario que es, por tanto, investigar cada delito de la forma más completa, atenta e imparcial. Esta obligación, si fuera atribuida a magistrados inamovibles, podría frecuentemente ser utilizada (como así ha sido en otros países) para propósitos de la más alta opresión; el culpable podría ser escrutado a través del favor o la corrupción, y el inocente podría ser el sacrificio de la malicia o la mala voluntad. Pero, atribuyendo esta horrible pero importante atribución en ciudadanos ocasionalmente extraídos del cuerpo de sus conciudadanos, en la forma más incuestionada que las circunstancias permitan, y quienes ejercitan la misma una sola vez, hay razones para esperar que dicho poder será menos susceptible de abuso como la naturaleza de las cosas lo permita. Un pueblo libre e ilustrado, por su propio bien, no pasará por alto la necesidad de asegurar la observancia de las leyes aprobadas por el mutuo consentimiento y para el bienestar común de todos; y al mismo tiempo, sabrán y sentirán la importancia de rechazar las acusaciones insustanciales ya provengan de la ignorancia o la malevolencia, al estar fuertemente convencidos de este interesante sentimiento, que no sólo la vida, la libertad y la propiedad de cada ciudadano exigen la más sagrada protección, cuando se vulneran las leyes de su país, sino que su reputación cuando menos mientras la merezca, debe preservarse inviolada en la medida de lo posible.

En pocas ocasiones se habrán explicado con menos palabras los fundamentos del ius puniendi, los requisitos para su ejercicio y la justificación de la necesidad de leyes penales para la protección de los derechos más sagrados de los ciudadanos, que en un eco lockeano, se condensan en la vida, la libertad y la propiedad.

Pero es que tan sólo un par de años antes, el 12 de abril de 1790, John Jay, por entonces presidente del Tribunal Supremo, dirigiéndose como juez de circuito al gran jurado del distrito de Nueva York, tras exponer unas ideas similares sobre la justificación de la potestad punitiva del estado, efectuaba unas reflexiones sobre la finalidad del castigo impuesto al culpable:

La finalidad del castigo, sin embargo, no es la expiación de las ofensas, sino que por vía del ejemplo se logre que los hombres no reincidan en dicha conducta. Para ello, tanto la política como la moralidad requieren no sólo que el castigo sea proporcional a la culpa, sino que todos los procedimientos contra personas acusadas o sospechosas, deben acompañarse de la reflexión de que pueden ser inocentes. Por ello es adecuado que una desapasionada y cuidadosa investigación preceda a esos rigores que la Justicia exige, y que deben siempre ser temperadas con tanta humanidad y benevolencia como la naturaleza de tales casos pueda admitir.

Son palabras emanadas de excelentes juristas y pronunciadas en los albores del nacimiento de un país, los Estados Unidos, que apenas gozaba de un trienio de existencia del nuevo régimen constitucional. Y esas palabras que dos de los jueces del Tribunal Supremo dirigían a ciudadanos del común que integraban un gran jurado, no han perdido su vigencia transcurridos dos siglos. Mucho ha cambiado formalmente el mundo en estos dos siglos y cuarto que nos separan de aquella época, pero esas lúcidas y atinadísimas palabras sobre el fundamento tanto del ius puniendi continúan siendo perfectamente aplicables al mundo de hoy.

Creo que nada mejor que esas lucidísimas del chief justice John Jay y del associate justice James Iredell para dar la bienvenida a todos los lectores al nuevo año judicial.

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