BRETT KAVANAUGH Y LA “GISBURN RULE”

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A lo largo de la pasada semana tuvieron lugar las vistas en el seno del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos tendentes a verificar si dicho órgano acuerda elevar al pleno de la Cámara la votación a efectos de que ésta ratifique a Brett Kavanaugh como sustituto del juez Anthony Kennedy en el Tribunal Supremo. Han sido cuatro largos días de septiembre, donde el Comité ha tenido que analizar casi cinco mil documentos, comprobar informes acerca de la cualificación profesional del candidato así como examinar testigos tanto favorables como adversos. Vamos, igualito que en nuestro país.

El actual chief justice Roberts dio hace apenas un par de años un toque de atención a la clase política, indicando que las confirmaciones senatoriales de los últimos años se estaban apartando de lo que deberían ser (es decir, un análisis de la cualificación profesional del candidato) para convertirse en una prolongación de la batalla política. Se ha criticado que el Kavanaugh no diera respuesta a preguntas de senadores en las cuales se le planteaban hipotéticos asuntos que podrían llegar al máximo órgano judicial, a lo que aquél, amparándose en el precedente de los “ocho jueces que actualmente sirven en el Tribunal, que han actuado de la misma manera cuando se sentaron aquí”, declinó amablemente responder a “cuestiones hipotéticas.” La prensa norteamericana, al igual que la española, han interpretado esta opción como una evasiva o intento de evitar ofrecer sus puntos de vista. Pero la memoria es tan olvidadiza que se omite la denominación con la que es conocida en el argot político estadounidense esa posibilidad de guardar silencio sobre cuestiones hipotéticas y la negativa a manifestar puntos de vista personales. Tal opción se conoce como la Gisburn rule.

En 1993, el presidente Clinton propuso a Ruth Bader Gisburn como candidata a juez del Tribunal Supremo. En sus comparecencias ante el Comité Judicial del Senado, fue preguntada expresamente por su trayectoria como letrada de la ACLU (American Civil Liberties Union) y por diversas manifestaciones suyas que permitían inferir sus posiciones aparentemente radicales en ciertos puntos, que la situaban en el extremo izquierdo del arco ideológico. Gisburn se negó a responder a preguntas relativas a su opinión personal en asuntos que pudieran finalizar su andadura jurídica en el Tribunal Supremo. El entonces presidente del Comité, el senador Joe Biden (nombre sin duda familiar al público, pues fue el vicepresidente de los Estados Unidos durante los dos mandatos presidenciales de Barack Obama) sostuvo que, en efecto, Gisburn no estaba obligada a dar respuesta a esos interrogantes.

Pero los tiempos cambian, o mejor dicho, la preferencia por unos candidatos en beneficio de otros hace que se relaje o se aumente el rigor de ciertos principios. Así, el Washington Post, al hacerse eco en su día de la nominación de Kavanaugh, lo hacía con este impagable titular: “The Gisburn Rule is not an excuse to avoid answering the Senate´s questions.” Es muy curioso que tan prestigioso diario no tuviese a bien sostener ese principio en los procedimientos de confirmación de las dos jueces nombradas a propuesta de Barack Obama. Pero es que, además, en el cuerpo de la noticia se menciona de forma expresa el Model Code of Judicial Conduct, aprobado por la American Bar Association, que prohíbe a los jueces dar respuesta a interrogantes que puedan comprometer su independencia en futuros asuntos que puedan llegar a sus manos.

Por cierto, el informe emitido por la American Bar Association en relación a Kavanaugh, ha otorgado a éste la más alta cualificación profesional. De la misma forma, el pensamiento de Kavanaugh, al igual que todos los jueces que le han precedido, puede extraerse de sus intervenciones, ponencias, conferencias, entrevistas, artículos, sentencias y votos particulares, todos los cuales, por cierto, integran el expediente de confirmación.

Una cosa sí que preocupa a determinados sectores. Brett Kavanaugh desde el punto de vista jurídico se engloba entre los denominados anti-regulatory, es decir, juristas contrarios al excesivo nivel de regulación administrativa que existe actualmente en los Estados Unidos, y que consideran como una amenaza directa a la libertad individual, principio éste básico sobre el que se articuló desde su propio nacimiento dicha nación. En definitiva, se trata de reducir el papel de la Administración para garantizar la libertad del individuo.

Ojalá que esa tendencia empezara a arraigar pronto en nuestro país, donde dentro de poco la Administración empezará a fijar hasta los niveles máximos de micción diaria que puede efectuar un ciudadano.

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