EL PAPEL DE LA HISTORIA EN LA INTERPRETACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS.

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A la hora de sumergirme en los documentos aportados por el juez Brett Kavanaugh en su proceso de confirmación ante el Senado, pude comprobar que el 4 de noviembre de 2011 participó en una mesa redonda cuyo título era de por sí significativo: The role of history in interpretation (el papel de la historia en la interpretación). En realidad, se trataba de un coloquio en el que participaban seis jueces federales pertenecientes a distintos Tribunales de Apelación (es decir, el escalón o nivel intermedio en la planta judicial de los Estados Unidos) y en el que se trataba de verificar si era o no útil acudir a instrumentos históricos a la hora de interpretar un texto normativo, si bien se focalizaba casi todo en la propia Constitución de 1787.

En nuestro país, desgraciadamente los jueces prescinden absolutamente de acudir a estos elementos que, sin embargo, en la otra orilla del Atlántico son de uso casi podríamos decir que cotidiano. En su intervención inicial, con la que abría la mesa redonda, el juez Frank H. Eastbrook planteaba muy lúcidamente la cuestión apuntando a dos ideas básicas: la importancia del texto aprobado y la necesidad de contextualizar histórica y socialmente el mismo:

Me importa el significado público original de los textos legales. Lo que vincula es el texto que ha sido aprobado de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para su adopción, y no las intenciones, planes o deseos de nadie.

 

Para desentrañar el significado, es necesario comprender cómo la comunidad que aprobó el texto entiende o entendía el texto […] Es necesario tener en cuenta qué entendía la comunidad porque el lenguaje (el significado del lenguaje y su contexto) cambia.

Por ello, Eastbrook considera que aducir a los debates constituyentes de 1787 no aporta nada a la hora de interpretar los preceptos constitucionales, si bien sí pueden servir como elemento para situar en su debido marco temporal determinadas expresiones, palabras o vocablos. Algo en lo que coincide el juez Charles F. Lettow, quien resume atinadamente en tan sólo cinco palabras la conclusión alcanzada y en la cual todos los jueces coinciden de forma unánime: “el contexto lo es todo.”

La juez Diane P. Wood manifestaba que aun cuando el uso de materiales históricos es algo necesario, rara vez se plantean casos en los niveles inferiores de la jurisdicción federal que precisen de ello, si bien en el vértice o cúspide de la planta judicial, es decir, en el Tribunal Supremo, es harto habitual el uso de materiales como los debates constituyentes, citas de El Federalista o incluso material procedente de los padres fundadores. Tan es así que otro de los jueces, Jeffrey S. Sutton manifiesta de forma tajante al respecto:

Como abogado, no tiene elección. Ha de conocer y manejar la historia. Hoy en día, en el Tribunal Supremo si vence en el argumento histórico, gana dos votos en materia constitucional

Y ello porque los nueve jueces del Tribunal Supremo utilizan la historia como criterio interpretativo, si bien, como apunta Sutton, la diferencia entre unos y otros jueces es que, iniciando el viaje interpretativo en un mismo punto de partida, sin embargo no se detienen en la misma estación:

Los nueve jueces son originalistas en un sentido. Cada uno de ellos desea conocer cual fue el significado original. Puede ser un punto de partida para unos mientras que es un punto de llegada para otros. Pero los nueve desean conocer el marco inicial de referencia, como demuestra la sentencia Heller.

En este punto entra en liza el juez Brett Kavanaugh para explicitar su ideario, que pasa por declarar la absoluta vinculación no sólo de los jueces, sino de todos los poderes públicos al texto normativo, exponiendo cual fue la finalidad última de los constituyentes de 1787.

El texto del documento no es algo que se supone debemos leer tan sólo por mero interés. Es derecho, y es derecho vinculante. Como dice el artículo sexto, es el supremo derecho del país y nos vincula. Tales palabras de la constitución vinculan a las tres ramas del gobierno federal, no sólo a los jueces

 

¿Qué ocurrió en aquel verano de 1787?

 

¿Para qué se reunieron? ¿Qué nos dicen esos debates sobre los que estamos hablando? Bien, nos muestran a un grupo de personas que estaban intentando erigir una estructura de gobierno. No estaban pensando inicial o principalmente en una declaración de derechos. De hecho, el texto original de la Constitución no contenía una declaración y tan sólo contemplaba algunos derechos individuales en las secciones novena y décima del artículo primero.

 

Hablaban de estructura. ¿Por qué? Porque pensaban que era importante para la protección de la libertad individual. No es que no les importase la libertad. Reconocían que una declaración de derechos no protegería la libertad sin una estructura que los protegiese, sin una separación de poderes.

Lo que implícitamente está diciendo Kavanaugh es que el principio básico e indispensable a la hora de interpretar la Constitución es la protección de las libertades individuales. Por tanto, ha de protegerse al individuo frente al gobierno. A las libertades, frente al poder.

Aun cuando nos encontramos ante sistemas jurídicos muy diferentes, considero que algunas de las conclusiones a las que llegaron los seis jueces norteamericanos no son incompatibles, extrañas o imposibles de aplicar en nuestro ordenamiento jurídico.

 

Primero.- A la hora de interpretar un texto legal ha de partirse, evidentemente, de la interpretación textual, o, por utilizar la expresión del Código Civil, “el sentido propio de las palabras.” Ahora bien, ha de situarse la norma en el contexto histórico-social en el que fue aprobada, por cuanto el significado de las palabras varía, en ocasiones de forma notable.

Valgan dos ejemplos concretos. Si hoy en día nos referimos a una persona calificándola de “marrano”, evidentemente estamos diciendo que ésta es una “persona sucia y desaseada” o “grosera y sin modales” y no deja de ser una mera calificación peyorativa; pero en nuestros siglos de oro, referirse a alguien con tal calificativo era algo muy grave que podría traer consecuencias indeseadas pera el destinatario de tal calificación, pues dicho vocablo describía al “judío que después de haber sido bautizado por grado o por la fuerza volvía al judaísmo” (acepción que, con carácter residual, mantiene el Diccionario de la Real Academia Española en su última edición). Otro ejemplo, esta vez algo más jurídico, lo tenemos en la expresión “buen padre de familia”, tantas veces utilizado en el código civil. ¿Obra con diligencia de un buen padre de familia aquél que, para corregir disciplinariamente a sus hijos, les propina de vez en cuando un sonoro bofetón o les impone determinadas restricciones? Parece evidente que para los redactores del Código Civil el castigo físico no era algo que privase a un individuo de tal calificación, mientras que hoy en día difícilmente se englobaría en dicho concepto a quien propinase a sus hijos el más leve pescozón.

De ahí la necesidad de contextualizar, tanto en el momento histórico como en el ordenamiento jurídico, un texto normativo. Porque a la hora de desentrañar el sentido último de un texto legal, ha de darse respuesta a dos interrogantes: qué pretendía sancionar la norma interpretada; y, en segundo lugar, si en la actualidad los vocablos o conceptos tienen el mismo significado que en el momento de su aprobación.

No obstante, soy bastante pesimista en cuanto al uso de la historia por parte de la comunidad jurídica en general. Y mi experiencia personal al respecto es bastante triste, pues en las ocasiones en que a la hora de buscar el sentido a un texto legal muy concreto acudí precisamente a tales criterios para buscar el sentido (y no se crean que fue demasiado extensa la argumentación en tal sentido, sino únicamente cinco líneas y media), la respuesta ofrecida por determinada Sección de determinada Sala de determinado Tribunal Superior demostró que el ponente debió saltarse toda la argumentación, si no es que se saltó la lectura de todo el escrito.

 

Segundo.- Tanto a uno como a otro lado del Atlántico el objetivo último del constitucionalista fue asegurar la libertad individual mediante la limitación del poder público. Este es un principio interpretativo que debería imperar no sólo allende los mares. No obstante, a lo largo de dos siglos de historia constitucional, en nuestro país los jueces en general se han sentido mucho más cómodos inclinando la cerviz frente al poder, a no ser que éste les pise los callos hasta unos extremos difícilmente tolerables incluso hasta para quien opta por la sumisión voluntaria. La frase con la que Jesús González Pérez abre su imprescindible obra La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y en la que constata el histórico respeto que en nuestro país ha tenido la judicatura con quienes detentan en cada momento el poder, frase que el autor no ha suprimido ni rectificado en las sucesivas ediciones, vale por todo un tratado sobre la historia del control (en este caso, la ausencia real -que no nominal-) del poder público en nuestro país. Buena prueba de ello es que uno sabe que cuando el poder, en su condición de demandado, utiliza uno de los comodines más infalibles de la baraja, “interés general“, el tercero de los poderes baja la guardia. El principio de libertad individual pasa a un segundo plano y de lo que se trata es de proteger al poder, a quien siempre se considera, pese a sus enormes privilegios y potestades, como menor de edad.

 

 

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