EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS JUECES FEDERALES ESTADOUNIDENSES. ¿DEBE IMPLANTARSE EN ESPAÑA?

COURTROOM

El día 5 de abril de 1973, la Judicial Conference of the United States aprobó el Código de Conducta para los Jueces de los Estados Unidos, conjunto de normas y principios que han de regir el comportamiento de los magistrados estadounidenses que prestan sus servicios en los órganos judiciales de carácter federal, y que el lector interesado puede consultar aquí. Conviene señalar que, allende el océano, los Códigos de Conducta suelen tomarse muy en serio y cumplirse escrupulosamente, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, donde no van más allá de meras intenciones o píos deseos que, en la mayor parte de los casos, los destinatarios del mismo no consideran vinculantes al carecer en muchos casos de carácter jurídico, siendo entendidos más como unos imperativos de carácter simplemente ético.

Pues bien, el Código de Conducta adoptado en los Estados Unidos para los jueces federales, considero que debería adoptarse en nuestro país, porque ello redundaría en beneficio no sólo de los propios jueces, sino la ciudadanía en general. Dicho código liberaría a los magistrados de varios pesados lastres, aunque les impondría una carga que, incuestionable desde el punto de vista del imperativo de Justicia, no estarían dispuestos a asumir, cual es el polémico tema de las “puertas giratorias” entre la política y la judicatura, uno de los motivos por los que la imagen de la Justicia en nuestro país se encuentra tan deteriorada.

Pero analicemos brevemente el contenido material del código de conducta, algo no muy difícil por cuanto consta tan sólo de diecinueve páginas, integradas por cinco cánones y las oportunas glosas o comentarios a los mismos. Iremos comentando uno por uno los cinco puntos de tal código.

Primero.- El primer canon es sumamente breve, y se limita a exponer el principio esencial al que sirve el Código. Dada su brevedad, lo transcribiremos de forma íntegra:

“Canon 1.- Un juez debe mantener la integridad y la independencia de la judicatura.
Una judicatura independiente y honorable es indispensable para la justicia en nuestra sociedad. Un juez debe mantener y hacer cumplir los altos niveles de conducta y debe personalmente observar dichos niveles, de tal manera que la integridad y la independencia de la judicatura sea preservada. Las previsiones de este código deben interpretarse y aplicarse para alcanzar tal objetivo.”

Nadie en su sano juicio plantearía objeción alguna a dicho principio, por cuanto, en efecto, mal va a servir a la justicia el magistrado que exija a los demás lo que no cumple personalmente. Se trata, en definitiva, de acoger el célebre aserto que Augusto pronunció hace poco más de dos milenios: “La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo.”

En definitiva, el juez debe ser el primero en cumplir los niveles éticos de conducta. Así lo indica de forma clara la glosa al texto: “Aun cuando los jueces han de ser independientes, deben cumplir la ley y este Código. La adhesión al mismo ayuda a mantener la confianza pública en la imparcialidad de la judicatura.”

Segundo.- El segundo canon desciende aún más, pues aborda una serie de principios cuyo objetivo es evitar que el juez incurra en comportamientos inadecuados. Dada la brevedad del mismo, lo transcribiremos igualmente de forma íntegra:

“Canon 2.- Un juez debe evitar actos inapropiados y la apariencia de actuar de forma inapropiada en todas sus actividades.
A.- Respeto por la Ley. Un juez debe respetar y ajustarse a la ley y debe actuar en todo momento de tal manera que promueva la confianza en la integridad e imparcialidad de la judicatura.
B.- Influencia externa. Un juez no debe permitir que relaciones familiares, sociales, políticas, financieras o de cualquier clase influyan su conducta o juicio. Un juez nunca debe prestar el prestigio del cargo judicial para lograr intereses privados del juez o de otros, ni transmitir o permitir a otros transmitir la impresión de que están en una especial posición para influir al juez. Un juez no debe testificar voluntariamente como testigo de parte.
C.- Norma antidiscriminatorio. Un juez no debe ser miembro de cualquier organización que practique la discriminación del individuo sobre la base de raza, sexo, religión o nacionalidad.”

Se trata, en definitiva, de incidir en esa independencia judicial evitando determinados comportamientos que se explicitan. Y en este sentido, no deja de ser curioso el comentario que se ofrece al Canon 2.A, el cual principia con la siguiente frase: “Existe apariencia de comportamiento inapropiado cuando un hombre de razonamiento medio, con conocimiento de todas las circunstancias puestas de manifiesto en base a una investigación razonable, concluye que se ha dañado la honestidad, integridad, imparcialidad, temperamento o adecuación del juez para actuar como tal.” Un principio de rigor extremo que, imagínense los estragos que podría producir en nuestro país; por poner un ejemplo concreto, imagínese el lector si se aplicase este principio a la nota de prensa que el pasado 18 de octubre de 2018 publicó el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Tercero.- El tercer canon, lleva por rúbrica “Un juez debe cumplir las funciones de su cargo de manera justa, imparcial y diligente.” El mismo es notablemente extenso, de ahí que no lo transcribamos de forma íntegra, sin perjuicio que sí comentaremos algún precepto concreto:

3.1.- Me gustaría incidir en el canon 3.A.(3), por afectar al comportamiento que el juez ha de mantener en Sala:

“Un juez debe ser paciente, digno, respetuoso y cortés con las partes, jurados, testigos, abogados y otros con los que el juez deba tratar debido al ejercicio de su cargo. Un juez debe exigir un comportamiento similar a todos quienes están bajo su control, incluyendo a los abogados en lo que se refiere a su papel en el proceso contradictorio.”

Confieso que, en este punto, quien suscribe ejerce en un orden (el contencioso-administrativo) y en una comunidad (Asturias) donde todos, absolutamente todos los magistrados que ejercen en los juzgados y Tribunales de lo contencioso son un ejemplo. Los hay, ciertamente, más cercanos y que empatizan más con las partes en liza, y los hay que se limitan estrictamente a mantener la cortesía, pero en cualquier caso, jamás he visto un mal gesto o una mala palabra a los jueces del orden contencioso.

No se puede decir lo mismo de magistrados de otros órdenes jurisdiccionales. Por ejemplo, en cierta ocasión hube de acudir a una vista de un juicio verbal en un juzgado de primera instancia cuyo titular (hoy ascendido la Audiencia Provincial) es, desde el punto de vista intelectual, de una brillantez extrema, pero  en lo que se refiere al trato personal cabría decir que le falta sutileza, por ser extremadamente pudoroso en la valoración. En el caso citado, el juez en cuestión le espetó textualmente a una letrada: “A ver cuándo me vienen con la Ley de Enjuiciamiento Civil bien aprendida”; lo curioso del asunto es que ese mismo juez admitió en ese pleito una prueba que tenía por objeto acreditar hechos no controvertidos, con lo cual si algo se demostró en tal caso es lo acertado del refrán sobre la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.

Respecto al deber que se les impone de “ser pacientes”, como se dice en la glosa al canon, el mismo no es incompatible con un trabajo eficiente y rápido. De ser aplicado en nuestro país, ello podría incomodar a ciertos jueces. Un ejemplo práctico concreto. Cierto magistrado gijonés que atesora como propio desde hace varios lustros uno de los juzgados de primera instancia (impar, para más señas) de la ciudad, en la vista oral de un procedimiento ordinario conminó a los letrados de las partes a reducir sus conclusiones a cinco minutos o volver otro día porque, cito textualmente: “Yo más de las dos no pienso quedarme aquí […] No tengo edad para que me calquen ahora un rollo de media hora cada uno y pase la hora de comer” (sic). De aplicarse en todos sus extremos el Código de Conducta existente en los Estados Unidos, el citado juez al día siguiente vería cumplido su deseo de no estar a las dos en el juzgado, porque no estaría ni a las ocho de la mañana, dado que de forma inmediata le sería incoado un impeachment para expulsarlo de la carrera judicial por comportamiento inapropiado.

3.2.- Este canon incluye preceptos relativos al deber de abstención y a los requisitos para efectuar los nombramientos. Conviene detenernos un rato en este último aspecto, quizá debido a que al jurista español le puede extrañar la circunstancia que el juez efectúe “nombramientos” y que se hable de personal sometido a su “control”.

En un juzgado federal, el máximo responsable es el Juez, quien es el responsable máximo del mismo, y el que ha de asumir la resolución de las tareas estrictamente procesales y las “administrativas”. Es el juez quien supervisa al personal del juzgado, quien tiene el control exclusivo sobre su agenda y quien tiene la potestad absolutamente discrecional para nombrar a los law clerks (recién licenciados en derecho que le asistirán durante un año en tareas jurídicas). No existe propiamente la figura del Secretario Judicial (actualmente Letrados de la Administración de Justicia). Quizá por dicha circunstancia, los juzgados federales estadounidenses suelen tener un funcionamiento impecable desde el punto de vista formal, material y, sobre todo, temporal.

Si se contrasta dicha situación con los juzgados españoles, donde el Juez es titular del juzgado pero sin mando directo sobre el personal, donde el Ministerio de Justicia actúa a través del caballo de Troya que suponen los hoy pomposamente denominados “Letrados de la Administración de Justicia” (que, por vía de la dependencia jerárquica, están sometidos al poder ejecutivo), que son los responsables de control del personal de un órgano judicial, personal que en determinadas ocasiones se encuentra transferido a las Comunidades Autónomas, uno se explica por qué los órganos judiciales españoles son un ejemplo de libro de lo que no deberían ser. Por utilizar la divertidísima expresión que, tras el desastroso ensayo previo al día del enlace matrimonial de su hija, utilizaba Stanley Banks (genial Spencer Tracy) en la película El padre de la novia: “El caos. El absoluto y completo caos.”

Cuarto.- El cuarto canon lleva por rúbrica: “Un juez puede efectuar actividades extrajudiciales que sean compatibles con las obligaciones inherentes a su puesto como juez.” Es una norma bastante extensa que trata de precisar las labores que el juez puede efectuar extramuros del juzgado; en otras palabras, aborda el espinoso tema de la compatibilidad del puesto con el ejercicio de otras actividades. Se contemplan cuatro tipos de actividades: jurídicas y no jurídicas (estas últimas ocupan, a su vez, varios apartados). Destaco lo que a mi entender es de relevancia:

4.1.- No se impide al juez participar en determinados foros que, en nuestro país, serían vistos como atentados a la independencia judicial. Así, por ejemplo, el canon 4.A.(3) permite al juez: “participar y ser miembro, cargo, director, administrador o asesor no legal de una organización no gubernamental dedicada a la ley, al sistema legal o a la Administración de justicia, y puede asistir a dicha organización en la administración e inversión de fondos. Un juez puede efectuar recomendaciones a agencias públicas y privadas sobre proyectos y programas relativos a la ley, al sistema legal y a la Administración de Justicia.” En otras palabras, por un lado se abre la mano (en lo relativo a la facultad de pertenencia a determinadas organizaciones) pero por otro se cierra (restringiendo materialmente el derecho al imponer que tengan vinculación con el mundo jurídico). También se le permite formar parte de organizaciones no gubernamentales que no tengan ánimo de lucro, sean caritativas, educativas, religiosas o sociales, aunque con ciertos límites (canon 4.B).

4.2.- En lo que se refiere a las finanzas, el canon 4.D permite al juez mantener y gestionar inversiones, incluidas las propiedades inmuebles, y desempeñar otros cargos remunerados, pero: “debe abstenerse de actividades financieras y trabajos que exploten la posición judicial o impliquen al juez en transacciones frecuentes o relaciones laborales continuadas con abogados u otras personas que frecuentemente hayan de comparecer al juzgado del que el juez sea titular.” En este punto, dicha norma es mucho más generosa que la regulación española, que en esta materia es bastante más estricta. Lo cual no obsta para que la imagen de la justicia esté mucho más dañada en nuestro país que en Norteamérica.

4.3.- Es de destacar el canon 4.F, que, bajo la rúbrica “nombramientos gubernamentales” aborda uno de los puntos negros, cual es el cruce entre funciones ejecutivas y administrativas. Es claro que los miembros de la judicatura española se resistirían como gato panza arriba para que este criterio o principio no se injertara en nuestra legislación. El lector lo entenderá de forma inmediata en cuanto vea cual es el tenor literal del mismo:

“Un juez puede aceptar un nombramiento como miembro de un comité gubernamental, comisión o cualquier otro puesto tan sólo si el mismo está relacionado con el mundo jurídico, el sistema legal, la Administración de Justicia o si el nombramiento del juez es un requisito impuesto por una ley federal. El juez no podrá, en ningún caso, aceptar tal nombramiento si con ello se mina la confianza pública en la integridad, imparcialidad o independencia de la judicatura. Un juez puede representar protocolariamente a su condado, estado o localidad en actos relacionados con actividades históricas, educativas o culturales.”

En definitiva, que el juez puede formar parte, por ejemplo, de la Comisión General de Codificación. Pero no podría ser Secretario de Estado, Director General o Delegado del Gobierno. Ya veremos poco después la consecuencia.

4.4.- Es de alto interés el canon 4.G, que bajo la rúbrica “Dependencias, recursos y personal”, establece que: “El juez no debe utilizar las dependencias, recursos o personal del juzgado para actividades extrajudiciales permitidas por este canon.” La observancia de este requisito es tan rigurosa, que en cierta ocasión se sometió a impeachment a un juez federal al haberse acreditado que utilizó la fotocopiadora del juzgado para fines personales.

Quinto.- El último de los cánones que integran el Código de Conducta produciría en determinados jueces españoles el mismo efecto que el crucifijo, los ajos o la estaca de madera tendrían en el cuerpo del conde Drácula. Este canon es igualmente muy breve, así que lo transcribimos igualmente:

“Canon 5.- El juez debe abstenerse de la actividad política.
A.- El juez no debe
(1).- Actuar como líder o desempeñar cargo alguno en una organización política.
(2).- Pronunciar discursos para una organización política o candidato, así como públicamente apoyar o mostrar su oposición a un candidato para un cargo público.
(3).- Solicitar fondos, prestar ayuda o efectuar contribuciones en favor de una organización política o candidato, así como atender o adquirir entradas para una comida o cualquier otro evento patrocinado por una organización política o candidato.
B.- Cese por candidatura. Un juez debe renunciar a su puesto si acepta concurrir a las primarias o a las elecciones generales para cualquier puesto.
C.- Otra actividad política. Un juez no debe involucrarse en cualquier otra actividad política. Esta previsión no impide al juez ejercer las actividades descritas en el cuarto canon.”

Si el lector se detiene en la letra B de este canon, entenderá los motivos por los que el mismo produciría un ataque de erisipela en cierto sector de la judicatura española. Obsérvese que el mismo indica que en el caso de aceptar concurrir a unas elecciones, el juez debería renunciar al puesto; no pasar a una situación de servicios especiales o excedencia, sino renunciar a su puesto como juez.

Imagínense lo que dicho principio ocasionaría en la península ibérica. Pongamos un ejemplo concreto: Margarita Robles. Juez de carrera, la misma desempeñó dos puestos (en principio técnicos, pero por desgracia claramente politizados) en el último de los gobiernos socialistas de Felipe González, dado que fue Secretaria de Estado de Justicia y, ulteriormente, Secretaria de Estado de Interior. De ahí regresa a la judicatura, como magistrada de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y, posteriormente, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (la encargada de controlar la legalidad de los actos del Consejo de Ministros). En 2016 vuelve a la política incorporándose a las listas del P.S.O.E., convirtiéndose en 2017 en la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y, en este año 2018, en la Ministra de Defensa de un gobierno socialista……sin perder la condición de juez!. Cierto que en esto tan sólo ha seguido el nefasto ejemplo de Baltasar Garzón, de dar “un pasito para adelante” (listas del PSOE), y “un pasito para atrás” (vuelta al juzgado).

La situación anteriormente descrita sería inconcebible en los Estados Unidos, donde a un juez en modo alguno se le impide dar el salto a la política. Pero, eso sí, consciente que no existe vuelta atrás, y una vez que sale no vuelve a entrar. Porque ello sería letal para la imagen de la Justicia.

 

En definitiva, convendría meditar seriamente el trasplantar o injertar en el ordenamiento español la normativa de conducta que se impone a los jueces federales estadounidenses.

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EL CHIEF JUSTICE ROBERTS DA UNA LECCIÓN A LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO….A LA VEZ QUE EXPLICA EL ROL DEL PODER JUDICIAL.

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El pasado día 16 de octubre de 2018, el chief justice John Roberts mantuvo una interesante charla-diálogo con el decano de la Facultad de Derecho de Minessota, al que es posible acceder gracias a la cadena C-SPAN, y a la que el lector interesado puede acceder a través de este enlace. A lo largo de cuarenta y cinco minutos, Roberts abordó uno por uno todos los asuntos relevantes que afectan al Tribunal Supremo de los Estados Unidos: cómo llegan los asuntos a la máxima institución judicial, la forma en la que se adoptan las decisiones en el seno de dicho órgano, la relación entre los jueces. Tres cuartos de hora intensos que, como jurista interesado en estas lides, me supieron a poco.

No obstante, antes de entrar en materia, el chief justice quiso efectuar unas manifestaciones sobre “los tormentosos acontecimientos que tuvieron lugar en Washington en los últimos días”, pudoroso circunloquio para referirse al proceso de confirmación senatorial de Brett Kavanaugh. Uno siente auténtica vergüenza al comparar la exquisita corrección de la que hizo gala John Roberts, quien tanto en la forma como en el fondo demostró ser un auténtico caballero que se permitió dar un severo tirón de orejas a los otros dos poderes, haciendo gala, además de un sentido del humor que no le abandonó a lo largo de la ulterior conversación. En las antípodas de lo que ha ocurrido en nuestro país con la desdichada nota del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del Reino de España, que si algo transmite no ya al jurista, sino al ciudadano de a pie es pena y dolor, cuando no indignación.

John Roberts aprovecha para dar un elegante pescozón al Congreso y al Presidente: “No criticaré a las ramas políticas. Ya lo hacemos bastante en nuestras sentencias”. Tras esta daga florentina propinada con una soberana elegancia, contrasta la función judicial con las otras dos, incidiendo en la diferencia de aquélla: mientras las ramas “políticas” (legislativa y ejecutiva) hablan en nombre del pueblo al gozar de legitimación democrática directa: “Nosotros no hablamos en nombre del pueblo. Hablamos en nombre de la Constitución […] Nuestro rol es muy claro: debemos interpretar la Constitución y las leyes de los Estados Unidos.” Para ello, es preciso actuar de forma independiente, porque tan sólo así se puede efectuar de forma correcta la función que tiene encomendada. “El Tribunal sin duda se equivoca cuando en cuando, pero las ocasiones en que lo ha hecho ello se debió al hecho de ceder ante presiones políticas.”

Ya en la charla-diálogo, profundizó en tales ideas. Así, por ejemplo, al citar la sentencia que proscribió el saludo obligatorio a la bandera en las escuelas, Roberts afirmó que dicha resolución únicamente puede explicarse debido a la independencia de la judicatura, pues si se hubiese sometido a votación popular, con total seguridad se hubiera mantenido el saludo obligatorio. El ejemplo contrario, el asunto Korematsu, donde se avaló la constitucionalidad del internamiento de la población japonesa en campos de concentración a lo largo de la costa oeste, decisión que únicamente puede explicarse por las “repercusiones económicas y sociales” (por utilizar una expresión muy cara a cierto magistrado español) que hubiera tenido un fallo diametralmente opuesto en un país que sostenía en aquéllos momentos una guerra contra el imperio japonés.

Causa maravilla ver cómo Robert se desenvuelve a las mil maravillas haciendo gala de un envidiable sentido del humor que no es en modo alguno incompatible ni con el ejercicio de la función jurisdiccional ni con el cargo que ostenta. Así, por ejemplo, al preguntarle cual es la diferencia entre el chief justice y los restantes ocho jueces, la respuesta ofrecida es que: “percibo diez mil dólares más de sueldo”; cuando le solicitan que indique los cambios que se producen cuando accede un nuevo juez al Tribunal Supremo, responde: “principalmente, que los ocho jueces restantes se comportan mejor”; o, al hacer referencia a las críticas periodísticas de las resoluciones judiciales, afirma: “la ventaja de tener un cargo de por vida es que las mismas no te afectan demasiado.”

De esta charla uno puede obtener píldoras de conocimiento deliciosas. Por ejemplo, que el cargo de chief justice lleva aneja la posición de chancellor del Smithsonian y el de presidente de la Judicial Conference. A la hora de explicar los criterios seguidos para designar el ponente de las sentencias, lo hace con este curioso símil: “es como un acertijo o puzzle donde han de encajarse todas las piezas”, dado que, en efecto, son mútiples factores los que influyen en la decisión final: capacidad del juez en cuestión para aglutinar mayorías y atraer a los discrepantes, necesidad de garantizar un equilibrio para que todos los jueces tengan oportunidad de elaborar sentencias del mismo tipo (es decir, que todos puedan redactar sentencias en asuntos importantes así como en idénticas materias).

Dos asuntos que confieso me llamaron la atención son los que afectan a las relaciones personales entre los jueces y a la forma de redactar las sentencias.

En el primer caso, Roberts informa de un hecho no muy conocido, y es que los días que tienen fijados para las deliberaciones, los jueces almuerzan juntos en el comedor del edificio, y la “única regla” que el chief justice no permite vulnerar es aquélla que: “proscribe hablar en esos momentos de cuestiones laborales.” Ello permite a los jueces conocerse mejor y alcanzar un alto grado de empatía, incrementado por la costumbre ancestral de estrecharse la mano antes de entrar en la sala de vistas o en la de conferencias. Situación opuesta a la que ocurre en nuestro país, donde existen órganos judiciales donde el trato personal entre los jueces es poco menos que nulo.

En segundo lugar, la forma de redactar las sentencias. Al ser preguntado específicamente para quien redacta las mismas (para los abogados, para las partes, para el público), Roberts afirma divertido: “para mis tres hermanas”, algo que a continuación explica ya de forma totalmente seria: se trata de llegar al máximo número de lectores posibles, de tal modo que incluso la persona de inteligencia media, aunque no sea jurista, tenga la posibilidad de comprender la resolución judicial.

Roberts, que, según indicó en cierta ocasión Elena Kagan, antes de ser juez fue uno de los mejores abogados que litigaron jamás ante el Tribunal Supremo, ofreció también algún valioso consejo a los letrados: brevedad, concisión y desapasionamiento. Se trata de facilitar la labor de los jueces, lo cual se consigue sintetizando y condensando los argumentos y evitando florituras dialécticas y escritos demasiado extensos, y así el propio chief justice reconoció que en un determinado caso, le llamó poderosamente la atención que uno de los escritos no agotase el límite de 50 páginas fijado por las rules del Tribunal, sino que desarrollara la argumentación tan sólo en 35 páginas que, además, “estaban muy bien escritas”, lo que llevó a comprobar quién era el letrado (en esa ocasión, letrada) que había redactado el mismo. Pero también incidió en el hecho que los letrados han de mantener siempre una cierta distancia respecto a su caso, y efectuar una defensa profesional, objetiva y desapasionada, debiendo evitar una excesiva fogosidad en la argumentación.

En definitiva, un interesantísimo e imprescindible diálogo tan recomendable para jueces como para abogados. Sobre todo a los primeros, siendo una buena muestra que la profesionalidad, el rigor y la capacidad en modo alguno está reñida con el sentido del humor y con un ambiente distendido.

 

EL JUEZ SOMETIDO AL IMPERIO DE LA LEY…Y A LAS “REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES.” REFLEXIONES SOBRE LA NOTA INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO

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El pasado día 18 de octubre de 2018 se hizo pública la Sentencia 1505/2018 de 16 de octubre de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada en recurso número 5350/2017 (ES:TS:2018:3422), que estimaba el recurso de casación interpuesto por la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid frente a la Sentencia de 19 de junio de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictada en autos de procedimiento ordinario 501/2017. Dicha resolución judicial establece que en las escrituras notariales que documenten un préstamo con garantía hipotecaria no ha de ser el ciudadano, sino la entidad bancaria quien asuma el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, anulando además el artículo 68.2 del Real Decreto 828/1995 de 25 de mayo por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Dicha sentencia fue objeto de un magnífico análisis por parte de José Ramón Chaves García, cuya lectura recomiendo vivamente a cualquier persona, sea jurista o no.

La sentencia en cuestión fue inmediatamente objeto de la más severa crítica, y no por razones jurídicas, sino por motivos absolutamente ajenos al mundo del Derecho. Las entidades bancarias se echaron las manos a la cabeza por las repercusiones que el fallo de la sentencia podría tener en el ámbito económico. Cierto presentador de un programa de información llegó a hablar, en el colmo del paroxismo, de un “juez zumbao” (sic) y una sentencia “clamorosamente ilegal” (sic). Una sentencia podrá ser acertada o equivocada, correcta o incorrecta, mejor o peor fundada, y, desde luego, podrá ser sometida siempre desde el respeto a la más severa crítica jurídica, pero lo que jamás puede ser una sentencia es “ilegal”. Respecto al calificativo con el que adornó al juez, indicar que no es un único magistrado, sino los seis integrantes de la Sala quienes suscriben la resolución (dos de ellos formularon votos particulares, uno concurrente y otro discrepante); y, por otra parte, un juez podrá estar más o menos acertado, ser más o menos trabajador, ser educado o maleducado, pero en modo alguno puede adornársele con el antedicho epíteto.

En fin, que hasta este momento nada nuevo bajo el sol, pues nos encontramos ante una de tantas sentencias emanadas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sin otra particularidad que la lógica repercusión que la misma puede tener en un ámbito tan frecuentado como la documentación de préstamos hipotecarios.

No obstante, de forma harto sorprendente, en menos de veinticuatro horas desde la publicación de la sentencia, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hace pública una nota oficial que transcribimos íntegramente dado lo, a nuestro entender, grave de la misma:

NOTA INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA

Dado que la sentencia nº 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social, el Presidente de la Sala ha acordado, con carácter urgente:

Primero.- Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar.

Segundo.- Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado.

Madrid, 19 de octubre de 2018

Luis María Díez-Picazo Giménez

Confieso que he sentido auténtico pavor al observar dicha nota informativa, y ello por tres motivos:

Primero.- Sorprende el hecho que sea el Presidente de Sala quien, motu proprio, decida avocar para el Pleno el conocimiento de un asunto sin que lo haya solicitado ninguna de las Secciones ni de las partes de los distintos recursos planteados. Pero lo que llama poderosamente la atención es la inmediatez con la que ha decidido actuar, puesto que entre la Sentencia y la nota informativa no transcurren ni tan siquiera veinticuatro horas. No desearía efectuar una afirmación rotunda, pero creo no equivocarme si manifiesto que no deben existir precedentes de una actuación similar adoptada además en un plazo de tiempo tan fugaz.

Segundo.- Es altamente ilustrativo que el presidente de Sala califique el cambio de jurisprudencia como “radical”, y ello por lo equívoco del término. Es cierto que con el uso de dicho término se puede estar haciendo referencia a un cambio “total o completo”, si acudimos a la tercera de las acepciones que a dicho vocablo otorga el diccionario; el problema es que la palabra también sirve para identificar al “partidario de reformas extremas” (cuarta acepción) o a personas y acontecimientos “extremoso, tajante, intransigente” (quinta acepción). No olvidemos que en pleno Congreso de los Diputados, hace casi once años el entonces jefe de la oposición se dirigió al entonces presidente del gobierno espetándole: “es usted radical”.

Es posible que sea la malevolencia natural de quien suscribe, pero creo no equivocarme si afirmo que el término “radical” fue cuidadosamente elegido por el redactor material de la nota amparándose precisamente en la ambivalencia terminológica que permitiría el uso de cualquiera de las acepciones. En todo caso, y con todos los respetos, considero que el firmante de la misma, en su condición nada menos que de presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, debiera haber extremado la prudencia y haber suprimido tal vocablo, y haberse limitado a referirse al cambio doctrinal de forma aséptica.

Tercero.- Con todo, lo verdaderamente preocupante es utilizar la “repercusión económica y social” como fundamento o criterio básico que motiva el actuar del Presidente, porque, dicho sea con todos los respetos, con ello se están sobrepasando de forma abierta preceptos constitucionales.

El artículo 117.1 de la Constitución establece que los Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial son “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.” Quiere ello decir que en su actuar tan sólo han de tener en cuenta los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios, de tal modo que al resolver los asuntos que se les sometan su labor se limita a aplicar la normativa vigente, con independencia de las consecuencias o resultados que ello puede ocasionar.

Ahora bien, en la nota informativa no se habla sólo del “giro radical”, sino de la “repercusión económica y social”. Ello permite no ya al lego en derecho, sino hasta al bobo del pueblo (con perdón) maliciarse que el Pleno de la Sala, al resolver con carácter definitivo la cuestión, no va a circunscribir su enjuiciamiento a motivos de simple legalidad o constitucionalidad, sino de mera oportunidad, y más en concreto esas “repercusiones” económicas y sociales. Obsérvese que he utilizado el término “maliciarse”, al ser posible que los ciudadanos poseedores de una inquebrantable fe en el sistema o que mantengan la creencia en la bondad natural del hombre piensen que, en última instancia, en la deliberación a mantener en el Pleno de la Sala, el debate quedará circunscrito única y exclusivamente al ámbito jurídico. Es posible que así sea. Pero como las deliberaciones constituyen un auténtico misterio tan sólo reservado a iniciados, como a los mortales no se nos permite llegar más que al Patio de los Gentiles pero no hasta el interior del Santasanctorum, y como aún no se ha producido en el mundo jurídico un acontecimiento como el que, según la Biblia, provocó que se rasgase el velo del Templo, jamás tendremos esa respuesta.

Es por ello que la nota informativa del Presidente de Sala merece ser calificada de apresurada, imprudente y peligrosa. Porque aun cuando no consume finalmente lo que parece extraerse de su contenido, lo cierto es que la misma si algo ha ocasionado es una quiebra absoluta en la confianza hacia dicha institución, algo peligrosísimo cuando estamos hablando no sólo del máximo órgano judicial español, sino de la Sala que teóricamente es la encargada de enjuiciar la adecuación a Derecho de la actuación pública.

En el ordenamiento norteamericano, es posible que, en un asunto resuelto por la Sala de un Tribunal de Apelaciones, en determinados supuestos muy concretos las partes puedan solicitar lo que se denomina un rehearing en banc, es decir, llevar el asunto al Pleno del Tribunal, a fin de que este se pronuncie al respecto. Pero se trata de una opción que se limita a supuestos muy concretos y, cuya iniciativa corresponde a las partes (no al Tribunal, quien, además, no está obligado a hacerlo) y en el ámbito de Tribunales de Apelación, en modo alguno en el Tribunal Supremo.

En definitiva, malos tiempos corren para la Justicia con mayúsculas cuando nada menos que el Tribunal Supremo acepta resolver un asunto teniendo en cuenta las “repercusiones económicas y sociales.”

Para finalizar me permito, animus iocandi, ofrecer un humilde consejo al Presidente de Sala. Siempre tendrá la opción, en la futura sentencia que sobre el tema se dicte, de asumir la frase que el juez Anthony Kennedy (recién jubilado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos) introdujo, a instancias de Sandra Day O´Connor en la sentencia Bush v. Gore para evitar que el mismo pudiera ser considerado precedente: “Limitamos nuestras consideraciones al presente asunto….”

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECUPERA LOS “CÓDIGOS NEGROS” PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

 

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Es realmente difícil mantener la compostura y evitar que la irritación desborde sus límites cada vez que uno está obligado a adentrarse en una de las resoluciones del nefando Tribunal Constitucional. Tan sólo no perdiendo de vista la auténtica vergüenza institucional que dicho órgano supone pueden explicarse muchas de sus sentencias, hasta el punto que es precisamente dicho “Tribunal” el verdadero y auténtico enemigo del modelo constitucional vigente, y no la crisis económica o los partidos antisistema, cuyas tesis en bastantes ocasiones este “legislador negativo” que nos ha tocado en desgracia asume de forma implícita, aunque debidamente untadas con una generosa capa de vaselina.

Viene lo anterior a raíz de la recentísima Sentencia de 4 de octubre de 2018 dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad número 4578-2017 interpuesto por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos (y confluencias) contra la Ley 2/2017 de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Tal resolución evidencia a las claras algo que es un auténtico secreto a voces en el mundo jurídico: el absoluto desprecio que en determinados sectores de la magistratura se tiene hacia la abogacía, desprecio no pocas veces asumido por la propia élite de los colegios, que en este punto no son más que auténticas correas de transmisión de los entes públicos y que en gran parte de las ocasiones no sólo no defienden, sino que clavan la puntilla al profesional.

Recordemos que la Ley 7/2017 de 21 de junio, de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, establece que tal servicio “será obligatorio en los términos previstos en esta ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen.” Es cierto que dicho texto legal admite varias interpretaciones, y no todas ellas implican que el abogado inserto en un colegio profesional deba prestar el servicio, pues lo que la norma impone es la obligatoriedad del servicio a los Colegios, no a los colegiados, y lo que impediría es que la corporación decida unilateralmente el cese en la prestación, pero ello no es incompatible con la imposibilidad física de su prestación por ausencia de voluntarios en las listas de letrados que deseen prestar el servicio.

Frente a dicha norma, el 21 de septiembre de 2017 el anteriormente citado grupo político interpone recurso de inconstitucionalidad considerando que el texto legal impugnado vulnera los artículos 10, 14, 24, 35, 37 y 38 de la Constitución. El empleado público encargado de la defensa del Estado en el pleito (a quien, como integrante de los Servicios Jurídicos del Estado, éste ha dispensado de la colegiación obligatoria, por lo que descarga con prepotencia sus envenenados dardos hacia el recurrente con la tranquilidad que le otorga el no verse afectado por la regulación, como antaño podría haberle ocurrido), solicita la desestimación del recurso.

Pues bien, el 4 de octubre de 2018 se hace pública la sentencia, que desestima el recurso. Dicha resolución judicial, aun cuando más reducida de lo habitual (tan sólo ocupa dieciséis páginas y media) es, como todas las emanadas de dicho órgano, plúmbea, farragosa y reiterativa, de tal forma que aconsejo a cualquier interesado en su lectura que comience la misma al final de la página sexta y no verá mermado en nada el cabal conocimiento de la misma.

La sentencia revela a las claras el desprecio del Tribunal Constitucional por los derechos de los letrados. Y lo hace unas veces de forma explícita y otra implícita. Veámoslo.

Primero.- Un dato ya a tener en cuenta es la rapidez que se ha dado el Tribunal en solventar la cuestión. Un órgano que mide no por años ni trienios, sino por lustros el plazo de resolución, en este caso ha hecho gala de una celeridad que en modo alguno es usual. El recurso se interpone el día 21 de septiembre de 2017, la votación y fallo del asunto se fijó para el 2 de octubre de 2018 y dos días más tarde, el 4 de octubre, se hace pública la sentencia.

Clara muestra que el, para nuestra desgracia, máximo intérprete de la Constitución tenía prisa por ajustar cuentas con la comunidad letrada.

Segundo.- El Tribunal Constitucional reincide en la doctrina que: “el ejercicio de la abogacía trasciende los legítimos intereses empresariales protegidos por el derecho a la libertad de empresa (art. 38) y que la regulación legal de algunos aspectos del ejercicio de la profesión de la abogacía y la procura es una exigencia derivada de los artículos 17.3, 24 y119 CE”, tratando de dorar la píldora a los destinatarios del inminente rejoneo reconociéndoles que son “colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, y la calidad del servicio público que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva.”

A ello cabría oponer varias cuestiones:

2.1.- Si lo que trasciende de la libertad de empresa son “algunos” y no “todos” los aspectos, la colegiación obligatoria sería una medida extrema, pues bastaría crear un registro público a nivel estatal (en el Ministerio de Justicia) o autonómico (en las Consejerías que asumiesen competencia por razón de la materia) donde hubieran de estar inscritos los profesionales de la abogacía y la procura, y que fuesen directamente las Administraciones quienes ejerciesen la potestad disciplinaria en supuestos que el profesional incurriese en algún tipo de infracción.

2.2.- Si la colegiación viene impuesta por la prestación de un servicio público (pues, como dice el Tribunal, la colegiación viene impuesta por “la tutela de fines públicos constitucionalmente relevantes”), me temo que la lista de profesiones que deberían someterse a obligatoriedad en la incorporación a un Colegio Profesional debería aumentar exponencialmente. Por ejemplo, en el caso de los periodistas o quienes presenten espacios de carácter informativo en cualquier medio de comunicación, pues al fin y al cabo, su labor afecta al derecho de los ciudadanos a “recibir libremente información veraz”, recogida en el artículo 20.1.d. Y no necesariamente ha de afectar a profesiones con titulación superior, pues, por ejemplo, los profesionales de la fontanería o la electricidad debieran también, debido a la importancia del servicio que desempeñan, verse sometidos a tal régimen para garantizar la correcta prestación del servicio y para mayor garantía de los destinatarios del mismo

2.3.- El que hasta en dos ocasiones el nefando y nefasto organismo se refiera a la “especial posición de los abogados como colaboradores fundamentales en la función pública de la Administración de Justicia”, únicamente puede tomarse como un ejercicio de hipocresía o como una burla siniestra, pues son escasísimas las ocasiones en que de facto los letrados son considerados como tales. Desde luego, no a nivel retributivo, dado que no sólo los módulos compensatorios por el ejercicio de la función de asistencia jurídica gratuita serían indignos aun en países al borde del desarrollo, sino incluso a nivel de simple trato.

Quizá alguno de los actuales integrantes del Tribunal Constitucional le suene que en el ordenamiento jurídico norteamericano los letrados son jurídicamente considerados de tal forma. Cierto, pero “omiten” decir que como a tales se les trata. Y, desde luego, los abogados que prestan sus servicios en la Oficina del Servidor Público (pues en los Estados Unidos la defensa de quienes carecen de medios para litigar la asumen letrados que se encuadran en un organismo público) pueden cesar en el servicio para reivindicar sus derechos sin que nadie se escandalice ni sea cuestionado por nadie, ni mucho menos por los jueces. Es más, tal situación incluso llegó a ser plasmada en uno de los capítulos de la ya desaparecida serie Ley y Orden, en el que una vista hubo de suspenderse debido a que los abogados de oficio habían optado por cesar el en servicio para reivindicar ciertos derechos.

Tercero.- El Tribunal “comparte la apreciación del abogado del Estado cuando afirma que no alcanza a vislumbrar cómo el nuevo régimen jurídico puede contravenir el artículo 10 CE, pues en la demanda no se encuentran argumentos dirigidos a fundamentar por qué la obligatoriedad del servicio de asistencia jurídica en los términos previstos en la ley recurrida atenta contra la dignidad de la persona y contra el libre desarrollo de la personalidad.” Esto demuestra tan sólo la escasa imaginación de los miembros del Servicio Jurídico del Estado tan sólo superada por la del organismo cuya resolución es objeto de glosa.

Supongamos que existen letrados que no desean formar parte del servicio por las razones más variadas, que pueden ir desde el que ideológicamente no crean en la asistencia jurídica gratuita (bien en abstracto o bien en su regulación legal concreta) o bien simplemente no les apetece estar en un servicio que les exige un notable esfuerzo que económicamente no está ni mucho menos retribuido. Sin embargo, el legislador le impone obligatoriamente esa tarea. ¿Acaso no lesiona la dignidad de ese profesional?

Cuarto.- En lo relativo a la colusión entre la Ley 2/2017 y los artículos 35 y 38 de la Constitución, la sentencia ya riza el rizo de lo impresentable, y eso que el Tribunal se pone continuamente el listón muy alto.

4.1.- El Tribunal entremezcla conceptos varios de forma caótica. Por ejemplo, niega que la colegiación obligatoria afecte a la libertad de empresa porque: “no quiere decir que el legislador no pueda regular, cuando así lo requiera el interés general, el ejercicio de dicha profesión u oficio” recordando que “el derecho constitucionalmente garantizado en el art. 35.1 no es el derecho a desarrollar cualquier actividad, sino el de elegir libremente profesión u oficio, ni en el art. 38 se reconoce el derecho a acometer cualquier empresa, sino sólo el de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden” (el subrayado es nuestro).

No se discute la exigencia de titulación, y que el ejercicio de las actividades empresariales y profesionales estén sujetas a determinados requisitos. Pero el Tribunal Constitucional, de forma deliberada o dolosa, asume como equivalentes los términos de “regulación” y “obligación”, cuando en modo alguno se da esa sinonimia.

La normativa puede, en efecto, imponer unos requisitos para el ejercicio de determinada actividad (titulación, necesidad de licencia previa de actividad, determinados requisitos en el local donde se preste -siempre que lo exija el interés público-), pero en modo alguno puede decirle a un particular a quién ha de atender y, sobre todo, cuanto ha de retribuirle por ello. Ignoro por qué tras reconocer que la libertad de empresa implica, y así lo reconoce la propia sentencia, “sostener en libertad la actividad empresarial”, el imponer a un profesional el prestar un servicio de forma obligatoria y percibiendo, además, unas misérrimas retribuciones establecidas unilateralmente por el ente público que atribuye dicha obligatoriedad es no ya un abuso, sino una auténtica burla que el Tribunal Constitucional asume como propia.

4.2.- Se llega al colmo de la miseria cuando se dice que: “tampoco puede reconocerse relevancia a la alegación relativa a la mísera cuantía de los baremos indemnizatorios actualmente vigentes, pues en ninguno de los preceptos impugnados se concretan dichos baremos” (sic). Esta afirmación incluso en países sumidos en la más profunda barbarie daría lugar a responsabilidad por superar ya el umbral de la burla y adentrarse en lo que es ya un verdadero escarnio hacia la abogacía en pleno. Es decir, que como no se “concretan” los baremos indemnizatorios en la propia ley, no se vulnera derecho alguno. Bien, utilicemos un término comparativo extraído de la propia Constitución. La Ley de Expropiación Forzosa habla de “justo” precio, es decir, que cuando a una persona se le priva imperativa y coercitivamente de su propiedad, ha de seguirse un procedimiento que de forma necesaria concluye con la necesidad de abonar un precio que a nivel legislativo se especifica ha de ser “justo”. Pues bien, en este caso, donde imperativamente se priva al profesional de su libertad decisoria, la ley únicamente prevé una “compensación” que, a mayor abundamiento, no precisa ser “justa”. Con el aditamento que el ciudadano puede discutir un justiprecio e incluso acudir a los órganos judiciales para lograr su incremento, mientras que el profesional no puede acudir a los Tribunales para lograr un aumento de las retribuciones de asistencia jurídica gratuita, entre otras cosas por la cicatería generalizada (dicho sea con todos los respetos y en estrictos términos de defensa) con que los órganos judiciales suelen abordar las retribuciones de los letrados.

Lo realmente grave es que el máximo intérprete de la Constitución acepte de forma incuestionada que a un profesional que ejerce una actividad por cuenta propia, la Administración le pueda imponer obligatoriamente asumir determinados asuntos que, a mayor abundamiento, le serán retribuidos en base a unas cantidades fijadas unilateralmente por el ente público, privándole además de toda posibilidad decisoria sobre la retribución.

Cuando en 1865 el Partido Republicano logró que el Congreso de los Estados Unidos aprobase la decimotercera enmienda constitucional proscribiendo definitivamente la esclavitud, el presidente Andrew Johnson (un racista consumado) permitió a la clase aristocrática de los estados del sur que las legislaturas estatales aprobasen unos black codes (códigos negros). Tales normas legales reconocían como libres a los hasta entonces esclavos, pero les imponían unas restricciones draconianas, como la obligatoriedad de trabajar para sus antiguos amos percibiendo un salario hasta diez veces menor que el de un hombre que tuviese ya desde su nacimiento el preciado don de la libertad.

El Tribunal Constitucional, con la nefasta resolución objeto de glosa en esta entrada, no ha hecho otra cosa que elevar a categoría de constitucional la existencia de “códigos negros” en pleno siglo XXI. Pero no debemos perder toda esperanza. Al fin y al cabo, la legislación no impone a los letrados la obligación de referirse a sus “amos” utilizando la expresión “massa”, aunque no albergo la menor duda que, de imponerlo, el máximo intérprete de la Constitución no consideraría en modo alguno que dicho tratamiento vulnerase la dignidad de los profesionales. Y es que, quien ha renunciado voluntariamente a mantener su propia dignidad (y el Tribunal Constitucional se deshizo de la suya a principios de la década de los ochenta del pasado siglo) no puede en modo alguno comprender ni valorar la ajena.

LA “PRESUNCIÓN DE REGULARIDAD” DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA EN DERECHO NORTEAMERICANO.

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Hace unos días terminaba la lectura de un breve pero interesante trabajo que, con el título The presumption of regularity in judicial review of the executive branch, se había publicado hace apenas tres meses en la Revista de Derecho de Harvard. El título hace evocar en el jurista español la “presunción de validez” de los actos administrativos, consagrada actualmente en el artículo 39.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, según el cual: “Los actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.” Pero basta adentrarse en las primeras líneas del trabajo para ver que en nada se parecen ambas ni por su origen, ni por su extensión ni por su alcance.

Es posible señalar las siguientes diferencias entre ambos institutos jurídicos:

1.- De origen. La presunción de validez consagrada en el sistema español es un principio general, consagrado en una norma con rango de ley que. Por el contrario, el principio de presunción de regularidad norteamericano tiene sus orígenes en el common law, y es de creación jurisprudencial, no legal.

2.- De alcance. La presunción de validez recogido en el ordenamiento español opera como principio general, mientras que la presunción de regularidad en el ordenamiento norteamericano tiene una aplicación muy excepcional, tan sólo aplicable en supuestos concretos y específicos.

3.- De contenido. La presunción de validez española afecta a todo el contenido del acto, mientras que la de regularidad sólo ampara determinados aspectos del mismo.

¿En qué consiste, pues, la “presunción de regularidad”? El trabajo citado nos lo explica de la siguiente forma: “La presunción de regularidad es una doctrina deferencial: da credibilidad al poder ejecutivo respecto a ciertos hechos y sobre cómo ocurrieron, por lo que, al hacerlo, reduce el control judicial y amplía la discrecionalidad ejecutiva sobre el proceso decisorio y sus resultados.” Pero esa deferencia no es una carta blanca ni desparrama su balsámico efecto sobre toda la actuación administrativa, sino que se circunscribe a aspectos muy concretos: “Los casos en que el Tribunal Supremo aplicó la presunción a las agencias administrativas, fiscales y al presidente, revelan que la misma se utilizó únicamente a un subconjunto de disputas fácticas sobre las motivaciones administrativas y procedimientos internos.” En otras palabras: deferencia, si; pero ni general, ni absoluta.

Nos explica igualmente este trabajo que la doctrina abarca dos tipos de categorías o disputas. “En la primera clase, el interesado y la Administración discrepan sobre lo que ha sucedido durante el procedimiento decisorio. En el segundo, ambos discrepan sobre por qué se llevó a cabo una determinada acción administrativa.” Este último tipo es clave, porque en base al mismo se puede destruir la validez de un actuar administrativo si se acredita que, aun habiéndose ajustado escrupulosamente a la normativa, sus motivos últimos se encontraban viciados.

En definitiva, que esta presunción de regularidad permite única y exclusivamente acreditar que el ejecutivo actuó por motivos lícitos; se trata, pues, de una deferencia relativa a la base o motivo último por la que se actúa de determinada forma. Obsérvese lo importante de esto, que en la práctica forense implica nada menos que no reconocer con carácter general la licitud de los motivos del actuar administrativo, algo que el propio ente público tendrá que acreditar en el procedimiento y que, tan sólo en un número reducido de supuestos, se podrá ver aliviado de la carga merced a la doctrina de la presunción de regularidad.

DELIBERACIONES EN ÓRGANOS JUDICIALES: SISTEMA ESPAÑOL v. SISTEMA ESTADOUNIDENSE.

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En su imprescindible bitácora, de consulta esencial y obligada para todo jurista, mi admirado José Ramón Chaves García aborda en una entrada que lleva el significativo título Deliberaciones judiciales: invisibles pero reales, un tema tan relevante y, a la vez, tan desconocido como es el de las deliberaciones en los órganos colegiados. Ciertamente, Chaves, que sabe aunar magistralmente rigor y amenidad utilizando un estilo literario accesible al gran público y que facilita con ello la comprensión de la materia, ha expuesto las líneas maestras de lo que es el auténtico Mar de los Sargazos de la Justicia española. Y aunque revelador, ha tenido suma habilidad para acercar al lector al núcleo esencial del sistema deliberativo, pero sin que esa cercanía permita introducirse en el santasanctorum del instituto jurídico comentado.

Dicha entrada me servirá de base para ofrecer al lector, por contraste legítimo, una comparativa entre las deliberaciones en los órganos jurisdiccionales colegiados en nuestro país y en los Estados Unidos.

1.- Las deliberaciones en el sistema español.

La magnífica e ilustrativa entrada a la que hemos hecho referencia me ha permitido dar carta de naturaleza a dos circunstancias que si bien hasta el momento constituían una mera sospecha, pasan desde este momento a ser hechos constatados. Primero, que todo el proceso deliberativo gira en torno a la figura del ponente; segundo, la injustificada fobia que en nuestro sistema judicial existe hacia la figura del voto particular.

En realidad, el pilar básico sobre el que se asienta el sistema y que, a la vez, constituye su auténtico cáncer del mismo, lo resume Chaves en la siguiente frase: “cada asunto corre a cargo de un ponente que ha estudiado el asunto y tiene la misión de exponer las vertientes que ofrece y la propuesta de resolución, pudiendo intervenir los demás magistrados con sus observaciones o reparos, y el que lo desee, consultar sus notas o fuentes disponibles.”

He ahí el problema. De los magistrados que integran la Sala, tan sólo uno (el ponente) se ha estudiado el asunto, y los otros dos no tienen del mismo otra idea que las que le expone el que en principio se ha encargado de sumergirse en la causa a resolver. Este es el auténtico virus de la justicia española, y ello por tres motivos:

1.1.- La condición de ponente se adquiere, teóricamente, por un hecho tan simple y a la vez tan aleatorio como es el sorteo.

1.2.- El hecho de que tan sólo uno de los jueces se encargue del estudio y la documentación hace que el resto dependa de que aquél haya comprendido bien el caso. Pero ¿qué ocurre si no es así? O ¿Qué ocurre si la exposición que efectúa no es la adecuada, es incompleta o, simplemente, no se parece en nada a lo que aparece documentado en autos? Como los otros dos no han estudiado los autos, dependen en exclusiva de las explicaciones que les ofrezca el ponente. En otras palabras, que la relación entre los jueces descansa en una especie de trust: los jueces depositan su plena confianza en el ponente de la misma forma que éste actuará de la misma forma cuando sus compañeros asuman la condición de ponentes en los casos que les correspondan.

1.3.- Lo anterior explica y justifica la ausencia en nuestro país de votos particulares. El hecho que tan sólo un magistrado tenga en su poder los autos y que el resto no, así como el tan manido “hoy por ti mañana por mi” hace que se prefiera evitar todo asomo de discrepancia. A ello se suma un mal entendido compañerismo que asimila el voto discrepante con la falta de confianza, de tal forma que un simple asomo de insinuar un hipotético voto particular haga saltar las alarmas en las Salas.

Este sistema permite de facto situaciones que bordean el surrealismo y que, aun cuando de ordinario encerradas bajo siete llaves, pueden saltan a la luz en casos muy concretos. Por ejemplo, los lectores de ese magistral ensayo que lleva por título El desgobierno judicial (publicado por Alejandro Nieto hace ya catorce años) podrán comprobar que en dicho libro el ilustre administrativista se hace eco de una sentencia en la que el magistrado ponente de cierta Audiencia Provincial fue condenado por prevaricación al dictar una sentencia, mientras que sus dos compañeros fueron absueltos porque alegaron (y la Sala que enjuiciaba penalmente la causa acogió dicha tesis) que se habían limitado a dar por bueno lo que les había dicho aquél.

En definitiva, que todo el sistema de deliberaciones reposa sobre un único elemento: el ponente. Si este falla, el edificio tan ingeniosamente construido se desploma cual castillo de naipes.

 

2.- Las deliberaciones en el sistema judicial estadounidense.

Alejémonos ahora de nuestro ordenamiento, saltemos con nuestra imaginación el océano Atlántico y situémonos en el sistema jurídico norteamericano. Veamos por vía de contraste cómo resuelve el asunto un órgano colegiado, ya sea un Tribunal de Apelación o el Tribunal Supremo.

2.1.- Para empezar, no es sólo un magistrado, sino todos los integrantes de la Sala o del propio órgano (si actúa en Pleno) se llevan estudiados todos los asuntos. Entre otras cosas porque la fase de apelación es oral, y en la vista lo normal es que los jueces pregunten a los abogados de las partes. Ello implica que necesariamente todos han de estar al tanto de los avatares de la causa que han de resolver. Ningún juez depende, por tanto, de las explicaciones que le facilite otro: él mismo ha tenido que empaparse el asunto y, por tanto, tiene del mismo un conocimiento, cuando menos similar al de sus colegas.

2.2.- Lo anterior conlleva que sea mucho más frecuente el voto particular. No sólo por el estudio del caso por parte de todos los integrantes del Tribunal, sino porque en modo alguno se toma como una muestra de desconfianza y ni mucho menos se estima una afrenta que un compañero discrepe jurídicamente y haga explícita su disidencia. Ruth Bader Gisburn y el fallecido Antonin Scalia eran íntimos amigos (amistad que, por cierto, ha inspirado un musical) y ello no impedía que en las resoluciones judiciales ambos se dirigiesen, siempre desde el respeto, hábiles estocadas de esgrima jurídica. El propio Scalia llegó a decir que el juez que no sepa asumir la discrepancia jurídica de sus colegas, no merece estar en el cargo.

2.3.- El ponente no viene predeterminado por sorteo, sino que su elección viene por otro criterio. Una vez finalizada la vista oral (es decir, cuando no sólo todos los jueces han estudiado el asunto, sino que han podido trasladar sus dudas en forma de preguntas a los letrados de las partes), se produce una deliberación en la cual se efectúa una votación nominal. Si el presidente del órgano judicial se encuentra en la mayoría, decidirá con total libertad a quién, de entre todos los jueces que integren el parecer mayoritario, encarga la redacción de la sentencia. En caso contrario, será el juez más antiguo de quienes compongan es mayoría quien designe la persona encargada de redactar la sentencia.

2.4.- Por último, a diferencia del caso español, donde las deliberaciones continúan siendo una especie de misterio de Eleusis tan sólo accesible a los iniciados, en la otra orilla del Atlántico son cada vez más frecuentes las ocasiones donde, lógicamente a posteriori, algunos logran penetrar en el espacio reservado al Sumo Sacerdote y ofrecer al público una visión del Santasanctorum. El legendario Bob Woodward lo hizo en 1979 con el ya histórico The brethren, donde revelaba las interioridades del Tribunal Supremo de los Estados Unidos durante el periodo 1969-1976. Pero en fechas más recientes otros autores han seguido la estela de Woodward, como es el caso de Jeffrey Toobin, con sus The nine y The oath.

En este caso, el sistema no descansa sobre un único elemento, sino sobre varios, lo que permite, de forma muy ingeniosa, un eficaz sistema de “frenos y contrapesos” interno en la judicatura que hace no imposible, pero sí mas difícil el error.

Dos sistemas muy distintos, como distintas son las mentalidades de ambos países, a todos los niveles.

KAVANAUGH EN EL TRIBUNAL SUPREMO.

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La confirmación senatorial de Brett Kavanaugh como noveno juez del Tribunal Supremo en sustitución de Anthony Kennedy que tuvo lugar ayer sábado día 6 de octubre de 2018, así como el juramento prestado hoy día 7 en una ceremonia restringida, le facultan ya para ocupar el puesto mañana mismo.

La noticia ha provocado un tratamiento periodístico en nuestro país a la altura de todas las noticias que se refieren a los Estados Unidos, es decir, absolutamente lamentable. Hay excepciones, pero curiosamente fuera del ámbito periodístico, como, por ejemplo, la excelente entrada que, con el título Un Tribunal Supremo más republicano, ha publicado en su blog el profesor Miguel Presno Linera. Aunque desde una perspectiva ideológica no necesariamente coincidente con la mía, sí que efectúa un análisis riguroso partiendo de hechos objetivos y demostrando, además, que a diferencia de otros, domina perfectamente el tema estudiado.

Pero hay quienes merecerían ser incluidos en la antología del disparate periodístico. Es el caso de Mercedes Gallego, “corresponsal” (así figura), quien publica hoy en el diario El Comercio un deleznable análisis con un título ya de por sí capcioso: Trump ya tiene un Supremo a su medida. Orillando lo equívoco del titular (que puede dar a entender que la mayoría de los jueces los ha nombrado Trump), tan lamentable pieza contiene varias afirmaciones y clamorosa omisiones reveladoras del nulo conocimiento que la autora del mismo tiene de la institución y de su historia:

1.-Su confirmación ayer, por 50 votos a 48, representa el margen más pequeño que haya tenido nunca la elección de un juez del Supremo.” Si la redactora de la noticia hubiese tenido la curiosidad de asomarse a la página web del Senado (sistemáticamente olvidada estos días por los sesudos comentaristas del affaire Kavanaugh) habría podido observar que el 12 de mayo de 1881 dicha cámara dio el visto bueno al juez Stanley Matthews (inicialmente propuesto a instancias de Rutherford B. Hayes en los últimos días de su mandato como presidente, aunque James Garfield confirmó su nominación) por 24 votos a favor y 23 en contra. En otras palabras, por un único voto de diferencia. Ergo ya hay un margen más reducido que el de Kavanaugh.

2.-Por su mesa pasarán ahora todas las demandas que se interpongan contra las políticas de Trump, y puede que hasta su impeachment.” En este caso se mezclan una evidente omisión con un gravísimo desconocimiento:

2.1.- Decir que por la mesa de Kavanaugh puede pasar el impeachment de Trump es una barbaridad soberana hasta para el bajísimo nivel del periodismo actual. Basta un simple vistazo a la no muy extensa Constitución estadounidense para saber que en el caso de un procedimiento de destitución presidencial, es la Cámara de Representantes quien ha de formular los cargos concretos que se imputan al mandatario y el Senado quien se encarga de decidir si los mismos son fundados o no, algo que exige una mayoría de dos tercios de los senadores. Pero es que, además, el único juez del Tribunal Supremo que, por imperativo constitucional, se vería involucrado sería el chief justice John Roberts, que únicamente tendría como misión presidir el debate y votación senatorial.

2.2.- Es cierto que Kavanaugh será uno de los jueces que tenga que decidir cuestiones relativas con la política de Trump. Pero la corresponsal “olvida” ilustrar al lector que, por ejemplo, las dos juezas nombradas a instancias de Obama resolvieron asuntos relativos a políticas propuestas a instancias del citado mandatario como, por ejemplo, la reforma sanitaria. Y eso que Elena Kagan había ostentado el cargo de Solicitor General con el predecesor de Trump. No fue el único caso pues, por ejemplo, el legendario Hugo L. Black, juez propuesto a instancias de Franklin Roosevelt, había sido hasta su acceso a la cúspide del poder judicial, senador demócrata y principal apoyo de las políticas del New Deal.

2.3.- Aquí (eso es cierto) se echa mano del testimonio del nonagenario (casi al borde del centenario) John Paul Stevens, quien, por cierto, no cuestionó la capacidad de Kavanaugh, pues su negativa se basa en: “reasons that have really no relationship to his intellectual ability or his record as a federal judge. He’s a fine federal judge.” Ahora bien, tanto Stevens como quien lo cita silencian, por ejemplo, que la juez Ruth Bader Gisburn se manifestó públicamente en contra de Donald Trump durante la campaña electoral. No sólo le calificó expresamente de “faker”, sino que, sin el más mínimo rubor, soltó esta perla: “I can’t imagine what this place would be — I can’t imagine what the country would be — with Donald Trump as our president.” No he visto a ningún comentarista, reportero, corresponsal o simple glosador de noticias que haya criticado a Gisburn o insinuado que debería abstenerse de conocer asuntos relacionados con Donald Trump debido a tener una evidente antipatía hacia el personaje.

Es materialmente imposible analizar el papel del Tribunal Supremo en el ordenamiento norteamericano sin conocer mínimamente su historia, historia a la que pocos, muy pocos, se han molestado tan siquiera en asomarse. Durante su década inicial, el alto tribunal tuvo como misión principal asentar el nuevo sistema, de ahí que su relación con los otros dos poderes fue de colaboración y apoyo en vez de confrontación. No fue sino con el advenimiento de Thomas Jefferson a la presidencia, en 1801, cuando sus tesis antifederalistas chocaron con un Tribunal Supremo integrado fundamentalmente por partidarios del federalismo. De ahí que Jefferson hizo lo que todos los presidentes han hecho desde entonces cuando han tenido la oportunidad: intentar modificar la composición del Tribunal nombrando jueces ideológicamente afines. Siempre ha sido así. El caso paradigmático fue el enfrentamiento de Franklin D. Roosevelt con el Tribunal Supremo presidido por Charles Evans Hughes, cuando éste declaró inconstitucionales varias leyes auspiciadas por aquél. Roosevelt intentó una maniobra arriesgada (aumentar el número de miembros del órgano judicial) que fue desautorizada por su propio partido, pero a la larga acabó modificando la jurisprudencia del Tribunal Supremo simplemente nombrando a partidarios de sus políticas. Y Roosevelt efectuó nada menos que ocho nombramientos, lo que le permitió tener un Tribunal Supremo auténticamente “afín.”

No siempre un juez responde a las expectativas de quienes lo nombraron. Los presidentes Jefferson y Madison intentaron quebrar la mayoría federalista mediante nombramientos de personas contrarias a dicha ideología, pero en ocasiones el tiro les salió por la culata, como en el caso de Joseph Story, uno de los más brillantes jueces del Tribunal Supremo en su etapa inicial, que dotó a la jurisprudencia Marshall de la erudición que a éste le faltaba. En épocas más recientes, Byron White, nombrado a propuesta de John F. Kennedy, se inclinó más hacia posturas conservadoras, pues White fue, junto con Rehnquist, el único que discrepó abiertamente de la sentencia Roe v. Wade. Pero el historial de “decepciones” se inclina claramente hacia el lado republicano: Earl Warren y William Brennan (nombrados a instancias del republicano Eisenhower); Harry Blackmun y Lewis Powell (a instancias de Nixon); John Paul Stevens (a instancias de Ford); Sandra Day O´Connor y Anthony Kennedy (a instancias de Reagan) y David Souter (a instancias de George H. W. Bush). Todos ellos supusieron un desencanto para quienes los propusieron

Es indudable, y en este caso no puede negarse lo evidente, que la incorporación de Brett Kavanaugh altera el equilibrio interno del Tribunal Supremo orientándolo hacia posiciones más conservadoras. Pues si hasta la fecha existían cuatro jueces conservadores (el chief justice John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neal Gorsuch) y cuatro liberales (Ruth Bader Gisburn, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) con Anthony Kennedy como voto oscilante, la sustitución de Kennedy por Kavanaugh supone no incorporar un quinto voto conservador (pues Kennedy lo era en muchas ocasiones) sino en consolidar una mayoría en determinadas cuestiones.

Cualquier presidente busca cubrir vacantes en la judicatura con personas afines a su filosofía jurídica. Incluso algunos, como Nixon, llevaron tal cuestión de forma explícita en su programa electoral. Trump, al igual que Nixon, llevó dicho aspecto incorporado a su programa electoral y, como tal, es fiel al mismo. Podrá gustar o no, pero el actual mandatario está cumpliendo a rajatabla (salvo en política internacional, donde ha mutado en algo sus posiciones iniciales) el programa con el que fue elegido. Es posible que, en un país como el nuestro, donde los programas electorales están (como dijo un redomado hipócrita a quien sus afines han elevado a la categoría de santo laico) “para no cumplirlos” ello pueda suponer un anatema, pero al igual que Bill Clinton y Barack Obama accedieron a la Casa Blanca con un determinado programa, George Bush y Donald Trump han accedido con otro. Y todos ellos buscan complacer a su base electoral y ampliarla, no a despreciarla.

Por cierto, nadie, absolutamente nadie ha cuestionado la capacidad intelectual y jurídica de Brett Kavanaugh para el puesto, sino que el casus belli radicaba en la circunstancia que el juez presuntamente habría intentado agredir sexualmente a una mujer treinta y seis años atrás, denuncia que se formuló por vez primera al terminar los procedimientos senatoriales, y del que no existe otra prueba que las manifestaciones de mujeres en apoyo de la denunciante al grito de “yo te creo”. Ahora bien, hasta donde me enseñaron en la facultad, la veracidad o falsedad de una acusación no se mide por el número de apoyos de la denunciante, como la justicia de una pretensión no se mide por las posibilidades económicas de quien la sostiene.

Ni Kavanaugh es el ángel cruzado con que le describen sus defensores republicanos, ni la bestia humana con que le definen sus adversarios demócratas. Es simplemente un brillante jurista que, como cualquier otro, tiene sus visiones particulares de determinados asuntos. Ello no le inhabilita en modo alguno como juez, de la misma manera que a los juristas que tienen visiones contrarias a las de Kavanaugh dicha circunstancia tampoco les inhabilitaría para acceder en el futuro al Tribunal Supremo.

Una última cuestión que afecta al Partido Demócrata. Dicha formación política ha cuestionado a Kavanaugh no por cuestiones ligadas a su capacidad jurídica, sino por sostener que una persona acusada de agresión sexual no puede desempeñar un cargo tan importante. Un partido que ha tenido como uno de sus oráculos, y hasta fechas relativamente recientes (2009) al más que dudoso Edward Kennedy, debería ser más prudente a la hora de utilizar determinados calificativos. “Ted” Kennedy fue senador demócrata durante más de cuarenta años (concretamente, entre 1962 y su fallecimiento en 2009) y durante ese larguísimo periodo presidió varios comités senatoriales, entre ellos el de Justicia y el de Trabajo y Salud. Este siniestro personaje, a quien el Partido Demócrata reverenciaba y que ejercía de portavoz oficioso y en ocasiones oficial del mismo, no es ya que hubiera abusado sexualmente de mujeres, es que fue el responsable directo de la muerte de una de sus amantes en el año 1969. Basta que cualquier persona busque información sobre el “incidente Chappaquidick” o vea el reciente film El escándalo Ted Kennedy (basado en tales hechos, aunque con alguna que otra licencia) para que pueda comprobar la calaña de la que estaba hecho el personaje. Pero como provenía de una familia pudiente que se encargó de lavar su imagen (a base de dinero, claro está) y que los cargos que se le imputaban (conducción temeraria con resultado muerte) quedasen reducidos a la mínima expresión, en este caso los guardianes de la moral optaron por un “pelillos a la mar” (o, en este caso, podría decirse más propiamente “al lago”). Y desde entonces, el senador Kennedy fue el encargado de convertirse en foco emisor de doctrinas de ejemplaridad democrática.

SIR EDWARD COKE Y LA AGENCIA TRIBUTARIA.

 

Edward_coke

En el año 1610 se celebró en el Court of Common Pleas de Inglaterra el caso de Thomas Bonham v. College of Phisicians, en virtud del cual el cirujano demandante impugnaba una sanción económica que le había sido impuesta por la corporación demandada con base en la circunstancia que aquel ejercía la medicina sin la pertinente colegiación. En la sentencia del caso, el Lord Chief Justice sir Edward Coke anuló la sanción argumentando que no puede actuarse como juez y parte, y en el caso en cuestión el colegio de cirujanos lo había hecho, porque era en parte beneficiario de la multa que él mismo había impuesto. Esta circunstancia ha pasado a un segundo plano hoy en día debido a otra afirmación del juez Coke, aquélla en la cual sostenía que: “it appears in our books, that in many cases, the common law will control Acts of Parliament, and sometimes adjudge them to be utterly void.”

La doctrina esgrimida por Coke debiera ser tenida muy en cuenta por los jueces y magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo a la hora de enfrentarse con determinadas actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, uno de los organismos públicos más tétricos, vampíricos y draconianos que existen urbi et orbi. Y ello porque existen más que fundadas razones para, en determinados casos, cuestionar la objetividad de los empleados públicos encargados de la inspección de los tributos y para concluir, razonablemente, que tienen interés directo en la causa.

Y es que, en efecto, la doctrina tradicional fundamenta la presunción de certeza en la “objetividad de un funcionario público especializado e imparcial”. Ahora bien, en el presente año 2018 el Ministerio de Hacienda alcanzó un acuerdo con los sindicatos en virtud del cual eleva nada menos que el 38% el plus de productividad, eso sí, siempre y cuando se lograse una recaudación bruta de 90.800 millones en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Si uno observa el acuerdo alcanzado, podrá comprobar que en lo que se refiere a la productividad, el mismo implica que: “el componente variable de la productividad extraordinaria por resultados 2018 dependerá del crédito final de productividad del que finalmente disponga la Agencia Tributaria en función de los resultados alcanzados por el Plan Especial de Intensificación de Actuaciones para 2018 en cada uno de los dos periodos de tiempo de referencia del Plan. Su distribución se hará entre los distintos colectivos y las distintas áreas y unidades en que la organización se estructura de acuerdo con la carga de trabajo adicional efectivamente desarrollada y de su grado de contribución a los objetivos alcanzados.”

En otras palabras, que el empleado público, cuya objetividad e imparcialidad proclama abstracta y fríamente la letra de la ley, tiene un interés directo y personal en el aumento de la recaudación, dado que buena parte de su complemento de productividad depende de alcanzar esos objetivos fijados por el Ministerio. Lógicamente, ello implicará efectuar interpretaciones de lo más riguroso y estricto con la finalidad de engrosar con dinero fresco las arcas públicas, pues de ello depende un incremento al alza de sus propias retribuciones. Con el añadido que, dada la configuración legal del sistema, se trasladaría al particular la carga impugnatoria. No todos los ciudadanos tienen la fuerza ni las ganas de entablar una batalla con el Gran Hermano Tributario, que en no poca medida ha incrementado sus ya desproporcionadas facultades gracias a que en un porcentaje nada desdeñable el Poder Judicial opta por mirar hacia otro lado y fallar en contra del particular. Por ello, los ciudadanos ven asaltados sus bolsillos y su patrimonio, que disminuye en forma directamente proporcional a las retribuciones que, como premio por esa acción, obtienen los aparentemente imparciales empleados públicos cuya actuación goza de objetividad.

En alguna que otra ocasión, a los órganos judiciales no les queda más remedio que dar un varapalo a la Administración y recordarle que, por mucha manga ancha que se les pueda dar, existen límites. Así, por ejemplo, la recentísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ratifica el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableciendo que las prestaciones públicas por maternidad se encuentran exentas del IRPF. Sería bueno hacerse varias preguntas:

Primera.- ¿Cuánto dinero ingresó la Agencia Estatal de Administración Tributaria por dicho concepto?

Segundo.- ¿Cuántos contribuyentes han perdido su derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos al haber superado el plazo de cuatro años fijado como plazo de prescripción por la normativa fiscal?

Tercero.- ¿Cuánto supone, en términos económicos, el enriquecimiento injusto del Estado (por ser sumamente benévolo con el calificativo, pues el que realmente merecería utilizarse es el de financiación ilegal)?

Cuarto.- ¿Se hará público quién es el responsable máximo de haber adoptado tal criterio interpretativo y, de ser positiva la respuesta, se depurarán responsabilidades de forma individualizada?

Se argumentará por parte de los empleados públicos que en modo alguno la legítima aspiración de ver incrementados sus emolumentos les cegará hasta el punto de efectuar interpretaciones en perjuicio de los ciudadanos. Pero quien suscribe no es tan joven e ingenuo como para creerse tal boutade y, en todo caso, quienes actuasen de tal forma serían un sector no ya minoritario, sino casi inexistente. Máxime teniendo en cuenta que, en el caso de verse desautorizados, no existiría ningún tipo de responsabilidad ni disciplinaria, ni civil ni penal del empleado público en cuestión, más blindado en este punto que muchas de las mejores cajas acorazadas del país. Porque, al fin y al cabo, quien termina pagando el pato, como dice con una divertidísima expresión cierto comunicador, sois “vosotros, queridos niños.”

Es una lástima que la sombra de sir Edward Coke se proyecte únicamente por los países de la Commonwealth y territorios antaño sometidos a la dominación británica. Porque en Europa siempre ha prevalecido más el espíritu de Luis XIV, aun que el manto de armiño no luzca ya en el Palacio de Versalles ni cubra regios corpachones, sino a “Agencias” y a sus “agentes”.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión