SIR EDWARD COKE Y LA AGENCIA TRIBUTARIA.

 

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En el año 1610 se celebró en el Court of Common Pleas de Inglaterra el caso de Thomas Bonham v. College of Phisicians, en virtud del cual el cirujano demandante impugnaba una sanción económica que le había sido impuesta por la corporación demandada con base en la circunstancia que aquel ejercía la medicina sin la pertinente colegiación. En la sentencia del caso, el Lord Chief Justice sir Edward Coke anuló la sanción argumentando que no puede actuarse como juez y parte, y en el caso en cuestión el colegio de cirujanos lo había hecho, porque era en parte beneficiario de la multa que él mismo había impuesto. Esta circunstancia ha pasado a un segundo plano hoy en día debido a otra afirmación del juez Coke, aquélla en la cual sostenía que: “it appears in our books, that in many cases, the common law will control Acts of Parliament, and sometimes adjudge them to be utterly void.”

La doctrina esgrimida por Coke debiera ser tenida muy en cuenta por los jueces y magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo a la hora de enfrentarse con determinadas actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, uno de los organismos públicos más tétricos, vampíricos y draconianos que existen urbi et orbi. Y ello porque existen más que fundadas razones para, en determinados casos, cuestionar la objetividad de los empleados públicos encargados de la inspección de los tributos y para concluir, razonablemente, que tienen interés directo en la causa.

Y es que, en efecto, la doctrina tradicional fundamenta la presunción de certeza en la “objetividad de un funcionario público especializado e imparcial”. Ahora bien, en el presente año 2018 el Ministerio de Hacienda alcanzó un acuerdo con los sindicatos en virtud del cual eleva nada menos que el 38% el plus de productividad, eso sí, siempre y cuando se lograse una recaudación bruta de 90.800 millones en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Si uno observa el acuerdo alcanzado, podrá comprobar que en lo que se refiere a la productividad, el mismo implica que: “el componente variable de la productividad extraordinaria por resultados 2018 dependerá del crédito final de productividad del que finalmente disponga la Agencia Tributaria en función de los resultados alcanzados por el Plan Especial de Intensificación de Actuaciones para 2018 en cada uno de los dos periodos de tiempo de referencia del Plan. Su distribución se hará entre los distintos colectivos y las distintas áreas y unidades en que la organización se estructura de acuerdo con la carga de trabajo adicional efectivamente desarrollada y de su grado de contribución a los objetivos alcanzados.”

En otras palabras, que el empleado público, cuya objetividad e imparcialidad proclama abstracta y fríamente la letra de la ley, tiene un interés directo y personal en el aumento de la recaudación, dado que buena parte de su complemento de productividad depende de alcanzar esos objetivos fijados por el Ministerio. Lógicamente, ello implicará efectuar interpretaciones de lo más riguroso y estricto con la finalidad de engrosar con dinero fresco las arcas públicas, pues de ello depende un incremento al alza de sus propias retribuciones. Con el añadido que, dada la configuración legal del sistema, se trasladaría al particular la carga impugnatoria. No todos los ciudadanos tienen la fuerza ni las ganas de entablar una batalla con el Gran Hermano Tributario, que en no poca medida ha incrementado sus ya desproporcionadas facultades gracias a que en un porcentaje nada desdeñable el Poder Judicial opta por mirar hacia otro lado y fallar en contra del particular. Por ello, los ciudadanos ven asaltados sus bolsillos y su patrimonio, que disminuye en forma directamente proporcional a las retribuciones que, como premio por esa acción, obtienen los aparentemente imparciales empleados públicos cuya actuación goza de objetividad.

En alguna que otra ocasión, a los órganos judiciales no les queda más remedio que dar un varapalo a la Administración y recordarle que, por mucha manga ancha que se les pueda dar, existen límites. Así, por ejemplo, la recentísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ratifica el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableciendo que las prestaciones públicas por maternidad se encuentran exentas del IRPF. Sería bueno hacerse varias preguntas:

Primera.- ¿Cuánto dinero ingresó la Agencia Estatal de Administración Tributaria por dicho concepto?

Segundo.- ¿Cuántos contribuyentes han perdido su derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos al haber superado el plazo de cuatro años fijado como plazo de prescripción por la normativa fiscal?

Tercero.- ¿Cuánto supone, en términos económicos, el enriquecimiento injusto del Estado (por ser sumamente benévolo con el calificativo, pues el que realmente merecería utilizarse es el de financiación ilegal)?

Cuarto.- ¿Se hará público quién es el responsable máximo de haber adoptado tal criterio interpretativo y, de ser positiva la respuesta, se depurarán responsabilidades de forma individualizada?

Se argumentará por parte de los empleados públicos que en modo alguno la legítima aspiración de ver incrementados sus emolumentos les cegará hasta el punto de efectuar interpretaciones en perjuicio de los ciudadanos. Pero quien suscribe no es tan joven e ingenuo como para creerse tal boutade y, en todo caso, quienes actuasen de tal forma serían un sector no ya minoritario, sino casi inexistente. Máxime teniendo en cuenta que, en el caso de verse desautorizados, no existiría ningún tipo de responsabilidad ni disciplinaria, ni civil ni penal del empleado público en cuestión, más blindado en este punto que muchas de las mejores cajas acorazadas del país. Porque, al fin y al cabo, quien termina pagando el pato, como dice con una divertidísima expresión cierto comunicador, sois “vosotros, queridos niños.”

Es una lástima que la sombra de sir Edward Coke se proyecte únicamente por los países de la Commonwealth y territorios antaño sometidos a la dominación británica. Porque en Europa siempre ha prevalecido más el espíritu de Luis XIV, aun que el manto de armiño no luzca ya en el Palacio de Versalles ni cubra regios corpachones, sino a “Agencias” y a sus “agentes”.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

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