KAVANAUGH EN EL TRIBUNAL SUPREMO.

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La confirmación senatorial de Brett Kavanaugh como noveno juez del Tribunal Supremo en sustitución de Anthony Kennedy que tuvo lugar ayer sábado día 6 de octubre de 2018, así como el juramento prestado hoy día 7 en una ceremonia restringida, le facultan ya para ocupar el puesto mañana mismo.

La noticia ha provocado un tratamiento periodístico en nuestro país a la altura de todas las noticias que se refieren a los Estados Unidos, es decir, absolutamente lamentable. Hay excepciones, pero curiosamente fuera del ámbito periodístico, como, por ejemplo, la excelente entrada que, con el título Un Tribunal Supremo más republicano, ha publicado en su blog el profesor Miguel Presno Linera. Aunque desde una perspectiva ideológica no necesariamente coincidente con la mía, sí que efectúa un análisis riguroso partiendo de hechos objetivos y demostrando, además, que a diferencia de otros, domina perfectamente el tema estudiado.

Pero hay quienes merecerían ser incluidos en la antología del disparate periodístico. Es el caso de Mercedes Gallego, “corresponsal” (así figura), quien publica hoy en el diario El Comercio un deleznable análisis con un título ya de por sí capcioso: Trump ya tiene un Supremo a su medida. Orillando lo equívoco del titular (que puede dar a entender que la mayoría de los jueces los ha nombrado Trump), tan lamentable pieza contiene varias afirmaciones y clamorosa omisiones reveladoras del nulo conocimiento que la autora del mismo tiene de la institución y de su historia:

1.-Su confirmación ayer, por 50 votos a 48, representa el margen más pequeño que haya tenido nunca la elección de un juez del Supremo.” Si la redactora de la noticia hubiese tenido la curiosidad de asomarse a la página web del Senado (sistemáticamente olvidada estos días por los sesudos comentaristas del affaire Kavanaugh) habría podido observar que el 12 de mayo de 1881 dicha cámara dio el visto bueno al juez Stanley Matthews (inicialmente propuesto a instancias de Rutherford B. Hayes en los últimos días de su mandato como presidente, aunque James Garfield confirmó su nominación) por 24 votos a favor y 23 en contra. En otras palabras, por un único voto de diferencia. Ergo ya hay un margen más reducido que el de Kavanaugh.

2.-Por su mesa pasarán ahora todas las demandas que se interpongan contra las políticas de Trump, y puede que hasta su impeachment.” En este caso se mezclan una evidente omisión con un gravísimo desconocimiento:

2.1.- Decir que por la mesa de Kavanaugh puede pasar el impeachment de Trump es una barbaridad soberana hasta para el bajísimo nivel del periodismo actual. Basta un simple vistazo a la no muy extensa Constitución estadounidense para saber que en el caso de un procedimiento de destitución presidencial, es la Cámara de Representantes quien ha de formular los cargos concretos que se imputan al mandatario y el Senado quien se encarga de decidir si los mismos son fundados o no, algo que exige una mayoría de dos tercios de los senadores. Pero es que, además, el único juez del Tribunal Supremo que, por imperativo constitucional, se vería involucrado sería el chief justice John Roberts, que únicamente tendría como misión presidir el debate y votación senatorial.

2.2.- Es cierto que Kavanaugh será uno de los jueces que tenga que decidir cuestiones relativas con la política de Trump. Pero la corresponsal “olvida” ilustrar al lector que, por ejemplo, las dos juezas nombradas a instancias de Obama resolvieron asuntos relativos a políticas propuestas a instancias del citado mandatario como, por ejemplo, la reforma sanitaria. Y eso que Elena Kagan había ostentado el cargo de Solicitor General con el predecesor de Trump. No fue el único caso pues, por ejemplo, el legendario Hugo L. Black, juez propuesto a instancias de Franklin Roosevelt, había sido hasta su acceso a la cúspide del poder judicial, senador demócrata y principal apoyo de las políticas del New Deal.

2.3.- Aquí (eso es cierto) se echa mano del testimonio del nonagenario (casi al borde del centenario) John Paul Stevens, quien, por cierto, no cuestionó la capacidad de Kavanaugh, pues su negativa se basa en: “reasons that have really no relationship to his intellectual ability or his record as a federal judge. He’s a fine federal judge.” Ahora bien, tanto Stevens como quien lo cita silencian, por ejemplo, que la juez Ruth Bader Gisburn se manifestó públicamente en contra de Donald Trump durante la campaña electoral. No sólo le calificó expresamente de “faker”, sino que, sin el más mínimo rubor, soltó esta perla: “I can’t imagine what this place would be — I can’t imagine what the country would be — with Donald Trump as our president.” No he visto a ningún comentarista, reportero, corresponsal o simple glosador de noticias que haya criticado a Gisburn o insinuado que debería abstenerse de conocer asuntos relacionados con Donald Trump debido a tener una evidente antipatía hacia el personaje.

Es materialmente imposible analizar el papel del Tribunal Supremo en el ordenamiento norteamericano sin conocer mínimamente su historia, historia a la que pocos, muy pocos, se han molestado tan siquiera en asomarse. Durante su década inicial, el alto tribunal tuvo como misión principal asentar el nuevo sistema, de ahí que su relación con los otros dos poderes fue de colaboración y apoyo en vez de confrontación. No fue sino con el advenimiento de Thomas Jefferson a la presidencia, en 1801, cuando sus tesis antifederalistas chocaron con un Tribunal Supremo integrado fundamentalmente por partidarios del federalismo. De ahí que Jefferson hizo lo que todos los presidentes han hecho desde entonces cuando han tenido la oportunidad: intentar modificar la composición del Tribunal nombrando jueces ideológicamente afines. Siempre ha sido así. El caso paradigmático fue el enfrentamiento de Franklin D. Roosevelt con el Tribunal Supremo presidido por Charles Evans Hughes, cuando éste declaró inconstitucionales varias leyes auspiciadas por aquél. Roosevelt intentó una maniobra arriesgada (aumentar el número de miembros del órgano judicial) que fue desautorizada por su propio partido, pero a la larga acabó modificando la jurisprudencia del Tribunal Supremo simplemente nombrando a partidarios de sus políticas. Y Roosevelt efectuó nada menos que ocho nombramientos, lo que le permitió tener un Tribunal Supremo auténticamente “afín.”

No siempre un juez responde a las expectativas de quienes lo nombraron. Los presidentes Jefferson y Madison intentaron quebrar la mayoría federalista mediante nombramientos de personas contrarias a dicha ideología, pero en ocasiones el tiro les salió por la culata, como en el caso de Joseph Story, uno de los más brillantes jueces del Tribunal Supremo en su etapa inicial, que dotó a la jurisprudencia Marshall de la erudición que a éste le faltaba. En épocas más recientes, Byron White, nombrado a propuesta de John F. Kennedy, se inclinó más hacia posturas conservadoras, pues White fue, junto con Rehnquist, el único que discrepó abiertamente de la sentencia Roe v. Wade. Pero el historial de “decepciones” se inclina claramente hacia el lado republicano: Earl Warren y William Brennan (nombrados a instancias del republicano Eisenhower); Harry Blackmun y Lewis Powell (a instancias de Nixon); John Paul Stevens (a instancias de Ford); Sandra Day O´Connor y Anthony Kennedy (a instancias de Reagan) y David Souter (a instancias de George H. W. Bush). Todos ellos supusieron un desencanto para quienes los propusieron

Es indudable, y en este caso no puede negarse lo evidente, que la incorporación de Brett Kavanaugh altera el equilibrio interno del Tribunal Supremo orientándolo hacia posiciones más conservadoras. Pues si hasta la fecha existían cuatro jueces conservadores (el chief justice John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neal Gorsuch) y cuatro liberales (Ruth Bader Gisburn, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) con Anthony Kennedy como voto oscilante, la sustitución de Kennedy por Kavanaugh supone no incorporar un quinto voto conservador (pues Kennedy lo era en muchas ocasiones) sino en consolidar una mayoría en determinadas cuestiones.

Cualquier presidente busca cubrir vacantes en la judicatura con personas afines a su filosofía jurídica. Incluso algunos, como Nixon, llevaron tal cuestión de forma explícita en su programa electoral. Trump, al igual que Nixon, llevó dicho aspecto incorporado a su programa electoral y, como tal, es fiel al mismo. Podrá gustar o no, pero el actual mandatario está cumpliendo a rajatabla (salvo en política internacional, donde ha mutado en algo sus posiciones iniciales) el programa con el que fue elegido. Es posible que, en un país como el nuestro, donde los programas electorales están (como dijo un redomado hipócrita a quien sus afines han elevado a la categoría de santo laico) “para no cumplirlos” ello pueda suponer un anatema, pero al igual que Bill Clinton y Barack Obama accedieron a la Casa Blanca con un determinado programa, George Bush y Donald Trump han accedido con otro. Y todos ellos buscan complacer a su base electoral y ampliarla, no a despreciarla.

Por cierto, nadie, absolutamente nadie ha cuestionado la capacidad intelectual y jurídica de Brett Kavanaugh para el puesto, sino que el casus belli radicaba en la circunstancia que el juez presuntamente habría intentado agredir sexualmente a una mujer treinta y seis años atrás, denuncia que se formuló por vez primera al terminar los procedimientos senatoriales, y del que no existe otra prueba que las manifestaciones de mujeres en apoyo de la denunciante al grito de “yo te creo”. Ahora bien, hasta donde me enseñaron en la facultad, la veracidad o falsedad de una acusación no se mide por el número de apoyos de la denunciante, como la justicia de una pretensión no se mide por las posibilidades económicas de quien la sostiene.

Ni Kavanaugh es el ángel cruzado con que le describen sus defensores republicanos, ni la bestia humana con que le definen sus adversarios demócratas. Es simplemente un brillante jurista que, como cualquier otro, tiene sus visiones particulares de determinados asuntos. Ello no le inhabilita en modo alguno como juez, de la misma manera que a los juristas que tienen visiones contrarias a las de Kavanaugh dicha circunstancia tampoco les inhabilitaría para acceder en el futuro al Tribunal Supremo.

Una última cuestión que afecta al Partido Demócrata. Dicha formación política ha cuestionado a Kavanaugh no por cuestiones ligadas a su capacidad jurídica, sino por sostener que una persona acusada de agresión sexual no puede desempeñar un cargo tan importante. Un partido que ha tenido como uno de sus oráculos, y hasta fechas relativamente recientes (2009) al más que dudoso Edward Kennedy, debería ser más prudente a la hora de utilizar determinados calificativos. “Ted” Kennedy fue senador demócrata durante más de cuarenta años (concretamente, entre 1962 y su fallecimiento en 2009) y durante ese larguísimo periodo presidió varios comités senatoriales, entre ellos el de Justicia y el de Trabajo y Salud. Este siniestro personaje, a quien el Partido Demócrata reverenciaba y que ejercía de portavoz oficioso y en ocasiones oficial del mismo, no es ya que hubiera abusado sexualmente de mujeres, es que fue el responsable directo de la muerte de una de sus amantes en el año 1969. Basta que cualquier persona busque información sobre el “incidente Chappaquidick” o vea el reciente film El escándalo Ted Kennedy (basado en tales hechos, aunque con alguna que otra licencia) para que pueda comprobar la calaña de la que estaba hecho el personaje. Pero como provenía de una familia pudiente que se encargó de lavar su imagen (a base de dinero, claro está) y que los cargos que se le imputaban (conducción temeraria con resultado muerte) quedasen reducidos a la mínima expresión, en este caso los guardianes de la moral optaron por un “pelillos a la mar” (o, en este caso, podría decirse más propiamente “al lago”). Y desde entonces, el senador Kennedy fue el encargado de convertirse en foco emisor de doctrinas de ejemplaridad democrática.

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