LA “PRESUNCIÓN DE REGULARIDAD” DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA EN DERECHO NORTEAMERICANO.

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Hace unos días terminaba la lectura de un breve pero interesante trabajo que, con el título The presumption of regularity in judicial review of the executive branch, se había publicado hace apenas tres meses en la Revista de Derecho de Harvard. El título hace evocar en el jurista español la “presunción de validez” de los actos administrativos, consagrada actualmente en el artículo 39.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, según el cual: “Los actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.” Pero basta adentrarse en las primeras líneas del trabajo para ver que en nada se parecen ambas ni por su origen, ni por su extensión ni por su alcance.

Es posible señalar las siguientes diferencias entre ambos institutos jurídicos:

1.- De origen. La presunción de validez consagrada en el sistema español es un principio general, consagrado en una norma con rango de ley que. Por el contrario, el principio de presunción de regularidad norteamericano tiene sus orígenes en el common law, y es de creación jurisprudencial, no legal.

2.- De alcance. La presunción de validez recogido en el ordenamiento español opera como principio general, mientras que la presunción de regularidad en el ordenamiento norteamericano tiene una aplicación muy excepcional, tan sólo aplicable en supuestos concretos y específicos.

3.- De contenido. La presunción de validez española afecta a todo el contenido del acto, mientras que la de regularidad sólo ampara determinados aspectos del mismo.

¿En qué consiste, pues, la “presunción de regularidad”? El trabajo citado nos lo explica de la siguiente forma: “La presunción de regularidad es una doctrina deferencial: da credibilidad al poder ejecutivo respecto a ciertos hechos y sobre cómo ocurrieron, por lo que, al hacerlo, reduce el control judicial y amplía la discrecionalidad ejecutiva sobre el proceso decisorio y sus resultados.” Pero esa deferencia no es una carta blanca ni desparrama su balsámico efecto sobre toda la actuación administrativa, sino que se circunscribe a aspectos muy concretos: “Los casos en que el Tribunal Supremo aplicó la presunción a las agencias administrativas, fiscales y al presidente, revelan que la misma se utilizó únicamente a un subconjunto de disputas fácticas sobre las motivaciones administrativas y procedimientos internos.” En otras palabras: deferencia, si; pero ni general, ni absoluta.

Nos explica igualmente este trabajo que la doctrina abarca dos tipos de categorías o disputas. “En la primera clase, el interesado y la Administración discrepan sobre lo que ha sucedido durante el procedimiento decisorio. En el segundo, ambos discrepan sobre por qué se llevó a cabo una determinada acción administrativa.” Este último tipo es clave, porque en base al mismo se puede destruir la validez de un actuar administrativo si se acredita que, aun habiéndose ajustado escrupulosamente a la normativa, sus motivos últimos se encontraban viciados.

En definitiva, que esta presunción de regularidad permite única y exclusivamente acreditar que el ejecutivo actuó por motivos lícitos; se trata, pues, de una deferencia relativa a la base o motivo último por la que se actúa de determinada forma. Obsérvese lo importante de esto, que en la práctica forense implica nada menos que no reconocer con carácter general la licitud de los motivos del actuar administrativo, algo que el propio ente público tendrá que acreditar en el procedimiento y que, tan sólo en un número reducido de supuestos, se podrá ver aliviado de la carga merced a la doctrina de la presunción de regularidad.

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