EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECUPERA LOS “CÓDIGOS NEGROS” PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

 

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Es realmente difícil mantener la compostura y evitar que la irritación desborde sus límites cada vez que uno está obligado a adentrarse en una de las resoluciones del nefando Tribunal Constitucional. Tan sólo no perdiendo de vista la auténtica vergüenza institucional que dicho órgano supone pueden explicarse muchas de sus sentencias, hasta el punto que es precisamente dicho “Tribunal” el verdadero y auténtico enemigo del modelo constitucional vigente, y no la crisis económica o los partidos antisistema, cuyas tesis en bastantes ocasiones este “legislador negativo” que nos ha tocado en desgracia asume de forma implícita, aunque debidamente untadas con una generosa capa de vaselina.

Viene lo anterior a raíz de la recentísima Sentencia de 4 de octubre de 2018 dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad número 4578-2017 interpuesto por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos (y confluencias) contra la Ley 2/2017 de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Tal resolución evidencia a las claras algo que es un auténtico secreto a voces en el mundo jurídico: el absoluto desprecio que en determinados sectores de la magistratura se tiene hacia la abogacía, desprecio no pocas veces asumido por la propia élite de los colegios, que en este punto no son más que auténticas correas de transmisión de los entes públicos y que en gran parte de las ocasiones no sólo no defienden, sino que clavan la puntilla al profesional.

Recordemos que la Ley 7/2017 de 21 de junio, de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, establece que tal servicio “será obligatorio en los términos previstos en esta ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen.” Es cierto que dicho texto legal admite varias interpretaciones, y no todas ellas implican que el abogado inserto en un colegio profesional deba prestar el servicio, pues lo que la norma impone es la obligatoriedad del servicio a los Colegios, no a los colegiados, y lo que impediría es que la corporación decida unilateralmente el cese en la prestación, pero ello no es incompatible con la imposibilidad física de su prestación por ausencia de voluntarios en las listas de letrados que deseen prestar el servicio.

Frente a dicha norma, el 21 de septiembre de 2017 el anteriormente citado grupo político interpone recurso de inconstitucionalidad considerando que el texto legal impugnado vulnera los artículos 10, 14, 24, 35, 37 y 38 de la Constitución. El empleado público encargado de la defensa del Estado en el pleito (a quien, como integrante de los Servicios Jurídicos del Estado, éste ha dispensado de la colegiación obligatoria, por lo que descarga con prepotencia sus envenenados dardos hacia el recurrente con la tranquilidad que le otorga el no verse afectado por la regulación, como antaño podría haberle ocurrido), solicita la desestimación del recurso.

Pues bien, el 4 de octubre de 2018 se hace pública la sentencia, que desestima el recurso. Dicha resolución judicial, aun cuando más reducida de lo habitual (tan sólo ocupa dieciséis páginas y media) es, como todas las emanadas de dicho órgano, plúmbea, farragosa y reiterativa, de tal forma que aconsejo a cualquier interesado en su lectura que comience la misma al final de la página sexta y no verá mermado en nada el cabal conocimiento de la misma.

La sentencia revela a las claras el desprecio del Tribunal Constitucional por los derechos de los letrados. Y lo hace unas veces de forma explícita y otra implícita. Veámoslo.

Primero.- Un dato ya a tener en cuenta es la rapidez que se ha dado el Tribunal en solventar la cuestión. Un órgano que mide no por años ni trienios, sino por lustros el plazo de resolución, en este caso ha hecho gala de una celeridad que en modo alguno es usual. El recurso se interpone el día 21 de septiembre de 2017, la votación y fallo del asunto se fijó para el 2 de octubre de 2018 y dos días más tarde, el 4 de octubre, se hace pública la sentencia.

Clara muestra que el, para nuestra desgracia, máximo intérprete de la Constitución tenía prisa por ajustar cuentas con la comunidad letrada.

Segundo.- El Tribunal Constitucional reincide en la doctrina que: “el ejercicio de la abogacía trasciende los legítimos intereses empresariales protegidos por el derecho a la libertad de empresa (art. 38) y que la regulación legal de algunos aspectos del ejercicio de la profesión de la abogacía y la procura es una exigencia derivada de los artículos 17.3, 24 y119 CE”, tratando de dorar la píldora a los destinatarios del inminente rejoneo reconociéndoles que son “colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, y la calidad del servicio público que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva.”

A ello cabría oponer varias cuestiones:

2.1.- Si lo que trasciende de la libertad de empresa son “algunos” y no “todos” los aspectos, la colegiación obligatoria sería una medida extrema, pues bastaría crear un registro público a nivel estatal (en el Ministerio de Justicia) o autonómico (en las Consejerías que asumiesen competencia por razón de la materia) donde hubieran de estar inscritos los profesionales de la abogacía y la procura, y que fuesen directamente las Administraciones quienes ejerciesen la potestad disciplinaria en supuestos que el profesional incurriese en algún tipo de infracción.

2.2.- Si la colegiación viene impuesta por la prestación de un servicio público (pues, como dice el Tribunal, la colegiación viene impuesta por “la tutela de fines públicos constitucionalmente relevantes”), me temo que la lista de profesiones que deberían someterse a obligatoriedad en la incorporación a un Colegio Profesional debería aumentar exponencialmente. Por ejemplo, en el caso de los periodistas o quienes presenten espacios de carácter informativo en cualquier medio de comunicación, pues al fin y al cabo, su labor afecta al derecho de los ciudadanos a “recibir libremente información veraz”, recogida en el artículo 20.1.d. Y no necesariamente ha de afectar a profesiones con titulación superior, pues, por ejemplo, los profesionales de la fontanería o la electricidad debieran también, debido a la importancia del servicio que desempeñan, verse sometidos a tal régimen para garantizar la correcta prestación del servicio y para mayor garantía de los destinatarios del mismo

2.3.- El que hasta en dos ocasiones el nefando y nefasto organismo se refiera a la “especial posición de los abogados como colaboradores fundamentales en la función pública de la Administración de Justicia”, únicamente puede tomarse como un ejercicio de hipocresía o como una burla siniestra, pues son escasísimas las ocasiones en que de facto los letrados son considerados como tales. Desde luego, no a nivel retributivo, dado que no sólo los módulos compensatorios por el ejercicio de la función de asistencia jurídica gratuita serían indignos aun en países al borde del desarrollo, sino incluso a nivel de simple trato.

Quizá alguno de los actuales integrantes del Tribunal Constitucional le suene que en el ordenamiento jurídico norteamericano los letrados son jurídicamente considerados de tal forma. Cierto, pero “omiten” decir que como a tales se les trata. Y, desde luego, los abogados que prestan sus servicios en la Oficina del Servidor Público (pues en los Estados Unidos la defensa de quienes carecen de medios para litigar la asumen letrados que se encuadran en un organismo público) pueden cesar en el servicio para reivindicar sus derechos sin que nadie se escandalice ni sea cuestionado por nadie, ni mucho menos por los jueces. Es más, tal situación incluso llegó a ser plasmada en uno de los capítulos de la ya desaparecida serie Ley y Orden, en el que una vista hubo de suspenderse debido a que los abogados de oficio habían optado por cesar el en servicio para reivindicar ciertos derechos.

Tercero.- El Tribunal “comparte la apreciación del abogado del Estado cuando afirma que no alcanza a vislumbrar cómo el nuevo régimen jurídico puede contravenir el artículo 10 CE, pues en la demanda no se encuentran argumentos dirigidos a fundamentar por qué la obligatoriedad del servicio de asistencia jurídica en los términos previstos en la ley recurrida atenta contra la dignidad de la persona y contra el libre desarrollo de la personalidad.” Esto demuestra tan sólo la escasa imaginación de los miembros del Servicio Jurídico del Estado tan sólo superada por la del organismo cuya resolución es objeto de glosa.

Supongamos que existen letrados que no desean formar parte del servicio por las razones más variadas, que pueden ir desde el que ideológicamente no crean en la asistencia jurídica gratuita (bien en abstracto o bien en su regulación legal concreta) o bien simplemente no les apetece estar en un servicio que les exige un notable esfuerzo que económicamente no está ni mucho menos retribuido. Sin embargo, el legislador le impone obligatoriamente esa tarea. ¿Acaso no lesiona la dignidad de ese profesional?

Cuarto.- En lo relativo a la colusión entre la Ley 2/2017 y los artículos 35 y 38 de la Constitución, la sentencia ya riza el rizo de lo impresentable, y eso que el Tribunal se pone continuamente el listón muy alto.

4.1.- El Tribunal entremezcla conceptos varios de forma caótica. Por ejemplo, niega que la colegiación obligatoria afecte a la libertad de empresa porque: “no quiere decir que el legislador no pueda regular, cuando así lo requiera el interés general, el ejercicio de dicha profesión u oficio” recordando que “el derecho constitucionalmente garantizado en el art. 35.1 no es el derecho a desarrollar cualquier actividad, sino el de elegir libremente profesión u oficio, ni en el art. 38 se reconoce el derecho a acometer cualquier empresa, sino sólo el de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden” (el subrayado es nuestro).

No se discute la exigencia de titulación, y que el ejercicio de las actividades empresariales y profesionales estén sujetas a determinados requisitos. Pero el Tribunal Constitucional, de forma deliberada o dolosa, asume como equivalentes los términos de “regulación” y “obligación”, cuando en modo alguno se da esa sinonimia.

La normativa puede, en efecto, imponer unos requisitos para el ejercicio de determinada actividad (titulación, necesidad de licencia previa de actividad, determinados requisitos en el local donde se preste -siempre que lo exija el interés público-), pero en modo alguno puede decirle a un particular a quién ha de atender y, sobre todo, cuanto ha de retribuirle por ello. Ignoro por qué tras reconocer que la libertad de empresa implica, y así lo reconoce la propia sentencia, “sostener en libertad la actividad empresarial”, el imponer a un profesional el prestar un servicio de forma obligatoria y percibiendo, además, unas misérrimas retribuciones establecidas unilateralmente por el ente público que atribuye dicha obligatoriedad es no ya un abuso, sino una auténtica burla que el Tribunal Constitucional asume como propia.

4.2.- Se llega al colmo de la miseria cuando se dice que: “tampoco puede reconocerse relevancia a la alegación relativa a la mísera cuantía de los baremos indemnizatorios actualmente vigentes, pues en ninguno de los preceptos impugnados se concretan dichos baremos” (sic). Esta afirmación incluso en países sumidos en la más profunda barbarie daría lugar a responsabilidad por superar ya el umbral de la burla y adentrarse en lo que es ya un verdadero escarnio hacia la abogacía en pleno. Es decir, que como no se “concretan” los baremos indemnizatorios en la propia ley, no se vulnera derecho alguno. Bien, utilicemos un término comparativo extraído de la propia Constitución. La Ley de Expropiación Forzosa habla de “justo” precio, es decir, que cuando a una persona se le priva imperativa y coercitivamente de su propiedad, ha de seguirse un procedimiento que de forma necesaria concluye con la necesidad de abonar un precio que a nivel legislativo se especifica ha de ser “justo”. Pues bien, en este caso, donde imperativamente se priva al profesional de su libertad decisoria, la ley únicamente prevé una “compensación” que, a mayor abundamiento, no precisa ser “justa”. Con el aditamento que el ciudadano puede discutir un justiprecio e incluso acudir a los órganos judiciales para lograr su incremento, mientras que el profesional no puede acudir a los Tribunales para lograr un aumento de las retribuciones de asistencia jurídica gratuita, entre otras cosas por la cicatería generalizada (dicho sea con todos los respetos y en estrictos términos de defensa) con que los órganos judiciales suelen abordar las retribuciones de los letrados.

Lo realmente grave es que el máximo intérprete de la Constitución acepte de forma incuestionada que a un profesional que ejerce una actividad por cuenta propia, la Administración le pueda imponer obligatoriamente asumir determinados asuntos que, a mayor abundamiento, le serán retribuidos en base a unas cantidades fijadas unilateralmente por el ente público, privándole además de toda posibilidad decisoria sobre la retribución.

Cuando en 1865 el Partido Republicano logró que el Congreso de los Estados Unidos aprobase la decimotercera enmienda constitucional proscribiendo definitivamente la esclavitud, el presidente Andrew Johnson (un racista consumado) permitió a la clase aristocrática de los estados del sur que las legislaturas estatales aprobasen unos black codes (códigos negros). Tales normas legales reconocían como libres a los hasta entonces esclavos, pero les imponían unas restricciones draconianas, como la obligatoriedad de trabajar para sus antiguos amos percibiendo un salario hasta diez veces menor que el de un hombre que tuviese ya desde su nacimiento el preciado don de la libertad.

El Tribunal Constitucional, con la nefasta resolución objeto de glosa en esta entrada, no ha hecho otra cosa que elevar a categoría de constitucional la existencia de “códigos negros” en pleno siglo XXI. Pero no debemos perder toda esperanza. Al fin y al cabo, la legislación no impone a los letrados la obligación de referirse a sus “amos” utilizando la expresión “massa”, aunque no albergo la menor duda que, de imponerlo, el máximo intérprete de la Constitución no consideraría en modo alguno que dicho tratamiento vulnerase la dignidad de los profesionales. Y es que, quien ha renunciado voluntariamente a mantener su propia dignidad (y el Tribunal Constitucional se deshizo de la suya a principios de la década de los ochenta del pasado siglo) no puede en modo alguno comprender ni valorar la ajena.

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Un comentario el “EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECUPERA LOS “CÓDIGOS NEGROS” PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

  1. Fabulosa reseña. Extraordinaria. En otro orden de cosas, siempre me he preguntado por qué sólo existe el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita en la Abogacía y en la Procura. ¿Por qué no hay turno de oficio en la Notariado o en el Registro de la Propiedad si también prestan un servicio público de singular importancia?
    Es lo que tu dices, ese desprecio que muchos jueces sienten hacia los Abogados, algo que yo sepa sólo pasa en España. Quizá pudiera estar erróneamente amparado en el hecho de que antes para ejercer la profesión bastaba con tener la licenciatura en Derecho y la colegiación desdichadamente obligatoria. Pero desde el momento en que para ejercer la Abogacía no basta sólo con ser Licenciado si no qque además tienes que superar un engorroso y oneroso master y un examen práctico tipo test equivalente en dificultad al primer examen de la oposición a Judicaturas, ese desprecio deviene ya especialmente repugnante y muestra la mísera catadura moral de bastantes jueces.

    Te felicito. Has estado -como se dice de forma coloquial- “sembrao”.

    Recibe un cordial saludo de un fiel seguidor de un blog tan ilustrativo como valiente.

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