EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS JUECES FEDERALES ESTADOUNIDENSES. ¿DEBE IMPLANTARSE EN ESPAÑA?

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El día 5 de abril de 1973, la Judicial Conference of the United States aprobó el Código de Conducta para los Jueces de los Estados Unidos, conjunto de normas y principios que han de regir el comportamiento de los magistrados estadounidenses que prestan sus servicios en los órganos judiciales de carácter federal, y que el lector interesado puede consultar aquí. Conviene señalar que, allende el océano, los Códigos de Conducta suelen tomarse muy en serio y cumplirse escrupulosamente, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, donde no van más allá de meras intenciones o píos deseos que, en la mayor parte de los casos, los destinatarios del mismo no consideran vinculantes al carecer en muchos casos de carácter jurídico, siendo entendidos más como unos imperativos de carácter simplemente ético.

Pues bien, el Código de Conducta adoptado en los Estados Unidos para los jueces federales, considero que debería adoptarse en nuestro país, porque ello redundaría en beneficio no sólo de los propios jueces, sino la ciudadanía en general. Dicho código liberaría a los magistrados de varios pesados lastres, aunque les impondría una carga que, incuestionable desde el punto de vista del imperativo de Justicia, no estarían dispuestos a asumir, cual es el polémico tema de las “puertas giratorias” entre la política y la judicatura, uno de los motivos por los que la imagen de la Justicia en nuestro país se encuentra tan deteriorada.

Pero analicemos brevemente el contenido material del código de conducta, algo no muy difícil por cuanto consta tan sólo de diecinueve páginas, integradas por cinco cánones y las oportunas glosas o comentarios a los mismos. Iremos comentando uno por uno los cinco puntos de tal código.

Primero.- El primer canon es sumamente breve, y se limita a exponer el principio esencial al que sirve el Código. Dada su brevedad, lo transcribiremos de forma íntegra:

“Canon 1.- Un juez debe mantener la integridad y la independencia de la judicatura.
Una judicatura independiente y honorable es indispensable para la justicia en nuestra sociedad. Un juez debe mantener y hacer cumplir los altos niveles de conducta y debe personalmente observar dichos niveles, de tal manera que la integridad y la independencia de la judicatura sea preservada. Las previsiones de este código deben interpretarse y aplicarse para alcanzar tal objetivo.”

Nadie en su sano juicio plantearía objeción alguna a dicho principio, por cuanto, en efecto, mal va a servir a la justicia el magistrado que exija a los demás lo que no cumple personalmente. Se trata, en definitiva, de acoger el célebre aserto que Augusto pronunció hace poco más de dos milenios: “La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo.”

En definitiva, el juez debe ser el primero en cumplir los niveles éticos de conducta. Así lo indica de forma clara la glosa al texto: “Aun cuando los jueces han de ser independientes, deben cumplir la ley y este Código. La adhesión al mismo ayuda a mantener la confianza pública en la imparcialidad de la judicatura.”

Segundo.- El segundo canon desciende aún más, pues aborda una serie de principios cuyo objetivo es evitar que el juez incurra en comportamientos inadecuados. Dada la brevedad del mismo, lo transcribiremos igualmente de forma íntegra:

“Canon 2.- Un juez debe evitar actos inapropiados y la apariencia de actuar de forma inapropiada en todas sus actividades.
A.- Respeto por la Ley. Un juez debe respetar y ajustarse a la ley y debe actuar en todo momento de tal manera que promueva la confianza en la integridad e imparcialidad de la judicatura.
B.- Influencia externa. Un juez no debe permitir que relaciones familiares, sociales, políticas, financieras o de cualquier clase influyan su conducta o juicio. Un juez nunca debe prestar el prestigio del cargo judicial para lograr intereses privados del juez o de otros, ni transmitir o permitir a otros transmitir la impresión de que están en una especial posición para influir al juez. Un juez no debe testificar voluntariamente como testigo de parte.
C.- Norma antidiscriminatorio. Un juez no debe ser miembro de cualquier organización que practique la discriminación del individuo sobre la base de raza, sexo, religión o nacionalidad.”

Se trata, en definitiva, de incidir en esa independencia judicial evitando determinados comportamientos que se explicitan. Y en este sentido, no deja de ser curioso el comentario que se ofrece al Canon 2.A, el cual principia con la siguiente frase: “Existe apariencia de comportamiento inapropiado cuando un hombre de razonamiento medio, con conocimiento de todas las circunstancias puestas de manifiesto en base a una investigación razonable, concluye que se ha dañado la honestidad, integridad, imparcialidad, temperamento o adecuación del juez para actuar como tal.” Un principio de rigor extremo que, imagínense los estragos que podría producir en nuestro país; por poner un ejemplo concreto, imagínese el lector si se aplicase este principio a la nota de prensa que el pasado 18 de octubre de 2018 publicó el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Tercero.- El tercer canon, lleva por rúbrica “Un juez debe cumplir las funciones de su cargo de manera justa, imparcial y diligente.” El mismo es notablemente extenso, de ahí que no lo transcribamos de forma íntegra, sin perjuicio que sí comentaremos algún precepto concreto:

3.1.- Me gustaría incidir en el canon 3.A.(3), por afectar al comportamiento que el juez ha de mantener en Sala:

“Un juez debe ser paciente, digno, respetuoso y cortés con las partes, jurados, testigos, abogados y otros con los que el juez deba tratar debido al ejercicio de su cargo. Un juez debe exigir un comportamiento similar a todos quienes están bajo su control, incluyendo a los abogados en lo que se refiere a su papel en el proceso contradictorio.”

Confieso que, en este punto, quien suscribe ejerce en un orden (el contencioso-administrativo) y en una comunidad (Asturias) donde todos, absolutamente todos los magistrados que ejercen en los juzgados y Tribunales de lo contencioso son un ejemplo. Los hay, ciertamente, más cercanos y que empatizan más con las partes en liza, y los hay que se limitan estrictamente a mantener la cortesía, pero en cualquier caso, jamás he visto un mal gesto o una mala palabra a los jueces del orden contencioso.

No se puede decir lo mismo de magistrados de otros órdenes jurisdiccionales. Por ejemplo, en cierta ocasión hube de acudir a una vista de un juicio verbal en un juzgado de primera instancia cuyo titular (hoy ascendido la Audiencia Provincial) es, desde el punto de vista intelectual, de una brillantez extrema, pero  en lo que se refiere al trato personal cabría decir que le falta sutileza, por ser extremadamente pudoroso en la valoración. En el caso citado, el juez en cuestión le espetó textualmente a una letrada: “A ver cuándo me vienen con la Ley de Enjuiciamiento Civil bien aprendida”; lo curioso del asunto es que ese mismo juez admitió en ese pleito una prueba que tenía por objeto acreditar hechos no controvertidos, con lo cual si algo se demostró en tal caso es lo acertado del refrán sobre la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.

Respecto al deber que se les impone de “ser pacientes”, como se dice en la glosa al canon, el mismo no es incompatible con un trabajo eficiente y rápido. De ser aplicado en nuestro país, ello podría incomodar a ciertos jueces. Un ejemplo práctico concreto. Cierto magistrado gijonés que atesora como propio desde hace varios lustros uno de los juzgados de primera instancia (impar, para más señas) de la ciudad, en la vista oral de un procedimiento ordinario conminó a los letrados de las partes a reducir sus conclusiones a cinco minutos o volver otro día porque, cito textualmente: “Yo más de las dos no pienso quedarme aquí […] No tengo edad para que me calquen ahora un rollo de media hora cada uno y pase la hora de comer” (sic). De aplicarse en todos sus extremos el Código de Conducta existente en los Estados Unidos, el citado juez al día siguiente vería cumplido su deseo de no estar a las dos en el juzgado, porque no estaría ni a las ocho de la mañana, dado que de forma inmediata le sería incoado un impeachment para expulsarlo de la carrera judicial por comportamiento inapropiado.

3.2.- Este canon incluye preceptos relativos al deber de abstención y a los requisitos para efectuar los nombramientos. Conviene detenernos un rato en este último aspecto, quizá debido a que al jurista español le puede extrañar la circunstancia que el juez efectúe “nombramientos” y que se hable de personal sometido a su “control”.

En un juzgado federal, el máximo responsable es el Juez, quien es el responsable máximo del mismo, y el que ha de asumir la resolución de las tareas estrictamente procesales y las “administrativas”. Es el juez quien supervisa al personal del juzgado, quien tiene el control exclusivo sobre su agenda y quien tiene la potestad absolutamente discrecional para nombrar a los law clerks (recién licenciados en derecho que le asistirán durante un año en tareas jurídicas). No existe propiamente la figura del Secretario Judicial (actualmente Letrados de la Administración de Justicia). Quizá por dicha circunstancia, los juzgados federales estadounidenses suelen tener un funcionamiento impecable desde el punto de vista formal, material y, sobre todo, temporal.

Si se contrasta dicha situación con los juzgados españoles, donde el Juez es titular del juzgado pero sin mando directo sobre el personal, donde el Ministerio de Justicia actúa a través del caballo de Troya que suponen los hoy pomposamente denominados “Letrados de la Administración de Justicia” (que, por vía de la dependencia jerárquica, están sometidos al poder ejecutivo), que son los responsables de control del personal de un órgano judicial, personal que en determinadas ocasiones se encuentra transferido a las Comunidades Autónomas, uno se explica por qué los órganos judiciales españoles son un ejemplo de libro de lo que no deberían ser. Por utilizar la divertidísima expresión que, tras el desastroso ensayo previo al día del enlace matrimonial de su hija, utilizaba Stanley Banks (genial Spencer Tracy) en la película El padre de la novia: “El caos. El absoluto y completo caos.”

Cuarto.- El cuarto canon lleva por rúbrica: “Un juez puede efectuar actividades extrajudiciales que sean compatibles con las obligaciones inherentes a su puesto como juez.” Es una norma bastante extensa que trata de precisar las labores que el juez puede efectuar extramuros del juzgado; en otras palabras, aborda el espinoso tema de la compatibilidad del puesto con el ejercicio de otras actividades. Se contemplan cuatro tipos de actividades: jurídicas y no jurídicas (estas últimas ocupan, a su vez, varios apartados). Destaco lo que a mi entender es de relevancia:

4.1.- No se impide al juez participar en determinados foros que, en nuestro país, serían vistos como atentados a la independencia judicial. Así, por ejemplo, el canon 4.A.(3) permite al juez: “participar y ser miembro, cargo, director, administrador o asesor no legal de una organización no gubernamental dedicada a la ley, al sistema legal o a la Administración de justicia, y puede asistir a dicha organización en la administración e inversión de fondos. Un juez puede efectuar recomendaciones a agencias públicas y privadas sobre proyectos y programas relativos a la ley, al sistema legal y a la Administración de Justicia.” En otras palabras, por un lado se abre la mano (en lo relativo a la facultad de pertenencia a determinadas organizaciones) pero por otro se cierra (restringiendo materialmente el derecho al imponer que tengan vinculación con el mundo jurídico). También se le permite formar parte de organizaciones no gubernamentales que no tengan ánimo de lucro, sean caritativas, educativas, religiosas o sociales, aunque con ciertos límites (canon 4.B).

4.2.- En lo que se refiere a las finanzas, el canon 4.D permite al juez mantener y gestionar inversiones, incluidas las propiedades inmuebles, y desempeñar otros cargos remunerados, pero: “debe abstenerse de actividades financieras y trabajos que exploten la posición judicial o impliquen al juez en transacciones frecuentes o relaciones laborales continuadas con abogados u otras personas que frecuentemente hayan de comparecer al juzgado del que el juez sea titular.” En este punto, dicha norma es mucho más generosa que la regulación española, que en esta materia es bastante más estricta. Lo cual no obsta para que la imagen de la justicia esté mucho más dañada en nuestro país que en Norteamérica.

4.3.- Es de destacar el canon 4.F, que, bajo la rúbrica “nombramientos gubernamentales” aborda uno de los puntos negros, cual es el cruce entre funciones ejecutivas y administrativas. Es claro que los miembros de la judicatura española se resistirían como gato panza arriba para que este criterio o principio no se injertara en nuestra legislación. El lector lo entenderá de forma inmediata en cuanto vea cual es el tenor literal del mismo:

“Un juez puede aceptar un nombramiento como miembro de un comité gubernamental, comisión o cualquier otro puesto tan sólo si el mismo está relacionado con el mundo jurídico, el sistema legal, la Administración de Justicia o si el nombramiento del juez es un requisito impuesto por una ley federal. El juez no podrá, en ningún caso, aceptar tal nombramiento si con ello se mina la confianza pública en la integridad, imparcialidad o independencia de la judicatura. Un juez puede representar protocolariamente a su condado, estado o localidad en actos relacionados con actividades históricas, educativas o culturales.”

En definitiva, que el juez puede formar parte, por ejemplo, de la Comisión General de Codificación. Pero no podría ser Secretario de Estado, Director General o Delegado del Gobierno. Ya veremos poco después la consecuencia.

4.4.- Es de alto interés el canon 4.G, que bajo la rúbrica “Dependencias, recursos y personal”, establece que: “El juez no debe utilizar las dependencias, recursos o personal del juzgado para actividades extrajudiciales permitidas por este canon.” La observancia de este requisito es tan rigurosa, que en cierta ocasión se sometió a impeachment a un juez federal al haberse acreditado que utilizó la fotocopiadora del juzgado para fines personales.

Quinto.- El último de los cánones que integran el Código de Conducta produciría en determinados jueces españoles el mismo efecto que el crucifijo, los ajos o la estaca de madera tendrían en el cuerpo del conde Drácula. Este canon es igualmente muy breve, así que lo transcribimos igualmente:

“Canon 5.- El juez debe abstenerse de la actividad política.
A.- El juez no debe
(1).- Actuar como líder o desempeñar cargo alguno en una organización política.
(2).- Pronunciar discursos para una organización política o candidato, así como públicamente apoyar o mostrar su oposición a un candidato para un cargo público.
(3).- Solicitar fondos, prestar ayuda o efectuar contribuciones en favor de una organización política o candidato, así como atender o adquirir entradas para una comida o cualquier otro evento patrocinado por una organización política o candidato.
B.- Cese por candidatura. Un juez debe renunciar a su puesto si acepta concurrir a las primarias o a las elecciones generales para cualquier puesto.
C.- Otra actividad política. Un juez no debe involucrarse en cualquier otra actividad política. Esta previsión no impide al juez ejercer las actividades descritas en el cuarto canon.”

Si el lector se detiene en la letra B de este canon, entenderá los motivos por los que el mismo produciría un ataque de erisipela en cierto sector de la judicatura española. Obsérvese que el mismo indica que en el caso de aceptar concurrir a unas elecciones, el juez debería renunciar al puesto; no pasar a una situación de servicios especiales o excedencia, sino renunciar a su puesto como juez.

Imagínense lo que dicho principio ocasionaría en la península ibérica. Pongamos un ejemplo concreto: Margarita Robles. Juez de carrera, la misma desempeñó dos puestos (en principio técnicos, pero por desgracia claramente politizados) en el último de los gobiernos socialistas de Felipe González, dado que fue Secretaria de Estado de Justicia y, ulteriormente, Secretaria de Estado de Interior. De ahí regresa a la judicatura, como magistrada de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y, posteriormente, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (la encargada de controlar la legalidad de los actos del Consejo de Ministros). En 2016 vuelve a la política incorporándose a las listas del P.S.O.E., convirtiéndose en 2017 en la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y, en este año 2018, en la Ministra de Defensa de un gobierno socialista……sin perder la condición de juez!. Cierto que en esto tan sólo ha seguido el nefasto ejemplo de Baltasar Garzón, de dar “un pasito para adelante” (listas del PSOE), y “un pasito para atrás” (vuelta al juzgado).

La situación anteriormente descrita sería inconcebible en los Estados Unidos, donde a un juez en modo alguno se le impide dar el salto a la política. Pero, eso sí, consciente que no existe vuelta atrás, y una vez que sale no vuelve a entrar. Porque ello sería letal para la imagen de la Justicia.

 

En definitiva, convendría meditar seriamente el trasplantar o injertar en el ordenamiento español la normativa de conducta que se impone a los jueces federales estadounidenses.

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