EL CONTROL PARLAMENTARIO DEL GOBIERNO EN FUNCIONES.

CD

La reciente Sentencia de 14 de noviembre de 2018 del Pleno del Tribunal Constitucional dictada en el seno de autos de conflicto entre órganos constitucionales del Estado 3102-2016, da respuesta jurídica a una cuestión suscitada hace poco más dos años cuando el Gobierno de la Nación rehusó someterse al control parlamentario argumentando de forma harto sorprendente que “no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados” (sic). Y el máximo intérprete de la Constitución lo hace en el seno de un procedimiento escasamente utilizado, pues en las más de tres décadas y media de vida del Tribunal Constitucional han sido tan sólo cinco las ocasiones en las que se ha acudido a dicha vía. Recordemos, a título meramente histórico-ilustrativo, que la primera ocasión en la que hubo de resolver un conflicto de tal calibre fue en la Sentencia 45/1986 de 17 de abril, donde ya el “legislador negativo” mostró su auténtica faz al echar balones fuera en el procedimiento interpuesto por el Consejo General del Poder Judicial frente al Congreso de los Diputados a cuenta del Proyecto de lo que acabaría convirtiéndose en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Evocaciones jurídicas aparte, el Tribunal Constitucional vuelve a demostrar que su objetivo último parece limitado a disuadir tanto a ciudadanos como juristas de adentrarse en la lectura de sus resoluciones. Nos encontramos ante una sentencia farragosa, cansina, reiterativa, amazacotada y que hace preguntarse al lector si acaso los magistrados de dicho nefando organismo perciben algún plus o complemento por página emborronada.

Analicemos brevemente los antecedentes fácticos, la cuestión jurídica planteada y la solución que a la misma ofrece el todavía máximo intérprete de la Constitución.

Primero.- Antecedentes de hecho.

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados acuerda, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, fijar el día 17 de marzo de 2016 para la comparecencia del Ministro del ramo a fin de informar sobre los asuntos tratados en la reunión de los Ministros de Defensa de la OTAN celebradas los días 16 y 17 de febrero de ese año.

El día 10 de marzo de 2016 el Gobierno, en funciones en aquéllos momentos, comunica la negativa del mismo a someterse al control parlamentario al sostener que precisamente al encontrarse en funciones “no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados.” Manteniendo dicho criterio, el titular del departamento de Defensa no comparece en la Comisión el día señalado al efecto.

El 23 de marzo de 2016 todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, presentaron al Congreso de los Diputados una propuesta de planteamiento de Conflicto de Competencias que, sometida a debate y votación el día 6 de abril de 2016, es aprobada por 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones.

Como podrá observar el lector, los antecedentes fácticos pueden resumirse en diecisiete líneas subdivididas en tres párrafos, que ocupan poco más de media página. Pues bien, el Tribunal Constitucional se recrea nada menos que treinta páginas de las cincuenta y nueve que integran la sentencia en extenderse sobre los hechos y las pretensiones de las partes, lo cual explicita que los magistrados de dicho órgano en primer lugar, no saben resumir y, en segundo lugar, desconocen la separación entre hechos y derecho (pues las pretensiones de las partes no son, propiamente, hechos).

Pero es que, además de alargar innecesaria y agotadoramente los antecedentes de hecho recreándose en las pretensiones de las partes, en los fundamentos jurídicos vuelve a repetir en ocasiones lo ya expuesto en el apartado de los hechos.

Segundo.- Cuestión jurídica planteada.

La cuestión jurídica a resolver por el Tribunal Constitucional es bien sencilla y puede condensarse en un simple interrogante: si el Gobierno en funciones se encuentra sometido al control político por el Congreso de los Diputados resultante de unas nuevas elecciones. Para llegar a este momento han tenido que transcurrir nada menos que cuarenta y cinco páginas de las cincuenta y nueve de la sentencia.

Pero, a modo de aviso a navegantes, previamente el Tribunal Constitucional, al divagar sobre el poder y sus controles, introduce una perla, una auténtica boutade de proporciones monumentales que revela el alarmante desconocimiento que empieza a afectar a los integrantes del organismo. En el fundamento jurídico cuarto cita en su idioma original la expresión inglesa “checks and balances”, que traduce sorprendentemente como “pesos y contrapesos” (sic). Pues bien, el encargado de perpetrar esa felonía debiera haberse documentado lo suficiente como para saber que la traducción habitual de la expresión es la de “frenos y contrapesos” o, si desea efectuar una traducción más literal, “controles y equilibrios.”

Una nueva muestra del “rigor” jurídico de una institución cada vez más enfangada en el lodazal.

Tercero.- Fondo del asunto.

El Tribunal demora hasta la página 48 el planteamiento del el foco de conflicto entre los principios que sostienen las partes, lo que efectúa acertadamente en los siguientes términos:

“tras la celebración de las elecciones, la relación de confianza no se inicia hasta que el Congreso de los Diputados, conforme a lo dispuesto en el citado art. 99 CE, elige al Presidente del Gobierno. En consecuencia, resulta indubitado, y no lo niega la Letrada de las Cortes Generales en representación del Congreso de los Diputados, que la primera responsabilidad de dicha Cámara, tras cada renovación (art. 99 CE), es otorgar dicha confianza al Presidente de Gobierno. 

 

Y es, precisamente, en la inexistencia de dicha relación de confianza, por no haberse investido al Presidente del Gobierno, en la que sustentó el entonces Gobierno en funciones su criterio, que ha dado lugar al presente conflicto entre órganos constitucionales del Estado, de que el Congreso de los Diputados no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en la que no existe relación de confianza entre éste y dicha Cámara. Sin embargo, la identificación plena de función de control y relación de confianza entre Gobierno y Congreso de los Diputados, que sostiene el Gobierno, no se infiere de nuestra Constitución.”

Y lo cierto es que ya en la página cincuenta, el Tribunal Constitucional ofrece el argumento clave para destruir la tesis del Gobierno en funciones:

“…no se puede mantener una identificación sin matices entre relación de confianza y función de control, ya que la función de control corresponde también al Senado, Cámara con la que no existe relación de confianza con el Gobierno, en el sentido expuesto […] finalmente, no todos los instrumentos de control tienen como finalidad la ruptura de la relación de confianza, por lo que pueden, en principio, ejercerse aunque no exista esa relación. En efecto, resulta necesario diferenciar entre aquéllos instrumentos unidos a la relación fiduciaria que ha de existir entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados (STC 83/2016, FJ 8) y que pueden determinar su ruptura, y los instrumentos que no determinan dicha ruptura.”

La sentencia prosigue, inasequible al desaliento e inspirada por culteranismos barrocos, enredándose otras ocho páginas que ya carecen de sentido, pues la solución ya se había expuesto: no cabe identificar stricto sensu control del Gobierno con confianza parlamentaria.

En efecto, ha de tenerse en cuenta que, según el artículo 101 de la Constitución, “el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.” Ese gobierno en funciones tiene limitadas sus facultades de acción al mero “despacho ordinario de los asuntos públicos”, tal y como establece el artículo 21.3 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno, no estando facultado para adoptar otras medidas “salvo casos de urgencia debidamente acreditada.”

Es precisamente el juego de esos dos preceptos (artículo 101 de la Constitución y 21.3 de la Ley del Gobierno) junto con los artículos 109 y 110 de la Constitución los que permiten desvirtuar la tesis mantenida por el entonces gobierno en funciones. Ex artículo 109 de la Constitución, las Cámaras pueden recabar la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos, sin limitación alguna; y ex artículo 110, las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, así como someterles a interpelaciones y preguntas (artículo 111). El uso del plural (“las Cámaras”) lo que explicita es que las facultades indicadas corresponden tanto al Congreso de los Diputados como al Senado. La relación de confianza o trust liga exclusivamente al Gobierno y al Congreso de los Diputados, no al Senado, que para nada interviene ni en la formación ni en el derribo del Gobierno.

Por tanto, no pueden considerarse sinónimos los principios de confianza parlamentaria y control político, pues aquélla únicamente liga al gobierno con una de las cámaras, mientras que éste comprende a las dos.

Cuarto.- A modo de conclusión.

Lo anteriormente expuesto, patentiza a las claras dos hechos:

4.1.- La catadura del anterior gabinete, que pese a estar presidido por un Registrador de la Propiedad y contar en su seno con dos Abogados del Estado y un Juez, parece desconocer los principios más elementales que se derivan de la propia Carta Magna, cuyos preceptos son de conocimiento obligado por cualquier opositor incluso a los niveles inferiores de la Administración.

4.2.- El empeño del Tribunal Constitucional en imitar al ilustre cordobés, figura clave del culteranismo español. Pero lo que en las Soledades o en la Fabula de Polifemo y Galatea sin duda alguna es una muestra de genialidad literaria y barroquismo extremo, en una resolución judicial en la segunda mitad del siglo XXI no representa otra cosa que un elemento disuasorio de la lectura, que no se descarta sea el objetivo último del máximo intérprete de la Constitución. Y quizá el Tribunal Constitucional debiera recordar que incluso alguien tan rebuscado como el propio Góngora sabía desprenderse de su alambicada técnica cuando pretendía llegar al público en general, y buena prueba de ello son sus romances y algunas de sus letrillas.

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