SOBRECARGA JUDICIAL Y (FALTA DE) MEDIOS TECNOLÓGICOS ADECUADOS.

Juzgado

El pasado domingo día 9 de diciembre de 2018 se publicaba en el diario El Comercio una noticia referente a la carga de trabajo que pesa sobre los jueces de la ciudad de Gijón. Con el titular 16 vistas orales a la semana para un juez se describía la situación que pesa sobre los magistrados que prestan servicios en la villa de Jovellanos, personaje este último, por cierto, que ejerció como juez (“alcalde” en la denominación de entonces) en las plazas de Sevilla y Madrid. Orillando lo manifiestamente exagerado de la afirmación con la que se abría la noticia (“muchos no sabemos lo que es tener vida privada”), aserto, además, que proviniendo de ciertos labios únicamente puede tomarse como una simple humorada, lo cierto es que no pocas de las afirmaciones que se efectuaban son absolutamente ciertas, aunque las causas de la situación no son tan sencillas como aparentemente pudiera deducirse de la simple lectura del artículo.

En este sentido, no puedo por menos que suscribir al cien por cien la denuncia que efectuaba el magistrado Luis Ortiz Vigil en lo relativo al desfase tecnológico existente en el ámbito judicial, cuando menos si se compara con la dotación de medios que poseen otros entes de naturaleza meramente administrativa. En efecto, no vamos a comparar ya la situación con la Agencia Tributaria, porque ésta a nivel tecnológico va siempre un paso más adelante que el resto de sujetos y entidades del sector público, y a quien, dicho sea de paso, la judicatura ha convertido en un “Guantánamo tributario”. Pero si cualquiera tiene la simple curiosidad de comparar, por ejemplo, los medios materiales que posee el Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias (por poner el ejemplo de una comunidad no precisamente con unos recursos excesivamente amplios) encontrará que está infinitamente mejor dotada que cualquier juzgado de la comunidad. Y no es de recibo que la Administración se dote de los medios más modernos para triturar económicamente al ciudadano y, para resolver los conflictos que le aquejan, dejarle huérfano de ayudas. En definitiva, que cuando los entes del sector público administrativo pretenden recaudar dinero de sus siervos, se dotan de un vehículo de gama alta, último modelo y circulan por autopista gratuita. Cuando se trata de resolver conflictos entre los ciudadanos o entre éstos y el poder, mejor circular en un vehículo de moderada antigüedad y por caminos que en muchas ocasiones, por utilizar una expresión del genial Francisco Ibáñez, son impracticables hasta para las cabras; y abonando peaje, además.

No obstante, convendría añadir algo que Luis Ortiz silencia, quizá por no entrar en conflicto con personal que presta sus servicios en dependencias judiciales: el recelo, cuando no manifiesta hostilidad que hacia las nuevas tecnologías manifiesta un sector no muy amplio, pero ciertamente nada desdeñable del personal tramitador, Secretarios Judiciales y Jueces. En unos casos, por imperativos de la biología (gozar ya de una edad provecta que merma la facultad y las ganas de adecuarse a los avances), en otros por simple comodidad (mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer) y otros por las razones más variadas, no se termina de asimilar ciertos cambios. Entiéndase bien, no se trata de exculpar a la Administración responsable de su nefasto actuar a la hora de proveer las dependencias judiciales con los medios más modernos, pero tampoco cabe ignorar que un porcentaje importante de empleados públicos de todos los cuerpos, grupos y niveles cuando menos no hacen todo lo que está en sus manos para facilitar la tarea, llegando incluso a faltar a la verdad de la forma más descarada. A título de ejemplo, en el momento de implantar el sistema de presentación telemática de documentos, hubo ciertos Secretarios Judiciales que manifestaron públicamente que los órganos judiciales se estaban convirtiendo en las “fotocopiadoras de los abogados” (sic); afirmación rotundamente falsa que ilustro con un simple ejemplo: en cierto juzgado de lo social,  la Secretaria Judicial, amén de requerir para ampliar la demanda frente a trece interesados (a quienes luego, en la vista, la juez manifestó expresamente que ningún interés tenían en la causa) solicitó aportar copias en papel para cada uno de ellos. Y no es el único.

En cuanto a los datos, es cierto que el volumen de asuntos que penetra en los órganos judiciales es bastante elevado. No obstante, quisiera hacer un ejercicio comparativo y mostrar al lector interesado la situación que existe en los Estados Unidos, partiendo de datos oficiales, cuales son la planta judicial y el número de asuntos que conocieron durante el pasado año 2017, según el informe anual del chief justice.

Conviene tener en cuenta que la base de la pirámide judicial en Estados Unidos lo constituyen los juzgados federales. Existen hoy en día 94 juzgados en el territorio estadounidense, y el número de jueces de distrito asciende a 680, pues cada uno de esos órganos no hay un único juez (es decir, no tiene un único titular), sino que son varios los que desempeñan sus funciones, si bien el enjuiciamiento y resolución de los asuntos se hace de forma unipersonal y no colegiada. Los juzgados de distrito conocen asuntos civiles y mercantiles, penales, administrativos y laborales, pues no existe división en órdenes jurisdiccionales.

Pues bien, en el año 2017, se presentaron 267.769 asuntos civiles, lo que supuso un descenso de casi un treinta por ciento respecto al año 2016; 77.018 asuntos penales, casi los mismos que en el 2016, si bien con un ligerísimo descenso que apenas llega al uno por ciento; y 790.830 asuntos concursales. Todo ese volumen de asuntos se reparte entre los juzgados de distrito, pues si bien es cierto que las cuestiones relativas a concursos e insolvencias las resuelven las bankruptcy courts, éstos no son sino unidades de los juzgados de distrito, y, por tanto, resueltas por jueces de distrito.

Los juzgados federales estadounidenses se encuentran a la vanguardia en cuanto a tecnologías, pues aun cuando en el Tribunal Supremo mantenga aún como medio ordinario el soporte papel, a nivel inferior uno puede comprobar, sin más que un simple barrido en la red, que existen páginas donde uno puede acceder (lógicamente, poseyendo una clave) a toda la información de un asunto completamente digitalizada. Es decir, que un letrado podría acceder a cualquier documento de unos autos procesales desde su ordenador. Es, sin duda alguna, un avance que convendría implantar en nuestro país.

Pero también convendría meditar, y mucho, sobre la organización de los juzgados españoles y si la misma es ciertamente idónea para servir a los altos fines de la justicia. Meditemos un instante sobre ello:

1.- El juez. El juez es el titular del juzgado, y como tal independiente y únicamente sometido a la Constitución y al imperio de la ley. Pero a nivel funcional su labor se ha reducido básicamente a celebrar las vistas y a dictar sentencias (o autos). No tiene mando directo ni potestad alguna sobre el personal de su juzgado, puesto que éste no depende ni jerárquica ni funcionalmente aquél. La situación ha llegado al punto que el propio juez en estos momentos tampoco posee la capacidad de gestionar su agenda, que manejan a su antojo los Secretarios Judiciales (que, en el mejor de los casos, de llevarse bien con el juez coordinará su actuación con éste).

Esto no ocurre en los juzgados federales, donde el juez asume la responsabilidad de las tareas no sólo judiciales, sino administrativas del juzgado. Ello hace que el órgano funcione muchísimo mejor, y ello debido a un elemental principio: cuanto más se diluyan y repartan las funciones y, por ende, las responsabilidades, más difícil será verificar, en el caso de una disfunción o incidencia, dónde se encuentra el origen del mismo.

2.- El Secretario Judicial. Soy consciente que la nomenclatura de éste ha mutado, pues en la actualidad ha pasado a denominarse “Letrado de la Administración de Justicia“, pero extramuros del proceso y de los escritos forenses, me niego al efectuar un ejercicio de esnobismo, de igual forma que me negaría a referirme a un bombero como “productor antipirotécnico graduado” o a un basurero como “transportista autorizado de residuos orgánicos e inorgánicos”.

En el interior del juzgado, el Secretario Judicial es, guste o no, un caballo de Troya del Ministerio de Justicia. Y esto no es una invención del humilde redactor de estas líneas ni una calificación peyorativa, sino que es algo que explícitamente reconoce la Exposición de Motivos del Real Decreto 1608/2005 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, cuando indica que la normativa legal vigente: “configura el Cuerpo de Secretarios Judiciales como un Cuerpo superior jurídico y único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia y dependiente del Ministerio de Justicia, ordenándolo jerárquicamente con el fin de garantizar una mayor eficacia en la prestación del servicio.” Si tenemos en cuenta que en tras las últimas reformas procesales los Secretarios Judiciales tienen facultades resolutivas en ciertos asuntos, se comprobará que de forma harto paradójica quien toma la decisión final en esas situaciones no es un juez independiente en sus funciones, sino un funcionario que, aun cuando preste sus servicios en un órgano jurisdiccional y en funciones jurisdiccionales, materialmente por vía jerárquica depende del Ministerio de Justicia. Así pues, en el tablero del juego de ajedrez que es la Administración de Justicia, el Rey (juez) lo mueve un jugador concreto, el Poder Judicial, mientras que la Reina (Secretario Judicial) lo moviliza otra mano distinta, el Poder Ejecutivo.

Los Secretarios Judiciales no existen en los juzgados de distrito estadounidenses, cuando menos no como están configurados legalmente en nuestro país. Es cierto que existe la figura del clerk, y que éste es el encargado de la recepción de los escritos y de la custodia de los archivos judiciales. Pero también que su misión fundamental es la de ayudar a las partes y a facilitar la labor a las partes en conflicto, no de erigirse en guardián del formalismo puntilloso hasta el punto de mirar con lupa los escritos no para agilizar la tramitación, sino para ver si se encuentra el más mínimo defecto y redactar la oportuna diligencia de subsanación.

3.- El personal tramitador. El personal tramitador depende orgánicamente de la Comunidad Autónoma, pero funcionalmente se encuentra sometido al Secretario Judicial. En otras palabras, legalmente se “desliga” a este cuerpo de personas del juez.

A la vista de lo anterior, ¿se solucionaría el problema existente tan sólo aumentando el número de jueces? Parece claro que la respuesta a dicho interrogante es negativa. Cierto es que se aliviaría la situación en cuanto la carga repartida (número de asuntos) es más llevadera, pero tal incremento tan sólo supondría un parche o remiendo, pues no se abordaría con seriedad un análisis a fin de determinar las causas del problema, que son más sistémicas que cuantitativas.

Indudable es la necesidad de adecuar los medios materiales de los juzgados a la realidad social, pues en ocasiones quien esto suscribe al entrar en ciertas dependencias judiciales le vienen de forma inmediata a la memoria las imágenes del juzgado del que era titular Javier Zarco en El clavo, la magnífica adaptación cinematográfica que en los años cuarenta del pasado siglo Rafael Gil hiciese de la “causa célebre” relatada en su día por Pedro Antonio de Alarcón. Pero también de abordar con seriedad un estudio de la organización interna de los juzgados.

Alexander Hamilton, en el artículo que publicó bajo el seudónimo de Publius y que pasó a ser el ensayo número 78 de El Federalista, se refirió al judicial como el “menos peligroso de los poderes.” No voy a entrar a si es o no el menos peligroso, pero sí que es el más temido, cuando menos por las personas que integran los otros dos. De ahí la necesidad de mantenerlo en una situación de necesidad extrema que le impida actuar. Y, desgraciadamente para quienes trabajan en el mundo de la justicia, en nuestro país no ha existido nunca jamás una cultura de independencia judicial en la clase política, y donde todos los partidos, casi sin excepción, lo único que han buscado es someterla o, por utilizar el título de un célebre ensayo del magistrado Jesús Villegas, tener a dicho poder “amordazado.” Y la mejor forma de maniatarlo es dificultar su actuación.

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