PRINCIPIOS Y TRÁMITES PROCESALES ÚNICAMENTE JUSTIFICADOS POR INERCIA HISTÓRICA.

nuevo Modelo de Justicia Penal

En el segundo capítulo de esa magnífica novela de Pío Baroja que es El árbol de la ciencia, el genial escritor vasco se refería a: “esa simpatía y respeto que ha habido siempre en España por lo inútil.” Lo cierto es que esa reverencia por los formalismos exacerbados, por los trámites burocráticos sin otro efecto práctico que la simple consunción de tiempo, o las regulaciones amparadas en la inercia histórica y que tan sólo en ella encuentran su fundamento no son ciertamente infrecuentes en el ordenamiento jurídico español. Veamos algunos ejemplos a vuela pluma tomados.

Primero.- En el ámbito contencioso-administrativo.

En el orden jurisdiccional encargado nada menos que del control del poder público, la normativa existente que carece de otra justificación que el anclaje histórico en la bruma de tiempos pretéritos no es ciertamente escasa o, cuando menos, tiene una presencia más frecuente de lo deseable. Veamos algunos ejemplos.

1.1.- Presunción de solvencia de los entes públicos.

En los tiempos actuales este principio, recogido acríticamente (salvo tan honrosísimas como escasas excepciones) por la jurisprudencia. Mas lo cierto es que la realidad social de los tiempos actuales (que es un criterio interpretativo de las normas, según el artículo 3 del Código Civil) demuestra que el mismo hoy en día no es más que una bufonada siniestra o un pío deseo tan alejado de la realidad como la articulación institucional y social concebida en su día por el filósofo y jurista Tomás Moro.

Son cada vez más los entes públicos que en sus arcas no acumulan más que telarañas, y sin embargo los órganos jurisdiccionales continúan reposando en el histórico principio tan superado por la realidad cotidiana.

1.2.- Imposibilidad de concurso de los entes públicos.

A consecuencia de lo anterior, otro principio consagrado a nivel legislativo es la imposibilidad que tienen los entes públicos de acogerse a la normativa concursal. Esta nefasta prohibición causa más perjuicios que beneficios.

En la otra orilla del Atlántico, los Estados Unidos han incluido a los entes locales entre los sujetos que pueden acogerse a la normativa concursal. El Título XI Capítulo 9 del United States Code contiene los preceptos relativos a “adjustment of debts of municipalities” (ajuste de las deudas de los municipios), y contiene las especialidades de la legislación concursal respecto de los entes locales. Es decir, que existen, obviamente, especialidades derivadas de la especial naturaleza de los sujetos en cuestión, pero se trata de simples precisiones que no excluyen la regla general. El presupuesto indispensable para que a los mismos les sea de aplicación la normativa concursal es la de encontrarse en “situación de insolvencia”, que el apartado 32 de la norma 101 define como “(1) impago de cantidades debidas, salvo que tales deudas se encuentren impugnadas de buena fe; (2) imposibilidad de hacer frente a las deudas cuando éstas son debidas.”

En definitiva, que no existe impedimento legal para que las normas del concurso se apliquen a entes locales. Dado que las competencias judiciales se depositan en los denominados bankruptcy courts, que no son más que subdivisiones de los district courts o juzgados de distrito, esta circunstancia funciona a la vez como garantía procesal y como elemento disuasorio, pues si un ente público entra en situación de concurso el juez puede tener acceso a las cuentas municipales, lo que implica que éste puede observar directamente posibles situaciones irregulares, con las consecuencias que ello puede tener, a nivel penal, por los responsables de las mismas.

1.3.-  Procedimiento ejecutivo ineficaz.

Es una tesis de quien suscribe que en el ámbito contencioso-administrativo no existe procedimiento ejecutivo propiamente dicho. Y a ello ha contribuido en no poca medida la timorata jurisprudencia que, mutando simplemente una preposición, ha convertido el incidente “en” ejecución de sentencia previsto en el artículo 109 de la LJCA en un incidente “de” ejecución de sentencia, reduciendo la fase ejecutiva de un procedimiento a un simple incidente, con las consecuencias que de ello se derivan.

Pero también es cierto que los artículos 103 a 112 LJCA son absolutamente impropios de una sociedad avanzada y únicamente se explican si acogemos la tesis de Pío Baroja con la que abríamos la presente entrada. La regulación del procedimiento de ejecución de sentencias hunde sus raíces en el año 1888 y apenas ha tenido avances positivos en la materia. Que a nivel legal se otorgue a los entes públicos un plazo de cumplimiento voluntario que supera con creces el límite de lo tolerable y que, además, transcurrido éste e instada la ejecución ésta no se despache automáticamente, sino que para mayor escarnio se facilite a la Administración un plazo de gracia disfrazado de término para alegar “lo que a su derecho convenga” clama al cielo.

1.4.-  La existencia de graves perjuicios para la Hacienda.

El artículo 106.4 LJCA es otro eco de tiempos pretéritos que debiera pasar a mejor vida, y que se explica tanto por razones de inercia histórica como por la evidente ventaja que otorga a los controlados frente al órgano de control.

Quien ve su hacienda mermada, no puede incurrir en actos, negocios o hechos que puedan tener repercusiones en su peculio y, en todo caso, de hacerlo, no puede acogerse ulteriormente a esta causa. Sin embargo, y salvo rarísimas excepciones, existen pronunciamientos judiciales que continúan aceptando sin más la simple invocación de este precepto que, lo mismo que otros tan manidos como “interés público”, “autoorganización” o “discrecionalidad”, sirve de auténtico comodín administrativo.

Segundo.- En el ámbito laboral.

2.1.- Tres conciliaciones previas absolutamente inútiles.

Uno de los aspectos más risibles del orden jurisdiccional social es el relativo a las necesarias conciliaciones previas. Porque no hay una, sino dos y en ocasiones tres.

La primera, la que imperativamente ha de tener lugar ante las Unidades de Mediación, Arbitraje y Conciliación autonómicas, que no son otra cosa que una soberana pérdida de tiempo, en tanto en cuanto la parte conciliada únicamente se limita a oponerse “por los motivos que en su momento se expondrá si ha lugar a ello”, dándose además la circunstancia que en las escasísimas ocasiones en que el funcionario requiere a la representación empresarial para que concrete algo más, ésta suele negarse para no adelantar bazas defensivas.

La segunda, es la que tiene lugar ante el Secretario Judicial, y que tiene exactamente la misma utilidad práctica que la anterior, sin otra consecuencia, en ocasiones, que la mera dilación de la vista oral del caso. Y me explico haciéndome eco de una situación real que sufren en sus propias carnes muchos letrados. En esa villa marinera de mi tierra asturiana, la Secretaria Judicial de cierto Juzgado de lo Social (par, para más señas) quizá considerando que la conciliación celebrada en el despacho menoscaba su imagen y la alta consideración que se le debía, acordó motu proprio que las conciliaciones que ante ella debían tener lugar se celebrarían en la propia sala de vistas del juzgado. El problema radicaba en que, siguiendo la costumbre inveterada de los Secretarios de fijar las conciliaciones cada tres minutos (plazo que son plenamente conscientes que es materialmente imposible de cumplir) y la no menos inveterada costumbre de no respetar los horarios de entrada, pues he comprobado personalmente cómo la primera conciliación estaba señalada para las nueve y media y la Secretaria Judicial llegaba con un cuarto de hora de retraso (no siendo éste retraso puntual o aislado, sino reiterado) sin dar explicación alguna por la demora y, por supuesto, sin pedir disculpas. El retraso que acumula incide sobre el horario de celebración de las vistas ante el juez, porque como la Secretaria se ha “okupado” la sala de vistas, su demora incide sobre los pleitos. Pues bien, el resto de Secretarios Judiciales de los juzgados de lo social de dicha localidad le han bailado el agua a la anterior, y en vez de disuadir a la anterior han optado por emularla en su comportamiento, acarreando las mismas nefastas consecuencias.

En otras palabras, un trámite absolutamente inútil acarrea una consecuencia indeseada: el retraso en los pleitos.

Pero además, en algunos casos (cierto es que cada vez menos), en la vista es juez quien pregunta a las partes si no existe la posibilidad de un acuerdo entre ellas, lo cual supone una tercera conciliación.

En resumen, el “tres en uno” de la burocracia.

2.2.- Señalamiento de las vistas en un plazo imposible de cumplir.

En este caso nos encontramos ante una práctica que se mantiene tanto por inercia como por el desprecio que a ciertos Secretarios Judiciales merecen los letrados.

No es infrecuente asomarse a las hojas de señalamientos de vistas y comprobar que se programan no menos de quince vistas en una mañana, señalando una horquilla de cinco (en ocasiones tres) minutos entre una vista y otra. Es materialmente imposible celebrar una vista en tres minutos, y para ser consciente de ello no hace falta ni estudiar una carrera ni superar una oposición. Pese a ello, se continúa con tal proceder, lo que obliga a los letrados de las partes en conflicto a perder toda una mañana en los pasillos de los juzgados. Como ahora los Secretarios Judiciales han optado, salvo honrosísimas excepciones, por excusar su asistencia a las vistas, a ellos esa demora no les afecta. Pero, a lo que vamos, ese comportamiento se perpetúa una, y otra, y otra vez, pese a que los responsables de la agenda del juzgado (que, tras la reforma operada en 2009, son los Secretario Judiciales) son plenamente conocedores de lo inadecuado de su proceder.

El extremo lo ofreció el Juzgado de lo Social sito en una cuenca minera, escondida en las montañas según célebre romanza de la zarzuela Xuanón. Hace apenas un año quien esto suscribe hubo de asistir a una vista en dicho lugar, y pudo comprobar que esa mañana había fijados nada menos que treinta y cinco pleitos, diez de ellos, además, a la misma hora; lo cual implica que la Secretaria del Juzgado considera que el titular del mismo es Supermán (“faster than a speeding bullet”) o Flash (“the fastest man on earth”). Lo curioso del asunto es que justo al lado de la puerta de entrada a la sala de vistas, existía un gran cartelón que, con el título “Derechos de los ciudadanos ante la justicia” incluía entre estos el derecho a que las vistas se celebraran con puntualidad. En definitiva, echar sal a la herida.

En fin, una prueba más de la estima que en nuestro país existe por lo inútil.

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